En definitiva, la boleta única no es la solución mágica a todos nuestros problemas. Sin embargo, hay una exagerada expectativa en su posible implementación.

En realidad, el aporte concreto que podría traernos su implementación es la posibilidad de erradicar el robo de boletas. No obstante, debemos remarcar que este delito electoral se expande cuando los partidos no pueden fiscalizar. En el proceso electoral de 2015 esta práctica repudiable se redujo considerablemente hasta dejar de ser un problema serio. Cambiemos puso un fiscal en cada mesa del país tanto en las elecciones generales como en la segunda vuelta y el problema se acotó. Las acciones de las ONG y las autoridades electorales también contribuyeron a disminuir el robo de boletas.

Por su parte, la boleta única electrónica (BUE) tampoco resuelve los problemas mencionados, pero reduce los tiempos del escrutinio de mesa y este sí es un problema mucho más grave que el robo de boletas. La jornada electoral comienza a las 7.30 horas y luego de cerrar las mesas, a las 18 horas, se prolonga por muchas horas el escrutinio manual. El cansancio de las autoridades de mesa distiende los controles y la eficiencia del trabajo, provoca errores en una etapa clave y además se transformó en una ventana de oportunidad para la manipulación de documentos electorales. Todos recordamos el escrutinio provisorio de la elección en la provincia de Tucumán, por ejemplo.

Por un lado, uno de los grandes desafíos de la reforma electoral, además de proponer medidas para los problemas mencionados al principio del artículo, es reducir considerablemente los tiempos del escrutinio de mesa, del envío de esa información, de su procesamiento y de la publicación de esos datos en sociedad.

Por otro lado, se percibe en este contexto de reforma electoral cierto rechazo a la posibilidad de incorporar tecnología. Resulta llamativo que en una sociedad habituada al uso de celulares, al cajero automático y al home banking se imponga una tendencia reaccionaria al avance tecnológico.

Hoy, porque votamos más parecido a como se votaba en 1912 es que necesitamos dar un salto a la modernidad. No hay que temerle a la innovación electoral, sólo hay que instrumentar las medidas de control que necesita todo cambio. Control que pueda ser efectivamente ejercido por la ciudadanía y los partidos políticos.

La implementación de la BUE en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires dejó mucho que desear; sin embargo, arrojó como saldo la aprobación por parte de los electores y las autoridades de mesa. En la provincia de Salta, por el contrario, se implementó el sistema de modo gradual y con el consenso de todos los partidos.

Por tanto, se necesita asumir un concepto amplio de reforma, que discuta el tipo de lista, pero que también apunte a garantizar la integridad del proceso electoral moderno e innovador. Para lograrlo, habrá que pasar del eslogan a las respuestas concretas que enfrenten problemas como la campaña anticipada, el financiamiento irregular, el uso de recursos públicos con fines electorales, el perfil de la nueva autoridad electoral, la trashumancia, los obstáculos a la paridad de género, la ausencia de rendición de cuentas, el nulo acceso a la información, la debilidad de los partidos, el clientelismo y la cultura de la hegemonía (manifestada, por ejemplo, en las reelecciones y en los sistemas electorales tramposos como la ley de lemas) y la violencia política.

Hay condiciones para consagrar un sistema electoral propio del siglo XXI. No las desaprovechemos.

En muchos casos las autoridades electorales son epifenómenos del partido de gobierno y colaboran con este cambiando las reglas electorales en su provecho y también obstaculizando a las listas opositoras. Cuando surgen conflictos que dirimir, siempre actúan de manera sesgada. Son indulgentes ante las faltas o los delitos electorales que puedan acometer los oficialismos y severos cuando incurren en estos los opositores.

La equidad electoral también se ve afectada cuando abordamos la cuestión financiera. Las listas del oficialismo movilizan enormes sumas de dinero que en la mayoría de los casos no rinden nunca.

La publicidad oficial se confunde con la publicidad partidaria al punto de ser imposible disociarlas.

Los medios de comunicación son monocolor, enaltecen a los candidatos del partido de poder y denostan o ignoran a los que los desafían.

Aunque muchos investigadores sociales se obstinen en quitarle relevancia al clientelismo, este fenómeno contribuye con el deterioro democrático y la disminución del potencial ciudadano al afectar la noción de competencia electoral.

En estos contextos de “cancha inclinada” no es fácil ganarles a los oficialismo, de hacerlo hay que apelar a un preciso golpe de nocaut. Por puntos se torna muy difícil, aunque siempre hay una excepción.

Ahora presentemos un caso de estudio. El domingo habrá elecciones en La Rioja, una provincia con algo menos de 270 mil electores, que representa el 0,84 % del padrón nacional. Aquí todo vale. Todo está hecho en función de reproducir el poder del partido de poder. Los sistemas electorales están compuestos por densas capas de reformas electorales realizadas con el propósito mencionado.

En la actualidad esta intención se encuentra materializada en la figura de las colectoras. Entre los problemas que este sistema conlleva se encuentra el de la sobreoferta electoral producto de los incentivos que tiene el faccionalismo. Este domingo compiten en La Rioja 70 listas en toda la provincia. Se disputan 304 cargos entre tres mil candidatos. En el departamento de la capital, se presentaron 43 listas, 26 colectoras forman parte del Frente para la Victoria (de las cuales 19 con el candidato a intendente del bederismo y 7 con el candidato del quintelismo) y 12 colectoras van con Fuerza Cívica Riojana. En este último caso las colectoras son de partidos políticos en su mayoría.

Para apelar a una figura didáctica podríamos decir que las colectoras operan como una suerte de primaria y general al mismo tiempo, con lo que esto implica. Es decir, confusión en el electorado, sobrerrepresentación de la oferta electoral, como ya dijimos, aumento del gasto electoral, inconvenientes y demoras a la hora de realizar el escrutinio de mesa, distorsiones en la asignación de los cargos en juego, entre otros.

En las últimas elecciones realizadas en 2013 operó tan fuerte la “cancha inclinada” que hasta se dio un caso inédito que tomó estado público a nivel nacional: por primera vez un gobernador reconoció públicamente que distribuyó “dádivas” entre los electores. Por este acto de prebenda y clientelismo el gobernador Beder Herrera pidió disculpas. Sin embargo, la Justicia miró para el costado al escuchar semejante confesión.

En esta semana el Episcopado de La Rioja le pidió a las autoridades seguridad y transparencia para los comicios. La respuesta tarda en llegar y el domingo se acerca.

Pero en esta provincia, sin embargo, entra en la clasificación de excepción. En el 2013 la oposición ganó en las primarias y luego perdió por poco en las generales. Esto no debería llamar mucho la atención, dado que en estos distritos las primarias le sirven al partido de poder para saber dónde le fue mal y así actuar en consecuencia. En esta segunda elección se hicieron presentes las “dádivas” mencionadas.

En estas elecciones se da una situación particular: la Justicia provincial organiza todo el proceso electoral, el Tribunal Electoral. Este se compone de tres jueces que provienen de áreas de trabajo ajenas a lo electoral. En el marco de una serie de requerimientos que realizó la oposición, el organismo accedió a publicar los telegramas en la web del escrutinio provisorio. Veremos cómo se aplica esto. A primera vista resulta casi imposible implementar todo a días de realizarse la elección.

Hace poco, en un evento público, un juez de la Cámara Nacional Electoral nos invitó a observar el desempeño de los Tribunales Electorales de algunas provincias. Se mostró muy preocupado por la falta de autonomía en relación con el poder de turno y por la escasa profesionalidad de algunos de ellos.

Las elecciones de La Rioja se realizarán el mismo día en que votarán los porteños y los cordobeses. Ambos son distritos grandes: Córdoba representa el 8,68 % del padrón nacional y la ciudad de Buenos Aires, el 7,95 %. La suma de estos distritos supera los cinco millones de electores. Quizá esto le reste atención a la elección riojana, aunque no debería. Tanto CABA como Córdoba son distritos con elecciones que no revisten grandes inconvenientes. Los derechos políticos de sus electores están consagrados. En cambio, La Rioja merece más atención, ya que las garantías del proceso electoral se encuentran cuestionadas por una parte muy importante de los actores políticos. Concentrar nuestra atención en este tipo de elecciones nos ayudará a poner en entredicho la noción misma de “cancha inclinada” y en una de esas la ciudadanía toma conciencia de la necesidad de nivelarla para que el juego político sea más justo y entretenido.