Campaña anticipada. La campaña electoral no empezó como dice la ley 19945, 35 días antes de la fecha de los comicios. Para sorpresa de muchos, se inició un año antes, por lo menos. En este sentido, Daniel Scioli fue el más citado en la aplicación que desarrolló Transparencia Electoral para denunciar este tipo de faltas. Esta situación generó inequidad política y concentración de la oferta electoral, ya que no todo candidato podía afrontar los gastos elevadísimos que la campaña implicó.

Financiación. Una campaña electoral que dura más de un año impacta negativamente en dos aspectos. Por un lado, la gestión se distiende, ya que muchos recursos materiales y humanos son desviados a este propósito. Por el otro, son fondos que no existen. La ley establece que solamente debe rendirse lo gastado en los días que dura formalmente la campaña. La campaña del candidato del oficialismo sin dudas fue la más costosa de la historia.

Candidatos de Estado. Otro elemento que afectó la competencia electoral fue el desequilibrio que genera el hecho de contar con candidatos que ocupan algún cargo ejecutivo y que, a su vez, tienen poca o ninguna predisposición a disociar la comunicación institucional de la comunicación de campaña.

Primarias. El espíritu de la primaria es la competencia entre partidos o candidatos. Cuando un partido o frente ofrece solamente un candidato, se distorsiona el propósito de esta institución. El carácter obligatorio del voto en esta instancia debería maridar con el carácter obligatorio de la competencia intra o extrapartidos.

Además, hay un tema que merece un análisis más minucioso. En elecciones provinciales, en distritos pequeños o medianos, un calendario electoral desglosado le da más ventajas a los partidos de poder para atender las zonas en donde los resultados no son los esperados. A simple vista se puede sugerir que las primarias, a baja escala, reforzaron el clientelismo electoral y, por ende, al partido de poder. El caso La Rioja sirve de ejemplo.

En relación con la jornada electoral, podemos resaltar lo siguiente:

Tipo de boleta. La boleta sábana (horizontal y vertical) es funcional a esos partidos de poder que, gracias a la utilización de recursos estatales, pueden garantizar la presencia de un fiscal partidario en cada una de las cien mil mesas electorales del país. El efecto que ha generado es binario: por un lado, garantizan que su boleta se encuentre en los cuartos oscuros de las mesas de votación, por el otro, y en algunos casos, eliminan las boletas de la competencia. Este último punto fue atendido por la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral. Luego de la escandalosa elección de 2007 podemos afirmar que este impacto fue reducido en las elecciones de 2015.

Escrutinio de mesa. Para toda autoridad de mesa es desgastante repetir tres veces al año una jornada que comienza a las 7.30 horas y concluye pasadas las 22, como ha ocurrido en las elecciones primarias del 9 de agosto en distritos en donde se votaron múltiples categorías, como en el caso de la provincia de Buenos Aires. Los riegos de esta intensa jornada de trabajo se relacionan con la distensión del control en la etapa que requiere más concentración. En las elecciones locales de la ciudad de Buenos Aires se pudo comprobar cómo la boleta única electrónica simplificó esta tarea, lo cual no puede pasar inadvertido. Reducir el tiempo del escrutinio de mesa en más de dos horas promedio no es un tema menor.

Totalización y difusión de datos. Sin dudas es el aspecto más débil de nuestro sistema de votación. El papel del Correo Argentino ha dejado mucho que desear y representa una ventana de oportunidad concreta para la manipulación de datos electorales, ya sea en lo que hace a la logística propia de su tarea, ya sea en la forma y los criterios poco claros acerca de cómo cargan los datos. La empresa española Indra en realidad carga los datos que recopila el personal del Correo en cada uno de los centros de votación del país y que luego digitaliza en los centros de recepción y envío de datos. Si los datos que llegan a Indra son adulterados, por error o en forma deliberada, la carga se verá también afectada. Por otra parte, la demora en los datos ofrecidos en el escrutinio provisorio del 25 de octubre no ha sido grave si la comparamos con el inexplicable cambio de tendencia registrado en el provisorio del 22 de noviembre. En esta oportunidad se votaban dos opciones de una sola categoría en todo el país, por lo tanto no se comprende cómo, si el origen de los datos era tan homogéneo, pudo darse una situación de reducción de más de siete puntos porcentuales en sólo un par de horas. Esto no ha sido debidamente explicado, por lo que ha dejado un tendal de sospechas que se han potenciado en el hecho de que tanto encuestas como conteos de mesas testigo coincidían con la brecha que se difundió al principio del provisorio.

En definitiva, estos son algunos puntos que pueden y deben ser abordados en la próxima reforma electoral y política. Este horizonte debe encuadrarse en iniciativas que consagren la equidad electoral, que promuevan una nueva cultura competitiva, que mejoren la calidad de la representación y la alternancia como valor. Para lograr esto se necesitarán instituciones electorales independientes del Poder Ejecutivo y un nuevo sistema de votación, tecnificado, seguro y auditable, que supere las limitaciones que ha presentado el actual.

Las primarias del 9 de agosto, pero sobre todo las elecciones provinciales de La Rioja y Tucumán, reavivaron el debate sobre el sistema de votación. La campaña anticipada, el uso de recursos públicos con fines proselitistas, el abuso de las cadenas nacionales, el robo de boletas, la manipulación de documentos electorales, la concentración de poder en feudos provinciales y su impacto negativo en la competencia electoral, el clientelismo, la ardua y extensa tarea que debieron realizar las autoridades de mesa, fueron algunos de los problemas que quedaron en evidencia. Por su parte, en las elecciones del 25 de octubre las demoras en la difusión de los datos en el escrutinio provisorio abrieron la discusión acerca de la necesidad de contar con una Dirección Nacional Electoral autónoma, que no dependa del Poder Ejecutivo.

No por casualidad, entonces, la agenda de la reforma electoral del siglo XXI ha sido planteada por las demandas de la ciudadanía, como así también por algunos de los candidatos.

Mauricio Macri es, sin duda, el candidato que más representa esa agenda de cambio. En el último año de su Gobierno implementó, no sin dificultades, un nuevo sistema de votación. Macri no hizo especulaciones político-partidarias y tomó el modelo que impulsó el gobernador peronista de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey. En este año plagado de elecciones, los porteños votaron con la flamante boleta única electrónica y con el sistema tradicional. El saldo de la innovación fue positivo. Tanto electores como autoridades de mesa y electorales coincidieron en las ventajas del primero.

Mauricio Macri, si fuera electo presidente, y María Eugenia Vidal, como flamante gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ya se han comprometido a hacerle honor al nombre del espacio que representan cambiando el sistema de votación.

Efectivamente, si tomamos el caso de la provincia de Buenos Aires, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de Salta, en 2017 la mitad de los argentinos podría elegir a sus candidatos con la boleta única electrónica.

La campaña propositiva de Sergio Massa le ha marcado la cancha a los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta y el tema electoral fue una de las cuestiones más mencionadas por el candidato de UNA. Massa apostó al voto electrónico en su versión más radical. Lo hizo como su contrincante en las primarias, el cordobés Juan Manuel de la Sota, por el modelo de urna electrónica utilizado en Brasil.

La audacia de Massa bordeó el límite de la irresponsabilidad cuando pidió aplicar el voto electrónico a semanas de las elecciones generales.

A diferencia de Macri y Massa, Daniel Scioli representa la agenda conservadora en materia de reforma e innovación electoral. Scioli es, como pocos, un producto acabado del sistema tradicional de votación. Procede de una provincia en donde se le rinde culto a la boleta de papel, a la fórmula mayoritaria con la aplicación de la cuota Hare para la distribución de los cargos legislativos y en donde los intendentes “eternos” del peronismo se aferran a las bondades de las tracciones por categoría.

En estos días el candidato a presidente del Frente para la Victoria se mostró una vez más con el tucumano Juan Manzur, el flamante gobernador electo que dejó la elección más escandalosa que se recuerde en donde quedaron en evidencia todas las limitaciones del sistema tradicional de votación.

En su último megadiscurso, la presidente Cristina Fernández de Kirchner defendió la lista sábana y cuestionó el voto electrónico, al igual que lo hiciera en campaña su candidato derrotado en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández. La Presidente defiende un modelo electoral perimido, y su agenda conservadora no sólo se expresa en el récord de cadenas nacionales que atentan contra todo ideario de elecciones equitativas, sino también en su defensa de la ley de lemas que se aplica en su provincia patagónica.

Pero mal que les pese a la Presidente y a su candidato presidencial, la agenda de reforma electoral es un hecho y se encuentra respaldada por la ciudadanía. Los electores recuperarán próximamente parte de su libertad para elegir sustraída por un sistema de votación depositario de todos los vicios y las prácticas políticas del ventajismo y la concentración del poder.

La suerte de la reforma electoral del siglo XXI también está en disputa: el 22 de noviembre se define la continuidad del sistema de votación vigente o su cambio. Continuidad y cambio, una vez más, ahora en clave de reforma electoral.

Es lógico que en un mundo atravesado por la economía ese ciudadano comprometido con la res publica se haya desvanecido (si alguna vez existió) para dar lugar a otro caracterizado como un individuo aislado cuyo objetivo es maximizar sus beneficios. Esa democracia empírica fue agudamente detallada y anticipada por Joseph Schumpeter, al decir que los ciudadanos no pueden informarse debidamente por el costo del tiempo y la pérdida de descanso. Si hay un bien escaso en la actualidad, es el tiempo.

Por lo tanto, la democracia ha perdido su sustrato movilizador para transformarse en un método por el cual esa masa de individuos aislados y con poco tiempo para informarse seleccionará a los que van a gobernar. El ideal de una democracia sustancial se materializó en una democracia procedimental.

En este contexto todo se simplifica. Las elecciones pasan por un eje elemental: continuidad o cambio. Si bien ese nuevo ciudadano tiene poco tiempo para informarse, su acción siempre será racional. Para maximizar su voto tratará de obtener información certera, se resistirá, muchas veces sin éxito, a ser manipulado. A mediados del siglo XX, cuando se desarrollaron estas teorías que vinculaban lo económico con lo político, las encuestas eran novedosas y contaban con un gran prestigio. En la actualidad han perdido credibilidad. Este método científico ha sido desvirtuado, los ejemplos de manipulación se repiten elección tras elección. Es por ello que ese ciudadano desinformado ya no las considera a la hora de definir su voto. Ese espacio ha sido ocupado por la madre de todas las encuestas: la elección primaria.

Se ha dicho que las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias funcionan como una gran encuesta sin margen de error. Es sobre esta base informativa que opera ese ciudadano maximizador de beneficios electorales y políticos a los efectos de decidir entre la simple dicotomía continuidad o cambio.

Cuando no se habían implementado las primarias, se escuchaba una frase de manera repetitiva: “En la primera vuelta se vota con el corazón, en la segunda con la cabeza”. Ahora, en un proceso electoral de tres actos, esta frase aplica solo en las primarias y en parte. Es que ha quedado claro que ese voto racional ya opera en la primera instancia electoral. En Cambiemos, Ernesto Sanz y Elisa Carrió, y en UNA, Juan Manuel de la Sota lo comprobaron en carne propia. Además, de las 15 fórmulas que compitieron, sólo 6 pasaron a la general.

El cineasta Juan José Campanella ha dicho de la elección de octubre: “Hay sólo dos melodías”. Una frase exacta y sintética que resume todo el debate teórico que hemos presentado. Es poco probable que los votos que fueron en agosto a Daniel Scioli no tengan el mismo destino en octubre. Lo mismo ocurre con el segundo. Los votos de Mauricio Macri volverán a ir para Mauricio Macri. El problema lo tiene el tercero, Sergio Massa.

Este contexto condicionante influye en ese elector, sobre todo cuando está en juego un cargo ejecutivo, en donde solamente “gana uno”. Por lo tanto, si todo se resume en continuidad o cambio, ¿qué sentido tiene votar por el tercero o por el cuarto? Actuar de esta manera es casi una decisión irracional. En otras palabras: el votante de UNA en las primarias que quería y quiere cambio no tiene ahora incentivos para volver a votarlos.

Insisto. En esta suerte de mercado político, si se considera al candidato como un “vendedor de políticas públicas” a cambio de “votos”, ¿por qué ese elector maximizador de objetivos políticos le va a dar su voto al candidato que no llega a la segunda vuelta? Es decir, que no le va a poder “pagar”. ¿Por qué ese elector que votó a Sergio Massa con la intención de provocar un cambio lo votaría nuevamente si ahora ese mismo candidato perjudica ese objetivo?

Si bien es inconducente universalizar este comportamiento, un segmento electoral se sentirá cómodo al hacerlo. Más aún si lo que está en juego es la posibilidad de un ballotage, es decir, el ámbito que saldará el dilema continuidad o cambio. En este contexto, las preguntas son las siguientes: ¿qué porcentaje de los más de cuatro millones y medio de electores que obtuvo UNA en las primarias apelará al voto útil? ¿Cuántos de estos electorales mantendrán la fidelidad en categoría diputados, pero cortarán boleta en favor del candidato que garantiza una segunda vuelta?

Más allá del esfuerzo del Gobierno por reinstalar la candidatura de Sergio Massa, la lógica del voto útil es implacable. Sólo resta saber qué porcentaje de los votantes de UNA en las primarias ponderará la opción de la segunda vuelta sobre la fidelidad al candidato.

El tucumanazo dejó al desnudo la situación que se vive en algunas provincias de nuestro país, en donde ya no se puede hablar de elecciones íntegras, ni competitivas. Las debilidades de estos sistemas dejan en entredicho la noción misma de democracia. Pero todo esto no termina aquí, por el contrario, estos abusos y atropellos a escala local a su vez empañan las elecciones generales ante el riego de un rápido contagio.

La posición inflexible ante las propuestas de cambio del funcionario y candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, puso en alerta a todos los partidos políticos de la oposición y hasta llegó a descolocar a otros funcionarios y legisladores oficialistas que mostraron cierta apertura.

Este martes se produjeron dos hechos importantes casi en simultáneo: la Cámara Nacional Electoral (CNE), la autoridad electoral que concentra y mantiene la confianza de los partidos políticos y candidatos en general, convocó a las organizaciones no gubernamentales para escuchar sus propuestas y para comunicar que algunas de ellas han sido tomadas en cuenta.

A su vez, en el Congreso de la Nación el interbloque opositor presentó el “Acuerdo por la Transparencia Electoral”, cuyo contenido da cuenta de una serie de instrumentos para garantizar la seguridad de la elección de octubre.

En ambos encuentros se advirtieron puntos medulares y coincidentes: más presencia de la Justicia electoral en los centros de votación. Para que ello ocurra se deberá fortalecer la figura del delegado judicial, una figura administrativa que no se encuentra en el Código Nacional Electoral, pero que se ha transformado casi en un necesario superhéroe democrático. Lamentablemente no se ha extendido su importante tarea en la totalidad de los centros de votación del país. Por ejemplo, en las PASO de la provincia de Buenos Aires llegaron a estar en 4 mil de los 5 mil centros de votación.

Otro aspecto que fue objeto de críticas es la inexplicable diversidad en cuanto al diseño de los telegramas. Cada distrito del país tiene el suyo. Esta ridícula “autonomía” resulta una invitación tanto al “error humano” en la confección de telegrama como así también a la aviesa intención de manipular documentos electorales. La denuncia de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires y la de José Cano en Tucumán dio cuenta de este grave problema fácil de resolver.

La forma en que se cargan los datos en el escrutinio provisorio también fue motivo de debate. La Dirección Nacional Electoral (DINE) había advertido que los resultados del provisorio en las PASO pasadas se demorarían para evitar el sesgo en la carga, dado que se estimaba que el escrutinio en las mesas bonaerenses sería más lento que en el resto de los distritos. Esta demora se extendió más que lo de costumbre con la intención de no perjudicar al candidato a la presidencia del oficialismo. La pregunta que muchos se hacen es qué pasará el 25 de octubre. Los datos de la provincia de Buenos Aires llegarán ahora más rápido que en las PASO, con lo cual podría generarse un sesgo a favor de Daniel Scioli. Para evitar estas decisiones arbitrarias, el interbloque de la oposición le pidió a la Cámara Nacional Electoral que articule con la DINE un protocolo de carga que sea público y auditable.

En relación con el robo de boletas se dejó escuchar, en el encuentro de la Cámara Nacional Electoral, una voz tenue que pidió, ante la negativa del Gobierno de implementar la boleta única complementaria, el cuarto oscuro complementario. Un ambiente preservado y destinado para el caso en que un elector no encuentre la boleta que busca.

Todas estas iniciativas realizables que no requieren modificar la actual normativa electoral fueron en parte opacadas por la crítica al papel del Correo Argentino realizada en ambos encuentros.

En la provincia de Tucumán no se pudo cargar en el escrutinio provisorio el 20 % de los telegramas. En la conferencia un diputado en el Congreso denunció que, sumados los votos de María Eugenia Vidal, Solá y otros candidatos de la provincia de Buenos Aires, se llega a 500 mil votos recuperados entre el provisorio y el definitivo.

En ambos encuentros se reclamó más control por parte de la CNE y la DINE a esta empresa pública encargada de la logística de las elecciones que incluye cámaras de video en los centros de carga y seguimiento georreferencial al transporte que traslada las urnas.

El Gobierno nacional tendrá que responder en lo inmediato con medidas concretas a estos planteos que han realizado los partidos de la oposición y las ONG que entienden en la problemática electoral. Es verdad que proponer, como lo han hecho algunos referentes opositores, a dos meses de la elección, un cambio en el sistema de votación resulta irresponsable e imposible de aplicar. Sin embargo, negarse a todos estos pedidos razonables deja en evidencia la actitud de sacar ventaja de las ostensibles limitaciones e irregularidades que se han advertido en las PASO y en las elecciones provinciales como las de La Rioja y Tucumán.

El supermartes ha pasado. Ahora, las autoridades electorales de nuestro país tienen la responsabilidad de brindar las garantías que toda elección requiere.