En asuntos electorales es usual distinguir la trampa -consecuencia del cambio en los resultados numéricos de la consulta electoral- del fraude, que se entiende más bien como actividades antes del acto de votación encaminadas a coaccionar, dirigir y cambiar la voluntad política del votante. Pero existe una tercera fuente de irregularidades de las que habitualmente no se habla y que suelen ser consideradas parte del fraude, pero que en la Ley están tipificadas como delitos electorales que, en algunos países -como Venezuela, por ejemplo-  están penados con prisión pues, como su nombre lo indica, quienes los cometen son considerados delincuentes, en especial si son funcionarios públicos, aunque se trate de militantes políticos.

En Venezuela todas las encuestas -todas, repito, las del gobierno también- indican más de un 80% de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro y todas coinciden en señalar que si la oposición va unida, y vota, no puede perder las próximas elecciones para elegir los miembros de la Asamblea Nacional. Pero -y ese es el gran pero- todas las encuestas también coinciden en señalar que cerca de un 25% de los votantes de la oposición son renuentes a participar del acto comicial porque están convencidos -y no sin razón- de que el gobierno cometerá trampa, fraude, y delinquirá para no aceptar la derrota electoral.

La trampa en Venezuela -en el sentido estricto arriba mencionado- es difícil porque el sistema automatizado funciona bastante bien y contra ella hay dos grandes remedios: el voto masivo y la vigilancia que los partidos opositores ejercen sobre el propio acto electoral con sus testigos y auditorías.

Con el fraude el problema es distinto y más delicado. La experiencia en Venezuela es que quienes están encargados de ejecutar esas maniobras violentas e intimidatorias son grupos paramilitares (que el gobierno llama “colectivos”) quienes -con la complicidad de las Fuerzas Armadas encargadas de custodiar los comicios- se ocupan de generar enormes tensiones y pueden ser causantes de muchos problemas puntuales dentro y fuera de los centros de votación el día de la elección. Hasta ahora, y durante los últimos 16 años, esos grupos han sido generalmente enfrentados con éxito por los votantes que no se han amedrentado y se han mantenido en sus colas hasta lograr con valor y determinación, emitir su voto.

Pero con los delincuentes electorales el problema es mucho mas grave y difícil de enfrentar sin ayuda de la comunidad internacional. Casi por definición, quienes cometen los delitos electorales son altos jerarcas del régimen que cumplen importantes funciones de gobierno. Son mucho más peligrosos y dañinos porque tienen el poder para atentar contra los principios esenciales de objetividad, transparencia, igualdad y libertad que caracterizan un sistema electoral en democracia, promoviendo así la desesperanza con absoluta impunidad y generando la tan ansiada abstención en la que el gobierno confía para no perder las elecciones.

El ejemplo más claro de este tipo de delito es el amedrentamiento a la población, como el que realizó el presidente Maduro antes de las elecciones municipales del año 2014 al decir -por cadena nacional- que tenía perfectamente identificados, hasta con los números de sus cédulas de identidad, a los 910.000 chavistas que no habían votado por él en las elecciones presidenciales.

En Venezuela el voto es secreto y no sólo por mandato constitucional, fundamentalmente porque la oposición ha trabajado fuertemente para proteger y garantizar ese derecho, pero es evidente que cuando el presidente de la República dice por cadena nacional que tiene identificados a los chavistas que no votaron por él, son muchos los ciudadanos -chavistas o no- que piensan que eso puede ser cierto y le temen a las represalias que el gobierno pueda tomar.

El gobierno militar tiene perdidas las próximas elecciones y está desesperado. Esta es una realidad que debe alertar a la comunidad internacional y llevarla a trabajar activamente por tener una presencia importante en el venidero proceso electoral a efectos de facilitar una transición en paz en Venezuela.

Serán la oposición y los ciudadanos quienes cuiden y hagan valer los resultados electorales, pero es evidente que la presencia internacional puede contribuir a que al menos estos delitos no se perpetren con la desfachatez con la que se han venido cometiendo. Naciones Unidas, OEA, Unasur y Mercosur tienen una enorme responsabilidad ética y política.

De aquella IV Cumbre realizada en Mar del Plata liderada por Néstor Kirchner, Lula y Chávez -en la que Bush y el ALCA salieron con las tablas en la cabeza- a la recién finalizada, hay enormes diferencias.

De aquellos tres dirigentes hay dos fallecidos y a Lula, el no estar en el gobierno y los escándalos de corrupción que golpean a su partido y al gobierno de Dilma Rousseff, le han restado fuerza y presencia internacional. Esta última Cumbre fue liderizada por EEUU.
Si a lo señalado le agregamos la finalización de los períodos presidenciales de Obama, José Mujica y Cristina Fernández y el ineludible final biológico de los hermanos Castro, la aparición de nuevas caras y con ellas nuevas orientaciones en la política continental son inevitables.

Nicolás Maduro no es Chávez y la caída de los precios petroleros han generado una nueva realidad -especialmente en Centroamérica y el Caribe- en la que la influencia de Venezuela pierde fuerza ante la ofensiva lanzada por Obama en materia energética.

La VII Cumbre ha marcado el final de una etapa y el comienzo de otra cuyas características aún no conocemos. Ni los protagonistas, ni las circunstancias serán los mismos de hace diez años. En este último sentido no es poca cosa el paso dado por EEUU y por Cuba. Baste sólo recordar que ya en la VI Cumbre varios países habían planteado no asistir a la VII si Cuba no era invitada. Cuba se había convertido en un problema que partía aguas separando a EEUU del resto del continente. Hasta sus más cercanos aliados tuvieron que enfrentar el dilema de votar contra el amigo y -en algunos casos- a favor del adversario, obligados por innumerables decisiones de las Naciones Unidas que, con toda razón, condenaban un absurdo bloqueo que los últimos 40 sólo benefició políticamente a los Castro.

Todo esto va a replantear -con mucha fuerza- el papel que le corresponde a la OEA, a la Unasur y al Celac, organismos que en muchas ocasiones superponen funciones, son políticamente irrelevantes o se asemejan a un club de amigos.

A pesar de la gran fuerza con la que venía plantándose a nivel político y a escala internacional, la situación de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos en Venezuela no pudo ser discutida en la Cumbre neutralizado el tema por el encabezado de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Obama. Una formula legal anacrónica y que según el propio Obama no representaba la realidad de la situación, vino no sólo a evitar la discusión, lo que es peor, desvió la atención.

Los parlamentos de Chile y de España se pronunciaron, Podemos -en España- se mostró contrario a la existencia de presos políticos en Venezuela, Felipe Gonzalez asumió la defensa política de Antonio Ledezma y de Leopoldo López, una treintena de ex presidentes firmaron una carta exigiendo la libertad de los presos políticos, gobiernos de América y del mundo, en especial Uruguay, Chile y Brasil, se pronunciaron contra la existencia de presos políticos. Una gran movilización y la Cumbre no habló.

Este año se renueva la totalidad de la Asamblea en Venezuela y el papel de los organismos internacionales será crucial para ofrecer las garantías imprescindibles, evitar la violencia y aceptar en paz los resultados.

Las Garantías Electorales solicitadas por Ciudadanía Activa, organización vinculada a la lucha por el respeto de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos son:

1.- Regreso de la Observación Internacional calificada (OEA, ONU y UE).

2.- Auditoría Internacional del Registro Electoral.

3.- Supervisión internacional del proceso de Inscripción Electoral.

4.- Prohibición de Cadenas durante la Campaña Electoral.

5.- Supervisión y control sobre el uso de los recursos públicos.

6.- Cumplir con la representación proporcional establecida en la Constitución.

7.- Campaña sobre el secreto de voto y los delítos electorales.

8.- Adiestramiento de los miembros de Mesa, los testigos y los Coordinadorees del CNE.

9.- Creación de un Comité Electoral imparcial y paritario que sancione inmediatamente el uso de recusos públicos.

10.- Autorización a la sociedad civil para que pueda promover la participación ciudadana.

12.- Acceso equitativo a los medios.

13.- Garantizar que el papel de las FFAA se circunscriba a lo establecido en la Constitución.

14.- Un horario de votación claro y definido.

15.- Privacidad del acto de votación que garantice el secreto del voto.

16.- Auditoría de los Cuadernos de Votación y de las huellas.

17.- Siendo el sistema automatizado, resultados públicos en tiempo real.

18.- Un nuevo Consejo Nacional Electoral designado cumpliendo lo establecido en la Constitución Nacional.

                                      Agudeza venezolana

En los últimos 50 años, uno de los continentes que más ha adelantado en materia de democracia y Derechos Humanos ha sido América Latina. En un proceso zigzagueante y paradójico, pero en general con una tendencia tan de avanzada que en varios aspectos ha llegado a ser ejemplo en otras partes del mundo, el continente ha realizado aportes invaluables.

Entre los muchos avances que se lograron en la materia, hay tres que merecen ser destacados: la construcción del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH) al que se incorporó la sociedad civil como elemento fundamental, la aceptación explícita por parte de los países de la región de la jurisdicción interamericana en materia de DDHH (con excepción de EEUU) -lo que significó para todos los países concesiones muy importantes en materia de soberanía- y la conceptualización de la democracia como un sistema que, más allá de los procesos electorales, se caracteriza por “la promoción y protección de los derechos humanos”, tal y como expresamente se señala en la Carta Democrática.

Cada uno de estos logros significó duras batallas en el seno de una organización como la OEA, claramente dominada por los EEUU que en plena Guerra Fría, de manera unilateral y enfrentado a la organización, promovía invasiones y golpes de estado contra gobiernos democráticos y sostenía dictaduras que muchas veces enarbolaron la bandera de la soberanía y el principio de no intervención para evitar ser investigadas cuando eran denunciadas por violaciones a los DDHH.

Durante esos años, las fuerzas democráticas -entre ellas Venezuela jugó un papel preponderante- lograron deslindar claramente lo que significaba la injerencia de un país en los asuntos internos de otro de lo que era la jurisdicción internacional y la vigilancia que los países de la región debían ejercer para ayudar a garantizar los principios democráticos y de respeto a los DDHH que todos se habían obligado a cumplir, dejando muy claramente establecido que el principio de no intervención no era equivalente a lavarse las manos cuando una democracia estaba en peligro.

En lo que ya se veía como el anuncio de una nueva escalada antidemocrática, en el año 2011 el Tte. Cnel. Hugo Chávez -entonces presidente- retiró a Venezuela del SIDH y, a pesar de las denuncias de lo que eso significaba por parte de muchas organizaciones defensoras de los DDHH, fueron muy pocos los gobiernos que mostraron preocupación al respecto.

Entre 2011 y el día de hoy, las denuncias por violaciones de principios democráticos y de los DDHH en Venezuela se han multiplicado. Los muertos, heridos, presos y torturados por razones políticas se han convertido en algo diario y escandaloso frente a un silencio atronador de muchos países del hemisferio que, aduciendo el principio de no intervención como hacían las dictaduras de antaño, han pretendido lavarse la manos y están llegando al límite de la complicidad frente a una situación que se hace inocultable.

El encabezado de la Orden Ejecutiva del presidente Obama es inaceptable aún cuando el mismo fuera -como dice el gobierno norteamericano- un formulismo legal, pero la Orden misma permite plantear un interrogante importante: ¿se habría producido un exabrupto como ése si el continente se hubiera expresado antes?

La VII Cumbre de las Américas reunida en Panamá es una oportunidad para que los gobiernos democráticos del continente den claras muestras de su madurez y se manifiesten diferenciando sin lugar a dudas el principio de no intervención unilateral en los asuntos internos de otros países de la responsabilidad que tienen de contribuir a vigilar y salvaguardar los principios y valores democráticos y los Derechos Humanos en Venezuela.

Venezuela está atravesando una crisis de incalculables dimensiones donde la pobreza, la escasez, la inflación y la inseguridad están agobiando a la población. La obligación de los gobiernos de América es para con los pueblos, como ellos mismos dicen constantemente. El silencio en este momento pasa a ser complicidad. Ni son ni pueden jugar el papel de Poncio Pilato y lavarse las manos tomando como excusa el respeto a la soberanía. La historia ha demostrado sobradamente que esas inconsecuencias políticas nuestros pueblos las pagan muy caras.

Como todo chiste, muy esclarecedor sobre el pensamiento de su autor, el Sr. Roy Chaderton, Embajador de Venezuela ante la OEA.

Los sucesos que en relación con Venezuela se han precipitado y han impactado la opinión pública internacional han abierto, nuevamente, la discusión sobre el posicionamiento de las fuerzas progresistas del continente con relación a la situación política y al estado de los Derechos Humanos en ese país.

A la situación de deterioro de los derechos a la alimentación y a la salud que se ha puesto de manifiesto especialmente por la escasez de bienes esenciales, se han sumado una vez más hechos inocultables de violencia política que sólo entre los meses de enero y febrero cobraron la vida de cinco estudiantes, entre ellos un estudiante de secundaria de 14 años brutalmente asesinado de un disparo en la cabeza por un policía bolivariano en la calle y ante decenas de testigos.

Institucionalmente, la militarización cada vez mayor del gobierno y de la sociedad tuvo su -hasta ahora- punto culminante con la aprobación, el día  27 de enero, de la resolución Nº 008610 que no sólo autoriza a las fueras armadas a participar de la represión de manifestaciones civiles, sino que además las autoriza para utilizar armas de fuego. Este hecho, que fue denunciado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Contra la Tortura de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y un sin fin de otros organismos y organizaciones independientes, fue silenciado totalmente en algunos países políticamente muy cercanos al régimen chavista en los cuales, salvo contadas excepciones, ni los partidos de gobierno, ni las organizaciones defensoras de los DDHH ni personalidades, periodistas o intelectuales progresistas se pronunciaron al respecto.

Este estruendoso silencio en materia de DDHH, contrasta fuertemente con la inmediata reacción que esas silenciosas organizaciones y personalidades tuvieron frente a la orden ejecutiva firmada por el presidente Obama en la que declara “una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela”. Lo que resulta inmoral no es la condena al decreto de Obama, lo que hace de esas condenas un escándalo farisaico es aducir aquel peligro para silenciar la situación de los DHH en Venezuela.

Hasta Podemos, el nuevo partido político español -muy cercano al chavismo- ha tenido la fuerza y el valor de pronunciarse rechazando la existencia de presos políticos en Venezuela.

En Argentina -salvo el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)- no hemos conocido por parte del “progresismo” ninguna otra muestra de preocupación sobre lo que sucede, con la particularidad de que toda esta discusión tiene lugar casi simultáneamente con el unánime rechazo expresado por esas fuerzas políticas y sociales ante la decisión del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de autorizar el uso de pistolas eléctricas para el control de manifestaciones.

Ese doble rasero que permite que se proteste por la autorización de usar pistolas eléctricas y se haga silencio -por intereses partidistas- ante la autorización para que las fuerzas armadas utilicen armas de fuego en el control de manifestaciones en Venezuela, resulta no sólo insultante para el pueblo venezolano, además le hace un enorme daño a la causa de los DDHH.

En Unasur la discusión avanza por otros caminos y comienzan a verse actitudes que diferencian entre el tema estrictamente político y los DDHH. Uruguay, Chile y Brasil están tomando distancia del régimen militar y es por eso que en la última reunión de cancilleres se emitieron dos pronunciamientos claramente diferenciados en relación a Venezuela, uno en el que tratan el problema de la Orden Ejecutiva de Obama, y el otro en el cual se habla de “la importancia del mantenimiento del orden constitucional así como de la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos” en ese país.

A pesar de que todos dicen que los DDHH están por encima de cualquier otra consideración, en la práctica las denuncias sobre esta materia son tratadas como problemas políticos puntuales, evidenciando una profunda contradicción que lleva a la paradoja de que se están convirtiendo en causas partidarias que se utilizan en función de la lucha política contingente.

El que el progresismo abandone las banderas de los DDHH y de la lucha contra la corrupción no significa que estas van a ser recogidas por la derecha. El daño es mucho mayor porque la consecuencia que acarrea es que las degrada y convierte en mercancía política.

Si bien en el corto plazo el convertir banderas como los DDHH o la lucha contra la corrupción en mercancía causa un profundo daño a los partidos, organizaciones y personalidades que caen en semejante error pues los golpea en su credibilidad, el mayor perjuicio se lo causa  a la sociedad a la que esas organizaciones dicen defender.

La noticia de que el Presidente Obama había declarado “una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela” es tan ridícula que parece un chiste.

Pero no es un chiste. Es una peligrosa declaración a través de la cual el gobierno norteamericano amenaza -nuevamente- a un país latinoamericano y que merece la terminante condena de todos, como en efecto ha sucedido.

Lo único que se necesita es algo de memoria para que semejante barbaridad nos recuerde inmediatamente las invasiones a Guatemala, Cuba, Santo Domingo, Panamá y Granada, el sangriento golpe de Estado en Chile y la interminable lista de dictaduras que  tantas muertes y atraso han significado para nuestro continente, siempre aupadas y sostenidas por los EEUU con  el inaceptable argumento de defender sus intereses en peligro.

Al mismo tiempo, en esta declaración hay algo fuera de lugar. Justamente cuando el gobierno norteamericano aparece como intentando corregir el error del embargo a Cuba -reconocido por el propio Obama como una estupidez sostenida durante 50 años- lanzar este absurdo ataque contra el gobierno venezolano resulta inconsistente hasta con las propias políticas del Departamento de Estado.

Inmediatamente se han hecho múltiples ejercicios  para encontrar las verdaderas razones de semejante barbaridad: el petróleo, Venezuela por Ucrania, que Maduro le ha cedido parte del territorio a China para instalar bases militares, los vínculos con el narcotráfico… en fin, muchas teorías que permitirían escribir varias novelas, porque lo que en América Latina nadie le puede creer a un gobierno de EEUU, es que semejante declaración y amenaza puedan tener algo que ver con la defensa de los Derechos Humanos de los venezolanos.

Tampoco cierra en la declaración de Obama que, después de semejante decreto, las medidas que anuncia sean retirarles las visas y prohibirles negociar en los EEUU a siete funcionarios chavistas. Es algo así como usar un misil para cazar moscas.

Otra explicación posible, y que cada vez toma más cuerpo, es que la declaración de Obama tiene más que ver con la política interna norteamericana que con posibles invasiones contra Venezuela.

Es un hecho conocido que el Sr. Obama ha quedado condenado a transitar sus dos últimos años de gobierno con un congreso dominado por el partido republicano, y eso es un problema para él. Según se ha informado, la declaración de una “emergencia nacional” constituye un formulismo legal que en los EEUU le permite al presidente de la república manejar posibles sanciones a algún país sin tener que pasar por el congreso.

Sea cual fuere la razón y los planes del Sr. Obama, lo que ha quedado claro es que nadie hasta ahora había hecho tanto por Maduro como él.

Maduro lo había intentado todo para tratar de cohesionar a su tropa y ocultar los desastres de su gobierno. En dos años ha denunciado 16 intentos de golpe de estado, todos con su respectiva tentativa de magnicidio. Para aterrorizar a la población, cualquier protesta ha sido brutalmente reprimida dejando un tendal de muertos, heridos, presos y torturados, siendo la última atrocidad el asesinato de un niño de 14 años cometido por la policía bolivariana a la vista de todo el mundo. Se inventó una guerra económica, volvió con el cuento del golpe, llevó a Samper de locutor e intentó utilizar a Unasur… en fin, acabó con todas las recetas de los manuales utilizados por los regímenes de fuerza.

Todo le había fracasado y su credibilidad nacional e internacional estaba por el suelo, hasta que Obama vino a su rescate con una declaración tan estúpida como el embargo a Cuba.

Lo que Galtieri buscó con una guerra, a Maduro se lo regaló Obama. Ya veremos qué costo tiene esa barbaridad para la gente en Venezuela.

Por ahora, ya a Maduro le sirvió para justificar su aprobación de una Ley Habilitante Antiimperialista -¡válgame Dios!- que de hecho sustituye la declaración del Estado de Excepción, con lo que seguirán asesinando niños aplicando la Resolución Nº 008610 que permite el uso de armas de fuego para reprimir protestas civiles. Unasur cerrará filas en apoyo al régimen y se llenará de discursos patrioteros. Si ya teníamos militares por todos lados, ahora los tendremos hasta en la sopa. Ni hablar de libertad de expresión. La censura a los pocos medios independientes encontró una nueva excusa y, por supuesto, ahora la acusación de traición a la Patria a los dirigentes de la oposición será el pan nuestro de cada día; y todo esto sucederá  en plena campaña electoral.

A pesar de estos y otros inconvenientes que seguramente sobrevendrán, la oposición va a ganar las elecciones y lo único que va a quedar como saldo positivo de este mal recuerdo, es que nadie va a poder decir que ganó gracias a los gringos. La oposición le va a ganar a Maduro, a Obama y a los golpistas. A todos juntos.

Miguel Bakunin, Confesión al zar Nicolás I

Si la polarización política es enemiga del juego democrático en cada país, a nivel internacional -ámbito en el cual los intereses privan por sobre los principios- es tan dañina que muchas veces conduce a la paradoja de que un país defienda en ese ámbito lo contrario a lo que hace internamente,  y esto es particularmente frecuente en materia de Derechos Humanos. Hay al menos dos aspectos que, aunque conocidos, me gustaría resaltar para analizar este problema.

Las organizaciones internacionales a las que nos referimos están integradas por Estados, sin representación de los particulares y con fines esencialmente políticos o económicos, como se expresa claramente en sus documentos fundacionales. En ese contexto, los DDHH -a pesar de su importancia teórica- son para ellas un tema secundario. Tan secundarios son que, de todas las organizaciones existentes en América Latina (OEA, Unasur, Mercosur, ALBA y Celac) y de la multitud de comisiones, direcciones y gerencias que cada una tiene, sólo la OEA ha creado mecanismos específicos para ocuparse del tema; construirlos ha llevado decenas de años y sólo ha sido posible gracias a la incansable lucha de distintas organizaciones de la sociedad civil, siempre enfrentadas a intereses coyunturales de los Estados miembros.

El segundo aspecto que pretendo resaltar es que, como los únicos que pueden violar los DDHH son los Estados, representados en los organismos internacionales por los gobiernos de turno que generalmente son los denunciados, se crea la paradójica situación de que las víctimas tienen que realizar sus denuncias ante los presuntos violadores de sus derechos que -como es lógico- se resisten a ser investigados.

En este contexto, al no existir en Unasur instancias independientes de investigación, las decisiones que esta organización toma en materia de DDHH pasan a depender de factores de conveniencia política y económica totalmente ajenos a las víctimas y a las situaciones denunciadas.  Si la polarización elimina los matices en la discusión política dentro de los países, a nivel internacional oculta a las víctimas en materia de DDHH, convirtiéndolas en simples piezas intercambiables en una partida en la que ni siquiera son jugadoras.

De allí la enorme importancia de instituciones como la CIDH de la que Venezuela quedó excluida en septiembre del 2013 por decisión del Teniente Coronel Hugo Chávez y que ha dejado a la gente en estado de indefensión. Es en este punto en el que la polarización como herramienta para mantenerse en el poder muestra toda la crueldad de la que es capaz.

En los últimos 12 meses hubo en Venezuela más de 60 muertos en protestas o como consecuencia de ellas. De esos fallecidos, al menos 11 fueron militantes del partido de gobierno que eran críticos de las políticas de Maduro. De acuerdo con la información oficial, hubo en ese lapso 878 lesionados y 3.351 detenidos, sin mencionar los 242 casos de torturas denunciados por organizaciones independientes ante el Comité Contra la Tortura de la ONU.

Frente a esta situación, Nicolás Maduro ha denunciado al menos 16 intentos de golpe de Estado y de magnicidio con injerencia extranjera y una guerra económica que le han servido como excusa para meter en la cárcel a dirigentes de la oposición y destituir a algunos de ellos de los cargos para los cuales habían sido electos por el voto popular.

También la oposición ha formulado denuncias por el golpe de Estado que el gobierno dio en el mes de diciembre pasado contra el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, utilizando para ello el control que ejerce sobre la Asamblea y el Poder Judicial.

Distintos voceros de Unasur y de algunos países miembros han manifestado su respaldo a la democracia venezolana, pero sólo lo han hecho con relación a las denuncias efectuadas por Maduro, sin investigar previamente si las mismas tienen fundamento y sin investigar tampoco las denuncias hechas por la oposición ni las denuncias de violaciones de los DDHH que han realizado distintas organizaciones independientes de la sociedad civil.

A la democracia venezolana hay que defenderla. Todo debe ser investigado. Esas investigaciones deben ser adelantadas garantizando la independencia e idoneidad de quienes la realicen, y asegurando que las decisiones políticas no impidan su pronunciamiento sobre las denuncias de violaciones de los DDHH, que no se utilicen para ocultar a las víctimas.

Adolfo Pérez Esquivel: con preocupación hemos visto que el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel -a pesar de su experiencia y conocimiento en la materia- ha sido presa de la polarización política internacional al pronunciarse en solidaridad con el gobierno de Maduro sin fundamento en ninguna investigación independiente y sin referirse a las múltiples denuncias de violaciones de los DDHH que se han hecho en Venezuela.

y a todos los estudiantes y jóvenes del país

que continúan formándose para ser ciudadanos útiles.

18 de febrero,Dos estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) -Alejandro García, de 22 años de edad, y José Frías, de 20 años- fueron encontrados en Mérida maniatados y con varios tiros en la cabeza.

21 de febrero,Los cuerpos de Yamir Tovar -de 22 años- y Luis Arianyi -de 21- fueron hallados en Los Flores de Catia, un barrio popular en el oeste de Caracas, golpeados, amarrados y baleados.

24 de febrero, muere asesinado en una manifestación el niño Kluiberth Roa, de 14 años. Un miembro de la Policía Nacional Bolivariana ha sido filmado cuando lo sacó de debajo de un auto y le disparó.

Si la muerte cada vez que se presenta nos golpea, enterarse de la de un niño de 14 años en manos de un policía bolivariano es una situación tan al límite de lo humano que, abrumado por el dolor y sin saber qué hacer ni qué decir, comienza uno por callar.

Pero cuando uno escucha a alguien que se llama a sí mismo Presidente, intentando justificar lo injustificable, el dolor inevitablemente se transforma en indignación, y lo que hasta entonces ha sido una posibilidad rechazada de entrada comienza a tomar forma en la racionalidad política de un grupo de gente que ha demostrado no tener el menor escrúpulo para hacerse con el poder y conservarlo.

Por supuesto que no pretendo decir que Nicolás Maduro mandó a matar a ese niño, pero sí afirmo que la muerte de Kluiberth es consecuencia directa de las políticas de quienes están en el poder desde hace 15 años y de su incompetencia para gobernar.

De la responsabilidad legal que haya tenido el policía bolivariano -un joven de 23 años que fue quien apretó el gatillo- ya se ocuparán los tribunales. De juzgar a quienes formaron y dirigieron a ese muchacho debemos ocuparnos nosotros y la comunidad internacional.

Quince años tiene este gobierno atacando a las universidades y señalando a los estudiantes como desestabilizadores y agentes de gobiernos extranjeros. Quince años tiene el gobierno intentando ganar las elecciones en alguna universidad y no ha podido. Quince años tiene el gobierno financiando colectivos armados para que agredan a los estudiantes, quemen el rectorado y asalten y golpeen dirigentes para que ahora pretenda lavarse las manos.

Es doloroso saber que han asesinado a un niño de catorce años, pero resulta indignante constatar la cobardía de quienes durante 15 años han alentado este tipo de hechos y ahora pretenden ser inocentes criaturas que de pronto se encuentran frente a un hecho fortuito causado por un muchacho irresponsable, sin hacerse cargo de que ese muchacho que hoy tiene 23 años tenía ocho cuando ellos comenzaron a formarlo con ese discurso contra los estudiantes.

Porque hay un verdadero problema ideológico con las universidades y con los estudiantes, que es el concepto mismo de democracia. Mientras los militares sólo entienden por disciplina y respeto la obediencia al superior jerárquico, los estudiantes aprenden que la disciplina y el respeto son consecuencia de la discusión y la confrontación de ideas.

Por eso el gobierno ha pretendido desde siempre militarizar la sociedad venezolana. Y no estoy hablando sólo de la militarización de la administración -que es más que evidente- estoy hablando de la educación “pre militar” desde las guarderías hasta la universidad, del registro militar y la ley de conscripción, de la activación de la reserva y de la creación de las milicias.

Estoy pensando en la ley Sapo, ahora sistema popular para la protección de la paz SP3,que pretende hacer de nuestra gente delatores al servicio del régimen, de la creación de las milicias obreras para evitar la protesta de los sindicatos, de los Comandos Populares Antigolpe, en los que se mezcla efectivos de las FFAA con grupos de civiles armados y organizaciones populares.

Pero también estoy hablando de la represión, que tiene su última expresión en la Resolución 008610 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa -publicada en Gaceta el 27 de enero- que autoriza el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones y que es el antecedente directo de la tragedia que estamos viviendo.

En fin, estoy hablando de que el gobierno tiene 15 años intentando militarizar la sociedad mediante leyes y organizaciones militares y paramilitares con las que se busca que un cabo le dé órdenes a cualquier ciudadano y éste tenga que obedecerlas como cualquier soldado raso, so pena de ir a la cárcel por desobediencia a un superior, desacato o -incluso- por traición a la Patria.

¿A cual Patria?, ¿la que dicen representar unos militares y unos dirigentes políticos que ni siquiera son capaces de hacerse cargo de su responsabilidad? Los estudiantes ya han respondido esta pregunta tanto en las calles como en las elecciones universitarias.

Fernando Savater (*)

Como aquel viejo fantasma, una fuerte tendencia a convertir la democracia en una especie de dictadura de las mayorías recorre América Latina.

Por la vía de la polarización y tras la consigna de “o estás conmigo o estás contra mi”, algunos gobiernos pretenden alinearnos detrás de un Todo que, a diferencia de las ideologías de la época de la Guerra Fría, es un Todo coyuntural en el que está en juego el bienestar inmediato, por supuesto con sus consecuencias en el largo plazo.

Lo que en cualquier país con una democracia e instituciones consolidadas no es más que una táctica electoral, en los nuestros se ha convertido en el centro de la estrategia para llegar y mantenerse en el poder. La polarización así utilizada produce un gran daño a la democracia al dividir las sociedades entre buenos y malos, forzando a elegir entre bandos y no entre argumentos o razones resultantes del intercambio de ideas.

Sin duda que de este comportamiento los principales responsables son los gobiernos, pero lamentablemente la oposición, en muchos casos, ha respondido en espejo validando así la estrategia y consumando la división que resulta tan dañina para la sociedad en su conjunto. Lo que es peor, sin otra propuesta que  la de sustituir un Todo por otro que, como corresponde, ignora y oculta la diversidad y pretende impedir el diálogo y el debate.

Parecería que, frente a situaciones ante las cuales hay que tomar partido, discutir y tener la razón resulta absolutamente inútil. Gobiernos y oposición pretenden que nos alineemos sin críticas ni matices.

A espaldas del ciudadano común, gobierno y oposición establecen una regla supra constitucional que en su aplicación viola tanto el espíritu como la letra de la Ley fundamental. La regla no escrita de evitar el consenso impide la participación de las minorías y la apreciación de lo diverso, siendo que la consideración de ambos elementos es esencial para la existencia de una democracia que vaya más allá de la formalidad del acto electoral.

Enorme es el perjuicio que la polarización causa a nivel de las instituciones y poderes del Estado, a los que incorpora -además de la inevitable politización- la partidización, que los desnaturaliza al ponerlos al servicio de uno de los Todos en pugna y no de la sociedad en su conjunto.

Como estrategia común de gobierno y oposición, el mayor daño que produce la polarización es a la sociedad. Afectando la convivencia diaria, la polarización  divide familias, provoca divorcios, acaba amistades y destruye relaciones vecinales, generando un nuevo tipo de “guerra civil” que impide el diálogo y el debate. A partir de la polarización, los adversarios políticos pasan a ser enemigos.

Para las fuerzas que se disputan el poder, los procesos de polarización son como una película en la cual los actores siguen libretos más o menos preestablecidos que pueden terminar con un pacto o un acuerdo de repartición del poder. Pero para el común de los ciudadanos estos procesos se asumen apasionadamente, casi como una cuestión personal, y retomar la convivencia se convierte en un largo y espinoso camino que puede durar años, como ha quedado demostrado.

En esta materia, la responsabilidad de la oposición es enorme si se plantea con sinceridad como objetivo el fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones. Negarse a tan siquiera discutir leyes, pensar en revocar todas las aprobadas, pretender volver atrás, genera temor y angustia entre la gente, que se siente desamparada frente a una inseguridad administrativa y jurídica cuyas razones no termina de comprender.

Ciertamente el autoritarismo se combate con más democracia. En este terreno, más que la aceptación de la existencia de las minorías y la diversidad, la democracia se manifiesta incorporándolas en la búsqueda del consenso, consenso que es fundamental para construir salidas nacionales sostenibles en el largo plazo.

En Venezuela, la oposición adoleció de este mal, pero los golpes y derrotas le fueron enseñando hasta conducirla a la posición que tiene hoy la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en la cual la inmensa mayoría está convencida de que, de ganar las elecciones, es imposible plantearse una vuelta atrás. Sin duda que todavía hay dirigentes y organizaciones que plantean el problema en términos de un Todo para sustituir el Todo en el poder, pero son cada vez menos.

En Argentina parece que esa lección está por ser aprendida.

Como bien dice Savater, “Nada se parece tanto a un Todo como otro Todo.”

(*) Fernando Savater – Panfleto contra el Todo – Alianza Editorial – Pag. 19

Lo primero que llama la atención en este balance presentado por la Fiscalía General son dos omisiones importantes.  No menciona ni los más de 10 muertos que hubo entre los propios partidarios del gobierno -en un extraño proceso interno de ajuste de cuentas del que públicamente participó el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)-, ni los 242 casos de torturas que fueron denunciados ante el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre de 2014.

En segundo lugar, salta a la vista la impúdica connivencia que se ha generado entre los cuerpos represivos, la Fiscalía, los tribunales y la Defensoría del Pueblo quienes -aupados por el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional- han colaborado para ocultar las denuncias y retardar los procesos, causando un daño adicional a las víctimas y a sus familiares.

Por todos los desmanes hay sólo cinco acusados que ni siquiera han sido llamados a declarar a pesar de estar plenamente identificados. En el caso de los manifestantes detenidos, se posponen las audiencias y un año después 80 de ellos continúan presos sin sentencia; cerca de 2.000 están en libertad condicionada por medidas cautelares y en 20 causas que afectan a unas 700 personas -en las cuales la propia Fiscalía solicitó el sobreseimiento- los tribunales no emiten las resoluciones correspondientes.

En los meses de abril y mayo del año pasado, bajo la presión nacional e internacional que generó la represión, el gobierno solicitó la presencia de Unasur, que designó una Comisión de cancilleres para que propiciara el entendimiento en el país. Tan pronto la presencia de Unasur logró calmar los ánimos, el gobierno saboteó el diálogo incumpliendo todos los acuerdos a los que se había llegado, al tiempo que aumentaba la represión de manera más selectiva y, con ella, el sentimiento de indefensión y de terror generado por el gobierno militar.

Pero Unasur parece estar despertando. Después de más de 10 años en los que el gobierno venezolano ha venido utilizando el nombre de Bolívar, un discurso de reivindicación de los pobres, su potente chequera y el intento de golpe de Estado del 2002 como herramientas para justificar internacionalmente sus desmanes, algunos países comienzan a ver más allá del discurso.

Venezuela vive una de las situaciones más difíciles de su historia en medio de una terrible inseguridad personal, inflación, escasez de alimentos y medicinas que colocan al país al borde de una crisis humanitaria, con un fuerte incremento de la pobreza que -según cifras de Cepal en su último informe- alcanza el 48% de la población, es decir, un porcentaje aun mayor al que padecía el país en 1998.

Cuando por simple lógica se espera un incremento sustancial de la protesta social, en momentos en los que el país se prepara para un proceso electoral que debe renovar la totalidad de la Asamblea Nacional y en el que se vaticina un rotundo triunfo de la oposición, justo ahora, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emite la Resolución Nº 008610, que contiene elementos ya conocidos en la historia de todos nuestros países y que han sido denunciados por todos los organismos nacionales e internacionales vinculados a la lucha por la defensa de los Derechos Humanos.

La mencionada resolución da participación a las fuerzas armadas en el control de manifestaciones y protestas de orden civil, contraviniendo todas las normas y acuerdos internacionales y lo establecido expresamente en la Constitución y, en su artículo 22 ordinal 7, autoriza el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal… como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.

Parece que el cinismo y los desplantes del gobierno en el terreno internacional comienza a encontrar sus límites aun entre los países más allegados. No se trata ya de si es socialismo o no. Se trata de que ha sido un mal gobierno, un pésimo gobierno que a tenido todo, que creó una enorme expectativa a nivel nacional e internacional y que lanzó todo ese capital político y económico por la borda. Como es lógico, primero decepcionó internamente, ahora llegó la hora de la decepción de los países amigos.

Frente a la situación planteada -y por razones estrictamente políticas- es evidente que Unasur tiene más posibilidades de actuar que la Organización de Estados Americanos.

Recordemos que así como la OEA tiene la Carta Democrática, Unasur cuenta con el Protocolo Sobre La Democracia, que es su equivalente y que conceptualmente ya fue utilizado con Paraguay. ¿Se lo recordará Unasur a Venezuela? ¿Hasta donde llega compromiso de Unasur con los Derechos Humanos?

Es cierto que todo parece indicar que al chavismo se le termina un ciclo. Durante catorce años tuvieron un capital político envidiable: un líder con mucho carisma, les sobró dinero y tuvieron una popularidad que durante muchos años rondó el 60% en un contexto internacional muy favorable. Pero han sido muy malos gobernantes.

La muerte de su líder, la corrupción generalizada, las inconsistencias teóricas, el pensamiento militar y los militares gobernando, las luchas internas por el poder, la represión, la constante violación de los Derechos Humanos, la inseguridad, la ineficiencia e incapacidad para administrar y la crisis económica marcada especialmente por la caída de los precios del petróleo, la escasez y la inflación, parecen poner fin a esta etapa del chavismo en el poder, pero les deja un saldo muy importante: el haber sido quienes colocaron lo social como prioridad en la agenda política.

El chavismo fracasó como gobierno, pero aún no como proyecto político. Su suerte se verá en el transcurrir del tiempo y mucho dependerá del resultado de las luchas internas que hoy lo agobian.

Pero si por inestabilidad también entendemos falta de certidumbre en lo que viene, la oposición contribuye de manera importante.

Aunque la oposición fundamental es la democrática agrupada en la Mesa de la Unidad (MUD), aún en ella se ven las diferencias de matices, de consignas y de discursos que generan dudas e intranquilidad, eso sin entrar a considerar los grupitos que actúan fuera de ella y que constantemente están enviando mensajes a través de las redes sociales que se han convertido -en sí mismas- en fuente de desinformación.

Si la fuerza política que sustituya al chavismo en el gobierno no coloca a la gente como su primera prioridad, si vuelve la corrupción, si continúa el manejo politiquero de las instituciones, pronto veremos que la crisis no ha pasado. Ya la sociedad no acepta las políticas liberales de ajuste en las que la gente es quien paga los desafueros del gobierno. La oposición deberá inventar.

La inestabilidad en Venezuela se pone de manifiesto -entre otras cosas- en que, incluso con un cambio de gobierno, la gobernabilidad futura es complicada.

La historia en Argentina es muy distinta. Uno podría decir que la situación es casi la inversa. El gobierno de los Kirchner comenzó muy inestable, pero termina su ciclo con un país absolutamente controlable.

Con toda razón los jóvenes de La Cámpora se molestan cuando alguno de sus compañeros del Frente para la Victoria (FPV), o gente de la oposición, afirma que sus políticas y las del gobierno venezolano son similares.

Es cierto que en Argentina hay serios problemas de corrupción y de inflación y que subyacen varios problemas económicos estructurales, pero es innegable que el gobierno K durante estos doce años ha transformado la realidad nacional. Con sus altibajos -y a su manera- ha tenido éxito con sus políticas económicas y los resultados los viven las grandes mayorías. La discusión con la oposición es sobre si los resultados pudieron haber sido mejores, pero no sobre la gobernabilidad futura del país.

Nunca Argentina había vivido un período de estabilidad política y económica tan duradero. No olvidemos que cuando los K llegaron al poder, no sólo la economía del país estaba materialmente en ruinas: el grito de la sociedad refiriéndose a los políticos era “que se vayan todos”.

Con multitud de errores y de escándalos de por medio, hoy Argentina vive una situación perfectamente manejable por éste o por cualquier partido que gane las próximas elecciones.

Para intentar comprender lo que está sucediendo con el caso del Fiscal Nisman, sería necesario considerar -además de los sucesos de los últimos días- los demonios que la Presidente ha desatado en su enfrentamiento con los diversos poderes fácticos. En especial el último año el enfrentamiento ha sido muy fuerte con la corporación judicial que sintió que le quitaban poder con la aprobación del Código Civil y del Código Procesal Penal pero, fundamentalmente en los últimos tiempos, el descabezamiento de los servicios de inteligencia ha sido crucial.

Existe un movimiento desestabilizador dirigido a debilitar al gobierno con miras a las próximas elecciones, pero sus causas más profundas no son tan evidentes.

En Venezuela la lucha es por resolver democráticamente la terrible inestabilidad reinante. En Argentina hay una lucha feroz entre el poder político y los poderes fácticos, pero no parece que la democracia estuviera en juego. En Argentina metieron a los militares a sus cuarteles.