Se ha hablado mucho estos días de la incorporación de Uruguay al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro “no permanente”. Sin duda es una posición importante, aunque no debe sobredimensionarse, porque bien es sabido que mientras exista el veto, las cinco grandes potencias son las dueñas absolutas de las decisiones (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido). Si están ellas de acuerdo, nada hay para agregar y si una sola está en contra, poco hay para hacer, porque opondrá el veto y dejará sin efecto cualquier resolución. Naturalmente, estar en el debate es interesante y nada cabe objetar al respeto. Sin embargo, en ocasiones, nos pone ante un compromiso difícil, en que el interés nacional puede colidir con algunas definiciones de política o bien tener que optar entre la posición de Estados con los que mantenemos equidistancia (encerrona no desdeñable). En ese Consejo conviviremos, además de con los “grandes”, con países como Chad y Angola, Venezuela y Nigeria, bien distantes de nuestras orientaciones, lo que no se hace sencillo en asuntos normalmente muy delicados que hacen a la paz.
Estos días se ha recordado, insistentemente, que en nuestras dos Presidencias tuvimos ocasión de ingresar a ese cargo y no lo hicimos por decisión propia. Efectivamente, fue más o menos así y se trató de un tema de prioridades.

En la primera Presidencia, la restauración democrática había generado un clima muy favorable al Uruguay y de ahí que países amigos ofrecieron, si nos interesaba, postularnos para esa posición. Agradecimos y dijimos que nuestras prioridades eran otras. Efectivamente, aspirábamos a algún cargo importante, de los que pudieran representar una real influencia. Hay que entender que, en esta materia, todo no se puede, y la influencia hay que “gastarla” en lo que más convenga. Estaba por vacar la Dirección General de Unesco y se presumía que también el Banco Interamericano de Desarrollo, nada menos. Nuestra influencia entonces se dirigió a este último objetivo y así fue que, en 1988, Enrique Iglesias, nuestro canciller, ocupó esa posición de enorme importancia, que conservó —por su mérito— hasta 2005. Bueno es recordar que su designación no fue sencilla y que, justamente, los países amigos jugaron un rol relevante, incluso para superar una inexplicable resistencia que encontramos entonces en los Estados Unidos.

En la segunda Presidencia, no fue tan claro pero podía haber existido una oportunidad. Lo que ocurre es que en aquel momento nuestra prioridad estuvo en ocupar la Presidencia de la Asamblea General, un cargo sin duda honorífico, también muy representativo, tanto como integrar el Consejo de Seguridad.

O sea que hay en la política exterior prioridades que pueden variar según los momentos y las circunstancias. Hoy el país entra en el Consejo y bienvenido sea. Felizmente se ha optado por encargar la tarea a un funcionario de alto nivel profesional, el embajador Elbio Roselli, que asegura un manejo solvente de las delicadas situaciones que suelen darse en el organismo. Le deseamos a él, por lo tanto, la mejor de las suertes y confiamos en que el Uruguay pueda cumplir un rol prestigioso.

Desde nuestra primera Presidencia, al retornar la democracia, Uruguay marcó una fuerte presencia en el mundo internacional. En América Latina fue el tiempo del Grupo Contadora, que realizó un notable esfuerzo en la pacificación de América Central, y el de Cartagena, que trató el tema de la deuda externa, entonces dominante. Fueron muchas reuniones, varias de ellas —incluso— en Uruguay. A Europa y los Estados Unidos se realizaron visitas de Estado, con todo lo que ello significa de presencia, y se logró obtener que se realizara en Punta del Este la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), que por vez primera se reunía fuera de Europa y mantuvo el nombre del país, que repicó durante años en todos los diarios del mundo.

Con un provincianismo menudo se discutían estos viajes que iban poniendo al Uruguay, nuevamente, en el mapa de la democracia. Un país como el nuestro tiene que estar, mostrarse, ser parte de un diálogo civilizado. Se deben aprovechar esas ocasiones para mostrar nuestros valores culturales, la significación de un país que no es potencia, pero que tiene un peso específico en la región.

Un aspecto muy importante es el retorno que lograron esos viajes, con la presencia entre nosotros de figuras de primera línea de la política mundial: presidentes de Francia, España, Italia, secretarios generales de Naciones Unidas, ministros de Relaciones Exteriores de potencias como la Unión Soviética, Estados Unidos y Alemania; y desde ya que casi todos los presidentes latinoamericanos. Eso es lo que hoy está faltando: en los últimos años ni los presidentes de Brasil ni de Argentina han hecho visitas de Estado, con un diálogo de fondo con todos los poderes del Estado. Allí tenemos un déficit que nuestra diplomacia debe tratar de resolver, especialmente cuando, dentro de poco, tendremos nada menos que un nuevo presidente en Argentina. No es aceptable que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en sus dos mandatos, apenas haya estado en Uruguay sólo algunas horas por actos puntuales y con episodios tan lamentables, como fue el caso de la inauguración de una planta de Ancap, en cuyo discurso habló de una inversión de capitales argentinos, cuando, a la inversa, era una compra hecha por la empresa uruguaya.

Los viajes presidenciales siempre tienen su importancia. Es una ocasión privilegiada de diálogo, aun en el terreno comercial, porque si se organiza bien, es un momento en que exportadores nacionales pueden acceder a jerarcas a los que normalmente nunca llegarían.

Ya que hablamos de comercio, también es bueno señalar que las relaciones internacionales no se reducen a esa dimensión, como a veces suele decirse con simplismo. Sin duda la exportación es fundamental, pero también la política importa. Como política misma y, eventualmente, también en lo económico, porque en los organismos financieros internacionales, por ejemplo, el apoyo de ciertas potencias es fundamental en algunos casos y no puede despreciarse. Tener apoyo en organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o la Organización Mundial de Comercio no es insignificante y para ello es fundamental el diálogo político con los países que allí tienen particular influencia.

La inserción exterior del país es un asunto vital en un mundo globalizado. Hoy se vive, desgraciadamente, una crisis del multilateralismo. Una política de bloques opera más allá de las organizaciones instituidas. Nosotros estamos inmersos —y prisioneros— adentro de un inoperante Mercosur, en el que Argentina viola todos los compromisos y Venezuela degrada el prestigio democrático del grupo. En su tiempo, perdimos la oportunidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y, últimamente, nos negamos a sentarnos a dialogar acerca de un eventual tratado sobre comercio de servicios. Son anacrónicas decisiones, propias de una guerra fría clausurada hace años; supervivencias ideológicas que tergiversan de modo sustantivo el interés nacional al cual debe servir esa política exterior.

Los viajes presidenciales deben estar enmarcados en ese objetivo, el de apoyar las grandes líneas de una política exterior que, ante todo, debe ser clara, porque si no sabemos lo que nos conviene, estamos en problemas. Y eso es lo que el Frente Amplio y su célebre plenario le están enredando al Gobierno, con sus anacronismos y sus contradicciones.