En asuntos electorales es usual distinguir la trampa -consecuencia del cambio en los resultados numéricos de la consulta electoral- del fraude, que se entiende más bien como actividades antes del acto de votación encaminadas a coaccionar, dirigir y cambiar la voluntad política del votante. Pero existe una tercera fuente de irregularidades de las que habitualmente no se habla y que suelen ser consideradas parte del fraude, pero que en la Ley están tipificadas como delitos electorales que, en algunos países -como Venezuela, por ejemplo-  están penados con prisión pues, como su nombre lo indica, quienes los cometen son considerados delincuentes, en especial si son funcionarios públicos, aunque se trate de militantes políticos.

En Venezuela todas las encuestas -todas, repito, las del gobierno también- indican más de un 80% de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro y todas coinciden en señalar que si la oposición va unida, y vota, no puede perder las próximas elecciones para elegir los miembros de la Asamblea Nacional. Pero -y ese es el gran pero- todas las encuestas también coinciden en señalar que cerca de un 25% de los votantes de la oposición son renuentes a participar del acto comicial porque están convencidos -y no sin razón- de que el gobierno cometerá trampa, fraude, y delinquirá para no aceptar la derrota electoral.

La trampa en Venezuela -en el sentido estricto arriba mencionado- es difícil porque el sistema automatizado funciona bastante bien y contra ella hay dos grandes remedios: el voto masivo y la vigilancia que los partidos opositores ejercen sobre el propio acto electoral con sus testigos y auditorías.

Con el fraude el problema es distinto y más delicado. La experiencia en Venezuela es que quienes están encargados de ejecutar esas maniobras violentas e intimidatorias son grupos paramilitares (que el gobierno llama “colectivos”) quienes -con la complicidad de las Fuerzas Armadas encargadas de custodiar los comicios- se ocupan de generar enormes tensiones y pueden ser causantes de muchos problemas puntuales dentro y fuera de los centros de votación el día de la elección. Hasta ahora, y durante los últimos 16 años, esos grupos han sido generalmente enfrentados con éxito por los votantes que no se han amedrentado y se han mantenido en sus colas hasta lograr con valor y determinación, emitir su voto.

Pero con los delincuentes electorales el problema es mucho mas grave y difícil de enfrentar sin ayuda de la comunidad internacional. Casi por definición, quienes cometen los delitos electorales son altos jerarcas del régimen que cumplen importantes funciones de gobierno. Son mucho más peligrosos y dañinos porque tienen el poder para atentar contra los principios esenciales de objetividad, transparencia, igualdad y libertad que caracterizan un sistema electoral en democracia, promoviendo así la desesperanza con absoluta impunidad y generando la tan ansiada abstención en la que el gobierno confía para no perder las elecciones.

El ejemplo más claro de este tipo de delito es el amedrentamiento a la población, como el que realizó el presidente Maduro antes de las elecciones municipales del año 2014 al decir -por cadena nacional- que tenía perfectamente identificados, hasta con los números de sus cédulas de identidad, a los 910.000 chavistas que no habían votado por él en las elecciones presidenciales.

En Venezuela el voto es secreto y no sólo por mandato constitucional, fundamentalmente porque la oposición ha trabajado fuertemente para proteger y garantizar ese derecho, pero es evidente que cuando el presidente de la República dice por cadena nacional que tiene identificados a los chavistas que no votaron por él, son muchos los ciudadanos -chavistas o no- que piensan que eso puede ser cierto y le temen a las represalias que el gobierno pueda tomar.

El gobierno militar tiene perdidas las próximas elecciones y está desesperado. Esta es una realidad que debe alertar a la comunidad internacional y llevarla a trabajar activamente por tener una presencia importante en el venidero proceso electoral a efectos de facilitar una transición en paz en Venezuela.

Serán la oposición y los ciudadanos quienes cuiden y hagan valer los resultados electorales, pero es evidente que la presencia internacional puede contribuir a que al menos estos delitos no se perpetren con la desfachatez con la que se han venido cometiendo. Naciones Unidas, OEA, Unasur y Mercosur tienen una enorme responsabilidad ética y política.

La noticia de que el Presidente Obama había declarado “una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela” es tan ridícula que parece un chiste.

Pero no es un chiste. Es una peligrosa declaración a través de la cual el gobierno norteamericano amenaza -nuevamente- a un país latinoamericano y que merece la terminante condena de todos, como en efecto ha sucedido.

Lo único que se necesita es algo de memoria para que semejante barbaridad nos recuerde inmediatamente las invasiones a Guatemala, Cuba, Santo Domingo, Panamá y Granada, el sangriento golpe de Estado en Chile y la interminable lista de dictaduras que  tantas muertes y atraso han significado para nuestro continente, siempre aupadas y sostenidas por los EEUU con  el inaceptable argumento de defender sus intereses en peligro.

Al mismo tiempo, en esta declaración hay algo fuera de lugar. Justamente cuando el gobierno norteamericano aparece como intentando corregir el error del embargo a Cuba -reconocido por el propio Obama como una estupidez sostenida durante 50 años- lanzar este absurdo ataque contra el gobierno venezolano resulta inconsistente hasta con las propias políticas del Departamento de Estado.

Inmediatamente se han hecho múltiples ejercicios  para encontrar las verdaderas razones de semejante barbaridad: el petróleo, Venezuela por Ucrania, que Maduro le ha cedido parte del territorio a China para instalar bases militares, los vínculos con el narcotráfico… en fin, muchas teorías que permitirían escribir varias novelas, porque lo que en América Latina nadie le puede creer a un gobierno de EEUU, es que semejante declaración y amenaza puedan tener algo que ver con la defensa de los Derechos Humanos de los venezolanos.

Tampoco cierra en la declaración de Obama que, después de semejante decreto, las medidas que anuncia sean retirarles las visas y prohibirles negociar en los EEUU a siete funcionarios chavistas. Es algo así como usar un misil para cazar moscas.

Otra explicación posible, y que cada vez toma más cuerpo, es que la declaración de Obama tiene más que ver con la política interna norteamericana que con posibles invasiones contra Venezuela.

Es un hecho conocido que el Sr. Obama ha quedado condenado a transitar sus dos últimos años de gobierno con un congreso dominado por el partido republicano, y eso es un problema para él. Según se ha informado, la declaración de una “emergencia nacional” constituye un formulismo legal que en los EEUU le permite al presidente de la república manejar posibles sanciones a algún país sin tener que pasar por el congreso.

Sea cual fuere la razón y los planes del Sr. Obama, lo que ha quedado claro es que nadie hasta ahora había hecho tanto por Maduro como él.

Maduro lo había intentado todo para tratar de cohesionar a su tropa y ocultar los desastres de su gobierno. En dos años ha denunciado 16 intentos de golpe de estado, todos con su respectiva tentativa de magnicidio. Para aterrorizar a la población, cualquier protesta ha sido brutalmente reprimida dejando un tendal de muertos, heridos, presos y torturados, siendo la última atrocidad el asesinato de un niño de 14 años cometido por la policía bolivariana a la vista de todo el mundo. Se inventó una guerra económica, volvió con el cuento del golpe, llevó a Samper de locutor e intentó utilizar a Unasur… en fin, acabó con todas las recetas de los manuales utilizados por los regímenes de fuerza.

Todo le había fracasado y su credibilidad nacional e internacional estaba por el suelo, hasta que Obama vino a su rescate con una declaración tan estúpida como el embargo a Cuba.

Lo que Galtieri buscó con una guerra, a Maduro se lo regaló Obama. Ya veremos qué costo tiene esa barbaridad para la gente en Venezuela.

Por ahora, ya a Maduro le sirvió para justificar su aprobación de una Ley Habilitante Antiimperialista -¡válgame Dios!- que de hecho sustituye la declaración del Estado de Excepción, con lo que seguirán asesinando niños aplicando la Resolución Nº 008610 que permite el uso de armas de fuego para reprimir protestas civiles. Unasur cerrará filas en apoyo al régimen y se llenará de discursos patrioteros. Si ya teníamos militares por todos lados, ahora los tendremos hasta en la sopa. Ni hablar de libertad de expresión. La censura a los pocos medios independientes encontró una nueva excusa y, por supuesto, ahora la acusación de traición a la Patria a los dirigentes de la oposición será el pan nuestro de cada día; y todo esto sucederá  en plena campaña electoral.

A pesar de estos y otros inconvenientes que seguramente sobrevendrán, la oposición va a ganar las elecciones y lo único que va a quedar como saldo positivo de este mal recuerdo, es que nadie va a poder decir que ganó gracias a los gringos. La oposición le va a ganar a Maduro, a Obama y a los golpistas. A todos juntos.