Las Lebac son deuda en la que el Banco Central incurrió para moderar el efecto inflacionario de las transferencias al Tesoro, en pesos vía Adelantos Transitorios y falsas utilidades y con reservas –adquiridas con pesos- a cambio de Letras Intransferibles del Tesoro en dólares. Es virtualmente deuda que el Banco Central tomó por cuenta del Tesoro, pero no hay suficiente reconocimiento oficial de ello.

Pero el stock de Lebac es de $ 480 mil millones, representa una expansión potencial de la base monetaria de 80 %, el 86 % tiene vencimiento a menos de 90 días,  y sus intereses son un gasto cuasi fiscal que agrega 2 % del PIB al rojo fiscal. El Banco Central carece de ingresos genuinos para pagar esos intereses. El ingreso que computa por el efecto de la devaluación sobre sus activos externos se origina contablemente en la tenencia de Letras del Tesoro intransferibles en moneda extranjera, que no tienen precio ni mercado. Por todas estas consideraciones, es recurrente la pregunta de cómo se resolverá esta acumulación de deuda y la pesada cuenta de intereses. 

Como aconsejé en varias notas desde 2015, el primer paso es que el Tesoro, en vez de pedirle más recursos al Banco Central, los obtenga emitiendo sus propias Letras en pesos, a plazos semejantes a los de las Lebac. El Tesoro tiene muy poca deuda financiera de plazo original corto. El Banco Central puede seguir emitiendo Lebac y usando su tasa de interés como instrumento de regulación monetaria.

Un segundo paso es que el Tesoro cancele su deuda por Adelantos Transitorios entregando Letes en pesos al Banco Central, que este licitaría semanalmente, permitiéndole cancelar Lebac a medida que las coloca, con efecto monetario neutro.

Y finalmente, el Tesoro debería cancelar Letras Intransferibles en moneda extranjera  con otros títulos públicos negociables de mediano y largo plazo, que el Banco Central podrá vender gradualmente en el mercado, por pesos o por dólares, cancelando Lebac con efecto monetario neutro y-o haciéndose de reservas internacionales sin crear dinero.

Otra medida posible –no necesariamente recomendable- sería evitar algo la concentración de vencimientos en el corto plazo manteniendo la tasa de Lebac de 35 días para mayores plazos, aunque no más de 180 días. Frente a la expectativa de que con la inflación también baje la tasa de interés, es previsible que los inversores extiendan más los plazos, para asegurarse una tasa de interés elevada.  Tiene, por supuesto, un costo adicional. Puede hacerlo el Tesoro con Letes en pesos.

Y finalmente, otra medida posible es que el Banco Central ofrezca Lebac ajustables por precios. Esto permitiría extender los plazos y bajar el efecto caja de los  intereses, ya que podría pagar trimestralmente la tasa de interés real, en tanto que el ajuste se pagaría al vencimiento de los títulos. 

Las propuestas anteriores son parciales, pero las únicas razonables y disponibles en el corto plazo. La expectativa del Banco Central de que con la baja de la inflación y de la tasa de interés puede recuperar margen de maniobra en su política monetaria está sobreestimada. Si la inflación baja a 14.5 % (valor medio de la banda anunciada) en 2017, la tasa de Lebac podrá bajar a niveles de 18 %, y la cuenta de intereses de las Lebac será menor, pero también será correspondientemente menor el aumento de la base monetaria compatible con la menor tasa de inflación. A menos que se verifique un aumento significativo de la demanda real de dinero por parte del público. No será en 2016, pero puede empezar a verse algo en 2017.

Y aunque la baja de los intereses nominales de las Lebac sí ayudará  inmediatamente a reducir el desequilibrio fiscal y cuasi fiscal total, la ayuda fiscal para absorberlos demorará, siendo que está previsto déficit fiscal hasta 2019. La solución de fondo vendrá antes, de la mano del aumento de la demanda real de dinero del público, si el programa antiinflacionario tiene éxito. Pero aun así, no será rápida.

No podemos terminar esta nota sin rechazar la “solución”, que ha trascendido, de un aumento en los encajes, que son un título forzoso a tasa cero y tienen el efecto de un impuesto sobre el sistema financiero, incrementando la tasa de interés de los préstamos y reduciendo la de los depósitos, lo contrario de lo necesario en el momento actual. Sería además incompatible con la fuerte recuperación del crédito público que se ha logrado en estos meses.

La concreción del arreglo se traducirá en un inmediato aumento de la oferta de financiamiento externo y una reducción de la tasa de interés para el Tesoro, las provincias y el sector privado. La falta de financiamiento y los altos costos financieros son de las principales desventajas competitivas y trabas para la inversión y las exportaciones. La baja en las tasas de interés se extenderá a las operaciones en pesos, aunque el ritmo dependerá en este caso del avance en la disminución de la inflación.

La propuesta no pudo ser mejor recibida por el mediador Dan Pollack, en su declaración del 5 de febrero. Si el cambio de clima en Washington contribuyó, influido por la actuación de Mauricio Macri en Davos, no lo sabemos. Pero sin duda ayudó el carácter razonable de la propuesta, con descuentos que pueden llegar al 27,5% sobre el valor de las sentencias o de la deuda devengada, según el caso. El descuento de 30% ofrecido en la propuesta está en la banda de los descuentos usuales —en valor presente— de los arreglos subsecuentes a incumplimientos soberanos.

El 30% representa un descuento implícito mucho mayor —superior a 40%— si se lo calcula sobre los intereses, teniendo en cuenta que el Gobierno anticipó que no pediría quita de capital. Ello es así incluso si los holdouts se inclinaran masivamente a aceptar la oferta antes del 19 de febrero, ya que en ese caso Argentina ofrece pagarles 3,6% más. No está claro hasta ahora, sin embargo, hasta qué fecha la oferta tendrá vigencia.

A pesar de que en el preacuerdo anunciado horas antes con los bonistas italianos, por 1.350 millones de dólares, el pago total es en efectivo, tuvo un elemento de sorpresa que también lo sea el pago de los 6.500 millones de dólares por el litigio en Nueva York, dado el considerable mayor monto involucrado. De hecho, sin el acuerdo en Nueva York el Tesoro no podría emitir títulos y los 1.350 millones de dólares deberían haber salido de las reservas, que todavía no son tantas y están esencialmente basadas en endeudamiento de corto plazo del Banco Central.

El argumento de Luis Caputo para el pago al contado es razonable. El mercado internacional es el que mejor cotizará los nuevos títulos que se emitan. Y habría que agregar que, de otro modo, sería necesario discutir con los holdouts la paridad de los títulos a entregar, considerando que, cuando se cierre el acuerdo, el riesgo país tendrá nuevas disminuciones. No todo el upside está descontado. Adicionalmente, para las manías del mercado son mejores los títulos emitidos libremente que los que se entregan en pago de obligaciones. Finalmente, aunque no haya sido el objetivo, también es una invitación a Thomas Griesa a levantar las restricciones.

Si el acuerdo es aceptado por todos los holdouts y los cupones de interés reflejan adecuadamente el riesgo país de Argentina, será necesario emitir nuevos títulos por 7.850 millones de dólares, aproximadamente 1,6% del PIB. No es nueva deuda, pero sí un aumento de las tenencias privadas de títulos del Tesoro, que eran de 65 miles de millones de dólares a septiembre de 2015, última información oficial. Ese valor no incluye la deuda con holdouts, que esa fuente estima en 11,5 miles de millones de dólares, pero es virtualmente el doble en valor de sentencia.

Pero esa emisión no es la única que deberá hacer el Tesoro, que, aun dejando de lado los vencimientos de capital en 2016, tiene que cubrir un déficit fiscal de 7% del PIB. Alfonso Prat-Gay espera recibir 2,5% del PIB del Banco Central, que deberá colocar más lebac, y el mercado local podrá ayudar con 1% del PIB; y algún ingreso neto de organismos multilaterales es previsible.

Pero aun así, habrá que salir a los mercados internacionales por cerca de 3,5% del PIB o 17-18 miles de millones de dólares para el déficit, es decir, por 25-26 miles de millones de dólares, incluyendo el pago a los holdouts. El fin del default, el cambio drástico en las políticas y la vocación de ir a la consulta del artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI) ayudarán a conseguir tasas y plazos, pero el calendario de emisiones será denso.

Ahora es necesario esperar a conocer el grado de aceptación de la propuesta, que tuvo un buen comienzo y lograr la aprobación del Congreso. La propuesta es coherente con la posición del massismo y Juan Manuel Urtubey mismo, antes de las elecciones, confirmó en Estados Unidos el interés en resolver el default. El jefe del bloque del Frente para la Victoria (FPV), Héctor Recalde, anticipó su rechazo a la propuesta y a la derogación de las leyes cerrojo y de pago soberano, pero esa posición inflexible podría no ser aceptada por cantidad de miembros del bloque remanente. Pesará la necesidad de fondos de provincias y municipios, provengan del Gobierno o de sus propias intenciones de emitir deuda.

Alguna impresión previa es inevitable. Es extraño que luego de que el Banco Central expresara en sus recientes lineamientos monetarios para 2016 que no está en condiciones de fijar pautas de inflación, el ministro de Hacienda virtualmente lo hiciera, incluso sin la presencia del presidente del Banco Central, bajo cuya responsabilidad independiente está alcanzar la estabilidad de precios.

Es la primera vez —y es positivo— que el Ministerio de Hacienda se refiere a la situación fiscal. En comparación con la exitosa unificación cambiaria y con algunas precisiones monetarias dadas por el Banco Central, el programa fiscal venía inconvenientemente demorado, cuando es una pieza crucial para la proyección del mercado cambiario y de la inflación.

Es importante también que el Ministro haya despejado las dudas respecto del ritmo anual de reducción de la inflación, que generaron declaraciones oficiales contradictorias que se alternaban entre alcanzar un dígito en 2017 o en 2019. Prat-Gay ha dejado en claro que el programa es llegar a una inflación del 5% anual recién en 2019.

Se refirió, en la mayoría de las cifras fiscales, a porcentajes del PIB. Pero debe tenerse en cuenta que aún no se dispone de estimaciones serias de cuánto será el PIB en 2016, tanto en dólares, como resultado de la devaluación, como en pesos, por la carencia de índices de precios y estimaciones de PIB hasta que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) recuperado esté en condiciones de presentar sus números.

Más sustancial, Prat-Gay indicó las proyecciones de déficit fiscal, pero no las cifras de recaudación y gastos subyacentes. Sin embargo, es claro que estas son necesarias para evaluar acabadamente un programa fiscal. De otro modo, es imposible ponderar si las metas de recaudación son alcanzables, si la presión tributaria implícita es soportable. Tampoco explicitó qué estimaciones de crecimiento económico anual subyacen en las estimaciones de déficit.

Sí ha quedado muy claro que el programa fiscal será de considerable gradualismo, con una reducción de sólo 1% del PIB en el déficit primario para 2016. Algunas de las explicaciones para ello son comprensibles por razones económicas o sociales, como la eliminación y la reducción de retenciones o la extensión de la asignación universal por hijo. Pero otras no lo son tanto. Así, la previsión de 0,8% del PIB de ahorro en el gasto por aumento de eficiencia, reducción de gastos políticos, despilfarro y corrupción luce muy módica, alcanza sólo el 2% del gasto público. Seguramente es posible lograr mucho más en ese frente.

Más aun, si el gasto público se mantendrá cerca de los altísimos niveles alcanzados en los años precedentes, la economía espera un compromiso explícito mucho más enfático en su racionalización y su eficientización, de modo que se traduzca en una mayor y mejor oferta de bienes públicos. Prat-Gay debió haber dedicado algún minuto más a este punto, que es esencial en el programa de Cambiemos.

Al referirse al déficit fiscal, no mencionó simultáneamente el gasto cuasi fiscal del Banco Central, que con el volumen alcanzado por las letras del Banco Central (Lebac) y con las altas tasas nominales vigentes se acerca al 2% del PIB y representa un monto semejante a los intereses de la deuda del Tesoro. Es deuda en la que el Banco Central ha incurrido para moderar la creación de dinero generada por su asistencia al Tesoro y tiene, por tanto, origen esencialmente fiscal.

Un programa fiscal de fuerte gradualismo —e incompleto, por lo mencionado respecto de las Lebac— requerirá la correspondiente captación de fondos. Las fuentes de financiamiento forman parte esencial de un programa financiero completo, pero apenas fueron rozadas por Prat-Gay. Descontamos que no pedirá fondos al Banco Central. Este está inmerso en absorber la oferta excedente de dinero heredada, los intereses de las Lebac generan per se un aumento de la base monetaria a un ritmo del 20% anual, y su responsabilidad esencial es abatir la inflación.

De modo que el déficit se financiará con deuda. Un programa financiero completo debe indicar también la necesidad de nueva deuda para el rollover de los vencimientos de capital. Prat-Gay y su equipo deben dar indicaciones de en qué medida se acudirá para déficit y rollover al mercado local y al internacional, a deuda en pesos y deuda en dólares. Estas decisiones no son indiferentes ni para la inflación, ni para el mercado cambiario, ni para el nivel de actividad.

El Gobierno ha mostrado los primeros trazos de sus intenciones de política macroeconómica. Antes de poder ponerle un marco al cuadro hace falta mucho trabajo, bastante más macroeconomía, más coordinación y más trabajo anticipado.

Podrán ser suscriptas por individuos y personas jurídicas, y seguramente se podrá aplicar la capacidad prestable de los depósitos en moneda extranjera captados por entidades financieras. Los encajes –es decir la capacidad prestable no utilizada- de esos depósitos se mantienen en el Banco Central, y se computan como reservas internacionales. Pero no son conceptualmente reservas disponibles, ya que pertenecen a las entidades financieras y sus clientes. Sí son reservas disponibles, en cambio, si se usan para adquirir Letras y solo, por supuesto, hasta el plazo de vencimiento de las mismas.

Los objetivos y el instrumento no merecen objeción. Pero en el futuro es conveniente que sea el Tesoro el que emita las Letras, por varias razones. La primera es que el Banco Central, a diferencia del Tesoro, no tiene un flujo de ingresos que le permita pagar intereses por su deuda. Ya debe atender una elevada y creciente cuenta de intereses por las Lebac, a la que se agregarán los que deba pagar por la conversión del swap de yuanes y el repo con bancos, ambos anunciados recientemente, conformando todo un elevado gasto cuasi fiscal que deteriora su Patrimonio.

Los ingresos de sus principales activos son ínfimos. Los Adelantos Transitorios son a tasa cero y las Letras Intransferibles devengan la tasa promedio que el Banco Central obtenga por sus reservas, muy inferior al riesgo argentino que incluirá la tasa de las nuevas Letras dada la extraordinaria liquidez internacional que seguirá, por ahora, a pesar del inicio de aumento de tasas de la Reserva Federal. Y las ganancias que obtenga por el efecto de la devaluación del tipo de cambio oficial sobre sus activos en moneda extranjera son meramente contables, y se originan en su tenencia de Letras Intransferibles del Tesoro.

La segunda razón es que el Tesoro necesitará financiamiento para cubrir el déficit fiscal remanente y los vencimientos de capital (rollover vía mercado). Incluso parte de estos últimos y parte de los intereses de la deuda –incluidos en el déficit- son en moneda extranjera. El levantamiento del cepo cambiario ha sido exitoso, pero debe ser consolidado ahora con un Plan Económico y Financiero, que se manifieste en con un nuevo Presupuesto 2016, y con –inicialmente- un acuerdo general social, de precios y salarios que aceleren la baja de las expectativas inflacionarias. Una pieza clave para ello es asegurar que el Tesoro no recurrirá a financiamiento del Banco Central. La colocación de Letras del Tesoro comenzando rápidamente la captación de recursos, promoverá esa credibilidad.

Y la tercera razón es que la captación de dólares por parte del Tesoro también puede alimentar, simultáneamente y si se considera necesario, las reservas internacionales del Banco Central. Los dólares captados por el Tesoro pueden ser depositados, mientras no se requieran para atender vencimientos, en sus cuentas en el Banco Central, fortaleciendo transitoriamente las reservas brutas. O pueden ser vendidos en el mercado permitiendo al Tesoro acceder a financiamiento en pesos sin recurrir al Banco Central y sin efecto monetario expansivo. O pueden, finalmente, ser vendidos al Banco Central; en este caso habría creación de dinero, pero al menos sería contra un aumento de las reservas.

Si se teme que las Letras del Tesoro puedan disminuir los depósitos en moneda extranjera y-o los encajes de los mismos depositados en el Banco Central y computados como reservas, cabe tener presente, como se dijera, que esas son reservas no disponibles, ya que pertenecen a los bancos y sus depositantes. Pero aun así, es difícil que esos depósitos disminuyan. En el contexto del nuevo régimen cambiario y el restablecimiento de la confianza lo más probable es que esos depósitos tengan un fuerte crecimiento.

Es probable que se haya evaluado que la situación pendiente con los holdouts en el juzgado de Griesa representa un obstáculo para que puedan emitirse Letras del Tesoro en dólares, aun bajo ley local y-o que bajo ley local no podrían cotizar internacionalmente. Siendo así, la propuesta de esta nota deberá esperar, pero no mucho dado que la resolución de la deuda no presentada al canje no podrá esperar mucho. O, si es jurídicamente viable, limitarse a que el Tesoro emita Letras en dólares solo para el mercado local. Hay en el mercado local una fuerte oferta potencial de dólares buscando mayores rendimientos, sobre todo a partir de la mayor confianza que existe desde el 10 de diciembre.

De acuerdo con lo anticipado, se distingue entre el stock de pagos pendientes al exterior por importaciones —estimado por el secretario Luis Caputo en 5 mil a 7 mil millones de dólares—, utilidades y otros conceptos —no se dieron cifras sobre estos— y los nuevos flujos de divisas.

Para los pagos pendientes se ofrecerá un cronograma o un bono voluntario del Tesoro en dólares. Se mencionaron también otro par de alternativas, sin aclararlas. En varias notas propuse este diseño y también que el cronograma y el bono fueran de plazo razonablemente corto y acelerable si la disponibilidad de divisas lo permitiera. Pero los funcionarios no dijeron aún cuál será el plazo ni la tasa. Seguramente lo indicará a la brevedad el Banco Central. El bono, claro está, por el monto que resulte, contribuirá a financiar al Tesoro.

Los flujos se liberan, se retorna así a los límites previos al cepo de 2 millones de dólares mensuales por individuo o empresa en el caso de la demanda para atesoramiento, y a compras y ventas libres para importaciones y exportaciones. Y, por supuesto, el tipo de cambio será esencialmente único para todos los conceptos.

El ministro anticipó que espera un refuerzo de la oferta de moneda extranjera —al Banco Central o al mercado, según el caso— de entre 15 mil y 25 mil millones de dólares en las próximas cuatro semanas, incluyendo 6 mil millones de dólares de liquidación de exportaciones agropecuarias, conversión a dólares de una parte del swap en yuanes, anticipo de liquidación de divisas por inversiones previstas por empresas locales y entre 6 mil y 8 mil millones de dólares del repo del Banco Central con bancos internacionales.

El repo se hará, como propuse oportunamente, con bonos del Tesoro, en condiciones de mercado y a distintos plazos que el Banco Central recibirá en pago de la letra intransferible por 9.530 millones de dólares que vence a principios de enero. El ministro Prat-Gay fue afortunadamente muy claro en que la enorme deuda del Tesoro con el Banco Central por letras intransferibles y adelantos transitorios —del orden de los cien mil millones de dólares— será tratada como una obligación que deberá honrarse, para fortalecer y normalizar el activo y el patrimonio del Banco Central.

El nuevo mercado cambiario unificado operará alrededor de los trazos anteriores, como un mercado de flotación administrada o flotación sucia, pero no estará sujeto a bandas —tipo de cambio piso y tipo de cambio techo— formales y explícitas. Las bandas habrá que leerlas o descubrirlas a través de la acción del Banco Central y sus intervenciones específicas.

Por otra parte, el ministro también confirmó, por si fuera necesario, que el mercado de contado con liquidación (CCL) operará con total libertad. Recordemos que ya hubo dictámenes que confirmaron su legalidad.

En estas condiciones, lo que cabe esperar es que el tipo de cambio del mercado único y el tipo de cambio CCL arbitren y tengan valores muy semejantes. Salvo eventualmente en los días iniciales, no es previsible que haya brecha entre el mercado único y el CCL. Podría subsistir una brecha entre el tipo de cambio único y un tipo de cambio ilegal o blue por la naturaleza de este último mercado, pero el mercado blue perderá volumen y la brecha, si subsiste, será moderada.

El aumento efectivo de la oferta, actual y potencial, de divisas en el nuevo mercado único hace previsible una tendencia a que el precio empiece con una ligera baja respecto del actual precio del CCL. Esto podría detonar una especie de círculo virtuoso que acelere la oferta de divisas de atesoramiento por temor a nuevas bajas. Pero en los días o las semanas iniciales el Banco Central intervendría bastante rápidamente. No solamente para fortalecer sus reservas, sino también porque la liquidación de la divisas de exportaciones del agro difícilmente esté dispuesta a aceptar un precio inferior a 13.80-14 pesos por dólar.

Pero también podría ocurrir que el Banco Central permita una más amplia volatilidad los primeros días para que el mercado discipline tanto la demanda como la oferta.

Faltan pocas horas para ver si se corroboran o refutan estas expectativas.

Razones no faltan. El gasto público está descontrolado y en niveles récord. El déficit del tesoro, junto con el gasto cuasifiscal del Banco Central, superan 9 % del PIB, una cifra casi del tamaño de la base monetaria. La inflación, aun con la sordina del atraso cambiario, no puede bajar de 25 % anual. Hay  presión inflacionaria adicional latente. Y el Banco Central va camino de quedar con muy pocas reservas internacionales disponibles.

El principal riesgo es que se potencie la inestabilidad nominal de la estructura de precios. Y el agente de ese riesgo es el tipo de cambio paralelo -legal o blue, no importa. El blue pasó la barrera de los 16 pesos, y la improvisada regulación de la Comisión Nacional de Valores dirigida a bajar el contado con liquidación y el dólar MEP no está teniendo, como era de esperar, más que un efecto efímero, con serios daños colaterales a la confianza.

Entretanto, el sistema de precios, entendiendo por tal el nivel nominal de todos los precios de la economía, está fijado en función de los tipos de cambio vigentes, el oficial ($ 9,35), el dólar ahorro ($ 9,35 o $ 11,22), el dólar MEP ($ 13,60), el contado con liquidación ($ 13,40) y el dólar blue ($ 16,06). Si este vector de tipos de cambio se modifica y el espectro de precios nominales sube, será difícil luego reducirlos y serán mayores las presiones inflacionarias con las que tendrá que lidiar el futuro Gobierno al comienzo de su administración.

El tipo de cambio sube, porque los agentes económicos saben -en forma conceptual o empírica- que está severamente atrasado, perciben que no hay dólares y creen que el Banco Central se quedará sin ellos, y no saben si los candidatos los van a conseguir rápido.

Los dólares genuinos tardarán en llegar. Las exportaciones han caído fuertemente y el superávit comercial se evaporó. Las inversiones externas o los 30.000 dólares anuales de Daniel Scioli no vendrán inmediatamente. Además, nadie querrá recurrir al FMI y tendrán fuerte oposición en el Congreso aun si desean hacerlo. De los demás organismos multilaterales en su conjunto solo se han recibido en el período 2007-2014 desembolsos netos por 560 millones de dólares anuales. El éxito de un nuevo blanqueo de capitales, según trascendió, se enfrenta a las dudas que generan los cambios impositivos y legales en Argentina. El financiamiento bilateral, como el chino, es muy costoso, aparte de que no se tradujo en  divisas plenamente convertibles.

¿Qué puede hacerse para evitar que el sistema nominal de precios salte nuevos escalones? En primer término, hasta que se defina un nuevo presidente, el Gobierno saliente no debe cambiar su política de microdevaluaciones. Una medidevaluación en este contexto de descontrol monetario y fiscal solo sería negativa. Y, por cierto, haría subir uno o más escalones el espectro nominal de precios.

Pedirle al Gobierno actual que limite la expansión monetaria o el gasto es inútil previo a las elecciones. Y después no lo hará tampoco, para que el ajuste pase a la administración siguiente, y la saliente retenga argumentos para su eventual regreso. Se le podría pedir que fortalezca las reservas. Y seguramente lo intentará con un canje -que es dudoso que sea posible-, o con la emisión de un bono en moneda extranjera, que no podría alcanzar suficiente volumen como para que los agentes económicos perciban que hay dólares.

El pago inminente de los servicios del Boden 2015 aumentará la oferta de dólares, pero su efecto será limitado, porque por un monto semejante caerán las reservas disponibles que monitorean quienes demandan dólares. Axel Kicillof expresó que unos dos mil millones de dólares podrían volver como depósitos, pero los encajes de los depósitos en dólares no son reservas disponibles. Pertenecen a los depositantes y ellos o el resto de la economía tendrían una conmoción aún mayor si el Banco Central se acerca siquiera a usarlos.

A los candidatos debemos pedirles que certifiquen que el primer paso que darán es el de fortalecer las reservas internacionales del Banco Central colocando deuda. Es algo que necesitan todos. En el caso de Mauricio Macri, porque no es conveniente confiar exclusivamente en el nuevo flujo de inversiones que se producirá con el mercado único y libre de cambios. Y en el caso de Daniel Scioli, porque el esquema cambiario continuista que anunció lo condena a un doble mercado -comercial y financiero- y si no asegura que lo primero que hará es obtener financiamiento, no podrá moderar la volatilidad inicial del tipo de cambio financiero. E igualmente Sergio Massa, con su flotación administrada.

Dado que el mercado sabe que hay predisposición a prestar a Argentina, si los candidatos aseguran que lo primero que harán es fortalecer las reservas internacionales con deuda, la economía empezará a vislumbrar que habrá dólares y la incertidumbre puede empezar cuando menos a estabilizarse. El riesgo que corren de otro modo, todos, es el de un overshooting del tipo de cambio que luego deje un escalón irreversiblemente más alto del nivel de precios.

Para que el mercado crea que van a conseguir esos dólares, deben decirlo. Particularmente Scioli y sus referentes deben dejar en claro que buscarán un arreglo viable y rápido con los holdouts, y evitar declaraciones del tipo: “No convalidaremos una estafa” u “ofreceremos lo que hemos dado en los canjes”, que solo confirman a los agentes económicos que los dólares tardarán en llegar.

Los candidatos deben anunciar claramente que cesarán con el financiamiento del Banco Central al tesoro. Pero esto solo no alcanza. También hace falta “mostrar” los dólares. Los dólares que consiga el tesoro sirven para el Banco Central. El tesoro necesita pocos dólares inmediatamente: entre enero y abril los vencimientos en moneda extranjera son en promedio 380 millones de dólares mensuales (sin considerar la letra intransferible, que vence en enero).

A medida que el Banco Central pierde reservas disponibles, el tipo de cambio oficial deja de ser un ancla siquiera parcial, y el ancla debe ser sustituida por más precisiones cambiarias de los candidatos.

Estas afirmaciones solo pueden ser resultado de la superficialidad analítica, del desconocimiento de las cifras, o de ambas. La deuda total del Tesoro, que era de Dls. 144 MM en  (fines de) 2001, subió a Dls. 222 MM en 2004 (últimas cifras oficiales), sin contar la deuda con los holdouts, que con metodología Griesa (por discutible que sea) son Dls. 24 MM, con lo que la deuda total a fines de 2004 asciende a Dls. 245 MM. Un aumento de Dls. 101 MM, a pesar de que por los canjes de 2005 y 2010 hubo significativas quitas de valor nominal, y sin contar los pagos futuros del cupón PIB, que superan los Dls. 10 MM a valor corriente. No hay cifras oficiales definitivas aun sobre 2015.

Excluyendo la deuda intrasector público –como sugieren Kicillof y Sturzenegger- , las cifras oficiales muestran una deuda total –con privados y organismos bilaterales e internacionales – de Dls. 86 MM en 2004. Pero, nuevamente,  deben agregarse dos componentes, la deuda con los holdouts, de valor prenegociación de Dls. 24 MM, y la deuda del Banco Central por títulos propios, por Dls. 30 MM. Y la cifra oficial de Dls. 86 MM se transforma en Dls. 140 MM. Un valor prácticamente igual a la deuda pública total en 2001.

Pero lo que  más se acentúa en el relato reciente y algo más sofisticado del desendeudamiento,  es la baja en la deuda con los acreedores privados, que era de Dls. 112 MM en 2001 y las cifras oficiales ubican en Dls. 56 MM en 2014. Si se agrega, como corresponde, la deuda con los holdouts y la deuda del Banco Central por Lebac y otros títulos, el total se transforma en Dls. 110 MM, prácticamente la misma cifra que en 2001. Y ello a pesar de que en el interín no solo hubo quitas nominales por los canjes, sino también reducción de la deuda con acreedores privados por la estatización de las AFJP y, por tanto, de su cartera de títulos públicos. Y sin computar, nuevamente, el valor presente de los cupones PIB que estén, en este caso,  en tenencias privadas.

La inclusión de la deuda del Banco Central por Lebac y Nobac, como se hace en los dos últimos casos –deuda con acreedores privados y organismos, o deuda con acreedores privados solamente- es imperativa, porque esos títulos se emitieron para moderar la expansión monetaria generada por el intenso financiamiento y traspaso de “utilidades” -conceptualmente cuestionables, además-  al Tesoro. En otros términos, el Banco Central tomó deuda, virtualmente, por cuenta del Tesoro.

De modo que no hubo desendeudamiento aún si se concediera excluir la deuda intra sector público.  Pero sería una concesión inaceptable. Si se levanta la alfombra de esos Dls. 136 MM se encuentra en primera fila nada menos que el Banco Central, con el que el Tesoro se endeudó en Dls. 86 MM, por Letras Intransferibles en moneda extranjera y Adelantos Transitorios. Con ello el Banco Central pasó a tener dos tercios de su activo inmovilizados, con un rendimiento bajo o nulo, debió salir a colocar el equivalente a Dls. 30 MM de títulos propios de corto plazo y a tasas altísimas medidas en dólares, perdió su Patrimonio y se quedó virtualmente sin reservas internacionales. Amén de ello, tiene largos Dls. 15 MM de autorizaciones pendientes de pagos de importaciones de bienes y remesas financieras, y mantiene fuertes posiciones abiertas de futuros de dólar vendidos a precios improbables..

Y dentro de esos Dls. 136 MM de deuda intra sector público siguen otros acreedores importantes. En primer lugar la Anses, que hoy tiene más volumen y proporción de deuda pública  que las que tenían las criticadas AFJP’s, y Banco Nación, Cammesa, Enarsa, Procrear, y otros. Es una responsabilidad urgente de la nueva administración analizar los estados financieros de todos estos entes  para evaluar si pueden sostener esa deuda del Tesoro, o si para ello han debido endeudarse -como el Banco Central-  con el sector privado, o están severamente afectadas sus cuentas de resultados o desprotegidos sus patrimonios.

Finalmente, la relación Deuda/PIB que menciona Sturzenegger  como indicador del riesgo del tamaño de la deuda, responde a la vieja y ya superada teoría según la cual la deuda es sustentable si representa un porcentaje constante del PIB. Sin embargo, un país puede tener un cociente de deuda tan bajo como 10 % del PIB, pero si esa deuda vence íntegramente el año siguiente, el riesgo de default es alto. Otro país puede tener 30 % de  cociente de deuda/PIB, pero si la  duration es de 15 años, en promedio los vencimientos anuales representan  2 % del PIB, y es menos riesgosa que la del país del ejemplo anterior. Y existen otras variables importantes determinantes de la sustentabilidad, en las que no puedo extenderme acá.

Los vencimientos de deuda por capital del Tesoro en 2016 con agencias y acreedores privados eran, estimados a fines de 2014, de  aproximadamente 1 % del PIB, sin contar la deuda del Banco Central, por Dls 30 MM, que es toda de corto plazo. Pero debe agregarse la deuda colocada en 2015, la mayor parte  de corto plazo (Bonac) y gran parte de ella con vencimiento en 2016. De modo que difícilmente los vencimientos del Tesoro (sin considerar los intrasector público) bajen de 2 % del PIB. Y será necesario además obtener financiamiento externo para cubrir el déficit fiscal remanente y fortalecer las reservas del Banco Central.

Si los mercados internacionales se cierran para Argentina –por razones sistémicas, o regionales, o de cualquier otra naturaleza- cómo pagará Argentina ? Teniendo en cuenta además la aversión política de algunos candidatos a las fuentes internacionales oficiales. ¿ Veremos de nuevo que el Tesoro recurre al Banco Central por fondos, y si este se niega se releva al Presidente del Banco Central de turno, como hemos visto ya dos veces en los últimos años ?

En cuanto a la tasa de interés, la tasa baja que menciona Sturzenegger para la deuda del Tesoro oculta que parte de ella es reestructurada y a tasas bajas, y que otra parte es la colocada en entes públicos a tasas inferiores a las de mercado que deterioran sus resultados y patrimonio. Pero la deuda nueva que se coloca se hace a tasas altísimas, del orden de 9 % anual o más, comprometiendo por años las cuentas fiscales futuras. Y la deuda por Dls. 30 MM del Banco Central, así como la deuda en pesos a tasa de interés del Tesoro (Bonac, por ejemplo) son también a tasas, por ahora,  altas en dólares.

La subestimación del endeudamiento del Tesoro, de la deuda del Banco Central, del nivel de las tasas de interés pagadas por ambos, plantea el interrogante de cuán probable es que en el próximo gobierno se asegure una conducción seria en el Banco Central y una conducción seria de la política financiera. Afirmaciones como la de Sturzenegger nos dejan con grandes dudas.

Los mercados le prestarán a Argentina con un programa serio, sin duda. Pero la responsabilidad del Gobierno es tener una visión correcta y seria desde la política macroeconómica, tanto del Banco Central y la política monetaria, como de la deuda y la política financiera, para poder abatir la inflación, no agregar ningún default más a los 9 que ya hemos tenido en el pasado, y tener una diplomacia financiera seria, ágil y eficiente que se beneficie de las oportunidades del mercado.

Es decir, cuál será el Plan Financiero del Tesoro para 2016, en el contexto de stress dado por la urgencia de reducir el elevado déficit fiscal heredado, el objetivo de abandonar el modelo vigente de financiamiento inflacionario, y el cambio de escenario internacional, de profundidad aun incierta pero que  insinúa desaceleración en el crecimiento y comercio mundiales, menores precios de las commodities, devaluaciones competitivas y antesala de cambio en la hasta ahora extraordinaria liquidez internacional.

El Tesoro necesitaría fondos para dos fines, la cancelación de vencimientos de capital  - equivalente a U$S 52.3 MM (miles de millones) – y el financiamiento del déficit  -equivalente a U$S 35 MM al ritmo actual-. Sin acción, resulta una necesidad bruta total de financiamiento, amortizaciones más déficit, de U$S 87.3 MM, aun sin contar las nuevas emisiones hechas en 2015 con vencimiento en 2016 ni el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Pero habrá acción, y la pregunta es hasta dónde puede reducirse esa necesidad total, dado el escenario de stress mencionado. 

Del total de amortizaciones por U$S 52.3 MM, el equivalente a U$S 39.7 MM son vencimientos con el Banco Central. El Tesoro no podrá pagarlos, pero sería ya un significativo avance que le entregue al Banco Central títulos negociables con cupones de mercado, en dólares por la Letra Intransferible por U$S 9.5 MM que vence enero, y en pesos por los Adelantos Transitorios. Esto le permitirá, de ser necesario, acceder a reservas internacionales vendiendo los títulos en dólares, y empezar a cancelar Lebac con el producido de la venta de los títulos en pesos.

Las amortizaciones con otros entes públicos alcanzan al equivalente de U$S 5.6 MM. En un escenario de stress probablemente se intente – el primer año- hacer el rollover de esos vencimientos con nuevas colocaciones, pero a tasas de interés de mercado para defender en algo el patrimonio de esos  entes.

La deuda con estos entes públicos –Anses, Enarsa, Procrear, Cammesa, el mismo Banco Nación y otros- se espiralizó hasta alcanzar U$S 52 MM a fines de 2014 (último dato oficial).Una tarea urgente que deberá hacer la nueva administración es verificar sus estados financieros. Puede ocurrir que no puedan sostener el financiamiento a que les ha obligado el Tesoro o que, como el caso del Banco Central, se hayan debido endeudar para ello con el sector privado y esa deuda no sea sostenible, o genere problemas en sus propias cuentas de resultados y desprotección patrimonial.  Es por ello que no parece razonable suponer que los intereses que corresponde pagar a esos entes –U$S 4.4 MM-  se atiendan también con nuevas colocaciones.

Otros U$S 1.8 MM de las amortizaciones son con organismos internacionales, y es aceptable suponer que el nuevo Gobierno tendrá una  diplomacia financiera, un plan de inversiones  y una eficiencia –y transparencia- que le permitan obtener desembolsos probablemente superiores, pero al  menos iguales a los vencimientos.  No puede esperarse lo mismo, sin embargo, de la deuda con fuentes bilaterales, con las que vencen U$S 2.2 MM.

En este escenario de stress financiero, entonces, las necesidades del rollover vía mercado bajarían a U$S 5 MM. Por otra parte, según quién gane se espera un ajuste del déficit fiscal de 1.5 % del PIB si gana un candidato, o de 3 % del PIB si gana otro. En el primer caso la necesidad adicional de financiamiento para déficit es de U$S 26 MM,  y en el otro de U$S 18 MM.. El financiamiento total requerido es, entonces, de U$S 31 MM en un caso y de U$S 23 MM en el otro. Un financiamiento de ese orden demanda, por supuesto, un acuerdo con los holdouts, y una alternativa es que el arreglo implique solo la entrega de bonos.

Hasta acá la situación del Tesoro. Pero el Banco Central también necesita dólares. Llegará a diciembre con un nivel ínfimo de reservas. Requiere aumentarlas para normalizar el mercado cambiario  desde una posición de fortaleza, y necesita además asegurar una oferta de dólares, al mercado o al Banco Central –según sea el régimen cambiario- para satisfacer los pagos comerciales y financieros acumulados pendientes de autorización.

Si el nuevo programa económico y la normalización del mercado cambiario son exitosos, esa oferta será alimentada por nuevos flujos comerciales, de inversión y financieros, pero a un ritmo difícil de predecir. El financiamiento  que obtenga el Tesoro para sus necesidades sebe ser y será mayoritariamente en moneda extranjera  y, dado que sus compromisos en dólares usarán solo una parte –como máximo U$S 9.5 MM- , el excedente constituirá una oferta de divisas que puede simultáneamente fortalecer las reservas del Banco Central y facilitar el pago de las obligaciones privadas pendientes con el exterior.

Si el financiamiento obtenido por el Tesoro y los flujos privados no alcanzaran, entonces el Banco Central podrá salir a vender  al mercado los títulos recibidos por las Letras Intransferibles, y esto implicaría, sí, una mayor necesidad de financiamiento. Esto será tanto más probable cuanto más lentamente se  libere el mercado cambiario, ya que en ese caso se debilitará la entrada de mayores flujos comerciales y financieros privados.

El sciolismo se inclina por la continuidad de las microdevaluaciones -probablemente un poco más rápidas-, sin analizar las consecuencias de esa alternativa. En tanto que el macrismo se inclina por liberar el mercado, sin aclarar las condiciones en las que ello es recomendable. Completemos entonces el análisis que los candidatos no hacen.

Conviene establecer primero dos hechos insoslayables para tratar el tema cambiario. Primero, el tipo de cambio real multilateral tiene un atraso bastante superior al 40 %. Acaba de acusar un atraso adicional por la depreciación del yuan, puede recibir nuevos impactos según cómo reaccionen a ello nuestros otros socios comerciales y aún otro golpe más cuando la Reserva Federal efectivice la primer suba de tasas -¿septiembre o esperará debido a la depreciación china?- por la parte que no hayan anticipado ya los mercados.

Segundo, la nueva administración hereda un gasto público récord y un déficit -fiscal y cuasifiscal- superior a 8 % del PIB, que difícilmente dejen margen para atenuar el efecto del atraso cambiario sobre la actividad, la inversión y las exportaciones con reducciones generalizadas y suficientes de impuestos. Más aún, si un nuevo programa económico no incluye medidas creíbles para la reversión del actual descontrol fiscal, ningún régimen cambiario o devaluación tendrán éxito.

Tercero, existe un importante stock acumulado de autorizaciones pendientes de pagos al exterior, sobre el cual sciolismo y macrismo no se han expedido. Puede liberarse inmediatamente o a través de un cronograma. Pero en este último caso, el cronograma debe ser corto. No liberarlo a corto plazo sería una razón adicional para que parte de los inversores del exterior no estén dispuestos a traer nuevos flujos financieros al país o exportadores externos no reabran los créditos a sus clientes argentinos. Su impacto se modera en la alternativa macrista, porque es previsible una fuerte liquidación de divisas de exportación pendientes.

La propuesta del sciolismo de continuidad de las microdevaluaciones -aunque aceleradas y por encima de la tasa de inflación- tiene varias implicancias. La primera, el mantenimiento de las restricciones cambiarias. Ello, junto con el sostenimiento del fuerte atraso cambiario, limitará seriamente cualquier expectativa de ingreso de dólares, sea por el temor de los inversores de no poder salir cuando lo deseen, sea porque consideran que la economía ya tiene incorporado un tipo de cambio superior al oficial, o porque no ven una recuperación rápida del balance comercial externo de Argentina.

El Banco Central llegará a diciembre con un muy bajo nivel de reservas disponibles -no superior a cinco mil millones de dólares-, y la baja expectativa de ingreso de divisas financieras disminuye la credibilidad de este esquema, requiere la colocación de más deuda que un esquema alternativo, y hace por supuesto imprescindible un arreglo inmediato con los holdouts.

Por otra parte, la consistencia del esquema requerirá, por supuesto, que la tasa de devaluación sea superior a la tasa de inflación, y ambas inferiores a la tasa de interés. El resultado es que este programa implica una mayor tasa de interés nominal, y mayores tasas nominales siempre se traducen en mayores tasas reales. Difícilmente entonces pueda compensarse el mantenimiento del fuerte atraso cambiario con acceso de las empresas a menores costos financieros.

Este programa cobra un poco más de consistencia, en rigor, si forma parte de un esquema de doble mercado cambiario, con un tipo de cambio comercial y un tipo de cambio financiero, por el cual cursen libremente las operaciones autorizadas, lo que implica una tácita liberación parcial del cepo para flujos financieros. Pero el desafío en este caso es que el espectro de operaciones autorizadas sea muy amplio y, simultáneamente, que la brecha con el tipo de cambio comercial no supere 20 %.

Por otra parte, quizá el sciolismo está pensando en que el submercado financiero lo constituyan directamente los dólares contado con liquidación y MEP, lo que ratifica su legalidad y devuelve las inspecciones al nivel de supervisión normal, en vez de ser intentos de reprimir el funcionamiento de esos mercados.

El programa macrista de establecer más o menos inmediatamente un mercado único y libre de cambios, por su parte, supera varias de las implicancias del gradualismo. Elimina el cepo, cuando menos para los nuevos flujos -no se aclaró si también es inmediato para los pagos el exterior pendientes de autorización, pero debería ser a corto plazo- y da participación relevante al mercado en la determinación del tipo de cambio nominal y real. La eliminación del cepo, junto con el ajuste que tendrá el tipo de cambio, implica un mayor ingreso de flujos financieros y comerciales del exterior, y requerirá por tanto menos endeudamiento.

Aunque es previsible un impacto inicial sobre el nivel de precios, las expectativas de inflación serán menores, y menores serán, por tanto, las tasas de interés nominal y real. En cuanto al impacto sobre precios, es difícil saber hoy a qué dólar está la economía. ¿A 10,50? ¿11? ¿11,50?

Difícilmente el sistema de precios esté actualmente basado en el dólar oficial de $ 9,20, con un dólar ahorro 20 % superior, un dólar tarjeta 35 % superior, un dólar contado con liquidación y MEP a $ 13,20, y un blue a $ 15. Por tanto, es probable que se exagere el riesgo de pass through (impacto de la devaluación sobre los precios). Sería un gran éxito de la alternativa macrista que el tipo de cambio se estabilice algo por debajo de los tipos de cambio contado con liquidación o MEP.

Pero la alternativa de un mercado libre y único de cambios no está exenta de condiciones que deben cumplirse para su éxito. Entender esas condiciones requiere rechazar la idea de que la liberación cambiaria exime al Banco Central de intervenir. Cuando se heredan desequilibrios tan graves como los de la Argentina actual, el Banco Central no puede estar ajeno a las funciones de moderar la volatilidad cambiaria y, directa o indirectamente -a través de la política monetaria, las metas de inflación y su propia intervención en el mercado-, orientar las expectativas del mercado.

La liberación del mercado puede provocar un overshooting del tipo de cambio antes de encontrar valores de equilibrio de mediano y largo plazo (en cortas unidades de tiempo argentinas, por supuesto). Si ocurre, el Banco Central debe moderarlo y evitar que dure tanto como para incorporarse al nivel nominal de precios, ya que de otro modo ese traspaso cobra permanencia.

Dada la difícil herencia que se recibirá, es probable que en algún momento, luego de la liberación cambiaria, el mercado ponga a prueba al Banco Central. Ello puede o no suceder. Pero el Banco Central debe estar preparado, lo que implica que debe fortalecer seriamente sus reservas internacionales disponibles. También acá se requiere, por tanto, tomar deuda en el exterior y, desde ya, hacer un arreglo inmediato con los holdouts.

¿Si tuviera que hacer una sola recomendación a los candidatos? Si gana Macri, asegurarse disponibilidad de financiamiento externo y que el Banco Central tenga capacidad para intervenir, de ser necesario. Si gana Scioli e insiste con un gradualismo acelerado, asegurarse aún mayor disponibilidad de financiamiento e implementar un doble mercado cambiario.

En tanto la incertidumbre electoral avanza, pueden predecirse sin embargo algunas certezas económicas de lo que vendrá después del 10 de diciembre. En primer término, en ningún caso habrá más de lo mismo. Un déficit fiscal de 6,5 % del PIB más casi otro 2 % de déficit cuasifiscal, financiados con emisión, deuda creciente del Banco Central a tasas altísimas medidas en dólares y tímidos montos de deuda del Tesoro de corto plazo (Bonac) sin acceso a financiamiento externo, no será aceptado por ningún candidato. El primer año habrá un ajuste fiscal de entre 2 % y 3 % del PIB según quién gane, se discontinuará el financiamiento monetario del déficit fiscal, cubriendo la brecha con financiamiento externo y del mercado local, y se reservará la expansión monetaria para los intereses de las letras del Banco Central (Lebac) -a tasas decrecientes, a medida que se reduzcan las expectativas de devaluación y de inflación.

En segundo lugar, y cualquiera sea el candidato, se llegará rápidamente a un acuerdo con los holdouts, no importa cómo se presente. Hay varias razones para ello. Primero, por la necesidad de financiamiento externo y la conveniencia de obtenerlo, y para aprovechar las tasas de interés comparativamente bajas que seguirán por un tiempo a pesar de que la Reserva Federal comience a subir las de Estados Unidos. Segundo, porque ningún candidato querrá exponerse a solicitar asistencia al, además, desprestigiado (por razones discutibles) FMI. Tercero, porque pasadas las elecciones ya no será necesario el uso político de la batalla contra los fondos buitre. Y cuarto, porque los mercados internacionales están dispuestos a adquirir deuda argentina. Si bien tanto desde 2001 como desde 2003, en cualquiera de los casos la deuda pública aumentó y la deuda con privados no bajó, a los mercados no les importa la deuda incurrida con el Banco Central -letras intransferibles y adelantos transitorios-y consideran que la deuda con privados tiene espacio para más. Pero hay una quinta razón fundamental. Y es que todos los candidatos necesitarán fortalecer las reservas internacionales, ya que las disponibles llegarán con cifras poco generosas, luego del pago del Boden 2015, para cualquier rediseño imaginable del mercado cambiario.

Para quienes opten por un levantamiento temprano del cepo para todas las operaciones comerciales y para las operaciones financieras nuevas, un nivel sólido de reservas es fundamental para ayudar a convencer rápidamente al mercado de su capacidad de regular la estabilidad cambiaria. Y para quienes opten por mantener el cepo y deban ir en consecuencia a un doble mercado cambiario formal, explícito y legal, un nivel sólido de reservas es fundamental para mantener acotada la brecha entre el dólar comercial y el dólar financiero, condición mínima para poder sostener ese arreglo, aunque sea transitoriamente. En ambos casos se requiere además, por supuesto, un plan creíble.

Y en tercer término, habrá devaluación del tipo de cambio comercial. Sea porque alguno de los candidatos se incline por un mercado libre y único, sea, en algún otro caso, porque opte por alguna forma de doble mercado cambiario. El tipo de cambio real multilateral tiene un atraso no inferior a 40 %, Brasil sigue devaluando, el alza de tasas en Estados Unidos fortalecerá aun más al dólar, y el euro sigue con pronóstico incierto, no a corto plazo pero sí a mediano. Y se sigue atrasando, con paritarias que han devenido en aumentos muy superiores a la devaluación y generalizadas presiones sobre los costos que se mantienen contenidas. Y se devaluará aunque ingrese -si cedemos por un momento al optimismo- una catarata de dólares. La presión tributaria se encuentra en niveles inéditamente altos y no existen recursos fiscales para compensar en forma generalizada y completa la actividad exportadora, que debe liderar, junto con la inversión, la salida de la recesión, la recuperación  y el crecimiento.

Existen algunas certezas adicionales, pero esta nota ya abusó del tamaño y dicen que las notas largas no se leen. Debo además reservar algunas certezas para mis clientes.