En cada default, la deuda pública es criticada, por los gobiernos en ejercicio y por amplios sectores de la política y de la sociedad. Pero no es criticada por las razones correctas. Porque la deuda no se originó en compensaciones exigidas por alguna potencia luego de un conflicto militar. Ni tampoco en la necesidad de reconstruir alguna parte del país arrasada por fenómenos naturales.

El origen de la deuda es esencialmente el déficit fiscal. En consecuencia, la responsabilidad de la deuda es del exceso de gasto público –además creciente- por encima de la recaudación. Y ni siquiera sabemos qué rol positivo puede haber cumplido la deuda incurrida en distintas administraciones.

Como el dinero es fungible, no faltará quien argumente que financió inversiones públicas. Pero es más sólido sostener que, en la medida que se originó en exceso de gasto, lo que en realidad financió es el gasto más prescindible o  improductivo, incluyendo sobreempleo público, empleo público de origen político, gasto político, ineficiencia en la provisión de (muy deficientes) bienes públicos, déficit de empresas públicas  y otros gastos poco claros.

Pero peor. Una parte importante de la deuda acumulada fue el resultado de tener que pagar intereses extraordinarios como consecuencia de los elevados niveles de riesgo país que la propia impericia de las políticas seguidas ha generado.

Argentina no ha sido nunca capaz de alcanzar siquiera la categoría más baja del grado de inversión, que sí tienen-y más y hace tiempo- Chile, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay. Paraguay mismo acaba de emitir deuda de 30 años con un cupón de 6,1 % anual, que incluso ya cotiza sobre la par. Y Brasil acaba de emitir deuda con vencimiento en 2025 con un spread de tan solo 147 puntos básicos. Es incomprensible que algún funcionario haya podido calificar de bajo el cupón del 8.75 % del Bonar 2024, de solo 5.8 años de duration originales, y que ya rinde nada menos que 12 %.

Así son los hechos. Y la actitud de parte de la dirigencia política frente a la deuda es sorprendente. Hay políticos que contribuyeron a su aumento, pero la rechazan por ilegítima. Otros denuncian a gobiernos anteriores, mientras ellos incurren en déficit fiscales de 4-5 % del PBI. Y finalmente otros critican a administraciones que tomaron deuda para pagar vencimientos (roll over), mientras ellos, peor, la aumentan por seguir financiando déficit fiscales.

Se diferencia, además, entre deuda doméstica y deuda externa, con la valuación implícita de que la primera es buena y la segunda es no ya mala sino maligna. La deuda externa existe porque Argentina se endeudó por encima del tamaño permitido por sus raquíticos mercados financiero y de capitales. Es difícil que pueda lograr un robusto mercado local de capitales un país sin moneda, como no podría ser de otro modo con 40 % de inflación  anual esperada.

Y asistimos también, y para colmo, al escenario en que algunos políticos y economistas, o ambas cosas a la vez, compiten para ver cuál fue el default o reestructuración con mayor quita a los acreedores, o ponderan la última reestructuración por ser la que mayor quita obtuvo a nivel internacional. Otros, en la misma vena, critican que se haya reconocido demasiado a los acreedores.

Y nadie en la clase política tiene en cuenta la enorme cantidad de ahorristas e inversores que han adquirido deuda argentina como aplicación más que legítima de sus capitales y con el objetivo de obtener un rendimiento, que si es alto es por las malas políticas que determinan un elevado riesgo país.

Luego, por supuesto, la inestabilidad de la economía argentina, y su tendencia a grandes crisis periódicas provoca caídas en el precio de la deuda, que es entonces crecientemente adquirida por fondos de cobertura o especulativos, o inversores de oportunidad en deuda-basura.

Por culpa de las malas políticas, millones de argentinos pagan impuestos cuatro veces. Pagan los impuestos determinados por ley, que deberían proveer bienes públicos. Pero como no son provistos en la cantidad y calidad necesarias, pagan también el “impuesto” de tener que adquirir esos bienes públicos en el mercado. En tercer término, todos pagan el impuesto inflacionario. Y finalmente pagan el impuesto que representa el exceso de riesgo país implícito en las tasas de interés de los créditos.

La responsabilidad de la deuda y sus altos costos es de la política. Y de los funcionarios designados para administrar la economía por no haber frenado la presión para el exceso de gasto o , de no lograrlo, renunciar. Y a ello se agrega que en el área de deuda han pasado treinta años, con contadas excepciones, sin estrategia ni profesionalismo.

Reconocer el principal  origen de la deuda –el exceso de gasto público- es el primer paso para evitar nuevos default en el futuro.  Existe una esperanza, y es que virtualmente todo el espectro político opositor y potenciales presidenciables han rechazado cualquier forma de default. Esperemos poder tomar eso como un compromiso firme de que quien resulte elegido seguirá políticas de contención del gasto público y equilibrio fiscal.

El fallo Griesa es incorrecto desde las finanzas. Y todos desearíamos, aunque es poco probable, que el activismo argentino en los foros internacionales lograra de por sí moderarlo o reponer el stay. Pero a mediano plazo debe quedar claro que mucho más urgente que abogar por un mecanismo internacional para atender la situación de soberanos en quiebra, es dedicar el esfuerzo a reparar los graves desequilibrios que padecemos y entender que no queremos ser más miembros del  club de países con severas dificultades financieras.

No fue por mucho tiempo. A las pocas horas de esos eventos, el Gobierno anunció dos nuevas iniciativas. En primer término, ofrecer a los bonistas reestructurados que no pueden cobrar por el fallo Griesa que acepten un cambio de sede de pago desde EEUU a Argentina, removiendo al BoNY como agente fiduciario y sustituyéndolo por un fideicomiso del Banco Nación.

Esta oferta será probablemente vista por la justicia de EEUU como un intento de eludir el fallo. Eso ya fue anticipado por el Juez Griesa. Las consecuencias sobre el uso de la jurisdicción de New York  para futuros contratos o emisiones soberanas o privadas, es preocupante. Podría traducirse en una menor demanda y  mayores tasas de interés en el futuro.

La probabilidad de que esta medida convoque gran aceptación de los bonistas reestructurados se reduce porque algunos inversores institucionales no pueden aceptar el cambio de sede (o jurisdicción) por razones normativas o reglamentos propios. O  pueden sentirse incómodos con la eventual aplicación de la justicia de otro país.  Y un tercer grupo,  porque no quiera incurrir en el costo transaccional o subjetivo de hacer el cambio.

Y surge la pregunta, entonces, de si Argentina seguirá depositando, y dónde,  los fondos que corresponden a los bonistas reestructurados que no acepten el cambio de sede o jurisdicción, y no hayan designado un agente fiduciario sustituto. Si esos pagos solo se hacen disponibles en Argentina, esos bonistas pueden percibir un agravamiento del default.

Suponiendo que Argentina siga depositando en el exterior los fondos para los bonistas reestructurados que no acepten el cambio de sede o jurisdicción, y que esos fondos sean retenidos, la situación de default seguirá. ¿Pero indefinidamente? ¿ O habrá un cambio a partir de enero de 2005, en que vence la cláusula RUFO y Argentina puede negociar con los holdouts sin esa restricción?

Entretanto, ¿generarán estos interrogantes  un apetito adicional en algunos bonistas por ir a una aceleración de la deuda?

La segunda iniciativa del Gobierno ha sido la de reabrir el canje de deuda. Esta medida, más allá de su mayor o menor efectividad , es positiva, particularmente por considerar por primera vez a todos los holdouts.

¿Qué respuesta puede tener esta oferta? La de los holdouts litigantes está clara, ya que, según trascendió,  rechazaron ofertas superiores de las iniciativas privadas que luego cayeron. Otros holdouts que ya se hayan decidido por litigar es probable que con el antecedente del falo Griesa prefieran esperar sentencia. Pero es posible que haya un porcentaje de holdouts pasivos, inversores individuales, una parte de los cuales quizá reconsidere el ingreso al canje.

Para los que finalmente no ingresen al canje, en enero de 2015 se abre a Argentina la posibilidad de negociar sin restricciones. No está claro si el Gobierno estará dispuesto a hacerlo. Pero si no lo hace una parte de la deuda argentina  subsistirá en un torturado proceso de juicios, que prolongarán en el tiempo la incapacidad de acceder a financiamiento externo, que es absolutamente necesario.

La nueva administración que asuma a partir de fines de 2015 debe tener una rápida respuesta preparada. El mejor camino será hacer una negociación definitiva con todos los holdouts remanentes y empezar a lograr que la deuda argentina recomience la suba de sus calificaciones, que va a ser pesada, ya que cargará en su mochila un incumplimiento en sede judicial relevante para el mayor mercado de capitales del mundo y un nuevo y reciente default.

La reflexión final es inevitable. Aun manteniendo la reapertura,  habría sido mejor depositar una garantía por un monto equivalente al del canje –ahora reabierto- contra una reposición del stay hasta diciembre, evitando el default y las incertidumbres y costos que genera esta nueva oferta de cambio de sede o jurisdicción.