La discusión mediática con respecto a los motivos de la inflación actualmente gira en torno a dos explicaciones centrales. La más popularmente difundida es la monetarista, según la cual ante un incremento en la emisión monetaria del banco central se expande la demanda agregada de bienes por sobre la oferta determinando el incremento de los precios. Esta explicación es tan cercana al sentido común que generalmente se pasa por alto que está basada en el supuesto de que la economía se encuentra produciendo al tope de su capacidad instalada, razón por la que la oferta no podría acompañar el incremento de la demanda. Este argumento pierde su validez si se tiene en cuenta que el uso de la capacidad instalada en la industria se encuentra actualmente al 71,5%.

La segunda visión, vinculada al enfoque estructuralista latinoamericano, encuentra la explicación del fenómeno inflacionario en múltiples causas que pueden actuar o no en simultáneo: la puja distributiva, el aumento del precio de los commodities agrícolas, el incremento del tipo de cambio, los cuellos de botella, los cambios en los precios relativos, la concentración empresarial y la crónica restricción externa. Existen diferencias entre los estructuralistas con respecto a cuál de los factores mencionados es el más importante, pero en todos los casos se parte de un supuesto más realista que el monetarista: lo normal es que las empresas no bajen los precios y los trabajadores no acepten disminuciones en sus salarios nominales.

La puja distributiva influye principalmente en la inflación a través del enfrentamiento entre los empresarios y los trabajadores por obtener una mayor participación en el ingreso nacional: los trabajadores demandan mayores salarios y los empresarios elevan los precios para aumentar la tasa de ganancia. Este conflicto es extensible a todos los sectores y actores de la economía, cada uno procura aumentar su tajada en la medida de sus posibilidades.

Por otra parte, la inflación a causa del precio de los commodities se basa en que el aumento de la demanda mundial de algunos bienes agropecuarios, como la soja, hace que se incremente el precio local de todos los productos alimenticios que compiten por el uso de la tierra. El incremento en el precio de los alimentos impacta directamente sobre el salario real, que para no perder poder adquisitivo debe incrementarse en términos nominales, lo que transmite el efecto inflacionario al resto de los sectores productivos.

Los efectos de la restricción externa (producto de las insuficientes exportaciones y crónicas fugas de capitales) se hacen notar a través de las permanentes devaluaciones y restricciones al comercio. Ambas medidas tienen impactos inflacionarios.

Finalmente encontramos los cuellos de botella y los cambios en los precios relativos: el crecimiento económico incrementa la demanda general de bienes y servicios, pero no necesariamente lo hace en forma pareja, por lo que no todas las ramas productivas se encuentran en igualdad de condiciones para afrontar dicha expansión. Esto genera variaciones en el precio de cada bien en relación a los demás, que derivan indefectiblemente en inflación, ya que el precio de algunos bienes sube mientras que no baja el de ninguno, sin importar si su demanda es relativamente menor.

La importancia de la explicación que se otorgue a la inflación se encuentra en que determina la solución a aplicar para controlarla. Los monetaristas proponen reducir la emisión monetaria porque suponen que la economía se encuentra al tope de su producción, que no se puede reducir el desempleo y que disminuir la cantidad de dinero no tendrá efecto sobre el crecimiento. En la práctica, lo que se busca es enfriar la economía mediante la disminución del consumo, el crédito, las jubilaciones y asignaciones, lo que genera caída de la producción, el empleo y, consiguientemente, los salarios. La subsiguiente caída en la demanda haría caer los precios pero a costas de menor crecimiento, más desempleo y pobreza.

Desde el enfoque estructuralista, en cambio, la discusión es mucho más acalorada y se arriba a soluciones más complejas. Lejos de presentar una “receta mágica”, considerar las diversas dimensiones del problema permite brindar un diagnóstico más acertado sobre los principales motores inflacionarios del presente. Lo que resulta claro es que hasta que Argentina no logre  profundas modificaciones en su andamiaje productivo, institucional, de inserción en los mercados externos y de resolución de conflictos internos, pensar y aplicar medidas de contención de precios no será tan fácil como pretende el limitado análisis monetarista.

Escrito en colaboración con Estanislao Malic.

Antes que nada, vale la pena mencionar que el control de cambios ha sido una herramienta de política económica utilizada en el pasado por gobiernos de diversos colores políticos en contextos de incertidumbre cambiaria, con el fin de evitar que fueran puestas en peligro las reservas internacionales.

Las reservas, generalmente expresadas en divisa, no son más que la capacidad que tiene un país de intercambiar su trabajo local por productos y servicios fruto del trabajo extranjero. Un país que no posee divisas carece del medio para importar los bienes necesarios para su normal reproducción, incluso a pesar de contar con la capacidad de trabajo suficiente para hacerlo. De este modo, las divisas cumplen un rol similar al de cualquier bien que no se produce en el país, es decir, tienen una utilidad que va más allá del mero hecho de ser dinero. Así como es necesario importar medicamentos para curar enfermedades o computadoras para trabajar, las divisas cumplen la función de permitirnos importar. Esto se torna fundamental en un contexto de industrialización que depende de insumos producidos en el exterior, si bien no siempre es del todo tenido en cuenta por la opinión pública debido a otra característica de la economía nacional, que es su gran nivel de dolarización. Antes de proseguir con mi argumentación me parece conveniente hacer un breve paréntesis con respecto a las razones de dicha dolarización.

El sistema productivo nacional se encuentra lo suficientemente diversificado para no depender exclusivamente de las exportaciones primarias, pero no lo suficiente como para aprovisionarse en el medio local de todos los insumos necesarios para su funcionamiento. En adición, la industria requiere divisas que sólo pueden generarse en la cuantía suficiente en el sector agroexportador, el cual únicamente puede expandir su producción en tanto los precios internacionales sean favorables. Simultáneamente, el crecimiento económico motiva el aumento de la demanda interna de productos manufacturados, por lo que trae aparejado un aumento en las importaciones tanto de bienes terminados como de insumos para la industria nacional. Mientras los precios de los bienes primarios exportados se mantienen elevados, la entrada de divisas por exportaciones resulta suficiente para afrontar el incremento en las importaciones. El problema reside en que en la práctica los precios de las materias primas tienden a sufrir fluctuaciones mucho mayores a las de los productos industriales, lo que en períodos bajistas implica que la entrada de divisas por exportaciones sea inferior a la necesidad de los importadores. Este mecanismo operó en forma cíclica durante toda la segunda mitad del siglo XX y es la causa de fondo de todas las crisis externas que resultaron en fuertes devaluaciones del peso hasta los ’70. Durante la última dictadura y en la década de los ’90 se agregó a esta situación el fuerte endeudamiento externo.

Este mismo mecanismo ha mantenido al país durante el siglo pasado en una situación de gran sensibilidad frente a los vaivenes de la economía mundial, reflejados en la crónica inestabilidad del peso. Frente a ello los argentinos con capacidad de ahorro han sido forzados en numerosas ocasiones a refugiarse en la divisa, alentados a su vez por los grandes flujos de moneda extranjera que ingresaron al país en los momentos de mayor apertura económica y financiera (los cuales coincidieron, a su vez, con las etapas de mayor endeudamiento externo).

La situación presenta una puja de intereses entre la industria nacional que necesita acceder a las divisas para comprar insumos, los consumidores para quienes un dólar barato representa precios más bajos, los ahorristas que buscan protegerse (e incluso beneficiarse) en caso de una devaluación y los exportadores que ambicionan mayores precios en pesos. El control de cambios vuelca la balanza a favor de la industria y los consumidores, por lo cual en principio resulta razonable el repudio a la medida por parte de los demás.

Digo que sólo en principio resulta razonable porque encuentro varios factores que debilitan el argumento de los ahorristas y los exportadores. En primer lugar, el actual nivel de reservas internacionales hace muy poco probable la hipótesis de una devaluación inminente, en especial si se lo compara con los niveles previos a las grandes devaluaciones pasadas. En segundo término, si bien es cierto que la inflación lesiona el poder de compra también lo es que la solución dista mucho de ser una compra masiva de dólares, como la ocurrida a finales de 2011 que derivó en la aplicación del control de cambios. La huida masiva al dólar tiene como consecuencia una presión al alza del tipo de cambio, lo que deriva en mayores costos de importación y, por ende, refuerza el fenómeno inflacionario que supuestamente se trata de eludir, perjudicando al conjunto de los consumidores. Esto se hace más evidente si se toma en cuenta que quien recurre al ahorro en dólares para protegerse de la inflación lo hace justamente porque especula con un incremento del precio del dólar.

Por otra parte, si lo que se espera no es un aumento del dólar sino que el Estado provea las divisas demandadas por el público utilizando sus reservas, la situación es aún peor. En ese caso se estaría buscando el privilegio de un sector específico, el de quienes tienen poder de ahorro en dólares, frente al interés general representado en que la industria tenga acceso a insumos baratos para expandir tanto su producción como su nivel de empleo.

En cuanto a los exportadores, su argumento pierde peso en tanto que la devaluación los beneficia en la misma medida en la que se perjudican los consumidores, al traducirse en un aumento de los precios. Finalmente, el desdoblamiento del tipo de cambio permite aislar de los vaivenes especulativos al mercado de divisas para la importación, que es el más relevante para el crecimiento del país. Quitarle las divisas a la industria detiene el crecimiento y, por ende, la creación de empleo.

Por todo lo expuesto creo que en lugar de cuestionar la validez del control de cambios como herramienta de política económica podríamos concentrar nuestras energías en continuar discutiendo cómo generar incentivos a las inversiones que promuevan una estructura productiva más diversa y menos dependiente de la disponibilidad de divisas.