En un tiempo récord, el Gobierno presentó una propuesta sólida a los holdouts y el juez Thomas Griesa levantó las medidas cautelares a condición de que Argentina derogue las leyes que impiden acordar y que el pago se haga antes del 14 de abril. Ahora le toca mover las piezas al Parlamento, y tanto en el debate como desde el Congreso, a diferencia de otros sectores de la oposición, algunos referentes kirchneristas anticiparon y manifestaron su posición contraria.

Pero precisamente el kirchnerismo carece de credenciales para oponerse a los proyectos de ley. Uno de sus principales argumentos es que se revertirá el proceso de desendeudamiento ocurrido bajo sus administraciones.

Este mito, alimentado incluso por economistas de otro modo serios, no se sostiene frente a los datos oficiales que publica hace años la Secretaría de Financiamiento. La deuda total del Tesoro aumentó de 144,2 miles de millones de dólares en 2001 (153 miles de millones de dólares en 2002) a 240 miles de millones de dólares al 30/09/2015, última información oficial disponible. Ello sin incluir la deuda con los bonistas no ingresados a los canjes.

Si los holdouts se incluyen con el valor —subestimado— que se presenta en las cifras oficiales, la deuda a esa última fecha sube a 252 miles de millones de dólares. Y si se los incluye al valor de sentencias y reclamos devengados, asciende a 259 miles de millones de dólares. En definitiva, un aumento de más de cien mil millones de dólares en cualquier caso, cuya gravedad se potencia si se considera que los canjes de 2005 y 2010 generaron quitas nominales por más de treinta mil millones de dólares.

La duration o la vida promedio del stock total, indicador privilegiado de sustentabilidad —y muy superior al cociente deuda/PIB— era de 8,3 años en 2001 (6,1 años en 2002), y luego de subir hasta 11-12 años por los canjes, bajó a 7,6 años en 2015. No incluye el efecto de las Lebac, el 80% de las cuales es a menos de noventa días.

Pero frente a la contundencia de estas cifras, el kirchnerismo se refugia en otra medición de la deuda y se embandera en la disminución que habría tenido la deuda con acreedores privados. La contrapartida de aumento de la deuda con entes del sector público es desdeñada, a pesar de haber destruido el activo y el patrimonio del Banco Central —al que además dejaron sin reservas disponibles—, de haber llenado de deuda pública el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de haber asfixiado financieramente también a otras agencias del Gobierno y a bancos públicos.

Pero la deuda con acreedores privados, contra lo argumentado, no disminuyó. Era de 106 miles de millones de dólares en 2001 (117,2 miles de millones de dólares en 2002) y es de 116 miles de millones de dólares al 30/09/2015, conformados por 65 miles de millones de dólares de bonos del Tesoro, 19 miles de millones de dólares con los holdouts y 32 miles de millones de dólares de deuda del Banco Central por Lebac.

Las Lebac fueron colocadas para moderar la expansión monetaria generada por los adelantos transitorios y las discutibles ganancias transferidas al Tesoro. Es, por ello, deuda colocada para financiar indirectamente al Tesoro, y quienes cándidamente argumentan que son meras operaciones de regulación monetaria olvidan que las operaciones de mercado abierto tienen por objeto hacer sintonía fina en la política monetaria y no absorber con una mano lo que se le entrega al Tesoro con la otra.

Pero amén de que la deuda con acreedores privados no bajó, ello ocurrió a pesar, no solamente ya de las quitas nominales verificadas en los canjes de 2005 y 2010, sino también de que los títulos públicos que tenían los fondos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) dejaron de estar en poder de acreedores privados al estatizarse el sistema de fondos de pensión.

El desendeudamiento que argumenta el kirchnerismo es un mito, una fantasía, un relato. Tendrán que usar otros argumentos para oponerse al acuerdo con los holdouts, que además no aumenta la deuda, sino que la sustituye por deuda voluntaria del mercado a mediano y largo plazo, y a tasas que serán no sólo menores a las que devengaban los holdouts, sino también menores a las de las operaciones de mercado hechas por las administraciones kirchneristas.

La prolongación que tuvo el litigio en Nueva York es parte de la herencia y reflejo del uso político que se le dio, así como de la severa impericia de las administraciones precedentes. Su cierre es un paso necesario para volver al mundo, que es lo que quieren y necesitan los argentinos.

En los pocos días que faltan es imperativo encontrar una solución no conflictiva. Si bien el juez Griesa acaba de rechazar la reposición del stay, ello no tiene porqué ser definitivo. Por otra parte, Argentina ha expresado, en el máximo nivel del Ejecutivo, su vocación de cumplir con todos los acreedores.

Existe una alternativa que debería convocar la aquiescencia de todas las partes. Y es que el juez Griesa reponga el stay hasta una fecha próxima contra su exigencia de un depósito de garantía por parte de Argentina -en efectivo o en bonos- por un monto que no supere lo que se ha entregado a los bonistas que aceptaron los canjes. Esa fecha próxima podría ser el 30 de septiembre –próximo vencimiento-, pero idealmente la fecha de extensión del stay sería el 31 de diciembre, de modo de que venza la cláusula RUFO, y quede libre de ambigüedades jurídicas cualquier desenlace posterior que logre alcanzar el mediador designado Pollack.

Para Argentina esta solución debería ser aceptable, ya que estaría cumpliendo una sentencia y no entregaría en garantía más que lo acordado con los bonistas reestructurados. Para el Juez Griesa, el mediador Pollack y los holdouts el acatamiento de la garantía exigida sería una manifestación material de la voluntad de pago y buena fe de Argentina.

Esta alternativa despejaría por algunos meses la incertidumbre e inmovilidad que por este tema está afectando a la economía. Y entretanto Argentina debe prepararse en ese período para resolver la situación con todos los holdouts, de modo de eliminar definitivamente ese peso muerto sobre las calificaciones de su deuda .

El avance en la resolución de las otras dificultades macroeconómicas –inflación, déficit fiscal, recesión, restricciones cambiarias, etc.- , cuando se encare, permitirá a Argentina avanzar hacia su riesgo país de equilibrio, que es muy inferior al actual.