De aquella IV Cumbre realizada en Mar del Plata liderada por Néstor Kirchner, Lula y Chávez -en la que Bush y el ALCA salieron con las tablas en la cabeza- a la recién finalizada, hay enormes diferencias.

De aquellos tres dirigentes hay dos fallecidos y a Lula, el no estar en el gobierno y los escándalos de corrupción que golpean a su partido y al gobierno de Dilma Rousseff, le han restado fuerza y presencia internacional. Esta última Cumbre fue liderizada por EEUU.
Si a lo señalado le agregamos la finalización de los períodos presidenciales de Obama, José Mujica y Cristina Fernández y el ineludible final biológico de los hermanos Castro, la aparición de nuevas caras y con ellas nuevas orientaciones en la política continental son inevitables.

Nicolás Maduro no es Chávez y la caída de los precios petroleros han generado una nueva realidad -especialmente en Centroamérica y el Caribe- en la que la influencia de Venezuela pierde fuerza ante la ofensiva lanzada por Obama en materia energética.

La VII Cumbre ha marcado el final de una etapa y el comienzo de otra cuyas características aún no conocemos. Ni los protagonistas, ni las circunstancias serán los mismos de hace diez años. En este último sentido no es poca cosa el paso dado por EEUU y por Cuba. Baste sólo recordar que ya en la VI Cumbre varios países habían planteado no asistir a la VII si Cuba no era invitada. Cuba se había convertido en un problema que partía aguas separando a EEUU del resto del continente. Hasta sus más cercanos aliados tuvieron que enfrentar el dilema de votar contra el amigo y -en algunos casos- a favor del adversario, obligados por innumerables decisiones de las Naciones Unidas que, con toda razón, condenaban un absurdo bloqueo que los últimos 40 sólo benefició políticamente a los Castro.

Todo esto va a replantear -con mucha fuerza- el papel que le corresponde a la OEA, a la Unasur y al Celac, organismos que en muchas ocasiones superponen funciones, son políticamente irrelevantes o se asemejan a un club de amigos.

A pesar de la gran fuerza con la que venía plantándose a nivel político y a escala internacional, la situación de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos en Venezuela no pudo ser discutida en la Cumbre neutralizado el tema por el encabezado de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Obama. Una formula legal anacrónica y que según el propio Obama no representaba la realidad de la situación, vino no sólo a evitar la discusión, lo que es peor, desvió la atención.

Los parlamentos de Chile y de España se pronunciaron, Podemos -en España- se mostró contrario a la existencia de presos políticos en Venezuela, Felipe Gonzalez asumió la defensa política de Antonio Ledezma y de Leopoldo López, una treintena de ex presidentes firmaron una carta exigiendo la libertad de los presos políticos, gobiernos de América y del mundo, en especial Uruguay, Chile y Brasil, se pronunciaron contra la existencia de presos políticos. Una gran movilización y la Cumbre no habló.

Este año se renueva la totalidad de la Asamblea en Venezuela y el papel de los organismos internacionales será crucial para ofrecer las garantías imprescindibles, evitar la violencia y aceptar en paz los resultados.

Las Garantías Electorales solicitadas por Ciudadanía Activa, organización vinculada a la lucha por el respeto de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos son:

1.- Regreso de la Observación Internacional calificada (OEA, ONU y UE).

2.- Auditoría Internacional del Registro Electoral.

3.- Supervisión internacional del proceso de Inscripción Electoral.

4.- Prohibición de Cadenas durante la Campaña Electoral.

5.- Supervisión y control sobre el uso de los recursos públicos.

6.- Cumplir con la representación proporcional establecida en la Constitución.

7.- Campaña sobre el secreto de voto y los delítos electorales.

8.- Adiestramiento de los miembros de Mesa, los testigos y los Coordinadorees del CNE.

9.- Creación de un Comité Electoral imparcial y paritario que sancione inmediatamente el uso de recusos públicos.

10.- Autorización a la sociedad civil para que pueda promover la participación ciudadana.

12.- Acceso equitativo a los medios.

13.- Garantizar que el papel de las FFAA se circunscriba a lo establecido en la Constitución.

14.- Un horario de votación claro y definido.

15.- Privacidad del acto de votación que garantice el secreto del voto.

16.- Auditoría de los Cuadernos de Votación y de las huellas.

17.- Siendo el sistema automatizado, resultados públicos en tiempo real.

18.- Un nuevo Consejo Nacional Electoral designado cumpliendo lo establecido en la Constitución Nacional.

Como todo chiste, muy esclarecedor sobre el pensamiento de su autor, el Sr. Roy Chaderton, Embajador de Venezuela ante la OEA.

Los sucesos que en relación con Venezuela se han precipitado y han impactado la opinión pública internacional han abierto, nuevamente, la discusión sobre el posicionamiento de las fuerzas progresistas del continente con relación a la situación política y al estado de los Derechos Humanos en ese país.

A la situación de deterioro de los derechos a la alimentación y a la salud que se ha puesto de manifiesto especialmente por la escasez de bienes esenciales, se han sumado una vez más hechos inocultables de violencia política que sólo entre los meses de enero y febrero cobraron la vida de cinco estudiantes, entre ellos un estudiante de secundaria de 14 años brutalmente asesinado de un disparo en la cabeza por un policía bolivariano en la calle y ante decenas de testigos.

Institucionalmente, la militarización cada vez mayor del gobierno y de la sociedad tuvo su -hasta ahora- punto culminante con la aprobación, el día  27 de enero, de la resolución Nº 008610 que no sólo autoriza a las fueras armadas a participar de la represión de manifestaciones civiles, sino que además las autoriza para utilizar armas de fuego. Este hecho, que fue denunciado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Contra la Tortura de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y un sin fin de otros organismos y organizaciones independientes, fue silenciado totalmente en algunos países políticamente muy cercanos al régimen chavista en los cuales, salvo contadas excepciones, ni los partidos de gobierno, ni las organizaciones defensoras de los DDHH ni personalidades, periodistas o intelectuales progresistas se pronunciaron al respecto.

Este estruendoso silencio en materia de DDHH, contrasta fuertemente con la inmediata reacción que esas silenciosas organizaciones y personalidades tuvieron frente a la orden ejecutiva firmada por el presidente Obama en la que declara “una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela”. Lo que resulta inmoral no es la condena al decreto de Obama, lo que hace de esas condenas un escándalo farisaico es aducir aquel peligro para silenciar la situación de los DHH en Venezuela.

Hasta Podemos, el nuevo partido político español -muy cercano al chavismo- ha tenido la fuerza y el valor de pronunciarse rechazando la existencia de presos políticos en Venezuela.

En Argentina -salvo el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)- no hemos conocido por parte del “progresismo” ninguna otra muestra de preocupación sobre lo que sucede, con la particularidad de que toda esta discusión tiene lugar casi simultáneamente con el unánime rechazo expresado por esas fuerzas políticas y sociales ante la decisión del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de autorizar el uso de pistolas eléctricas para el control de manifestaciones.

Ese doble rasero que permite que se proteste por la autorización de usar pistolas eléctricas y se haga silencio -por intereses partidistas- ante la autorización para que las fuerzas armadas utilicen armas de fuego en el control de manifestaciones en Venezuela, resulta no sólo insultante para el pueblo venezolano, además le hace un enorme daño a la causa de los DDHH.

En Unasur la discusión avanza por otros caminos y comienzan a verse actitudes que diferencian entre el tema estrictamente político y los DDHH. Uruguay, Chile y Brasil están tomando distancia del régimen militar y es por eso que en la última reunión de cancilleres se emitieron dos pronunciamientos claramente diferenciados en relación a Venezuela, uno en el que tratan el problema de la Orden Ejecutiva de Obama, y el otro en el cual se habla de “la importancia del mantenimiento del orden constitucional así como de la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos” en ese país.

A pesar de que todos dicen que los DDHH están por encima de cualquier otra consideración, en la práctica las denuncias sobre esta materia son tratadas como problemas políticos puntuales, evidenciando una profunda contradicción que lleva a la paradoja de que se están convirtiendo en causas partidarias que se utilizan en función de la lucha política contingente.

El que el progresismo abandone las banderas de los DDHH y de la lucha contra la corrupción no significa que estas van a ser recogidas por la derecha. El daño es mucho mayor porque la consecuencia que acarrea es que las degrada y convierte en mercancía política.

Si bien en el corto plazo el convertir banderas como los DDHH o la lucha contra la corrupción en mercancía causa un profundo daño a los partidos, organizaciones y personalidades que caen en semejante error pues los golpea en su credibilidad, el mayor perjuicio se lo causa  a la sociedad a la que esas organizaciones dicen defender.

La noticia de que el Presidente Obama había declarado “una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela” es tan ridícula que parece un chiste.

Pero no es un chiste. Es una peligrosa declaración a través de la cual el gobierno norteamericano amenaza -nuevamente- a un país latinoamericano y que merece la terminante condena de todos, como en efecto ha sucedido.

Lo único que se necesita es algo de memoria para que semejante barbaridad nos recuerde inmediatamente las invasiones a Guatemala, Cuba, Santo Domingo, Panamá y Granada, el sangriento golpe de Estado en Chile y la interminable lista de dictaduras que  tantas muertes y atraso han significado para nuestro continente, siempre aupadas y sostenidas por los EEUU con  el inaceptable argumento de defender sus intereses en peligro.

Al mismo tiempo, en esta declaración hay algo fuera de lugar. Justamente cuando el gobierno norteamericano aparece como intentando corregir el error del embargo a Cuba -reconocido por el propio Obama como una estupidez sostenida durante 50 años- lanzar este absurdo ataque contra el gobierno venezolano resulta inconsistente hasta con las propias políticas del Departamento de Estado.

Inmediatamente se han hecho múltiples ejercicios  para encontrar las verdaderas razones de semejante barbaridad: el petróleo, Venezuela por Ucrania, que Maduro le ha cedido parte del territorio a China para instalar bases militares, los vínculos con el narcotráfico… en fin, muchas teorías que permitirían escribir varias novelas, porque lo que en América Latina nadie le puede creer a un gobierno de EEUU, es que semejante declaración y amenaza puedan tener algo que ver con la defensa de los Derechos Humanos de los venezolanos.

Tampoco cierra en la declaración de Obama que, después de semejante decreto, las medidas que anuncia sean retirarles las visas y prohibirles negociar en los EEUU a siete funcionarios chavistas. Es algo así como usar un misil para cazar moscas.

Otra explicación posible, y que cada vez toma más cuerpo, es que la declaración de Obama tiene más que ver con la política interna norteamericana que con posibles invasiones contra Venezuela.

Es un hecho conocido que el Sr. Obama ha quedado condenado a transitar sus dos últimos años de gobierno con un congreso dominado por el partido republicano, y eso es un problema para él. Según se ha informado, la declaración de una “emergencia nacional” constituye un formulismo legal que en los EEUU le permite al presidente de la república manejar posibles sanciones a algún país sin tener que pasar por el congreso.

Sea cual fuere la razón y los planes del Sr. Obama, lo que ha quedado claro es que nadie hasta ahora había hecho tanto por Maduro como él.

Maduro lo había intentado todo para tratar de cohesionar a su tropa y ocultar los desastres de su gobierno. En dos años ha denunciado 16 intentos de golpe de estado, todos con su respectiva tentativa de magnicidio. Para aterrorizar a la población, cualquier protesta ha sido brutalmente reprimida dejando un tendal de muertos, heridos, presos y torturados, siendo la última atrocidad el asesinato de un niño de 14 años cometido por la policía bolivariana a la vista de todo el mundo. Se inventó una guerra económica, volvió con el cuento del golpe, llevó a Samper de locutor e intentó utilizar a Unasur… en fin, acabó con todas las recetas de los manuales utilizados por los regímenes de fuerza.

Todo le había fracasado y su credibilidad nacional e internacional estaba por el suelo, hasta que Obama vino a su rescate con una declaración tan estúpida como el embargo a Cuba.

Lo que Galtieri buscó con una guerra, a Maduro se lo regaló Obama. Ya veremos qué costo tiene esa barbaridad para la gente en Venezuela.

Por ahora, ya a Maduro le sirvió para justificar su aprobación de una Ley Habilitante Antiimperialista -¡válgame Dios!- que de hecho sustituye la declaración del Estado de Excepción, con lo que seguirán asesinando niños aplicando la Resolución Nº 008610 que permite el uso de armas de fuego para reprimir protestas civiles. Unasur cerrará filas en apoyo al régimen y se llenará de discursos patrioteros. Si ya teníamos militares por todos lados, ahora los tendremos hasta en la sopa. Ni hablar de libertad de expresión. La censura a los pocos medios independientes encontró una nueva excusa y, por supuesto, ahora la acusación de traición a la Patria a los dirigentes de la oposición será el pan nuestro de cada día; y todo esto sucederá  en plena campaña electoral.

A pesar de estos y otros inconvenientes que seguramente sobrevendrán, la oposición va a ganar las elecciones y lo único que va a quedar como saldo positivo de este mal recuerdo, es que nadie va a poder decir que ganó gracias a los gringos. La oposición le va a ganar a Maduro, a Obama y a los golpistas. A todos juntos.

Miguel Bakunin, Confesión al zar Nicolás I

Si la polarización política es enemiga del juego democrático en cada país, a nivel internacional -ámbito en el cual los intereses privan por sobre los principios- es tan dañina que muchas veces conduce a la paradoja de que un país defienda en ese ámbito lo contrario a lo que hace internamente,  y esto es particularmente frecuente en materia de Derechos Humanos. Hay al menos dos aspectos que, aunque conocidos, me gustaría resaltar para analizar este problema.

Las organizaciones internacionales a las que nos referimos están integradas por Estados, sin representación de los particulares y con fines esencialmente políticos o económicos, como se expresa claramente en sus documentos fundacionales. En ese contexto, los DDHH -a pesar de su importancia teórica- son para ellas un tema secundario. Tan secundarios son que, de todas las organizaciones existentes en América Latina (OEA, Unasur, Mercosur, ALBA y Celac) y de la multitud de comisiones, direcciones y gerencias que cada una tiene, sólo la OEA ha creado mecanismos específicos para ocuparse del tema; construirlos ha llevado decenas de años y sólo ha sido posible gracias a la incansable lucha de distintas organizaciones de la sociedad civil, siempre enfrentadas a intereses coyunturales de los Estados miembros.

El segundo aspecto que pretendo resaltar es que, como los únicos que pueden violar los DDHH son los Estados, representados en los organismos internacionales por los gobiernos de turno que generalmente son los denunciados, se crea la paradójica situación de que las víctimas tienen que realizar sus denuncias ante los presuntos violadores de sus derechos que -como es lógico- se resisten a ser investigados.

En este contexto, al no existir en Unasur instancias independientes de investigación, las decisiones que esta organización toma en materia de DDHH pasan a depender de factores de conveniencia política y económica totalmente ajenos a las víctimas y a las situaciones denunciadas.  Si la polarización elimina los matices en la discusión política dentro de los países, a nivel internacional oculta a las víctimas en materia de DDHH, convirtiéndolas en simples piezas intercambiables en una partida en la que ni siquiera son jugadoras.

De allí la enorme importancia de instituciones como la CIDH de la que Venezuela quedó excluida en septiembre del 2013 por decisión del Teniente Coronel Hugo Chávez y que ha dejado a la gente en estado de indefensión. Es en este punto en el que la polarización como herramienta para mantenerse en el poder muestra toda la crueldad de la que es capaz.

En los últimos 12 meses hubo en Venezuela más de 60 muertos en protestas o como consecuencia de ellas. De esos fallecidos, al menos 11 fueron militantes del partido de gobierno que eran críticos de las políticas de Maduro. De acuerdo con la información oficial, hubo en ese lapso 878 lesionados y 3.351 detenidos, sin mencionar los 242 casos de torturas denunciados por organizaciones independientes ante el Comité Contra la Tortura de la ONU.

Frente a esta situación, Nicolás Maduro ha denunciado al menos 16 intentos de golpe de Estado y de magnicidio con injerencia extranjera y una guerra económica que le han servido como excusa para meter en la cárcel a dirigentes de la oposición y destituir a algunos de ellos de los cargos para los cuales habían sido electos por el voto popular.

También la oposición ha formulado denuncias por el golpe de Estado que el gobierno dio en el mes de diciembre pasado contra el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, utilizando para ello el control que ejerce sobre la Asamblea y el Poder Judicial.

Distintos voceros de Unasur y de algunos países miembros han manifestado su respaldo a la democracia venezolana, pero sólo lo han hecho con relación a las denuncias efectuadas por Maduro, sin investigar previamente si las mismas tienen fundamento y sin investigar tampoco las denuncias hechas por la oposición ni las denuncias de violaciones de los DDHH que han realizado distintas organizaciones independientes de la sociedad civil.

A la democracia venezolana hay que defenderla. Todo debe ser investigado. Esas investigaciones deben ser adelantadas garantizando la independencia e idoneidad de quienes la realicen, y asegurando que las decisiones políticas no impidan su pronunciamiento sobre las denuncias de violaciones de los DDHH, que no se utilicen para ocultar a las víctimas.

Adolfo Pérez Esquivel: con preocupación hemos visto que el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel -a pesar de su experiencia y conocimiento en la materia- ha sido presa de la polarización política internacional al pronunciarse en solidaridad con el gobierno de Maduro sin fundamento en ninguna investigación independiente y sin referirse a las múltiples denuncias de violaciones de los DDHH que se han hecho en Venezuela.

Lo primero que llama la atención en este balance presentado por la Fiscalía General son dos omisiones importantes.  No menciona ni los más de 10 muertos que hubo entre los propios partidarios del gobierno -en un extraño proceso interno de ajuste de cuentas del que públicamente participó el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)-, ni los 242 casos de torturas que fueron denunciados ante el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre de 2014.

En segundo lugar, salta a la vista la impúdica connivencia que se ha generado entre los cuerpos represivos, la Fiscalía, los tribunales y la Defensoría del Pueblo quienes -aupados por el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional- han colaborado para ocultar las denuncias y retardar los procesos, causando un daño adicional a las víctimas y a sus familiares.

Por todos los desmanes hay sólo cinco acusados que ni siquiera han sido llamados a declarar a pesar de estar plenamente identificados. En el caso de los manifestantes detenidos, se posponen las audiencias y un año después 80 de ellos continúan presos sin sentencia; cerca de 2.000 están en libertad condicionada por medidas cautelares y en 20 causas que afectan a unas 700 personas -en las cuales la propia Fiscalía solicitó el sobreseimiento- los tribunales no emiten las resoluciones correspondientes.

En los meses de abril y mayo del año pasado, bajo la presión nacional e internacional que generó la represión, el gobierno solicitó la presencia de Unasur, que designó una Comisión de cancilleres para que propiciara el entendimiento en el país. Tan pronto la presencia de Unasur logró calmar los ánimos, el gobierno saboteó el diálogo incumpliendo todos los acuerdos a los que se había llegado, al tiempo que aumentaba la represión de manera más selectiva y, con ella, el sentimiento de indefensión y de terror generado por el gobierno militar.

Pero Unasur parece estar despertando. Después de más de 10 años en los que el gobierno venezolano ha venido utilizando el nombre de Bolívar, un discurso de reivindicación de los pobres, su potente chequera y el intento de golpe de Estado del 2002 como herramientas para justificar internacionalmente sus desmanes, algunos países comienzan a ver más allá del discurso.

Venezuela vive una de las situaciones más difíciles de su historia en medio de una terrible inseguridad personal, inflación, escasez de alimentos y medicinas que colocan al país al borde de una crisis humanitaria, con un fuerte incremento de la pobreza que -según cifras de Cepal en su último informe- alcanza el 48% de la población, es decir, un porcentaje aun mayor al que padecía el país en 1998.

Cuando por simple lógica se espera un incremento sustancial de la protesta social, en momentos en los que el país se prepara para un proceso electoral que debe renovar la totalidad de la Asamblea Nacional y en el que se vaticina un rotundo triunfo de la oposición, justo ahora, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emite la Resolución Nº 008610, que contiene elementos ya conocidos en la historia de todos nuestros países y que han sido denunciados por todos los organismos nacionales e internacionales vinculados a la lucha por la defensa de los Derechos Humanos.

La mencionada resolución da participación a las fuerzas armadas en el control de manifestaciones y protestas de orden civil, contraviniendo todas las normas y acuerdos internacionales y lo establecido expresamente en la Constitución y, en su artículo 22 ordinal 7, autoriza el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal… como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.

Parece que el cinismo y los desplantes del gobierno en el terreno internacional comienza a encontrar sus límites aun entre los países más allegados. No se trata ya de si es socialismo o no. Se trata de que ha sido un mal gobierno, un pésimo gobierno que a tenido todo, que creó una enorme expectativa a nivel nacional e internacional y que lanzó todo ese capital político y económico por la borda. Como es lógico, primero decepcionó internamente, ahora llegó la hora de la decepción de los países amigos.

Frente a la situación planteada -y por razones estrictamente políticas- es evidente que Unasur tiene más posibilidades de actuar que la Organización de Estados Americanos.

Recordemos que así como la OEA tiene la Carta Democrática, Unasur cuenta con el Protocolo Sobre La Democracia, que es su equivalente y que conceptualmente ya fue utilizado con Paraguay. ¿Se lo recordará Unasur a Venezuela? ¿Hasta donde llega compromiso de Unasur con los Derechos Humanos?

Este Protocolo -de tal importancia que se considera parte del Tratado Constitutivo- es el equivalente a la Carta Democrática de la OEA y, como ella, “se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.

El 13 de enero, el diario El Mercurio de Chile publicó una entrevista que le había realizado a Leopoldo López en la celda en la que se encuentra detenido desde hace casi un año en Venezuela. En América Latina, el sólo hecho de hablar de presos políticos es una aberración, en particular en Chile es un tema especialmente sensible. La respuesta a la entrevista fue inmediata y los legisladores de todo el arco político se manifestaron solicitando a la Presidenta Bachelet su intervención.

Desde hace mucho tiempo, Chile ha estado estrechamente vinculado al acontecer venezolano.

Cuando -en la década de los 50 del siglo pasado- Venezuela sufrió la dictadura de Pérez Jiménez, fueron muchos los venezolanos que buscaron refugio en la entonces estable democracia chilena y, a la inversa, cuando la democracia chilena sufrió el ataque de los militares, fueron muchos los militantes y dirigentes políticos chilenos que hallaron refugio en la Venezuela democrática.

En febrero del año pasado el Gobierno de Venezuela -asediado por marchas y protestas estudiantiles, con centenares de denuncias por violaciones a las libertades públicas y tras lanzar una fuerte represión que causó más de 50 muertos y decenas de presos, heridos y torturados- solicitó una reunión de urgencia de UNASUR que tuvo lugar en Chile simultáneamente con la asunción de la Presidenta Bachelet.

Fue en esa reunión en la que, el 12 de marzo, UNASUR resolvió enviar a sus cancilleres “para que en su nombre acompañen y asesoren, en un diálogo político, amplio y constructivo, orientado a recuperar la convivencia pacífica en Venezuela”. Pocos días después entraba en vigencia el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR, al que venimos haciendo referencia.

Es en este contexto que el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, muy prudentemente y en una distendida conversación con la prensa el 13 de enero dice: “Seguimos interesados en promover el diálogo en Venezuela”, lo que bastó para que la cancillería venezolana respondiera con un rotundo “Venezuela es un país libre, soberano e independiente, y por tanto no tutoriado ni monitoreado por país u organismo internacional alguno” (sic) y pidió explicaciones al Embajador de Chile en Caracas.

Sorprendido por tan inesperada como desproporcionada agresión (el Capitán Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela le dijo: “No sea entrépito”, sic), el Canciller Muñoz reiteró y enmarcó su disposición -ahora sí, además de lo ya mencionado con relación a las decisiones de UNASUR- en el Protocolo Sobre La Democracia.

Aunque no llegó a invocar formalmente el artículo 2 de dicho documento, el Canciller lo mencionó, y este hecho resulta sumamente significativo ya que este artículo abre la posibilidad de recurrir al artículo 4 del Protocolo, que es el que habla de las medidas que podrían aplicarse al país miembro en el que se den los supuestos de ruptura constitucional.

El Protocolo fue elaborado en defensa de la institucionalidad democrática y los derechos de los pueblos, y no en defensa de los gobiernos cuando son estos los que atentan contra la constitución.

Por supuesto, la virulencia de la respuesta de la cancillería venezolana no se hizo esperar y -ante el silencio ulterior- suponemos que esas discusiones deben de haber continuado por los canales diplomáticos, pero, seguramente tomando en consideración las denuncias que ha hecho la oposición venezolana con relación al golpe de estado de diciembre, algo que el Canciller de Chile no mencionó pero que, como él, todos los cancilleres de la región conocen.

¿Llegará en este momento la UNASUR y su Presidente Pro Tempore -José Mujica- a invocar el Protocolo Sobre la Democracia? No parece que sea el momento y da la impresión de que todavía quedan otras instancias para moderar la situación, pero de que está sobre la mesa, sin duda.

En un año de elecciones en las que Venezuela elegirá una nueva Asamblea -con la presencia de UNASUR y del Vaticano en su condición de “Testigos de Buena Fe”, como los designara Maduro-, la existencia del Protocolo cobra una enorme importancia.

El presidente del Uruguay, José Pepe Mujica, fue preso de Juan María Bordaberry, quien es conocido en la historia por el golpe de Estado que dio en 1973 después de haber sido electo democráticamente en 1972.

Seguramente Mujica ha meditado mucho sobre si lo que hizo Bordaberry fue un golpe, un auto golpe, un golpe blando o si lo que sucedió fue un golpe militar y Bordaberry no fue más que un Presidente títere de quienes realmente ejercían el poder; pero más allá de las clasificaciones, lo importante es que, si alguno entre los presidentes latinoamericanos sabe lo que es un golpe de Estado realizado desde el poder, ese es Mujica. Por esas vueltas de la historia, hoy es a él a quien corresponde -en su condición de Presidente Pro Tempore de la UNASUR- tomar decisiones y adelantar iniciativas (o no) con relación al golpe de Estado que tuvo lugar el mes de diciembre pasado en Venezuela y del que Unasur ha sido testigo de excepción y la gran burlada.

Cinco poderes: una explicación necesaria

En casi todas las democracias del mundo el poder del Estado se divide en tres; en Venezuela se divide en cinco poderes. Además de los tradicionales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Constitución de 1999 creó el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, integrado este último por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. El Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el voto popular universal y secreto, y los otros Poderes -después de un proceso con amplia participación ciudadana para la selección de los candidatos- deben ser designados por la Asamblea Nacional con el voto favorable de los dos tercios de sus integrantes.

Para Unasur -que desde hace meses intentaba promover el diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela- evidentemente el que los Poderes Electoral, Judicial y Ciudadano tuvieran los períodos vencidos representó una gran oportunidad. Que ninguna de las partes tuviera la mayoría de dos tercios necesaria para la designación de los poderes mencionados, de alguna manera garantizaba que las partes tuvieran que sentarse y buscar un acuerdo, de manera que presionó al gobierno y logró que éste aceptara comenzar el proceso al que durante muchos meses se había negado.

En diciembre del año pasado, cuando todos esperaban conversaciones y acuerdos sobre las nuevas designaciones, el Teniente (r) Diosdado Cabello -Presidente de la Asamblea Nacional- se dirigió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia informando de la imposibilidad de llegar a un acuerdo y solicitando una Interpretación de la Constitución. La Sala en cuestión rápidamente se expidió (en un fin de semana) y sin ni siquiera por decoro haber escuchado a la oposición, dio como solución al supuesto impasse, el que la Asamblea designara a los miembros de los poderes (incluyendo a 12 de sus propios magistrados) por mayoría simple. Tal fue el descaro, que el dictamen estableció que no era necesaria la mayoría simple de los miembros de la Asamblea, que bastaba con la mayoría simple de los asistentes a la sesión en la que se hicieran las designaciones.

Como una nota de color digna de mencionar y que seguramente los presidentes de los países miembros de Unasur sabrán interpretar, cuando la Sala Constitucional responde a la consulta del Teniente retirado, lo asciende y se dirige a él como “ciudadano General de División Diosdado Cabello Rondón, en su condición de Presidente de la Asamblea Nacional”.

La respuesta está a la vista y Unasur lo sabe: el gobierno no intentó buscar el acuerdo y, con evidente desprecio a la recomendación de los presidentes de los países miembros, da un golpe de Estado en toda regla contra tres de los cinco poderes que constituyen el Poder Púbico en Venezuela.

¿Qué hará Unasur? ¿Qué va a hacer el Presidente Mujica? Se acaban de burlar de ellos, pero lo más grave es que, con ese engaño, el gobierno militar pone en evidencia su estrategia de continuar en la dirección de la confrontación que, sin duda, puede llevar a un baño de sangre.

Dada la corta historia de Unasur, la organización no cuenta con herramientas orgánicas apropiadas para lidiar con un problema de esta índole. Sólo dispone del prestigio y poder de presión y persuasión de los presidentes de los países que la integran. ¿Lo utilizarán? ¿Harán algún tipo de manifestación pública?

Que Maduro y el Tte. Cabello avancen contra las instituciones democráticas era algo esperado y viene siendo denunciado desde hace ya un año, cuando la brutal represión desatada contra la oposición dejó decenas de muertos, presos políticos y torturados incluso entre militantes disidentes del propio régimen.

La oposición y el pueblo venezolano saben que deben resolver solos sus problemas, pero evidentemente un pronunciamiento de Mujica y de los otros presidentes puede contribuir a evitar males mayores a los que ya se están viviendo.

“Al reconocer que tenemos profundas diferencias, fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior, reafirmo mi voluntad de dialogar sobre todos esos temas”. Raúl Castro

El Tea Party y la segunda muerte del Che

Una autocrítica no es otra cosa que la confesión de un error acompañada de una reflexión y, en el caso de la que hizo el Presidente de los EEUU es, además, una autocrítica dirigida a la derecha norteamericana, en especial a la que integra el Tea Party, que venía eufórica después de su triunfo en las elecciones parlamentarias y Obama ha logrado colocar a la defensiva.

En apenas unas pocas semanas el Tea Party ha recibido tantas ofensas que, enceguecido por la rabia, sólo piensa en la venganza del “impeachment” para sacar “a ese negro insolente de la presidencia”.

Pero es evidente que también existen las confesiones puras y simples, no acompañadas ni de reflexión, ni de arrepentimiento ni dirigidas a nadie. Generalmente son las confesiones que se nos escapan, que decimos sin darnos cuenta pero que nos dejan en una tal evidencia, que después no podemos negarlas aunque tampoco nadie pueda probar que la hemos dicho, como es el caso de las que -por omisión- hace el Presidente de Cuba en el párrafo de su discurso citado en el epígrafe de esta columna.

De la utopía comunista a la Dictadura de El Proletario

Como en una sesión de análisis en la que el paciente dice más con lo que calla, con sus omisiones Castro confiesa al menos dos cosas muy importantes; por una parte, reconoce el fracaso del sistema económico cubano al no incluir entre las materias sobre las cuales tiene profundas diferencias lo concerniente al sistema económico. En segundo lugar, que lo del partido en el poder en Cuba es sólo eso, un proyecto de poder. Un proyecto totalitario de largo plazo que pretenden que los trascienda a través del partido.

Que un viejo comunista, como Raúl Castro, no mencione el Sistema Capitalista entre sus profundas diferencias con el Imperio Norteamericano no puede ser interpretado como un simple lapsus y seguramente tiene que ver con eso el silencio de El Proletario que hasta última hora se reserva como la última oportunidad para corregir a su propio hermano, si fuera necesario.

Somos muchos los que acompañamos el proceso cubano desde sus comienzos y creímos en la utopía, pero no para todos la historia pasó en vano. Stalin, la historia de la URSS, Hungria, Checoslovaquia, el caso Padilla y el fracaso económico han producido toneladas de papel y de reflexiones que no pueden ignorarse.  La historia existe para quien la quiera leer, pero a pesar de eso, como al holocausto, todavía hay quien la niega.

Ha diferencia de la autocrítica de Obama, las confesiones de Castro están dirigidas a quien quiera comprenderlas, y entre quienes primero lo hicieron están los acríticos nostálgicos de los 60 y adoradores del Che.

No ha dejado de sorprenderme observar que los dos grandes críticos del acuerdo entre Cuba y EEUU, son de un lado el Tea Party y del otro, esa masa indefinida de políticos, comunicadores e intelectuales de izquierda, integrada en buena medida en distintos aparatos del poder en América Latina, que no saben muy bien qué decir, pero que sienten cierta frustración y viven el acuerdo como derrota.

Los otros que ahora tendrán que meditar sobre estas palabras de Castro son -evidentemente- los gobiernos de los países miembros de la Unasur, especialmente de aquellos que conforman el sector más progresista que en todas sus manifestaciones públicas han roto lanzas en defensa de la democracia y los DDHH y que -al menos hasta ahora- no han manifestado diferencias conceptuales con la definición que de esos Derechos fundamentales hacen, tanto los organismos internacionales como los propios EEUU.

El fin del bloqueo político

Si bien el acuerdo entre Cuba y EEUU es sólo el comienzo del fin del embargo económico a la isla, claramente representa el fin de su bloqueo político, lo que trae entre otras consecuencias, un importante alivio para algunos gobiernos.

Hasta ahora, la torpeza de la política norteamericana hacia Cuba venía colocando a muchos gobiernos en la difícil situación, un tanto contradictoria, de tener que votar en los foros internacionales en contra de un aliado y socio comercial muy importante a cambio de nada, porque Cuba no cedía un ápice en su política de violación de los DDHH y de irrespeto de las libertades democráticas.

Esto ahora debe cambiar.

¿Van los gobiernos de la Unasur a discutir también esta materia con Cuba? Castro dice estar dispuesto a hacerlo.

¿Hasta cuándo seguirán llamándose “apremios” a las torturas practicadas en diversos lugares del planeta?

Eduardo Galeano

Después de 10 años, el pasado 6 de noviembre Venezuela compareció ante el Comité Contra la Tortura de la ONU que escuchó la presentación de las diferentes ONGs nacionales e internacionales que se ocupan de estos temas y las explicaciones que tuvo a bien brindar el gobierno. Sólo voy a mencionar un dato que es suficientemente revelador de la gravedad de la situación y de la impunidad con la que actúan los cuerpos represivos: en 10 años hubo 9.000 denuncias de torturas y sólo 12 acusados de perpetrarlas.

En esos 10 años, además de la impunidad evidenciada en las cifras mencionadas, Venezuela se ha negado sistemáticamente a recibir la visita del Relator contra la Tortura, a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y se retiró del sistema Interamericano de Derechos Humanos dependiente de la OEA. No hay que ser mal pensado para ver en este conjunto de hechos una actitud premeditada dirigida a evitar el control y la condena de los organismos internacionales a costa de la indefensión de las víctimas y la impunidad de los represores.

Ta barato, dame dos.

Durante ese mismo lapso Venezuela disfrutó de los ingresos petroleros más altos de toda su historia, circunstancia que el Tte. Cnel. Chávez supo aprovechar.

Con un estilo simpático, dicharachero y campechano -muy venezolano, hay que decirlo- y seguramente con una interesada asesoría de la Habana, manejando con gran habilidad sus condiciones de caudillo en un país con débiles instituciones democráticas, el Tte. Cnel. desplegó una agresiva política internacional con el tradicional discurso integracionista y antiimperialista típico de nuestros gobiernos, pero respaldado por una abultada chequera.

En esos 10 años Venezuela promovió su incorporación a Mercosur y apoyó con decisión la creación de Unasur y de otros organismos subregionales como el Alba, más dócil a sus propias políticas. El problema está en que estos organismos –que entre sus principios constitutivos tienen la defensa de la democracia y de los DDHH- no cuentan con mecanismos independientes de supervisión y control en estas materias.

No es ninguna novedad el decir que en política internacional no hay ideologías sino intereses, pero cuando esos intereses cuentan además con una ideología y un discurso político común, realmente se tejen unas alianzas muy difíciles de derrotar, de otra manera no se explicaría cómo es que en todos estos años las grandes potencias del mundo no han logrado poner coto a los paraísos fiscales, al lavado de dinero y al tráfico de estupefacientes, o cómo es que Suiza -adalid mundial en materia de DDHH- se ha resistido tanto a terminar con el secreto bancario y a devolver a los judíos los depósitos de sus bienes robados que el nazismo hizo en sus bancos.

En nuestro caso, la alianza que Chávez logró forjar explica, aunque de ninguna manera justifica, el estruendoso silencio de sus socios regionales ante las terribles violaciones que su régimen ha hecho de los principios democráticos y de los DDHH en Venezuela.

Algo habrán hecho

Lo que resulta mucho más difícil de explicar, especialmente en el cono sur, es el mecanismo mediante el cual esas alianzas de intereses y poder bajan hasta ser aceptadas por las poblaciones de esos países y, más difícil aún, comprender cómo es que llegan a constituirse en verdaderos procesos de autocensura, e incluso complicidad, entre los comunicadores e intelectuales -defensores de los DDHH- que optan por callar antes que denunciar a un gobierno que consideran aliado de aquel al cual respaldan.

Salvo la notables excepciónes de la hija de Allende, la Senadora María Isabel Allende y de Fernando Mires quienes han fijado una clara posición de “tolerancia cero” frente a las violaciones de los principios democráticos y de los DDHH en Venezuela, hasta ahora no hemos visto dirigentes del Frente Para la Victoria en Argentina ni del Frente Amplio en Uruguay con posiciones claras al respecto.

Con relación a los medios de comunicación, comunicadores e intelectuales de los países del cono sur el panorama es aún más grave. Su silencio, muy parecido al famoso “algo habrán hecho” que imperó durante la dictadura de Videla y que llevó a mucha gente progresista a callar frente a las barbaridades del régimen, resulta incomprensible frente a hechos que han sido del dominio público durante años.

Parafraseando a Galeano, uno podría decir: ¿hasta cuando seguirá llamándose “no hacer el juego al imperio” el silencio de políticos, intelectuales y comunicadores ante gobiernos -que se proclaman anti-imperialistas y progresistas- pero violan sistemáticamente los principios democráticos y los DDHH ?

¡

De allí en adelante se desató un proceso que tenía muchos años incubándose y acerca del cual la oposición alertó infinidad de veces. La amenaza -hasta cierto punto contenida por la fuerza política de Chávez y el enorme ingreso petrolero- estalló en la cara del nuevo gobierno.

Violencia e inflación incontrolables, cuatro tipos de cambios oficiales simultáneos, desabastecimiento, represión, luchas y disputas internas por el poder, la Habana desesperada, en fin, una crisis que en lo político ha dejado más de 60 muertos, incontable cantidad de heridos, más de 3.000 detenidos de los cuales más de un centenar siguen presos. Juicios a estudiantes, a dirigentes sindicales, a periodistas, a dirigentes políticos. Cierre de medios escritos y el bloqueo de 1.019 sitios web en los últimos 12 meses.

Ninguna de estas situaciones se dan con esta gravedad en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador o Bolivia, que serían los principales socios políticos del chavismo en Sudamérica.

La crisis política del chavismo es de unas dimensiones que la hacen inocultable incluso para aquellos gobiernos que hasta ahora no la habían querido ver.

De acuerdo con la encuesta realizada por la empresa Varianzas cuyo resumen fue publicado el 27 de octubre, el perfil de agrado que tenía Chávez del 52% en septiembre del 2012 ha bajado al 30% cuando se refiere a Maduro. El Buen Camino del Gobierno cayó 27 puntos, del 48 al 21% y la Percepción positiva de la situación económica del país descendió 20 puntos, de 38 a 18%.

La oposición venezolana tiene la posibilidad real de ganar las próximas elecciones parlamentarias en el 2015 si se mantiene unida. Para el desarrollo de una política exterior responsable y útil a la defensa de los DDHH en Venezuela, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene la obligación y la necesidad de diferenciar entre las políticas de los gobiernos en esos países y las del gobierno chavista.  Las diferencias y resultados están a la vista.

Así como sabemos que el triunfo de la oposición en Venezuela requiere de la unidad como condición sin la cual su triunfo no es posible, también sabemos que el reconocimiento internacional de ese triunfo es muy importante. Cualquier intento de algún grupo de disputarse la hegemonía de la Unidad por la vía de romperla pondría en seria duda las posibilidades de triunfo en las elecciones y haría tanto daño como el que causó en abril del 2002 el grupito que conspiró a espaldas de las grandes mayorías del país.

A pesar de los grandes avances que ha conseguido la MUD a nivel internacional con su decidida política en defensa de la democracia, el daño político que causó el intento de golpe de Estado aún se está pagando especialmente ante los foros internacionales.

La gobernabilidad de Venezuela está en juego no sólo ahora que las distintas facciones del chavismo se están disputando el poder a sangre y fuego e incluso con conspiraciones e intentos de golpes de Estado, también y quizás más aún lo estará si la oposición gana las próximas elecciones. Una sabia y profesional política exterior de la MUD debe construirse desde ahora y esto parecen haberlo visto con claridad Henrique Capriles y el grupo de partidos que encaran con más decisión las próximas elecciones parlamentarias del 2015.

A pesar de la informalidad que parece dominar en los estilos, Unasur no es un club de amigos. Por más que en la relación entre países las relaciones personales entre sus presidentes jueguen un papel, hay situaciones que pesan mucho en la historia de América Latina como para que se puedan dejar pasar.

Como se demostró en las reuniones de cancilleres de Unasur que tuvieron lugar sobre el “Caso Venezuela”, las flagrantes violaciones de los DDHH de la que está haciendo gala el gobierno de Maduro han dejado al descubierto su vocación militarista y represiva. La MUD no debe perder la oportunidad de acercarse a los gobiernos de Unasur para que acompañen y sean testigos presenciales y garantes de los procesos que se avecinan.