O lo que es lo mismo, hoy, en tiempo electoral, deberíamos estar preocupados y ocupados en aquellas problemáticas esenciales para la nación, que demandan una respuesta y un programa con consensos esenciales, aunque con diferencias instrumentales. Se suele reconocer que Malvinas es un tema que inviste esa condición, como también lo puede ser la defensa de la presencia argentina en la Antártida o la soberanía hidrocarburífera. Y poco más.

El Poder Judicial es -en rigor, debería ser- un tema de política de Estado. El Poder Judicial que tenemos necesita ser profundamente reformado y repensado. No solo por su condición de poder no originado en el voto ciudadano, sino porque debe cumplir una función que solo si la lleva a cabo eficientemente, estará legitimada: la tutela concreta y activa de los derechos fundamentales.

Sin embargo, a pesar de esa necesidad, semana tras semana, ocupa los diarios por situaciones vergonzosas o escandalosas. Leemos sobre la edad de un ministro de la Corte y no nos ocupamos debidamente de la integración de ese Tribunal ni de una detenida reflexión sobre qué Corte necesitamos.

Esta semana, fue la escandalosa aplicación inmediata de una ley de subrogancias que hemos votado (con dictamen en minoría) para colocar urgentemente un juez sustituto en un proceso que el Ejecutivo quiere resolver de una manera determinada.

Al lado de esa situación deleznable, otra también indecorosa: un juez subrogante (irregularmente elegido como tal) que clama por permanecer y hasta redacta para ello una acción de amparo.

Sería bueno recordar que la ley de subrogancias intenta remediar transitoriamente las demoras del Consejo de la Magistratura en la designación de los jueces.

Los problemas del Poder Judicial no son estos. Los señalados son los síntomas de su enfermedad.

El Poder Judicial que necesitamos es un poder sano, que no se piensa meramente declamando el Estado de derecho, la República ni tantas otras grandes palabras. El papa Francisco nos llama a criticar los paradigmas vigentes y las actuales formas de poder, a buscar otro modo de entenderlos. El poder que es custodio de los derechos fundamentales (los derechos humanos) es un protagonista esencial en esa reflexión. De hacerlo, cesará de estar en los diarios como escándalo para aparecer como buena noticia.

El gobierno nacional pareció entender el espíritu y el alma que llevaron al entonces humilde Cardenal Jorge Mario Bergoglio a convertirse en el Papa Francisco. Sus ideas, principios y sueños han contagiado al mundo entero de esperanzas y de conquistas del alma, de las cuales no pensamos retroceder. Pero es acá, en su país, en Argentina, donde los únicos “avances” son en realidad grandes retrocesos en la matriz republicana y democrática.

En estos tiempos, en los que asistimos a embates de impulsos medievales sobre quienes no practican el dogma kirchnerista, no nos sorprende pero sí nos preocupan los esfuerzos denodados que realizan para oscurecer o tomar las libertades esenciales de la democracia representativa. Claro ejemplo de ello es la denuncia que realizó recientemente el apoderado del PJ, Jorge Landau, contra políticos del arco opositor por la publicidad en radio y vía pública.

Como primera medida el Frente para la Victoria (FPV) pretende ocupar de manera excluyente un nombre y un lugar que nos pertenecen a todos los peronistas, el Partido Justicialista. Sería, sin más, desconocer la segmentación ideológica, política y ética que existe hoy dentro del justicialismo el pensar que dichas acciones encierran a todos los peronistas. La utilización de los símbolos más representativos de generaciones y trabajadores por un grupo unido al delirio fascista del todo vale nos lleva a los más bajos lugares en la estructura de una democracia, nos lleva a la fermentación política y al rechazo social.

Esta diatriba debe ser erradicada desde el rechazo social. Es sencillamente burlesco que quienes utilizan 1.201 millones de pesos para el Programa, “Fútbol para Todos” y 753 millones de asignación para “Prensa y Difusión de los Actos de Gobierno”, ambos dependientes de Jefatura de Gabinete de Ministros, ejerzan un juicio de valor sobre lo que es propaganda o publicidad política; basta ver las innumerables cortos de tinte netamente proselitista que tiene la propaganda oficial.

Asimismo, debe realizarse también una descalificación técnica por sus fuertes fallas de mérito jurídico, así el artículo 20 de la ley 26.571 determina que la convocatoria a elecciones primarias la realizará el Poder Ejecutivo Nacional. Dicha convocatoria no ha sido hecha, por lo que mal puede ponerse en funcionamiento todo el andamiaje jurídico de esa ley.

El pensamiento moderno y noble que enraíza una figura como Francisco tiene que ver no solo con los fines sino también con los medios utilizados; el gobierno ha pretendido aliar su imagen a la innegable impronta del Pontífice, pero en vano son sus esfuerzos por querer ocultar su propia naturaleza: la descalificación, la confrontación, la violencia institucional que hacen que desde cualquier ángulo pretendamos entender cuál es la necesidad de intimidar a los adversarios y manipular las instituciones.

Los procesos de transformaciones han llegado a nosotros como nuevas formas de comunicación, que se traducen en cambios sociales, culturales y subjetivos, es en medio de esa materialización simbólica que representa hoy la externalización de las libertades y derechos. La conformación del tiempo y del espacio en un presente tan veloz es un problema epistemológico, pero quedará en la historia de manera omnipresente y, en ella, cada uno de los actos y de los hechos de aquellos que la propiciaron serán recordados y serán juzgados con la mirada del futuro, con la mirada de las próximas generaciones que dirán: ¿este es el país que nos has dejado?