Agudeza venezolana

En los últimos 50 años, uno de los continentes que más ha adelantado en materia de democracia y Derechos Humanos ha sido América Latina. En un proceso zigzagueante y paradójico, pero en general con una tendencia tan de avanzada que en varios aspectos ha llegado a ser ejemplo en otras partes del mundo, el continente ha realizado aportes invaluables.

Entre los muchos avances que se lograron en la materia, hay tres que merecen ser destacados: la construcción del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH) al que se incorporó la sociedad civil como elemento fundamental, la aceptación explícita por parte de los países de la región de la jurisdicción interamericana en materia de DDHH (con excepción de EEUU) -lo que significó para todos los países concesiones muy importantes en materia de soberanía- y la conceptualización de la democracia como un sistema que, más allá de los procesos electorales, se caracteriza por “la promoción y protección de los derechos humanos”, tal y como expresamente se señala en la Carta Democrática.

Cada uno de estos logros significó duras batallas en el seno de una organización como la OEA, claramente dominada por los EEUU que en plena Guerra Fría, de manera unilateral y enfrentado a la organización, promovía invasiones y golpes de estado contra gobiernos democráticos y sostenía dictaduras que muchas veces enarbolaron la bandera de la soberanía y el principio de no intervención para evitar ser investigadas cuando eran denunciadas por violaciones a los DDHH.

Durante esos años, las fuerzas democráticas -entre ellas Venezuela jugó un papel preponderante- lograron deslindar claramente lo que significaba la injerencia de un país en los asuntos internos de otro de lo que era la jurisdicción internacional y la vigilancia que los países de la región debían ejercer para ayudar a garantizar los principios democráticos y de respeto a los DDHH que todos se habían obligado a cumplir, dejando muy claramente establecido que el principio de no intervención no era equivalente a lavarse las manos cuando una democracia estaba en peligro.

En lo que ya se veía como el anuncio de una nueva escalada antidemocrática, en el año 2011 el Tte. Cnel. Hugo Chávez -entonces presidente- retiró a Venezuela del SIDH y, a pesar de las denuncias de lo que eso significaba por parte de muchas organizaciones defensoras de los DDHH, fueron muy pocos los gobiernos que mostraron preocupación al respecto.

Entre 2011 y el día de hoy, las denuncias por violaciones de principios democráticos y de los DDHH en Venezuela se han multiplicado. Los muertos, heridos, presos y torturados por razones políticas se han convertido en algo diario y escandaloso frente a un silencio atronador de muchos países del hemisferio que, aduciendo el principio de no intervención como hacían las dictaduras de antaño, han pretendido lavarse la manos y están llegando al límite de la complicidad frente a una situación que se hace inocultable.

El encabezado de la Orden Ejecutiva del presidente Obama es inaceptable aún cuando el mismo fuera -como dice el gobierno norteamericano- un formulismo legal, pero la Orden misma permite plantear un interrogante importante: ¿se habría producido un exabrupto como ése si el continente se hubiera expresado antes?

La VII Cumbre de las Américas reunida en Panamá es una oportunidad para que los gobiernos democráticos del continente den claras muestras de su madurez y se manifiesten diferenciando sin lugar a dudas el principio de no intervención unilateral en los asuntos internos de otros países de la responsabilidad que tienen de contribuir a vigilar y salvaguardar los principios y valores democráticos y los Derechos Humanos en Venezuela.

Venezuela está atravesando una crisis de incalculables dimensiones donde la pobreza, la escasez, la inflación y la inseguridad están agobiando a la población. La obligación de los gobiernos de América es para con los pueblos, como ellos mismos dicen constantemente. El silencio en este momento pasa a ser complicidad. Ni son ni pueden jugar el papel de Poncio Pilato y lavarse las manos tomando como excusa el respeto a la soberanía. La historia ha demostrado sobradamente que esas inconsecuencias políticas nuestros pueblos las pagan muy caras.

Como todo chiste, muy esclarecedor sobre el pensamiento de su autor, el Sr. Roy Chaderton, Embajador de Venezuela ante la OEA.

Los sucesos que en relación con Venezuela se han precipitado y han impactado la opinión pública internacional han abierto, nuevamente, la discusión sobre el posicionamiento de las fuerzas progresistas del continente con relación a la situación política y al estado de los Derechos Humanos en ese país.

A la situación de deterioro de los derechos a la alimentación y a la salud que se ha puesto de manifiesto especialmente por la escasez de bienes esenciales, se han sumado una vez más hechos inocultables de violencia política que sólo entre los meses de enero y febrero cobraron la vida de cinco estudiantes, entre ellos un estudiante de secundaria de 14 años brutalmente asesinado de un disparo en la cabeza por un policía bolivariano en la calle y ante decenas de testigos.

Institucionalmente, la militarización cada vez mayor del gobierno y de la sociedad tuvo su -hasta ahora- punto culminante con la aprobación, el día  27 de enero, de la resolución Nº 008610 que no sólo autoriza a las fueras armadas a participar de la represión de manifestaciones civiles, sino que además las autoriza para utilizar armas de fuego. Este hecho, que fue denunciado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Contra la Tortura de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y un sin fin de otros organismos y organizaciones independientes, fue silenciado totalmente en algunos países políticamente muy cercanos al régimen chavista en los cuales, salvo contadas excepciones, ni los partidos de gobierno, ni las organizaciones defensoras de los DDHH ni personalidades, periodistas o intelectuales progresistas se pronunciaron al respecto.

Este estruendoso silencio en materia de DDHH, contrasta fuertemente con la inmediata reacción que esas silenciosas organizaciones y personalidades tuvieron frente a la orden ejecutiva firmada por el presidente Obama en la que declara “una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela”. Lo que resulta inmoral no es la condena al decreto de Obama, lo que hace de esas condenas un escándalo farisaico es aducir aquel peligro para silenciar la situación de los DHH en Venezuela.

Hasta Podemos, el nuevo partido político español -muy cercano al chavismo- ha tenido la fuerza y el valor de pronunciarse rechazando la existencia de presos políticos en Venezuela.

En Argentina -salvo el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)- no hemos conocido por parte del “progresismo” ninguna otra muestra de preocupación sobre lo que sucede, con la particularidad de que toda esta discusión tiene lugar casi simultáneamente con el unánime rechazo expresado por esas fuerzas políticas y sociales ante la decisión del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de autorizar el uso de pistolas eléctricas para el control de manifestaciones.

Ese doble rasero que permite que se proteste por la autorización de usar pistolas eléctricas y se haga silencio -por intereses partidistas- ante la autorización para que las fuerzas armadas utilicen armas de fuego en el control de manifestaciones en Venezuela, resulta no sólo insultante para el pueblo venezolano, además le hace un enorme daño a la causa de los DDHH.

En Unasur la discusión avanza por otros caminos y comienzan a verse actitudes que diferencian entre el tema estrictamente político y los DDHH. Uruguay, Chile y Brasil están tomando distancia del régimen militar y es por eso que en la última reunión de cancilleres se emitieron dos pronunciamientos claramente diferenciados en relación a Venezuela, uno en el que tratan el problema de la Orden Ejecutiva de Obama, y el otro en el cual se habla de “la importancia del mantenimiento del orden constitucional así como de la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos” en ese país.

A pesar de que todos dicen que los DDHH están por encima de cualquier otra consideración, en la práctica las denuncias sobre esta materia son tratadas como problemas políticos puntuales, evidenciando una profunda contradicción que lleva a la paradoja de que se están convirtiendo en causas partidarias que se utilizan en función de la lucha política contingente.

El que el progresismo abandone las banderas de los DDHH y de la lucha contra la corrupción no significa que estas van a ser recogidas por la derecha. El daño es mucho mayor porque la consecuencia que acarrea es que las degrada y convierte en mercancía política.

Si bien en el corto plazo el convertir banderas como los DDHH o la lucha contra la corrupción en mercancía causa un profundo daño a los partidos, organizaciones y personalidades que caen en semejante error pues los golpea en su credibilidad, el mayor perjuicio se lo causa  a la sociedad a la que esas organizaciones dicen defender.

Miguel Bakunin, Confesión al zar Nicolás I

Si la polarización política es enemiga del juego democrático en cada país, a nivel internacional -ámbito en el cual los intereses privan por sobre los principios- es tan dañina que muchas veces conduce a la paradoja de que un país defienda en ese ámbito lo contrario a lo que hace internamente,  y esto es particularmente frecuente en materia de Derechos Humanos. Hay al menos dos aspectos que, aunque conocidos, me gustaría resaltar para analizar este problema.

Las organizaciones internacionales a las que nos referimos están integradas por Estados, sin representación de los particulares y con fines esencialmente políticos o económicos, como se expresa claramente en sus documentos fundacionales. En ese contexto, los DDHH -a pesar de su importancia teórica- son para ellas un tema secundario. Tan secundarios son que, de todas las organizaciones existentes en América Latina (OEA, Unasur, Mercosur, ALBA y Celac) y de la multitud de comisiones, direcciones y gerencias que cada una tiene, sólo la OEA ha creado mecanismos específicos para ocuparse del tema; construirlos ha llevado decenas de años y sólo ha sido posible gracias a la incansable lucha de distintas organizaciones de la sociedad civil, siempre enfrentadas a intereses coyunturales de los Estados miembros.

El segundo aspecto que pretendo resaltar es que, como los únicos que pueden violar los DDHH son los Estados, representados en los organismos internacionales por los gobiernos de turno que generalmente son los denunciados, se crea la paradójica situación de que las víctimas tienen que realizar sus denuncias ante los presuntos violadores de sus derechos que -como es lógico- se resisten a ser investigados.

En este contexto, al no existir en Unasur instancias independientes de investigación, las decisiones que esta organización toma en materia de DDHH pasan a depender de factores de conveniencia política y económica totalmente ajenos a las víctimas y a las situaciones denunciadas.  Si la polarización elimina los matices en la discusión política dentro de los países, a nivel internacional oculta a las víctimas en materia de DDHH, convirtiéndolas en simples piezas intercambiables en una partida en la que ni siquiera son jugadoras.

De allí la enorme importancia de instituciones como la CIDH de la que Venezuela quedó excluida en septiembre del 2013 por decisión del Teniente Coronel Hugo Chávez y que ha dejado a la gente en estado de indefensión. Es en este punto en el que la polarización como herramienta para mantenerse en el poder muestra toda la crueldad de la que es capaz.

En los últimos 12 meses hubo en Venezuela más de 60 muertos en protestas o como consecuencia de ellas. De esos fallecidos, al menos 11 fueron militantes del partido de gobierno que eran críticos de las políticas de Maduro. De acuerdo con la información oficial, hubo en ese lapso 878 lesionados y 3.351 detenidos, sin mencionar los 242 casos de torturas denunciados por organizaciones independientes ante el Comité Contra la Tortura de la ONU.

Frente a esta situación, Nicolás Maduro ha denunciado al menos 16 intentos de golpe de Estado y de magnicidio con injerencia extranjera y una guerra económica que le han servido como excusa para meter en la cárcel a dirigentes de la oposición y destituir a algunos de ellos de los cargos para los cuales habían sido electos por el voto popular.

También la oposición ha formulado denuncias por el golpe de Estado que el gobierno dio en el mes de diciembre pasado contra el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, utilizando para ello el control que ejerce sobre la Asamblea y el Poder Judicial.

Distintos voceros de Unasur y de algunos países miembros han manifestado su respaldo a la democracia venezolana, pero sólo lo han hecho con relación a las denuncias efectuadas por Maduro, sin investigar previamente si las mismas tienen fundamento y sin investigar tampoco las denuncias hechas por la oposición ni las denuncias de violaciones de los DDHH que han realizado distintas organizaciones independientes de la sociedad civil.

A la democracia venezolana hay que defenderla. Todo debe ser investigado. Esas investigaciones deben ser adelantadas garantizando la independencia e idoneidad de quienes la realicen, y asegurando que las decisiones políticas no impidan su pronunciamiento sobre las denuncias de violaciones de los DDHH, que no se utilicen para ocultar a las víctimas.

Adolfo Pérez Esquivel: con preocupación hemos visto que el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel -a pesar de su experiencia y conocimiento en la materia- ha sido presa de la polarización política internacional al pronunciarse en solidaridad con el gobierno de Maduro sin fundamento en ninguna investigación independiente y sin referirse a las múltiples denuncias de violaciones de los DDHH que se han hecho en Venezuela.

Lo primero que llama la atención en este balance presentado por la Fiscalía General son dos omisiones importantes.  No menciona ni los más de 10 muertos que hubo entre los propios partidarios del gobierno -en un extraño proceso interno de ajuste de cuentas del que públicamente participó el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)-, ni los 242 casos de torturas que fueron denunciados ante el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre de 2014.

En segundo lugar, salta a la vista la impúdica connivencia que se ha generado entre los cuerpos represivos, la Fiscalía, los tribunales y la Defensoría del Pueblo quienes -aupados por el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional- han colaborado para ocultar las denuncias y retardar los procesos, causando un daño adicional a las víctimas y a sus familiares.

Por todos los desmanes hay sólo cinco acusados que ni siquiera han sido llamados a declarar a pesar de estar plenamente identificados. En el caso de los manifestantes detenidos, se posponen las audiencias y un año después 80 de ellos continúan presos sin sentencia; cerca de 2.000 están en libertad condicionada por medidas cautelares y en 20 causas que afectan a unas 700 personas -en las cuales la propia Fiscalía solicitó el sobreseimiento- los tribunales no emiten las resoluciones correspondientes.

En los meses de abril y mayo del año pasado, bajo la presión nacional e internacional que generó la represión, el gobierno solicitó la presencia de Unasur, que designó una Comisión de cancilleres para que propiciara el entendimiento en el país. Tan pronto la presencia de Unasur logró calmar los ánimos, el gobierno saboteó el diálogo incumpliendo todos los acuerdos a los que se había llegado, al tiempo que aumentaba la represión de manera más selectiva y, con ella, el sentimiento de indefensión y de terror generado por el gobierno militar.

Pero Unasur parece estar despertando. Después de más de 10 años en los que el gobierno venezolano ha venido utilizando el nombre de Bolívar, un discurso de reivindicación de los pobres, su potente chequera y el intento de golpe de Estado del 2002 como herramientas para justificar internacionalmente sus desmanes, algunos países comienzan a ver más allá del discurso.

Venezuela vive una de las situaciones más difíciles de su historia en medio de una terrible inseguridad personal, inflación, escasez de alimentos y medicinas que colocan al país al borde de una crisis humanitaria, con un fuerte incremento de la pobreza que -según cifras de Cepal en su último informe- alcanza el 48% de la población, es decir, un porcentaje aun mayor al que padecía el país en 1998.

Cuando por simple lógica se espera un incremento sustancial de la protesta social, en momentos en los que el país se prepara para un proceso electoral que debe renovar la totalidad de la Asamblea Nacional y en el que se vaticina un rotundo triunfo de la oposición, justo ahora, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emite la Resolución Nº 008610, que contiene elementos ya conocidos en la historia de todos nuestros países y que han sido denunciados por todos los organismos nacionales e internacionales vinculados a la lucha por la defensa de los Derechos Humanos.

La mencionada resolución da participación a las fuerzas armadas en el control de manifestaciones y protestas de orden civil, contraviniendo todas las normas y acuerdos internacionales y lo establecido expresamente en la Constitución y, en su artículo 22 ordinal 7, autoriza el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal… como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.

Parece que el cinismo y los desplantes del gobierno en el terreno internacional comienza a encontrar sus límites aun entre los países más allegados. No se trata ya de si es socialismo o no. Se trata de que ha sido un mal gobierno, un pésimo gobierno que a tenido todo, que creó una enorme expectativa a nivel nacional e internacional y que lanzó todo ese capital político y económico por la borda. Como es lógico, primero decepcionó internamente, ahora llegó la hora de la decepción de los países amigos.

Frente a la situación planteada -y por razones estrictamente políticas- es evidente que Unasur tiene más posibilidades de actuar que la Organización de Estados Americanos.

Recordemos que así como la OEA tiene la Carta Democrática, Unasur cuenta con el Protocolo Sobre La Democracia, que es su equivalente y que conceptualmente ya fue utilizado con Paraguay. ¿Se lo recordará Unasur a Venezuela? ¿Hasta donde llega compromiso de Unasur con los Derechos Humanos?

“Al reconocer que tenemos profundas diferencias, fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior, reafirmo mi voluntad de dialogar sobre todos esos temas”. Raúl Castro

El Tea Party y la segunda muerte del Che

Una autocrítica no es otra cosa que la confesión de un error acompañada de una reflexión y, en el caso de la que hizo el Presidente de los EEUU es, además, una autocrítica dirigida a la derecha norteamericana, en especial a la que integra el Tea Party, que venía eufórica después de su triunfo en las elecciones parlamentarias y Obama ha logrado colocar a la defensiva.

En apenas unas pocas semanas el Tea Party ha recibido tantas ofensas que, enceguecido por la rabia, sólo piensa en la venganza del “impeachment” para sacar “a ese negro insolente de la presidencia”.

Pero es evidente que también existen las confesiones puras y simples, no acompañadas ni de reflexión, ni de arrepentimiento ni dirigidas a nadie. Generalmente son las confesiones que se nos escapan, que decimos sin darnos cuenta pero que nos dejan en una tal evidencia, que después no podemos negarlas aunque tampoco nadie pueda probar que la hemos dicho, como es el caso de las que -por omisión- hace el Presidente de Cuba en el párrafo de su discurso citado en el epígrafe de esta columna.

De la utopía comunista a la Dictadura de El Proletario

Como en una sesión de análisis en la que el paciente dice más con lo que calla, con sus omisiones Castro confiesa al menos dos cosas muy importantes; por una parte, reconoce el fracaso del sistema económico cubano al no incluir entre las materias sobre las cuales tiene profundas diferencias lo concerniente al sistema económico. En segundo lugar, que lo del partido en el poder en Cuba es sólo eso, un proyecto de poder. Un proyecto totalitario de largo plazo que pretenden que los trascienda a través del partido.

Que un viejo comunista, como Raúl Castro, no mencione el Sistema Capitalista entre sus profundas diferencias con el Imperio Norteamericano no puede ser interpretado como un simple lapsus y seguramente tiene que ver con eso el silencio de El Proletario que hasta última hora se reserva como la última oportunidad para corregir a su propio hermano, si fuera necesario.

Somos muchos los que acompañamos el proceso cubano desde sus comienzos y creímos en la utopía, pero no para todos la historia pasó en vano. Stalin, la historia de la URSS, Hungria, Checoslovaquia, el caso Padilla y el fracaso económico han producido toneladas de papel y de reflexiones que no pueden ignorarse.  La historia existe para quien la quiera leer, pero a pesar de eso, como al holocausto, todavía hay quien la niega.

Ha diferencia de la autocrítica de Obama, las confesiones de Castro están dirigidas a quien quiera comprenderlas, y entre quienes primero lo hicieron están los acríticos nostálgicos de los 60 y adoradores del Che.

No ha dejado de sorprenderme observar que los dos grandes críticos del acuerdo entre Cuba y EEUU, son de un lado el Tea Party y del otro, esa masa indefinida de políticos, comunicadores e intelectuales de izquierda, integrada en buena medida en distintos aparatos del poder en América Latina, que no saben muy bien qué decir, pero que sienten cierta frustración y viven el acuerdo como derrota.

Los otros que ahora tendrán que meditar sobre estas palabras de Castro son -evidentemente- los gobiernos de los países miembros de la Unasur, especialmente de aquellos que conforman el sector más progresista que en todas sus manifestaciones públicas han roto lanzas en defensa de la democracia y los DDHH y que -al menos hasta ahora- no han manifestado diferencias conceptuales con la definición que de esos Derechos fundamentales hacen, tanto los organismos internacionales como los propios EEUU.

El fin del bloqueo político

Si bien el acuerdo entre Cuba y EEUU es sólo el comienzo del fin del embargo económico a la isla, claramente representa el fin de su bloqueo político, lo que trae entre otras consecuencias, un importante alivio para algunos gobiernos.

Hasta ahora, la torpeza de la política norteamericana hacia Cuba venía colocando a muchos gobiernos en la difícil situación, un tanto contradictoria, de tener que votar en los foros internacionales en contra de un aliado y socio comercial muy importante a cambio de nada, porque Cuba no cedía un ápice en su política de violación de los DDHH y de irrespeto de las libertades democráticas.

Esto ahora debe cambiar.

¿Van los gobiernos de la Unasur a discutir también esta materia con Cuba? Castro dice estar dispuesto a hacerlo.

                                                                                               Fidel Castro (Discurso de instalación de la VI Conferencia Cumbre del MNOAL, La Habana septiembre de 1979. Versiones taquigráficas – Consejo de Estado). 

La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida (Rubén Blades)

Según informan documentos recientemente desclasificados por la Cancillería Argentina, durante el año 1979 el gobierno de Cuba -presidido entonces por el Comandante Fidel Castro (que recién cumplía sus primeros 20 años en el poder)- realizó ingentes esfuerzos, (al punto de enviar un representante personal, según consta en la documentación desclasificada) para intentar convencer al General Jorge Videla -a la sazón dictador de Argentina- de que asistiera a la VI Cumbre de Países No Alineados ( MNOAL) que debía realizarse en La Habana los primeros días el mes de septiembre de ese año y que debía presidir el propio Castro.

A pesar de la insistencia, el Gral. Videla se excusó y envió un representante.

Aunque no lo dicen los documentos desclasificados, no es difícil suponer las razones por las cuales no asistía y seguramente Castro -un hombre muy bien informado- las conocía. Para esa misma fecha Videla y todo su gobierno estaban sumamente ocupados embelleciendo los Centros Clandestinos de Detención (CCD), preparándolos para recibir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA presidida por el Dr. Andrés Aguilar,  eminente jurista venezolano.

Para aquellos que no lo recuerden, fue esa visita de la CIDH -realizada contra la voluntad de la dictadura y por presión de la OEA (Cuba ya no pertenecía a ese organismo internacional, si no quizás la visita no se habría dado)- la que marcó un hito fundamental en la lucha por los Derechos Humanos en Argentina. Ante esa Comisión comparecieron madres, padres, hijos, hermanos y muchos argentinos que buscaban desesperadamente a miles de desaparecidos en los CCD.

El 11 de abril de 1980 se hizo público el informe que entregó la Comisión presidida por el Dr. Aguilar, informe llamado a jugar un papel muy importante en agosto de ese mismo año durante la reunión del Comité Contra la Tortura y la Desaparición de las Personas de la ONU, que se realizó en Ginebra. Lamentablemente, los esfuerzos realizados por los embajadores de Cuba y de la Unión Soviética impidieron que ese Comité condenara a la dictadura Argentina. Con esa diligencia, Cuba y la Unión Soviética cumplían el acuerdo que tenían con la dictadura Argentina a cambio de trigo y de contar con su voto cuando se tratara el problema de los DDHH en Cuba.

¿Es que acaso en la lucha por el poder vale todo?

En lo que cualquier observador calificaría como un acto de cinismo, durante su discurso en la instalación de la VI Conferencia Cumbre arriba mencionada, a pesar de que tanto los documentos desclasificados, como la conducta del gobierno cubano en Ginebra ponen en evidencia lo que su gobierno estaba haciendo en ese mismo momento, Fidel Castro respondía a esa pregunta diciendo terminantemente que pensaba que NO se vale todo, como puede leerse en la cita textual extraída de su discurso y mencionada en el epígrafe de esta columna.

Ninguna explicación ni “razón de Estado” puede encontrarse capaz de justificar esa conducta y compensar la tragedia que aquella sanguinaria dictadura causó a millones de argentinos y que el gobierno cubano contribuyó a ocultar.

No pretendo responsabilizar al gobierno cubano por la existencia de la dictadura en Argentina, pero sin duda que las recientes revelaciones son de gran importancia para nuestro continente. ¿De cuáles otros pactos nos enteraremos el día que el mundo pueda acceder a los documentos secretos del gobierno cubano?

En el caso de Venezuela, la importancia de estas revelaciones no es meramente histórica. Si por unas toneladas de trigo se fue capaz de firmar los acuerdos que ahora salen a la luz, ¿que han podido negociar a cambio de millones de barriles de petróleo?

Salvo que todavía haya alguien que considere al Partido Comunista de izquierda, ya no queda en Venezuela ninguna organización progresista que apoye al gobierno de Maduro, pero sí hay mucha gente de pensamiento de avanzada que, desde el gobierno y desde la oposición realiza trabajo popular y lucha por una sociedad libre, democrática y con inclusión social. ¿No hay razones para preguntar acerca de los acuerdos secretos firmados entre ambos gobiernos? ¿Hasta donde se ha comprometido la soberanía del país?

Más allá de las diferencias políticas que puedan existir entre nosotros, en el continente debemos ser capaces de poner un límite al cinismo del poder  y ese límite deben ser los DDHH.

¿Hasta cuándo seguirán llamándose “apremios” a las torturas practicadas en diversos lugares del planeta?

Eduardo Galeano

Después de 10 años, el pasado 6 de noviembre Venezuela compareció ante el Comité Contra la Tortura de la ONU que escuchó la presentación de las diferentes ONGs nacionales e internacionales que se ocupan de estos temas y las explicaciones que tuvo a bien brindar el gobierno. Sólo voy a mencionar un dato que es suficientemente revelador de la gravedad de la situación y de la impunidad con la que actúan los cuerpos represivos: en 10 años hubo 9.000 denuncias de torturas y sólo 12 acusados de perpetrarlas.

En esos 10 años, además de la impunidad evidenciada en las cifras mencionadas, Venezuela se ha negado sistemáticamente a recibir la visita del Relator contra la Tortura, a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y se retiró del sistema Interamericano de Derechos Humanos dependiente de la OEA. No hay que ser mal pensado para ver en este conjunto de hechos una actitud premeditada dirigida a evitar el control y la condena de los organismos internacionales a costa de la indefensión de las víctimas y la impunidad de los represores.

Ta barato, dame dos.

Durante ese mismo lapso Venezuela disfrutó de los ingresos petroleros más altos de toda su historia, circunstancia que el Tte. Cnel. Chávez supo aprovechar.

Con un estilo simpático, dicharachero y campechano -muy venezolano, hay que decirlo- y seguramente con una interesada asesoría de la Habana, manejando con gran habilidad sus condiciones de caudillo en un país con débiles instituciones democráticas, el Tte. Cnel. desplegó una agresiva política internacional con el tradicional discurso integracionista y antiimperialista típico de nuestros gobiernos, pero respaldado por una abultada chequera.

En esos 10 años Venezuela promovió su incorporación a Mercosur y apoyó con decisión la creación de Unasur y de otros organismos subregionales como el Alba, más dócil a sus propias políticas. El problema está en que estos organismos –que entre sus principios constitutivos tienen la defensa de la democracia y de los DDHH- no cuentan con mecanismos independientes de supervisión y control en estas materias.

No es ninguna novedad el decir que en política internacional no hay ideologías sino intereses, pero cuando esos intereses cuentan además con una ideología y un discurso político común, realmente se tejen unas alianzas muy difíciles de derrotar, de otra manera no se explicaría cómo es que en todos estos años las grandes potencias del mundo no han logrado poner coto a los paraísos fiscales, al lavado de dinero y al tráfico de estupefacientes, o cómo es que Suiza -adalid mundial en materia de DDHH- se ha resistido tanto a terminar con el secreto bancario y a devolver a los judíos los depósitos de sus bienes robados que el nazismo hizo en sus bancos.

En nuestro caso, la alianza que Chávez logró forjar explica, aunque de ninguna manera justifica, el estruendoso silencio de sus socios regionales ante las terribles violaciones que su régimen ha hecho de los principios democráticos y de los DDHH en Venezuela.

Algo habrán hecho

Lo que resulta mucho más difícil de explicar, especialmente en el cono sur, es el mecanismo mediante el cual esas alianzas de intereses y poder bajan hasta ser aceptadas por las poblaciones de esos países y, más difícil aún, comprender cómo es que llegan a constituirse en verdaderos procesos de autocensura, e incluso complicidad, entre los comunicadores e intelectuales -defensores de los DDHH- que optan por callar antes que denunciar a un gobierno que consideran aliado de aquel al cual respaldan.

Salvo la notables excepciónes de la hija de Allende, la Senadora María Isabel Allende y de Fernando Mires quienes han fijado una clara posición de “tolerancia cero” frente a las violaciones de los principios democráticos y de los DDHH en Venezuela, hasta ahora no hemos visto dirigentes del Frente Para la Victoria en Argentina ni del Frente Amplio en Uruguay con posiciones claras al respecto.

Con relación a los medios de comunicación, comunicadores e intelectuales de los países del cono sur el panorama es aún más grave. Su silencio, muy parecido al famoso “algo habrán hecho” que imperó durante la dictadura de Videla y que llevó a mucha gente progresista a callar frente a las barbaridades del régimen, resulta incomprensible frente a hechos que han sido del dominio público durante años.

Parafraseando a Galeano, uno podría decir: ¿hasta cuando seguirá llamándose “no hacer el juego al imperio” el silencio de políticos, intelectuales y comunicadores ante gobiernos -que se proclaman anti-imperialistas y progresistas- pero violan sistemáticamente los principios democráticos y los DDHH ?

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