En cada default, la deuda pública es criticada, por los gobiernos en ejercicio y por amplios sectores de la política y de la sociedad. Pero no es criticada por las razones correctas. Porque la deuda no se originó en compensaciones exigidas por alguna potencia luego de un conflicto militar. Ni tampoco en la necesidad de reconstruir alguna parte del país arrasada por fenómenos naturales.

El origen de la deuda es esencialmente el déficit fiscal. En consecuencia, la responsabilidad de la deuda es del exceso de gasto público –además creciente- por encima de la recaudación. Y ni siquiera sabemos qué rol positivo puede haber cumplido la deuda incurrida en distintas administraciones.

Como el dinero es fungible, no faltará quien argumente que financió inversiones públicas. Pero es más sólido sostener que, en la medida que se originó en exceso de gasto, lo que en realidad financió es el gasto más prescindible o  improductivo, incluyendo sobreempleo público, empleo público de origen político, gasto político, ineficiencia en la provisión de (muy deficientes) bienes públicos, déficit de empresas públicas  y otros gastos poco claros.

Pero peor. Una parte importante de la deuda acumulada fue el resultado de tener que pagar intereses extraordinarios como consecuencia de los elevados niveles de riesgo país que la propia impericia de las políticas seguidas ha generado.

Argentina no ha sido nunca capaz de alcanzar siquiera la categoría más baja del grado de inversión, que sí tienen-y más y hace tiempo- Chile, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay. Paraguay mismo acaba de emitir deuda de 30 años con un cupón de 6,1 % anual, que incluso ya cotiza sobre la par. Y Brasil acaba de emitir deuda con vencimiento en 2025 con un spread de tan solo 147 puntos básicos. Es incomprensible que algún funcionario haya podido calificar de bajo el cupón del 8.75 % del Bonar 2024, de solo 5.8 años de duration originales, y que ya rinde nada menos que 12 %.

Así son los hechos. Y la actitud de parte de la dirigencia política frente a la deuda es sorprendente. Hay políticos que contribuyeron a su aumento, pero la rechazan por ilegítima. Otros denuncian a gobiernos anteriores, mientras ellos incurren en déficit fiscales de 4-5 % del PBI. Y finalmente otros critican a administraciones que tomaron deuda para pagar vencimientos (roll over), mientras ellos, peor, la aumentan por seguir financiando déficit fiscales.

Se diferencia, además, entre deuda doméstica y deuda externa, con la valuación implícita de que la primera es buena y la segunda es no ya mala sino maligna. La deuda externa existe porque Argentina se endeudó por encima del tamaño permitido por sus raquíticos mercados financiero y de capitales. Es difícil que pueda lograr un robusto mercado local de capitales un país sin moneda, como no podría ser de otro modo con 40 % de inflación  anual esperada.

Y asistimos también, y para colmo, al escenario en que algunos políticos y economistas, o ambas cosas a la vez, compiten para ver cuál fue el default o reestructuración con mayor quita a los acreedores, o ponderan la última reestructuración por ser la que mayor quita obtuvo a nivel internacional. Otros, en la misma vena, critican que se haya reconocido demasiado a los acreedores.

Y nadie en la clase política tiene en cuenta la enorme cantidad de ahorristas e inversores que han adquirido deuda argentina como aplicación más que legítima de sus capitales y con el objetivo de obtener un rendimiento, que si es alto es por las malas políticas que determinan un elevado riesgo país.

Luego, por supuesto, la inestabilidad de la economía argentina, y su tendencia a grandes crisis periódicas provoca caídas en el precio de la deuda, que es entonces crecientemente adquirida por fondos de cobertura o especulativos, o inversores de oportunidad en deuda-basura.

Por culpa de las malas políticas, millones de argentinos pagan impuestos cuatro veces. Pagan los impuestos determinados por ley, que deberían proveer bienes públicos. Pero como no son provistos en la cantidad y calidad necesarias, pagan también el “impuesto” de tener que adquirir esos bienes públicos en el mercado. En tercer término, todos pagan el impuesto inflacionario. Y finalmente pagan el impuesto que representa el exceso de riesgo país implícito en las tasas de interés de los créditos.

La responsabilidad de la deuda y sus altos costos es de la política. Y de los funcionarios designados para administrar la economía por no haber frenado la presión para el exceso de gasto o , de no lograrlo, renunciar. Y a ello se agrega que en el área de deuda han pasado treinta años, con contadas excepciones, sin estrategia ni profesionalismo.

Reconocer el principal  origen de la deuda –el exceso de gasto público- es el primer paso para evitar nuevos default en el futuro.  Existe una esperanza, y es que virtualmente todo el espectro político opositor y potenciales presidenciables han rechazado cualquier forma de default. Esperemos poder tomar eso como un compromiso firme de que quien resulte elegido seguirá políticas de contención del gasto público y equilibrio fiscal.

El fallo Griesa es incorrecto desde las finanzas. Y todos desearíamos, aunque es poco probable, que el activismo argentino en los foros internacionales lograra de por sí moderarlo o reponer el stay. Pero a mediano plazo debe quedar claro que mucho más urgente que abogar por un mecanismo internacional para atender la situación de soberanos en quiebra, es dedicar el esfuerzo a reparar los graves desequilibrios que padecemos y entender que no queremos ser más miembros del  club de países con severas dificultades financieras.

El fallo es criticable pero está firme. Los fondos litigantes son especulativos pero hay y habrá acciones judiciales de holdouts originales. El riesgo de la cláusula RUFO es real. Pero si se espera, también es real el riesgo de la aceleración y cross default.  Cualquiera de estos dos riesgos llevaría a una reestructuración de la deuda, postergando el financiamiento externo y postrando la actividad y el empleo.

Si se abstrae por un instante de los encendidos intercambios entre las partes, sólo hay tres alternativas para reponer la cautelar (stay) y retomar la normalidad.

El mejor escenario fue y es una negociación privada sin intervención del Estado, que diluye la cláusula RUFO. Se requiere que sea rápida para neutralizar los riesgos de aceleraciٚón y cross default. El aumento de valor de las tenencias de títulos luego de la reposición de la cautelar ayuda a compensar pérdidas. Más aun si se atacan los desequilibrios que afectan la economía, sea por esta administración o la siguiente.

Si el intento privado falla, una segunda alternativa es pagar la sentencia sin negociación, alejando la RUFO por ser una orden judicial. Sin negociación el pago debería ser de contado. Si ello se extiende al resto de los holdouts, resulta un total incompatible con el nivel previsible de los presupuestos y de las reservas internacionales. Pero el Juez podría sentenciar el pago en títulos.

Una tercera alternativa es que el Juez Griesa dé el stay contra la sentencia de un depósito de garantía por un monto  no superior al pagado a los bonistas reestructurados. El riesgo RUFO se aleja por ser una orden judicial y, además, por no entregar más que a los bonistas del canje. Si a partir de 2015 la negociación  termina en un monto mayor, habrá presentaciones de que la garantía era un pago a cuenta y de aplicar la RUFO. En tal caso habrá que discutir.

La situación de default genera fuerte incertidumbre y expectativas negativas, agravando las dificultades preexistentes de fuerte inflación, recesión, déficit fiscal, limitadas reservas, restricciones cambiarias y debilidad de la inversión.

El Gobierno debe despejar esa incertidumbre y aclarar qué actitud tomará con el vencimiento del 30 de septiembre, si tomará iniciativas para prevenir el riesgo de aceleración, si estará dispuesto a negociar un acuerdo con los litigantes a comienzos de 2015, si extenderá una oferta a todos los holdouts de modo de evitar la continuidad de juicios.

Y aun así quedan otros interrogantes. ¿Alcanzarán los tiempos para acceder temprano en 2015 a financiamiento externo? ¿ Estará disponible la jurisdicción de Nueva York? ¿ Cómo reaccionarán las agencias de rating una vez normalizada la situación? ¿Ayudará la  memoria corta de los mercados a bajar fuertemente el riesgo país? ¿Qué residuo de mayor costo quedará para las nuevas emisiones de deuda pública, y también privada? ¿ En qué nivel quedará el riesgo país, ese enorme impuesto que pagan todos los argentinos ?

En los pocos días que faltan es imperativo encontrar una solución no conflictiva. Si bien el juez Griesa acaba de rechazar la reposición del stay, ello no tiene porqué ser definitivo. Por otra parte, Argentina ha expresado, en el máximo nivel del Ejecutivo, su vocación de cumplir con todos los acreedores.

Existe una alternativa que debería convocar la aquiescencia de todas las partes. Y es que el juez Griesa reponga el stay hasta una fecha próxima contra su exigencia de un depósito de garantía por parte de Argentina -en efectivo o en bonos- por un monto que no supere lo que se ha entregado a los bonistas que aceptaron los canjes. Esa fecha próxima podría ser el 30 de septiembre –próximo vencimiento-, pero idealmente la fecha de extensión del stay sería el 31 de diciembre, de modo de que venza la cláusula RUFO, y quede libre de ambigüedades jurídicas cualquier desenlace posterior que logre alcanzar el mediador designado Pollack.

Para Argentina esta solución debería ser aceptable, ya que estaría cumpliendo una sentencia y no entregaría en garantía más que lo acordado con los bonistas reestructurados. Para el Juez Griesa, el mediador Pollack y los holdouts el acatamiento de la garantía exigida sería una manifestación material de la voluntad de pago y buena fe de Argentina.

Esta alternativa despejaría por algunos meses la incertidumbre e inmovilidad que por este tema está afectando a la economía. Y entretanto Argentina debe prepararse en ese período para resolver la situación con todos los holdouts, de modo de eliminar definitivamente ese peso muerto sobre las calificaciones de su deuda .

El avance en la resolución de las otras dificultades macroeconómicas –inflación, déficit fiscal, recesión, restricciones cambiarias, etc.- , cuando se encare, permitirá a Argentina avanzar hacia su riesgo país de equilibrio, que es muy inferior al actual.