Como todo chiste, muy esclarecedor sobre el pensamiento de su autor, el Sr. Roy Chaderton, Embajador de Venezuela ante la OEA.

Los sucesos que en relación con Venezuela se han precipitado y han impactado la opinión pública internacional han abierto, nuevamente, la discusión sobre el posicionamiento de las fuerzas progresistas del continente con relación a la situación política y al estado de los Derechos Humanos en ese país.

A la situación de deterioro de los derechos a la alimentación y a la salud que se ha puesto de manifiesto especialmente por la escasez de bienes esenciales, se han sumado una vez más hechos inocultables de violencia política que sólo entre los meses de enero y febrero cobraron la vida de cinco estudiantes, entre ellos un estudiante de secundaria de 14 años brutalmente asesinado de un disparo en la cabeza por un policía bolivariano en la calle y ante decenas de testigos.

Institucionalmente, la militarización cada vez mayor del gobierno y de la sociedad tuvo su -hasta ahora- punto culminante con la aprobación, el día  27 de enero, de la resolución Nº 008610 que no sólo autoriza a las fueras armadas a participar de la represión de manifestaciones civiles, sino que además las autoriza para utilizar armas de fuego. Este hecho, que fue denunciado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Contra la Tortura de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y un sin fin de otros organismos y organizaciones independientes, fue silenciado totalmente en algunos países políticamente muy cercanos al régimen chavista en los cuales, salvo contadas excepciones, ni los partidos de gobierno, ni las organizaciones defensoras de los DDHH ni personalidades, periodistas o intelectuales progresistas se pronunciaron al respecto.

Este estruendoso silencio en materia de DDHH, contrasta fuertemente con la inmediata reacción que esas silenciosas organizaciones y personalidades tuvieron frente a la orden ejecutiva firmada por el presidente Obama en la que declara “una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela”. Lo que resulta inmoral no es la condena al decreto de Obama, lo que hace de esas condenas un escándalo farisaico es aducir aquel peligro para silenciar la situación de los DHH en Venezuela.

Hasta Podemos, el nuevo partido político español -muy cercano al chavismo- ha tenido la fuerza y el valor de pronunciarse rechazando la existencia de presos políticos en Venezuela.

En Argentina -salvo el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)- no hemos conocido por parte del “progresismo” ninguna otra muestra de preocupación sobre lo que sucede, con la particularidad de que toda esta discusión tiene lugar casi simultáneamente con el unánime rechazo expresado por esas fuerzas políticas y sociales ante la decisión del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de autorizar el uso de pistolas eléctricas para el control de manifestaciones.

Ese doble rasero que permite que se proteste por la autorización de usar pistolas eléctricas y se haga silencio -por intereses partidistas- ante la autorización para que las fuerzas armadas utilicen armas de fuego en el control de manifestaciones en Venezuela, resulta no sólo insultante para el pueblo venezolano, además le hace un enorme daño a la causa de los DDHH.

En Unasur la discusión avanza por otros caminos y comienzan a verse actitudes que diferencian entre el tema estrictamente político y los DDHH. Uruguay, Chile y Brasil están tomando distancia del régimen militar y es por eso que en la última reunión de cancilleres se emitieron dos pronunciamientos claramente diferenciados en relación a Venezuela, uno en el que tratan el problema de la Orden Ejecutiva de Obama, y el otro en el cual se habla de “la importancia del mantenimiento del orden constitucional así como de la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos” en ese país.

A pesar de que todos dicen que los DDHH están por encima de cualquier otra consideración, en la práctica las denuncias sobre esta materia son tratadas como problemas políticos puntuales, evidenciando una profunda contradicción que lleva a la paradoja de que se están convirtiendo en causas partidarias que se utilizan en función de la lucha política contingente.

El que el progresismo abandone las banderas de los DDHH y de la lucha contra la corrupción no significa que estas van a ser recogidas por la derecha. El daño es mucho mayor porque la consecuencia que acarrea es que las degrada y convierte en mercancía política.

Si bien en el corto plazo el convertir banderas como los DDHH o la lucha contra la corrupción en mercancía causa un profundo daño a los partidos, organizaciones y personalidades que caen en semejante error pues los golpea en su credibilidad, el mayor perjuicio se lo causa  a la sociedad a la que esas organizaciones dicen defender.

Miguel Bakunin, Confesión al zar Nicolás I

Si la polarización política es enemiga del juego democrático en cada país, a nivel internacional -ámbito en el cual los intereses privan por sobre los principios- es tan dañina que muchas veces conduce a la paradoja de que un país defienda en ese ámbito lo contrario a lo que hace internamente,  y esto es particularmente frecuente en materia de Derechos Humanos. Hay al menos dos aspectos que, aunque conocidos, me gustaría resaltar para analizar este problema.

Las organizaciones internacionales a las que nos referimos están integradas por Estados, sin representación de los particulares y con fines esencialmente políticos o económicos, como se expresa claramente en sus documentos fundacionales. En ese contexto, los DDHH -a pesar de su importancia teórica- son para ellas un tema secundario. Tan secundarios son que, de todas las organizaciones existentes en América Latina (OEA, Unasur, Mercosur, ALBA y Celac) y de la multitud de comisiones, direcciones y gerencias que cada una tiene, sólo la OEA ha creado mecanismos específicos para ocuparse del tema; construirlos ha llevado decenas de años y sólo ha sido posible gracias a la incansable lucha de distintas organizaciones de la sociedad civil, siempre enfrentadas a intereses coyunturales de los Estados miembros.

El segundo aspecto que pretendo resaltar es que, como los únicos que pueden violar los DDHH son los Estados, representados en los organismos internacionales por los gobiernos de turno que generalmente son los denunciados, se crea la paradójica situación de que las víctimas tienen que realizar sus denuncias ante los presuntos violadores de sus derechos que -como es lógico- se resisten a ser investigados.

En este contexto, al no existir en Unasur instancias independientes de investigación, las decisiones que esta organización toma en materia de DDHH pasan a depender de factores de conveniencia política y económica totalmente ajenos a las víctimas y a las situaciones denunciadas.  Si la polarización elimina los matices en la discusión política dentro de los países, a nivel internacional oculta a las víctimas en materia de DDHH, convirtiéndolas en simples piezas intercambiables en una partida en la que ni siquiera son jugadoras.

De allí la enorme importancia de instituciones como la CIDH de la que Venezuela quedó excluida en septiembre del 2013 por decisión del Teniente Coronel Hugo Chávez y que ha dejado a la gente en estado de indefensión. Es en este punto en el que la polarización como herramienta para mantenerse en el poder muestra toda la crueldad de la que es capaz.

En los últimos 12 meses hubo en Venezuela más de 60 muertos en protestas o como consecuencia de ellas. De esos fallecidos, al menos 11 fueron militantes del partido de gobierno que eran críticos de las políticas de Maduro. De acuerdo con la información oficial, hubo en ese lapso 878 lesionados y 3.351 detenidos, sin mencionar los 242 casos de torturas denunciados por organizaciones independientes ante el Comité Contra la Tortura de la ONU.

Frente a esta situación, Nicolás Maduro ha denunciado al menos 16 intentos de golpe de Estado y de magnicidio con injerencia extranjera y una guerra económica que le han servido como excusa para meter en la cárcel a dirigentes de la oposición y destituir a algunos de ellos de los cargos para los cuales habían sido electos por el voto popular.

También la oposición ha formulado denuncias por el golpe de Estado que el gobierno dio en el mes de diciembre pasado contra el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, utilizando para ello el control que ejerce sobre la Asamblea y el Poder Judicial.

Distintos voceros de Unasur y de algunos países miembros han manifestado su respaldo a la democracia venezolana, pero sólo lo han hecho con relación a las denuncias efectuadas por Maduro, sin investigar previamente si las mismas tienen fundamento y sin investigar tampoco las denuncias hechas por la oposición ni las denuncias de violaciones de los DDHH que han realizado distintas organizaciones independientes de la sociedad civil.

A la democracia venezolana hay que defenderla. Todo debe ser investigado. Esas investigaciones deben ser adelantadas garantizando la independencia e idoneidad de quienes la realicen, y asegurando que las decisiones políticas no impidan su pronunciamiento sobre las denuncias de violaciones de los DDHH, que no se utilicen para ocultar a las víctimas.

Adolfo Pérez Esquivel: con preocupación hemos visto que el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel -a pesar de su experiencia y conocimiento en la materia- ha sido presa de la polarización política internacional al pronunciarse en solidaridad con el gobierno de Maduro sin fundamento en ninguna investigación independiente y sin referirse a las múltiples denuncias de violaciones de los DDHH que se han hecho en Venezuela.

Mientras en Argentina en los últimos 20 años esas figuras jurídicas se han despenalizado, en Venezuela no sólo se ha introducido la figura del desacato en los artículos 148 y 149 de la última reforma parcial del Código Penal, además se han incrementado las penas contempladas para los delitos de difamación en los artículos 444 y 446 con el claro objetivo de intimidar, censurar y controlar la opinión, la información y la prensa independiente. Eso ya lo han vivido los argentinos.

Los comunicadores argentinos sufrieron situaciones de acoso judicial similares y en algunos casos peores que las que sufren los venezolanos, pero mientras los primeros pudieron acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger su derecho a la libertad de prensa, de opinión y de información, los venezolanos por ahora no disponemos de esa herramienta.

¿Es casual que Chávez haya sido militar y haya sido también quien introdujo en el Código Penal la figura del Desacato y quien sacó a Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Es casualidad también que sea ahora el Capitán Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, quien utilice la figura de la injuria agravada para ir contra un pequeño diario independiente como Tal Cual, o todo responde a la lógica militar que se fundamenta en la jerarquía y la obediencia para someter, y cuyo único objetivo es la consolidación en el poder?

En este momento Argentina enfrenta grandes enemigos y serios problemas que sin duda ocupan todo el tiempo de su gobierno, sus políticos, intelectuales y comunicadores, pero creo que precisamente por eso, para preservar las libertades conquistadas con tanto dolor y sacrificio, tiene que encontrar el tiempo para ocuparse, más allá del discurso, de lo que está sucediendo con las libertades en Venezuela.

Se lo deben a sí mismos.  ¿O es que las centenas de argentinos -docentes, políticos, intelectuales, comunicadores, hombres y mujeres comunes y corrientes- que encontraron refugio en la Venezuela democrática primero cuando la dictadura de Onganía y después con el régimen de terror de Videla no aprendieron nada de esa experiencia?

¿Es tan fácil de olvidar la terrible sensación de abandono que vivieron hasta que en 1979 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos -presidida por Andrés Aguilar, eminente jurista venezolano, demócrata cristiano para más seña- visitó el país y permitió comenzar a destapar ante el mundo las atrocidades que estaba sufriendo la gente?

Los argentinos saben que su libertad y su democracia no dependen sólo de ellos. Por supuesto que son los principales responsables por haberlas conquistado y de preservarlas, pero es evidente que la solidaridad internacional fue muy importante y lo mismo sucederá en Venezuela.

Es en el mes de septiembre que Argentina conmemora la visita de la Comisión y fue también en un mes de septiembre, cinco años después, que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de la Personas (CONADEP) presentó al Presidente Alfonsín el devastador informe que permitió el juicio a las juntas y el comienzo de lo que hoy es un avance inconmensurable en materia de DDHH. Pero es también en el mes de septiembre que Venezuela cumplió su primer año fuera del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos en medio del más atronador de los silencios de sus países hermanos.

El caso Tal Cual

El 17 de enero de este año Carlos Genatios -ex ministro de Ciencia y Tecnología del ex presidente Chávez- escribió un artículo de opinión en el diario Tal Cual en el cual atribuyó al Capitán Diosdado Cabello ( Presidente de la Asamblea Nacional venezolana) la frase “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”, aparecida como leyenda al pie mientras el Capitán declaraba en uno de los canales de TV del gobierno.

El 24 de enero el Capitán Cabello -asegurando que no había dicho tal cosa- formalizó una querella contra el articulista, el Director del diario -Teodoro Petkoff- y toda la junta directiva del mismo.

El día 6 de marzo, el Juzgado 29 de Primera Instancia en lo Penal aceptó la demanda por difamación agravada y dictó las medidas cautelares solicitadas por el querellante de prohibición de salida del país y presentación semanal de los demandados ante la jueza incluyendo a Teodoro Petkoff, hoy de 82 años de edad. Las penas contempladas en el Código Penal son hasta de 4 años de cárcel y multas millonarias.

Argentina forma parte de la Comisión de Unasur propiciadora del diálogo en Venezuela. Vista la relación que existe entre los dos gobiernos, una palabra, un gesto a tiempo pueden ser de gran importancia incluso para las futuras relaciones entre los dos países si en Venezuela la oposición ganara las próximas elecciones.