Miguel Bakunin, Confesión al zar Nicolás I

Si la polarización política es enemiga del juego democrático en cada país, a nivel internacional -ámbito en el cual los intereses privan por sobre los principios- es tan dañina que muchas veces conduce a la paradoja de que un país defienda en ese ámbito lo contrario a lo que hace internamente,  y esto es particularmente frecuente en materia de Derechos Humanos. Hay al menos dos aspectos que, aunque conocidos, me gustaría resaltar para analizar este problema.

Las organizaciones internacionales a las que nos referimos están integradas por Estados, sin representación de los particulares y con fines esencialmente políticos o económicos, como se expresa claramente en sus documentos fundacionales. En ese contexto, los DDHH -a pesar de su importancia teórica- son para ellas un tema secundario. Tan secundarios son que, de todas las organizaciones existentes en América Latina (OEA, Unasur, Mercosur, ALBA y Celac) y de la multitud de comisiones, direcciones y gerencias que cada una tiene, sólo la OEA ha creado mecanismos específicos para ocuparse del tema; construirlos ha llevado decenas de años y sólo ha sido posible gracias a la incansable lucha de distintas organizaciones de la sociedad civil, siempre enfrentadas a intereses coyunturales de los Estados miembros.

El segundo aspecto que pretendo resaltar es que, como los únicos que pueden violar los DDHH son los Estados, representados en los organismos internacionales por los gobiernos de turno que generalmente son los denunciados, se crea la paradójica situación de que las víctimas tienen que realizar sus denuncias ante los presuntos violadores de sus derechos que -como es lógico- se resisten a ser investigados.

En este contexto, al no existir en Unasur instancias independientes de investigación, las decisiones que esta organización toma en materia de DDHH pasan a depender de factores de conveniencia política y económica totalmente ajenos a las víctimas y a las situaciones denunciadas.  Si la polarización elimina los matices en la discusión política dentro de los países, a nivel internacional oculta a las víctimas en materia de DDHH, convirtiéndolas en simples piezas intercambiables en una partida en la que ni siquiera son jugadoras.

De allí la enorme importancia de instituciones como la CIDH de la que Venezuela quedó excluida en septiembre del 2013 por decisión del Teniente Coronel Hugo Chávez y que ha dejado a la gente en estado de indefensión. Es en este punto en el que la polarización como herramienta para mantenerse en el poder muestra toda la crueldad de la que es capaz.

En los últimos 12 meses hubo en Venezuela más de 60 muertos en protestas o como consecuencia de ellas. De esos fallecidos, al menos 11 fueron militantes del partido de gobierno que eran críticos de las políticas de Maduro. De acuerdo con la información oficial, hubo en ese lapso 878 lesionados y 3.351 detenidos, sin mencionar los 242 casos de torturas denunciados por organizaciones independientes ante el Comité Contra la Tortura de la ONU.

Frente a esta situación, Nicolás Maduro ha denunciado al menos 16 intentos de golpe de Estado y de magnicidio con injerencia extranjera y una guerra económica que le han servido como excusa para meter en la cárcel a dirigentes de la oposición y destituir a algunos de ellos de los cargos para los cuales habían sido electos por el voto popular.

También la oposición ha formulado denuncias por el golpe de Estado que el gobierno dio en el mes de diciembre pasado contra el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, utilizando para ello el control que ejerce sobre la Asamblea y el Poder Judicial.

Distintos voceros de Unasur y de algunos países miembros han manifestado su respaldo a la democracia venezolana, pero sólo lo han hecho con relación a las denuncias efectuadas por Maduro, sin investigar previamente si las mismas tienen fundamento y sin investigar tampoco las denuncias hechas por la oposición ni las denuncias de violaciones de los DDHH que han realizado distintas organizaciones independientes de la sociedad civil.

A la democracia venezolana hay que defenderla. Todo debe ser investigado. Esas investigaciones deben ser adelantadas garantizando la independencia e idoneidad de quienes la realicen, y asegurando que las decisiones políticas no impidan su pronunciamiento sobre las denuncias de violaciones de los DDHH, que no se utilicen para ocultar a las víctimas.

Adolfo Pérez Esquivel: con preocupación hemos visto que el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel -a pesar de su experiencia y conocimiento en la materia- ha sido presa de la polarización política internacional al pronunciarse en solidaridad con el gobierno de Maduro sin fundamento en ninguna investigación independiente y sin referirse a las múltiples denuncias de violaciones de los DDHH que se han hecho en Venezuela.

Fernando Savater (*)

Como aquel viejo fantasma, una fuerte tendencia a convertir la democracia en una especie de dictadura de las mayorías recorre América Latina.

Por la vía de la polarización y tras la consigna de “o estás conmigo o estás contra mi”, algunos gobiernos pretenden alinearnos detrás de un Todo que, a diferencia de las ideologías de la época de la Guerra Fría, es un Todo coyuntural en el que está en juego el bienestar inmediato, por supuesto con sus consecuencias en el largo plazo.

Lo que en cualquier país con una democracia e instituciones consolidadas no es más que una táctica electoral, en los nuestros se ha convertido en el centro de la estrategia para llegar y mantenerse en el poder. La polarización así utilizada produce un gran daño a la democracia al dividir las sociedades entre buenos y malos, forzando a elegir entre bandos y no entre argumentos o razones resultantes del intercambio de ideas.

Sin duda que de este comportamiento los principales responsables son los gobiernos, pero lamentablemente la oposición, en muchos casos, ha respondido en espejo validando así la estrategia y consumando la división que resulta tan dañina para la sociedad en su conjunto. Lo que es peor, sin otra propuesta que  la de sustituir un Todo por otro que, como corresponde, ignora y oculta la diversidad y pretende impedir el diálogo y el debate.

Parecería que, frente a situaciones ante las cuales hay que tomar partido, discutir y tener la razón resulta absolutamente inútil. Gobiernos y oposición pretenden que nos alineemos sin críticas ni matices.

A espaldas del ciudadano común, gobierno y oposición establecen una regla supra constitucional que en su aplicación viola tanto el espíritu como la letra de la Ley fundamental. La regla no escrita de evitar el consenso impide la participación de las minorías y la apreciación de lo diverso, siendo que la consideración de ambos elementos es esencial para la existencia de una democracia que vaya más allá de la formalidad del acto electoral.

Enorme es el perjuicio que la polarización causa a nivel de las instituciones y poderes del Estado, a los que incorpora -además de la inevitable politización- la partidización, que los desnaturaliza al ponerlos al servicio de uno de los Todos en pugna y no de la sociedad en su conjunto.

Como estrategia común de gobierno y oposición, el mayor daño que produce la polarización es a la sociedad. Afectando la convivencia diaria, la polarización  divide familias, provoca divorcios, acaba amistades y destruye relaciones vecinales, generando un nuevo tipo de “guerra civil” que impide el diálogo y el debate. A partir de la polarización, los adversarios políticos pasan a ser enemigos.

Para las fuerzas que se disputan el poder, los procesos de polarización son como una película en la cual los actores siguen libretos más o menos preestablecidos que pueden terminar con un pacto o un acuerdo de repartición del poder. Pero para el común de los ciudadanos estos procesos se asumen apasionadamente, casi como una cuestión personal, y retomar la convivencia se convierte en un largo y espinoso camino que puede durar años, como ha quedado demostrado.

En esta materia, la responsabilidad de la oposición es enorme si se plantea con sinceridad como objetivo el fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones. Negarse a tan siquiera discutir leyes, pensar en revocar todas las aprobadas, pretender volver atrás, genera temor y angustia entre la gente, que se siente desamparada frente a una inseguridad administrativa y jurídica cuyas razones no termina de comprender.

Ciertamente el autoritarismo se combate con más democracia. En este terreno, más que la aceptación de la existencia de las minorías y la diversidad, la democracia se manifiesta incorporándolas en la búsqueda del consenso, consenso que es fundamental para construir salidas nacionales sostenibles en el largo plazo.

En Venezuela, la oposición adoleció de este mal, pero los golpes y derrotas le fueron enseñando hasta conducirla a la posición que tiene hoy la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en la cual la inmensa mayoría está convencida de que, de ganar las elecciones, es imposible plantearse una vuelta atrás. Sin duda que todavía hay dirigentes y organizaciones que plantean el problema en términos de un Todo para sustituir el Todo en el poder, pero son cada vez menos.

En Argentina parece que esa lección está por ser aprendida.

Como bien dice Savater, “Nada se parece tanto a un Todo como otro Todo.”

(*) Fernando Savater – Panfleto contra el Todo – Alianza Editorial – Pag. 19