El sciolismo se inclina por la continuidad de las microdevaluaciones -probablemente un poco más rápidas-, sin analizar las consecuencias de esa alternativa. En tanto que el macrismo se inclina por liberar el mercado, sin aclarar las condiciones en las que ello es recomendable. Completemos entonces el análisis que los candidatos no hacen.

Conviene establecer primero dos hechos insoslayables para tratar el tema cambiario. Primero, el tipo de cambio real multilateral tiene un atraso bastante superior al 40 %. Acaba de acusar un atraso adicional por la depreciación del yuan, puede recibir nuevos impactos según cómo reaccionen a ello nuestros otros socios comerciales y aún otro golpe más cuando la Reserva Federal efectivice la primer suba de tasas -¿septiembre o esperará debido a la depreciación china?- por la parte que no hayan anticipado ya los mercados.

Segundo, la nueva administración hereda un gasto público récord y un déficit -fiscal y cuasifiscal- superior a 8 % del PIB, que difícilmente dejen margen para atenuar el efecto del atraso cambiario sobre la actividad, la inversión y las exportaciones con reducciones generalizadas y suficientes de impuestos. Más aún, si un nuevo programa económico no incluye medidas creíbles para la reversión del actual descontrol fiscal, ningún régimen cambiario o devaluación tendrán éxito.

Tercero, existe un importante stock acumulado de autorizaciones pendientes de pagos al exterior, sobre el cual sciolismo y macrismo no se han expedido. Puede liberarse inmediatamente o a través de un cronograma. Pero en este último caso, el cronograma debe ser corto. No liberarlo a corto plazo sería una razón adicional para que parte de los inversores del exterior no estén dispuestos a traer nuevos flujos financieros al país o exportadores externos no reabran los créditos a sus clientes argentinos. Su impacto se modera en la alternativa macrista, porque es previsible una fuerte liquidación de divisas de exportación pendientes.

La propuesta del sciolismo de continuidad de las microdevaluaciones -aunque aceleradas y por encima de la tasa de inflación- tiene varias implicancias. La primera, el mantenimiento de las restricciones cambiarias. Ello, junto con el sostenimiento del fuerte atraso cambiario, limitará seriamente cualquier expectativa de ingreso de dólares, sea por el temor de los inversores de no poder salir cuando lo deseen, sea porque consideran que la economía ya tiene incorporado un tipo de cambio superior al oficial, o porque no ven una recuperación rápida del balance comercial externo de Argentina.

El Banco Central llegará a diciembre con un muy bajo nivel de reservas disponibles -no superior a cinco mil millones de dólares-, y la baja expectativa de ingreso de divisas financieras disminuye la credibilidad de este esquema, requiere la colocación de más deuda que un esquema alternativo, y hace por supuesto imprescindible un arreglo inmediato con los holdouts.

Por otra parte, la consistencia del esquema requerirá, por supuesto, que la tasa de devaluación sea superior a la tasa de inflación, y ambas inferiores a la tasa de interés. El resultado es que este programa implica una mayor tasa de interés nominal, y mayores tasas nominales siempre se traducen en mayores tasas reales. Difícilmente entonces pueda compensarse el mantenimiento del fuerte atraso cambiario con acceso de las empresas a menores costos financieros.

Este programa cobra un poco más de consistencia, en rigor, si forma parte de un esquema de doble mercado cambiario, con un tipo de cambio comercial y un tipo de cambio financiero, por el cual cursen libremente las operaciones autorizadas, lo que implica una tácita liberación parcial del cepo para flujos financieros. Pero el desafío en este caso es que el espectro de operaciones autorizadas sea muy amplio y, simultáneamente, que la brecha con el tipo de cambio comercial no supere 20 %.

Por otra parte, quizá el sciolismo está pensando en que el submercado financiero lo constituyan directamente los dólares contado con liquidación y MEP, lo que ratifica su legalidad y devuelve las inspecciones al nivel de supervisión normal, en vez de ser intentos de reprimir el funcionamiento de esos mercados.

El programa macrista de establecer más o menos inmediatamente un mercado único y libre de cambios, por su parte, supera varias de las implicancias del gradualismo. Elimina el cepo, cuando menos para los nuevos flujos -no se aclaró si también es inmediato para los pagos el exterior pendientes de autorización, pero debería ser a corto plazo- y da participación relevante al mercado en la determinación del tipo de cambio nominal y real. La eliminación del cepo, junto con el ajuste que tendrá el tipo de cambio, implica un mayor ingreso de flujos financieros y comerciales del exterior, y requerirá por tanto menos endeudamiento.

Aunque es previsible un impacto inicial sobre el nivel de precios, las expectativas de inflación serán menores, y menores serán, por tanto, las tasas de interés nominal y real. En cuanto al impacto sobre precios, es difícil saber hoy a qué dólar está la economía. ¿A 10,50? ¿11? ¿11,50?

Difícilmente el sistema de precios esté actualmente basado en el dólar oficial de $ 9,20, con un dólar ahorro 20 % superior, un dólar tarjeta 35 % superior, un dólar contado con liquidación y MEP a $ 13,20, y un blue a $ 15. Por tanto, es probable que se exagere el riesgo de pass through (impacto de la devaluación sobre los precios). Sería un gran éxito de la alternativa macrista que el tipo de cambio se estabilice algo por debajo de los tipos de cambio contado con liquidación o MEP.

Pero la alternativa de un mercado libre y único de cambios no está exenta de condiciones que deben cumplirse para su éxito. Entender esas condiciones requiere rechazar la idea de que la liberación cambiaria exime al Banco Central de intervenir. Cuando se heredan desequilibrios tan graves como los de la Argentina actual, el Banco Central no puede estar ajeno a las funciones de moderar la volatilidad cambiaria y, directa o indirectamente -a través de la política monetaria, las metas de inflación y su propia intervención en el mercado-, orientar las expectativas del mercado.

La liberación del mercado puede provocar un overshooting del tipo de cambio antes de encontrar valores de equilibrio de mediano y largo plazo (en cortas unidades de tiempo argentinas, por supuesto). Si ocurre, el Banco Central debe moderarlo y evitar que dure tanto como para incorporarse al nivel nominal de precios, ya que de otro modo ese traspaso cobra permanencia.

Dada la difícil herencia que se recibirá, es probable que en algún momento, luego de la liberación cambiaria, el mercado ponga a prueba al Banco Central. Ello puede o no suceder. Pero el Banco Central debe estar preparado, lo que implica que debe fortalecer seriamente sus reservas internacionales disponibles. También acá se requiere, por tanto, tomar deuda en el exterior y, desde ya, hacer un arreglo inmediato con los holdouts.

¿Si tuviera que hacer una sola recomendación a los candidatos? Si gana Macri, asegurarse disponibilidad de financiamiento externo y que el Banco Central tenga capacidad para intervenir, de ser necesario. Si gana Scioli e insiste con un gradualismo acelerado, asegurarse aún mayor disponibilidad de financiamiento e implementar un doble mercado cambiario.

No es solo un déficit muy elevado. Detrás del mismo hay una presión tributaria récord e impuestos distorsivos, que asfixian la actividad económica y los presupuestos familiares.

Y hay un nivel también record de gasto público que coexiste con una insuficiencia total en la cantidad y calidad de los bienes públicos -e ineficiencias en su producción-, y con falta de racionalidad económica y transparencia en la distribución de los subsidios económicos y sociales

Y, finalmente, ese déficit se está cubriendo con emisión monetaria, generando inflación y exacción de impuesto inflacionario, con el resultado de que Argentina es un país sin moneda y sin crédito, y con un sistema financiero y un mercado de capitales raquíticos.

La verdadera presión tributaria, cuando hay déficit,  no está dada por la recaudación impositiva, sino por el nivel del gasto, ya que se financie con inflación o con deuda – y además de corto plazo-, antes o después lo paga también la población.

La nueva administración tendrá como prioridad eliminar el déficit y discontinuar el financiamiento inflacionario. Pero también es imprescindible reducir la presión tributaria. La acción esencial debe recaer sobre el gasto. La corrección necesaria es no menor a 10 % del PIB (actual), antes o  después.

La licuación nominal  provocada por la inflación remanente –por la inevitable devaluación y el ajuste de precios relativos- y la licuación real dada por el crecimiento pueden ayudar en 3-4 % del PIB a lo largo del nuevo período presidencial. Pero sería insuficiente y mediocre solo esperar esos efectos. Como también sería mediocre eliminar el déficit y bajar el gasto sin introducir un cambio en la forma de gestión. De otro modo habrá cuentas públicas equilibradas y gasto contenido, pero de baja eficiencia y pésimo delivery de bienes públicos, como ahora.

Por culpa de las malas políticas, millones de argentinos pagan impuestos cuatro veces. Pagan los impuestos determinados por ley, que deberían proveer bienes públicos. Pero como son provistos deficientemente, deben también  adquirir esos bienes públicos en el mercado. En tercer término, todos pagan el impuesto inflacionario. Y finalmente pagan el impuesto que representa el exceso de riesgo país incorporado en las tasas de interés de los créditos.

Estas duplicaciones e ineficiencias dan la oportunidad de rápidos aumentos de productividad, ahorros en el gasto y mejoras en el ingreso disponible. Pero tampoco eso será suficiente. La población en su conjunto cede al sector público casi el 40 % de sus ingresos, y es inaceptable que el Estado administre esos recursos con total discrecionalidad

Los presidenciables deben proponer un pacto a los contribuyentes donde se comprometan, como cualquier compañía, a administrar los recursos públicos con excelencia en  la gestión, prometiendo transparencia y responsabilidad en los resultados. El ejemplo debe ser seguido por todas las otras jurisdicciones. Y el pacto debe asumir una forma concreta, a través de cuatro obligaciones autoimpuestas.

En primer término, terminar con los presupuestos, aprobados en el Congreso, que no representan la realidad, y con cualquier forma de poderes especiales, que permiten manejar discrecionalmente grandes volúmenes de recursos.

Segundo, evitar el asalto al Estado por parte del partido que gana las elecciones, que pasa a manejar el gasto de manera discrecional y genera sobreempleo público de origen político.

En tercer lugar, debe haber una señalización cuantitativa de metas detalladas tanto en la provisión de bienes públicos –eficiencia y oferta- como en el diseño e implementación de cualquier política de subsidios que decida mantenerse, redefinirse o implementarse desde cero. Las partidas presupuestarias de carácter amplio o agregado son un caldo para la discrecionalidad y no permiten medir la efectividad de la gestión.

En cuarto lugar, toda la gestión pública, en todos los niveles jurisdiccinales, nación, provincias y municipios, debe estar sujeta a auditorías privadas. Y en todos los poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial. Manteniendo e incluso realzando la auditoría pública. Y las auditorías privadas no deben ser solo auditorías contables –importantes como son- sino también auditorías de gestión. Sus resultados deben ser accesibles a toda la Nación –no solo al Congreso-, de modo que los ciudadanos puedan conocer el éxito de la gestión o sus deficiencias, y votar en consecuencia.

Y por supuesto a aumentar la productividad y el ingreso, y reducir los episodios de crisis de la economía argentina, tan ligados siempre  a los excesos de gasto público,  la inflación y el endeudamiento.

Los candidatos que adopten estos compromisos tendrán mayor credibilidad