La concreción del arreglo se traducirá en un inmediato aumento de la oferta de financiamiento externo y una reducción de la tasa de interés para el Tesoro, las provincias y el sector privado. La falta de financiamiento y los altos costos financieros son de las principales desventajas competitivas y trabas para la inversión y las exportaciones. La baja en las tasas de interés se extenderá a las operaciones en pesos, aunque el ritmo dependerá en este caso del avance en la disminución de la inflación.

La propuesta no pudo ser mejor recibida por el mediador Dan Pollack, en su declaración del 5 de febrero. Si el cambio de clima en Washington contribuyó, influido por la actuación de Mauricio Macri en Davos, no lo sabemos. Pero sin duda ayudó el carácter razonable de la propuesta, con descuentos que pueden llegar al 27,5% sobre el valor de las sentencias o de la deuda devengada, según el caso. El descuento de 30% ofrecido en la propuesta está en la banda de los descuentos usuales —en valor presente— de los arreglos subsecuentes a incumplimientos soberanos.

El 30% representa un descuento implícito mucho mayor —superior a 40%— si se lo calcula sobre los intereses, teniendo en cuenta que el Gobierno anticipó que no pediría quita de capital. Ello es así incluso si los holdouts se inclinaran masivamente a aceptar la oferta antes del 19 de febrero, ya que en ese caso Argentina ofrece pagarles 3,6% más. No está claro hasta ahora, sin embargo, hasta qué fecha la oferta tendrá vigencia.

A pesar de que en el preacuerdo anunciado horas antes con los bonistas italianos, por 1.350 millones de dólares, el pago total es en efectivo, tuvo un elemento de sorpresa que también lo sea el pago de los 6.500 millones de dólares por el litigio en Nueva York, dado el considerable mayor monto involucrado. De hecho, sin el acuerdo en Nueva York el Tesoro no podría emitir títulos y los 1.350 millones de dólares deberían haber salido de las reservas, que todavía no son tantas y están esencialmente basadas en endeudamiento de corto plazo del Banco Central.

El argumento de Luis Caputo para el pago al contado es razonable. El mercado internacional es el que mejor cotizará los nuevos títulos que se emitan. Y habría que agregar que, de otro modo, sería necesario discutir con los holdouts la paridad de los títulos a entregar, considerando que, cuando se cierre el acuerdo, el riesgo país tendrá nuevas disminuciones. No todo el upside está descontado. Adicionalmente, para las manías del mercado son mejores los títulos emitidos libremente que los que se entregan en pago de obligaciones. Finalmente, aunque no haya sido el objetivo, también es una invitación a Thomas Griesa a levantar las restricciones.

Si el acuerdo es aceptado por todos los holdouts y los cupones de interés reflejan adecuadamente el riesgo país de Argentina, será necesario emitir nuevos títulos por 7.850 millones de dólares, aproximadamente 1,6% del PIB. No es nueva deuda, pero sí un aumento de las tenencias privadas de títulos del Tesoro, que eran de 65 miles de millones de dólares a septiembre de 2015, última información oficial. Ese valor no incluye la deuda con holdouts, que esa fuente estima en 11,5 miles de millones de dólares, pero es virtualmente el doble en valor de sentencia.

Pero esa emisión no es la única que deberá hacer el Tesoro, que, aun dejando de lado los vencimientos de capital en 2016, tiene que cubrir un déficit fiscal de 7% del PIB. Alfonso Prat-Gay espera recibir 2,5% del PIB del Banco Central, que deberá colocar más lebac, y el mercado local podrá ayudar con 1% del PIB; y algún ingreso neto de organismos multilaterales es previsible.

Pero aun así, habrá que salir a los mercados internacionales por cerca de 3,5% del PIB o 17-18 miles de millones de dólares para el déficit, es decir, por 25-26 miles de millones de dólares, incluyendo el pago a los holdouts. El fin del default, el cambio drástico en las políticas y la vocación de ir a la consulta del artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI) ayudarán a conseguir tasas y plazos, pero el calendario de emisiones será denso.

Ahora es necesario esperar a conocer el grado de aceptación de la propuesta, que tuvo un buen comienzo y lograr la aprobación del Congreso. La propuesta es coherente con la posición del massismo y Juan Manuel Urtubey mismo, antes de las elecciones, confirmó en Estados Unidos el interés en resolver el default. El jefe del bloque del Frente para la Victoria (FPV), Héctor Recalde, anticipó su rechazo a la propuesta y a la derogación de las leyes cerrojo y de pago soberano, pero esa posición inflexible podría no ser aceptada por cantidad de miembros del bloque remanente. Pesará la necesidad de fondos de provincias y municipios, provengan del Gobierno o de sus propias intenciones de emitir deuda.

Alguna impresión previa es inevitable. Es extraño que luego de que el Banco Central expresara en sus recientes lineamientos monetarios para 2016 que no está en condiciones de fijar pautas de inflación, el ministro de Hacienda virtualmente lo hiciera, incluso sin la presencia del presidente del Banco Central, bajo cuya responsabilidad independiente está alcanzar la estabilidad de precios.

Es la primera vez —y es positivo— que el Ministerio de Hacienda se refiere a la situación fiscal. En comparación con la exitosa unificación cambiaria y con algunas precisiones monetarias dadas por el Banco Central, el programa fiscal venía inconvenientemente demorado, cuando es una pieza crucial para la proyección del mercado cambiario y de la inflación.

Es importante también que el Ministro haya despejado las dudas respecto del ritmo anual de reducción de la inflación, que generaron declaraciones oficiales contradictorias que se alternaban entre alcanzar un dígito en 2017 o en 2019. Prat-Gay ha dejado en claro que el programa es llegar a una inflación del 5% anual recién en 2019.

Se refirió, en la mayoría de las cifras fiscales, a porcentajes del PIB. Pero debe tenerse en cuenta que aún no se dispone de estimaciones serias de cuánto será el PIB en 2016, tanto en dólares, como resultado de la devaluación, como en pesos, por la carencia de índices de precios y estimaciones de PIB hasta que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) recuperado esté en condiciones de presentar sus números.

Más sustancial, Prat-Gay indicó las proyecciones de déficit fiscal, pero no las cifras de recaudación y gastos subyacentes. Sin embargo, es claro que estas son necesarias para evaluar acabadamente un programa fiscal. De otro modo, es imposible ponderar si las metas de recaudación son alcanzables, si la presión tributaria implícita es soportable. Tampoco explicitó qué estimaciones de crecimiento económico anual subyacen en las estimaciones de déficit.

Sí ha quedado muy claro que el programa fiscal será de considerable gradualismo, con una reducción de sólo 1% del PIB en el déficit primario para 2016. Algunas de las explicaciones para ello son comprensibles por razones económicas o sociales, como la eliminación y la reducción de retenciones o la extensión de la asignación universal por hijo. Pero otras no lo son tanto. Así, la previsión de 0,8% del PIB de ahorro en el gasto por aumento de eficiencia, reducción de gastos políticos, despilfarro y corrupción luce muy módica, alcanza sólo el 2% del gasto público. Seguramente es posible lograr mucho más en ese frente.

Más aun, si el gasto público se mantendrá cerca de los altísimos niveles alcanzados en los años precedentes, la economía espera un compromiso explícito mucho más enfático en su racionalización y su eficientización, de modo que se traduzca en una mayor y mejor oferta de bienes públicos. Prat-Gay debió haber dedicado algún minuto más a este punto, que es esencial en el programa de Cambiemos.

Al referirse al déficit fiscal, no mencionó simultáneamente el gasto cuasi fiscal del Banco Central, que con el volumen alcanzado por las letras del Banco Central (Lebac) y con las altas tasas nominales vigentes se acerca al 2% del PIB y representa un monto semejante a los intereses de la deuda del Tesoro. Es deuda en la que el Banco Central ha incurrido para moderar la creación de dinero generada por su asistencia al Tesoro y tiene, por tanto, origen esencialmente fiscal.

Un programa fiscal de fuerte gradualismo —e incompleto, por lo mencionado respecto de las Lebac— requerirá la correspondiente captación de fondos. Las fuentes de financiamiento forman parte esencial de un programa financiero completo, pero apenas fueron rozadas por Prat-Gay. Descontamos que no pedirá fondos al Banco Central. Este está inmerso en absorber la oferta excedente de dinero heredada, los intereses de las Lebac generan per se un aumento de la base monetaria a un ritmo del 20% anual, y su responsabilidad esencial es abatir la inflación.

De modo que el déficit se financiará con deuda. Un programa financiero completo debe indicar también la necesidad de nueva deuda para el rollover de los vencimientos de capital. Prat-Gay y su equipo deben dar indicaciones de en qué medida se acudirá para déficit y rollover al mercado local y al internacional, a deuda en pesos y deuda en dólares. Estas decisiones no son indiferentes ni para la inflación, ni para el mercado cambiario, ni para el nivel de actividad.

El Gobierno ha mostrado los primeros trazos de sus intenciones de política macroeconómica. Antes de poder ponerle un marco al cuadro hace falta mucho trabajo, bastante más macroeconomía, más coordinación y más trabajo anticipado.

De acuerdo con lo anticipado, se distingue entre el stock de pagos pendientes al exterior por importaciones —estimado por el secretario Luis Caputo en 5 mil a 7 mil millones de dólares—, utilidades y otros conceptos —no se dieron cifras sobre estos— y los nuevos flujos de divisas.

Para los pagos pendientes se ofrecerá un cronograma o un bono voluntario del Tesoro en dólares. Se mencionaron también otro par de alternativas, sin aclararlas. En varias notas propuse este diseño y también que el cronograma y el bono fueran de plazo razonablemente corto y acelerable si la disponibilidad de divisas lo permitiera. Pero los funcionarios no dijeron aún cuál será el plazo ni la tasa. Seguramente lo indicará a la brevedad el Banco Central. El bono, claro está, por el monto que resulte, contribuirá a financiar al Tesoro.

Los flujos se liberan, se retorna así a los límites previos al cepo de 2 millones de dólares mensuales por individuo o empresa en el caso de la demanda para atesoramiento, y a compras y ventas libres para importaciones y exportaciones. Y, por supuesto, el tipo de cambio será esencialmente único para todos los conceptos.

El ministro anticipó que espera un refuerzo de la oferta de moneda extranjera —al Banco Central o al mercado, según el caso— de entre 15 mil y 25 mil millones de dólares en las próximas cuatro semanas, incluyendo 6 mil millones de dólares de liquidación de exportaciones agropecuarias, conversión a dólares de una parte del swap en yuanes, anticipo de liquidación de divisas por inversiones previstas por empresas locales y entre 6 mil y 8 mil millones de dólares del repo del Banco Central con bancos internacionales.

El repo se hará, como propuse oportunamente, con bonos del Tesoro, en condiciones de mercado y a distintos plazos que el Banco Central recibirá en pago de la letra intransferible por 9.530 millones de dólares que vence a principios de enero. El ministro Prat-Gay fue afortunadamente muy claro en que la enorme deuda del Tesoro con el Banco Central por letras intransferibles y adelantos transitorios —del orden de los cien mil millones de dólares— será tratada como una obligación que deberá honrarse, para fortalecer y normalizar el activo y el patrimonio del Banco Central.

El nuevo mercado cambiario unificado operará alrededor de los trazos anteriores, como un mercado de flotación administrada o flotación sucia, pero no estará sujeto a bandas —tipo de cambio piso y tipo de cambio techo— formales y explícitas. Las bandas habrá que leerlas o descubrirlas a través de la acción del Banco Central y sus intervenciones específicas.

Por otra parte, el ministro también confirmó, por si fuera necesario, que el mercado de contado con liquidación (CCL) operará con total libertad. Recordemos que ya hubo dictámenes que confirmaron su legalidad.

En estas condiciones, lo que cabe esperar es que el tipo de cambio del mercado único y el tipo de cambio CCL arbitren y tengan valores muy semejantes. Salvo eventualmente en los días iniciales, no es previsible que haya brecha entre el mercado único y el CCL. Podría subsistir una brecha entre el tipo de cambio único y un tipo de cambio ilegal o blue por la naturaleza de este último mercado, pero el mercado blue perderá volumen y la brecha, si subsiste, será moderada.

El aumento efectivo de la oferta, actual y potencial, de divisas en el nuevo mercado único hace previsible una tendencia a que el precio empiece con una ligera baja respecto del actual precio del CCL. Esto podría detonar una especie de círculo virtuoso que acelere la oferta de divisas de atesoramiento por temor a nuevas bajas. Pero en los días o las semanas iniciales el Banco Central intervendría bastante rápidamente. No solamente para fortalecer sus reservas, sino también porque la liquidación de la divisas de exportaciones del agro difícilmente esté dispuesta a aceptar un precio inferior a 13.80-14 pesos por dólar.

Pero también podría ocurrir que el Banco Central permita una más amplia volatilidad los primeros días para que el mercado discipline tanto la demanda como la oferta.

Faltan pocas horas para ver si se corroboran o refutan estas expectativas.