Son varias las acciones judiciales en curso. El camino es intrincado y lento, pero no imposible. Los legisladores nacionales de Unión PRO presentamos una acción de amparo en defensa de derechos constitucionales como la irretroactividad de la ley, la estabilidad del juez, la garantía de juez natural y los derechos adquiridos. Además, denunciamos penalmente a los siete miembros del Consejo de la Magistratura que lo separaron del cargo y al abogado que, usurpando el cargo y los honores, juró ese día como juez subrogante.

Estos pseudojueces, como el abogado Claudio Vázquez, se transformarán en empleados del Gobierno para proteger al poder y perseguir a los que pensamos distinto. Utilizarán cualquier resorte para inventar causas, amedrentar y acallar voces disidentes. Firmarán sentencias reñidas con el derecho para satisfacer la voracidad del poder de turno.

Ese es el objetivo. No buscan que la Justicia sea más justa, eficiente y efectiva para que se cumplan los derechos ciudadanos. No nos dejemos engañar por el canto de sirenas supuestamente legítimas. Esta película de terror ya se vio en Perú bajo la presidencia de Fujimori y la viene sufriendo Venezuela desde que Hugo Chávez designó a más del 80 % de jueces provisionales ‘amigos’ del régimen.

Al juez Cabral lo removieron de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal porque el Gobierno obtendría, una vez más, un fallo en contra en la causa sobre la constitucionalidad (o no) del memorándum con Irán. Ni más, ni menos. El pacto que desveló a la AMIA y a la DAIA, a los familiares de las víctimas del atentado, a la oposición y al fiscal general Alberto Nisman, muerto por hacer su trabajo.

Los jueces subrogantes duran en su cargo hasta que son reemplazados por un juez titular designado bajo el procedimiento establecido en la Constitución Nacional, o sea, por concurso de oposición y antecedentes e intervención del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación. En ningún lado está dicho que un abogado pueda reemplazar a un juez titular que subroga un juzgado por el dedo de una mayoría circunstancial del Consejo de la Magistratura. Todo lo contrario.

La Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidieron en varias ocasiones sobre la garantía de inamovilidad extendida a los jueces subrogantes. Ambos tribunales sostuvieron que su provisionalidad no equivale a libre remoción, porque al Gobierno no le gusta o no le conviene un juez o una sentencia.

Este asunto impacta sobre nuestra vida como ciudadanos, vecinos, trabajadores, contribuyentes, empleadores, jubilados, amas de casa, niños, mujeres y hombres. Todos tenemos derecho a un juez independiente, imparcial y estable cuando vamos a la Justicia a resolver un conflicto: un despido, un divorcio o una situación de violencia de género. Además tenemos derecho a que sea el mismo juez el que intervenga en el caso de principio a fin, salvo en circunstancias especiales que están muy bien reguladas.

Los jueces deben ser y parecer independientes, imparciales y éticos. Tienen mucho por hacer para que los ciudadanos volvamos a confiar en ellos. La garantía de inamovilidad no es un privilegio para el juez, sino una protección de los derechos de todos nosotros. Los jueces deben ser estables para tener la suficiente y necesaria independencia frente al poder político de turno para juzgarlo o para hacer oídos sordos a sus presiones y sus amenazas. Los jueces deben ser eficientes y efectivos para garantizar el acceso a la Justicia y un tratamiento igualitario ante la ley para todas las personas.

El Gobierno no va a detenerse. Fue por Cabral, va a ir por otros y a la larga también por los derechos de los que molestamos por pensar distinto. Hoy la convocatoria #7J es en defensa propia, en defensa de nuestros derechos ciudadanos. La sociedad interpela al Gobierno y también a los jueces independientes y a los que no lo son. Exige y demanda transparencia para volver a confiar. La tarea es ciclópea, aunque posible.

No se preocupe, no hay un golpe en marcha. Ni blando, ni suave, ni sutil.

Nadie pide para Ud. lo que Ud. pidió para el Presidente Fernando de la Rúa en 2001.

Hoy el silencio de millones de ciudadanos representa un grito aturdidor para Ud. y para quienes la sucedan. Retumba otro “Nunca más” contra la omnipotencia de los que se creen con poder, la impunidad, la corrupción y la muerte.

Participo de la marcha del silencio por varias razones:

1. Porque la democracia sigue siendo la vida, la paz y la libertad pero está debilitada y en riesgo.

2. Porque la república -hoy devastada- es el único sistema que puede poner límites, controles y contrapesos al poder político de turno, sea cual sea el partido que esté en el gobierno.

3. Porque el Poder Judicial es el último bastión en el que podemos refugiarnos los ciudadanos cuando las demás instituciones han sido arrasadas por autócratas electos que se creen omnipotentes y se sienten impunes.

4. Porque la muerte volvió a la política y la del fiscal Nisman es un crimen de Estado.

5. Porque la impunidad y la corrupción corroen la legitimidad y la confianza de la gente en las instituciones y porque no alcanza con “dar testimonio” desde una banca en el Congreso frente a imposiciones autoritarias de circunstanciales mayorías parlamentarias.

6. Porque la desunión y el enfrentamiento volvieron a dividirnos y somos los argentinos los que debemos decir “basta” a la división promovida desde la más alta magistratura.

7. Porque en la democracia el poder es de la gente y de nadie más.

8. Porque la denuncia de Alberto Nisman es de una gravedad institucional inusitada que debería se analizada además por el Congreso de la Nación, y no sólo investigada por la Justicia.

9. Porque los muertos de la AMIA, el fiscal muerto y la sociedad argentina tenemos derecho a saber.

10. Porque sigue siendo nuestro derecho inalienable expresarnos en libertad.