Resulta más preocupante que llamativo escuchar por parte de los que malgastaron el erario —léase el dinero de los ciudadanos— que afrontaron de manera ingenua y poco seria un conflicto internacional de dimensiones tales que no sólo comprometía el patrimonio de la nación, sino además la posibilidad de obras públicas de alta necesidad y, como si fuera poco, futuras inversiones privadas generadoras de los empleos que en los últimos cuatro años no se han creado.

En más de una ocasión utilicé la idea central de una de las más famosas obras del economista francés Frédéric Bastiat, en la que destaca que no sólo debemos prestar atención a lo que se ve, sino además a lo que no se ve, y debido a lo oportuno que resulta en esta circunstancia, volveré a hacerlo bajo el riesgo de ser repetitiva.

Los argentinos tenemos que saber que debemos mirar más allá de lo que nos costará salir del default —pagarle a los holdouts— para poder ver lo que nos costó no haberlo hecho antes. Para dar una idea clara al respecto, citaré algunos de los números dados hace tan sólo días por Juan Curutchet, que dejan al descubierto la torpeza con la que se ha procedido en la materia: por un lado, para dar una cifra aproximada de lo que pudo ser, desde 1990 la Argentina recibió el 10% de las inversiones extranjeras en América Latina, pero entre 2010 y 2014 recibió solamente el 5%, es decir que esta impericia por parte del kirchnerismo para llegar a un acuerdo le costó al país alrededor de 45.400 millones de dólares en inversiones extranjeras directas, lo que no sólo implica menos empleos, sino además menores salarios para los trabajadores debido a la menor competencia.

Asimismo, es pertinente agregar a la lista de costos los enormes intereses que se pagaron a partir de la cesación de pagos, las emisiones en moneda externa que se realizaron a partir de 2010 a un costo mucho mayor que el de los países vecinos y el activo desvalorizado por letras intransferibles, puntos que sumados a la ya mencionada merma en inversiones nos dan una pérdida total de aproximadamente 100.780 millones de dólares.

Pocas cosas más cómodas deben haber que, simulando una postura heroica, decidir desde un edificio en Puerto Madero que no se pagará nada y que las consecuencias las suframos todos, ya que, de todas maneras, hacer eso es lo políticamente correcto teniendo en cuenta el relato, y es lo que realmente importa según han demostrado.

Cuando dimensionamos las oportunidades que nos han robado en los últimos años y las contrastamos con las carencias que tiene el pueblo al día de hoy en escuelas, hospitales, obras hídricas, trenes, autopistas, rutas, cloacas, agua potable, gas natural y, sin ir más lejos, el déficit fiscal —nada más y nada menos que mayores gastos que ingresos estatales— más alto que nuestro país haya visto en los últimos cuarenta años, que provocó la segunda inflación más alta del planeta, cuanto menos debemos irritarnos y llevar a cabo todo lo posible para quitarle al país este verdadero freno a su progreso.

Teniendo a la vista lo que el país pudo tener y nos fue arrebatado a total discreción, ¿no deberíamos voltear nuestra mirada de los buitres extranjeros para apuntarla primero a nuestras propias comadrejas, quienes nos despojaron de un próspero futuro de una manera tan silenciosa como a la vez dolorosa y aun así siguen sugiriendo no sacar a la Argentina del default?

El pasado 10 de diciembre recibimos un país en estas circunstancias; parece algo digno de una película, pero no, es la realidad argentina. Ministerios desmantelados, deudas siderales en todas las áreas, gente que cobraba sin realizar trabajo alguno y, algo especialmente importante, los datos que el Gobierno kirchnerista dejó eran simplemente una enorme mentira.

Para dar a conocer un poco la situación, aunque de manera resumida, teniendo en cuenta que el presidente Mauricio Macri ya se explayó al respecto hace tan sólo días, quiero pasar en blanco algunas preocupantes cifras de la pasada gestión: durante los años en los que el matrimonio Kirchner ocupó el sillón de Rivadavia, el empleo público aumentó en un 64%; el déficit fiscal —es decir, lo que gasta el Estado por encima de lo que recauda— es del 7% (¡uno de los más altos en nuestros dos siglos de historia!). Como consecuencia, durante doce años han emitido dinero de manera descontrolada e irresponsable, lo que implicó acumular un 700% de inflación, sin duda alguna, deliberadamente utilizada como herramienta para continuar con su manera de gobernar.

Para financiar esta locura —además de usar sin parar la maquinita de billetes— sometieron a la población a la presión tributaria más alta de la que se pueda tener memoria. Se recaudaron de esta manera 694 mil millones de dólares más que en los noventa, pero utilizados sólo para financiar un aparato político adepto, puesto que los servicios públicos se han ido transformando en una verdadera estafa al ciudadano: desde el 2008, el delito aumentó en un 40%; pasamos de generar más energía de la consumida a necesitar importarla; el 42% de los argentinos carece de cloacas; el 40% de nuestras rutas es intransitable. Ni hablar de las reservas del Banco Central, que cayeron a casi la mitad, en 22 mil millones de dólares.

Más del 40% de los argentinos vive del Estado, esto no solamente implica que esa misma cantidad de gente difícilmente goce de plena libertad en el sentido amplio de la palabra, sino que estábamos muy cerca de llegar al punto en el que una mitad del país trabaje para mantener a la otra. Esa no es la función del Estado, menos aun cuando, como quedó claro, no se vio reflejado en mejores prestaciones, lo que les costó la vida a muchos argentinos.

En fin, el despilfarro nos llevó a tener hoy a casi un tercio del país viviendo por debajo de la línea de pobreza, y esto es lo único que importa. Ni las ideologías, ni las formas, ni las metodologías políticas tienen relevancia alguna; la finalidad más grande de todo gobernante debe siempre ser el bienestar de la ciudadanía a la que representa, en razón de la cual tiene que ser medido el éxito de su gestión. Evidentemente en los últimos mandatos se ha fracasado garrafalmente, se ha cometido una verdadera mala praxis.

Luego de más de una década, la Argentina vuelve a estar en la escena internacional, los países más prósperos del mundo apoyan una nueva gestión que ve en la globalización no una amenaza, sino una enorme oportunidad. Abrimos nuestras puertas no para que nos saqueen, sino para multiplicar nuestra capacidad productiva, mostrándole al mundo de lo que somos capaces, expandiendo así nuestra economía, puesto que los hechos han demostrado que es este el único camino para terminar con la pobreza, nuestra primera prioridad como Gobierno.

Ni nuestra región ni los colores de nuestra bandera son incompatibles con el desarrollo económico y social. Ser de Primer Mundo no es una cualidad con la que nacieron ciertas naciones, se ha ido logrando con trabajo, esfuerzo, orden y compromiso, todo ello orientado al progreso de su ciudadanía. Requerirá tiempo, disciplina y responsabilidad, pero así como un médico puede estar orgulloso al ver a quien fuera su paciente correr y disfrutar de la vida con salud plena, todos los argentinos podremos ver a nuestra patria con la alegría de haber cambiado su historia.

Esos tiempos dorados terminaron hace muchísimos años, de la mano de políticos inescrupulosos que nos han llevado a niveles cada vez más vergonzosos de atraso, hasta culminar este proceso con las presidencias de la dinastía Kirchner, quienes durante sus doce años al frente del Ejecutivo se encargaron de alejarnos del mundo productivo y, con ello, de distanciarnos tanto de la prosperidad que llegamos incluso a olvidar de lo que somos capaces en realidad.

Pero lo que es ciertamente sorprendente es ver que, a pesar de que los hechos demuestran a través de datos certeros los increíbles desaciertos del pasado período, sus responsables los siguen defendiendo sin reflexionar ni por un segundo sobre lo que han dejado tras su paso. Nótese la carencia de perspectiva, ya que se intenta sostener un sistema que simplemente ha fracasado, lo cual no es una mera opinión, sino la irrefutable realidad teniendo en cuenta que tras doce años de gobierno dejaron un país en el que doce millones de personas —el 28,7% de la población— viven en la pobreza, 2,5 millones de niños sufren déficit alimenticio, 24,3% tiene déficit en su vivienda y el 20,6% no tiene acceso al agua corriente, algo inaceptable en el siglo XXI.

De hecho, hace solamente unos días se dio a conocer el último índice de libertad económica de la Heritage Foundation, donde concluyen que el kirchnerismo cerró su ciclo con la Argentina posicionada como la novena economía más reprimida del mundo, en el puesto número 169 de 178 países relevados, al lado de compañeros como Guinea Ecuatorial, Irán, Corea del Norte, y por supuesto, los peores aliados que pudieron elegir en la región: Cuba y Venezuela.

La situación heredada amerita inmediatez en las medidas tomadas por el nuevo Gobierno liderado por el presidente Mauricio Macri, razón por la cual, a tan sólo semanas de su asunción ya se giró el timón hacia un nuevo rumbo para nuestra nación. En los primeros 50 días de su mandato, la cabeza del Ejecutivo demostró un rotundo cambio respecto del pasado, cuando su primera actividad como presidente consistió en recibir a todos los gobernadores en una reunión para que planteen qué es lo que necesitan sus provincias.

A su vez, se dio la primera reunión de gabinete en el interior, en conjunto con sus autoridades provinciales, lo que demostró su compromiso con el federalismo. Las decisiones tomadas en materia económica, como la eliminación del cepo cambiario, la supresión de las retenciones a la industria y al campo, y el cambio en la política exterior, ilustrado en la visita de un presidente argentino al Foro Económico Mundial en Davos por primera vez en más de una década —acompañado con uno de los líderes de la oposición, Sergio Massa, y en un vuelo de línea, cosas inusuales en nuestra historia política— son hechos que nos diferencian enormemente de los países de economías castigadas ya nombrados; nos acercan de a poco a los países que lideran el ya mencionado índice, como Canadá, Nueva Zelanda y Australia, quienes desde hace años han tomado estas medidas y se unieron al club de los países más prósperos del mundo.

Por mucho tiempo la política nacional se preocupó principalmente por hacer durante su ejercicio cosas “visibles”, ya que eso es lo que la gente compra. Pero debemos tener en cuenta que aquellas medidas que se ven son, en su mayoría, cortoplacistas y con meros fines reelectivos, pero por lo que realmente debe preocuparse un Gobierno es por aquellas cosas que no se ven. En otras palabras, por las medidas a largo plazo, porque mientras las primeras benefician a algunos a costa de otros produciendo enormes efectos negativos, como los últimos doce años han expuesto, son las segundas las que encarrilan a un país en las vías del crecimiento y la prosperidad.

Por primera vez en décadas se tomó el camino difícil, el políticamente incorrecto, pero el que sin dudas traerá consigo el mayor bienestar para los argentinos. Volvamos a la normalidad, por más anormal que a estas alturas nos parezca.

Mientras para publicidad de los actos de Gobierno se destinan 1814 millones de pesos anuales, solo 476 millones fueron designados para la realización de las tan necesarias obras hídricas que hubiesen evitado la pérdida de más de mil millones de pesos tan solo en el sector agrícola bonaerense, sin contar las miles de familias que perdieron absolutamente todo. Mientras que en Aerolíneas Argentinas y Fútbol para Todos -empresas que podrían generar enormes ganancias con una óptima administración dentro del ámbito estatal- se gastan 4544 millones de pesos y 1742,7 millones de pesos anuales respectivamente, en la urbanización de villas se destinan 1641 millones.

Jamás se pensó en mejorarle la vida a la gente, se utilizaron los recursos de una de las épocas de mayor bonanza para nuestro sector productivo en “pintar una casa sin cimientos”, brindar nuevos servicios dignos de países desarrollados en un país que apenas logró recuperarse de la crisis del 2001, pero sin expandir su capacidad productiva, generándose empleo público como nunca antes en nuestra historia, sin alentar al emprendimiento privado. Esto llevó a que se gastara más de los que se producía, lo que tuvo como consecuencia un déficit fiscal financiado con el más tramposo de los impuestos que un gobernante puede imponer: la inflación.

Un sector productivo cada vez más apaleado, derritiéndose sus ahorros en sus manos, con la carga tributaria más alta de la historia nacional, sin seguridad jurídica y con un atraso cambiario que aumenta los costos de producción dentro del país, pero reduce las ganancias debido al artificialmente bajo dólar oficial, hacen de la exportación algo cada vez más inviable, poniéndole un techo muy bajo a nuestras empresas, las cuales no crecen desde hace más de 4 años.

Ante esto la pobreza aumentó año tras año, alcanzando al día de hoy a un 28,7 % de los argentinos. Pero hay un dato aun más preocupante: que en ese porcentaje entra el 40,4 % de los niños y los adolescentes del país, por lo que los 84.900 millones de dólares de deuda que nos dejaron a pagar en el próximo período presidencial es la menor de nuestras preocupaciones a futuro.

Sin dar brazo a torcer, en lugar de alentar la creación de empleo genuino y sostenible, para emparchar la situación fueron incrementando los planes sociales, que pasaron de 74.370 millones de pesos en 2013 a 157.209 millones en 2015. Hay que aclarar que estos subsidios son necesarios ante las enormes carencias de la gente, pero por supuesto que no son una solución, por lo que su incremento es preocupante, ya que indica la baja capacidad de salir de la pobreza que dejó el mandato kirchnerista en los individuos.

Teniendo en cuenta que las políticas fueron llevadas a cabo con total conciencia y han sido defendidas pese a sus paupérrimos resultados, podemos afirmar que, sin lugar a dudas, la pobreza no es más que una decisión de Gobierno y la dependencia estatal es una política de Estado.