En nuestra generación, el suplemento dominical de El Día y los especiales de El País, despertaban el interés por el pasado, trataban de evocar con estilo periodístico los grandes momentos. Los Cuadernos de Marcha, en su momento, ofrecieron también, en un nivel más académico, enfoques de temas históricos importantes, con autores de plural extracción.

A la actual deserción ha contribuido un conjunto de factores. Por un lado, opera una tendencia historiográfica, que llega a los profesores más jóvenes, con una actitud despectiva para lo que consideran una versión heroica del pasado, en beneficio de los factores sociales y económicos, que no deberían ser contradictorios con la exaltación de los mojones de la construcción nacional. Por otro, hubo tanto abuso de las celebraciones históricas en la época de la dictadura que aún se mantiene viva una cierta reacción. También se advierte una tendencia al “presentismo”, que desprecia la mirada hacia atrás, sin entender, como decía el gran Marc Bloch: “La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado”.

A estas razones de fondo se le añade, como en el caso, el traslado de las fechas, que las desdibuja completamente, les quita relevancia, las banaliza a un punto que ya los chicos de las escuelas y los liceos ni saben de lo que se trata.

El asunto es mucho más grave de lo que parece. Si el ciudadano no se forma desde los bancos de la escuela, como quería José Pedro Varela, difícilmente accederá a esa real condición. Podrán las personas haber nacido aquí, tener un documento e identificar su nacionalidad en el fútbol, pero con esos solos ingredientes no se construye la conciencia de los derechos y los deberes de una vida en sociedad y de un ejercicio cívico responsable.

No se propone un culto personalista de los héroes, las estatuas de bronce de valor sobrehumano. Pero esa bajada del bronce, que está tan de moda, no puede llevar a lo contrario: que no haya arquetipos humanos, ni historias ejemplares, ni la conciencia de pertenecer a una corriente de tiempo en que somos un eslabón, con todas sus consecuencias. Por ese camino no se genera el apego entrañable a la propia nación, lo que en Uruguay llamamos “la república”, expresión cargada de significado cualitativo. En la Argentina se invoca siempre a “la nación”. El banco oficial es el “de la Nación”. En nuestro país, es el “de la República”. Esto no es casual ni trivial. Es una definición de valores, que supone libertad, laicidad, igualdad ante la ley, aspiración de justicia, capacidad de gobernarnos. O somos eso o no somos nada. El Uruguay no se desgajó de las provincias rioplatenses para ser simplemente un territorio autónomo, sino que lo hizo en nombre de un pueblo que adhería a esos valores y en nombre de los cuales construyó, justamente, su particularidad nacional.

¿Por qué el éxodo? ¿Por qué las Instrucciones? ¿Por qué la independencia y la Constitución de 1830, cuyas definiciones fundamentales nos llegan hasta hoy? Nada fue casualidad. Hay una línea de pensamiento y acción coherente y sostenida en el tiempo. Eso es lo que debe irse entendiendo desde niños para luego poder comprender nuestras características, las mejores y las no tan placenteras.

En estos días se privilegia el análisis económico o la cotidianidad de la política en nombre de la necesidad. En ocasiones se advierte un cierto desdén por la historia, como si fuera pasado congelado. Nunca hubo un pueblo exitoso que no tuviera clara su misión histórica, desde la Atenas de Pericles a la Inglaterra de la reina Victoria.

Desde esta perspectiva de razonamiento, es triste comprobar que los pobres 33 orientales son, a lo sumo, la foto de un cuadro. No significan la voluntad de independencia, de autodeterminación, el culto a la libertad, la actitud heroica de quien hace fuerza de su propia debilidad. No se registran los avatares de una independencia que se construyó en pugna con las actitudes abusivas de Buenos Aires y de Brasil, por su voluntad de dominio y su confusión en esos grandes valores que reseñamos y que nos definen.

Los pobres 33 ya poco “desembarcan” en nuestras aulas y en la experiencia cotidiana. Es malo para todos. Especialmente para la conciencia ciudadana.

Recientemente, en el prestigioso Liceo Juan XXIII se realizó un acto público presidido por numerosas autoridades religiosas y de la educación para presentar un libro titulado La ignorancia de la ley no sirve de excusa, escrito por un profesor y un grupo de alumnos de la institución. Es una obra amplia, de más de seiscientas páginas, que se define como un “texto de estudio para la asignatura Derecho y Ciencia Política”.

Es muy importante partir de esa base. No se trata de un ensayo, producido en el vasto espacio de la libertad de expresión del pensamiento, sino de un texto dirigido a alumnos, a los que debe respetarse en su formación moral y cívica. La imparcialidad debe presidir, entonces, la exposición de los temas a partir, naturalmente, de la asunción inequívoca de los principios liberales que consagra nuestra Constitución de la República.

Es un trabajo serio, doctrinario, cuyos autores merecen todo el respeto a su esfuerzo. Por lo mismo es que nos permitimos establecer algunos puntos de vista discrepantes que, a nuestro juicio, hieren la necesaria imparcialidad del manual de estudio, lo que podríamos denominar laicidad en un sentido amplio, más allá de lo religioso. Se dice en el texto, con razón: “Un país laico debe garantizar el acceso a esos derechos básicos sin hacer distinciones entre creencias políticas, religiosas o filosóficas”. Sin embargo, se asume la peligrosa tesis de que ese respeto a opiniones diversas “no significa que el docente entre en una neutralidad ideológica, es decir, en no tomar partido por ideas o valores determinados. Lo que debe hacer es respetar el derecho del otro de pensar diferente”.

El docente está ubicado en un rol social e institucional preponderante frente al alumno. Respetar su posible pensamiento diferente empieza por no asumir posiciones parciales y ser realmente “neutral”. Lo único dogmático son las definiciones fundamentales de nuestro Estado de derecho. Allí sí no hay neutralidad, porque es obligatoria la formación cívica en aquellos principios básicos de nuestra organización. Explicar que existen otros, de acuerdo, pero siempre desde la base de asumir como propios los de nuestro sistema.

Esta definición presupone una actitud de mucho equilibrio. Por ejemplo, al explicar los mecanismos de la democracia directa, se ejemplifican los plebiscitos con el de la baja de la imputabilidad. Se emplean unas tres páginas y queda claro que los únicos argumentos calificados como “sustantivos” son los del “no”. En cambio, cuando se describe el fenómeno del referéndum, no se emplean ejemplos: bien podría ubicarse el de la ley de caducidad, fundamental en la transición uruguaya. Lo que ocurre es que los autores claramente se inclinan en contra de esa ley y por eso mismo ese pronunciamiento pacificador, tan pacificador como la amnistía a los tupamaros —de la que no se habla— queda desvanecido. Es un modo sutil, pero rotundo, de influir sobre el alumno.

En el tema de los medios de comunicación, se sostiene abiertamente una posición reguladora de estos sobre la base de que detentan un poder dominante. Se describe que, según la concepción marxista, los medios suponen la posibilidad de una construcción hegemónica y se menciona una investigación nacional que abonaría esa tesis. Esto es muy peligroso y especialmente está reñido con la pluralidad enorme de nuestro sistema de comunicación. La cantidad de diarios, radios y canales de televisión al alcance del ciudadano es multitudinaria. Hoy día, incluso, es muy difícil su subsistencia por esa enorme competencia. Que la legislación prevenga abusos y sancione delitos cometidos en el empleo de esos medios nadie puede discutirlo, pero ir más allá terminará comprometiendo libertades que son esenciales. Es lo que ha pasado en los regímenes socialistas, populistas o fascistas.

Se considera un error conceptual “librar la regulación de medios a la [ley] del mercado”. Es un modo falaz de plantear el tema, porque no se trata simplemente del mercado, sino de la libertad de expresión del pensamiento y de la libre opción de la gente. Últimamente, se ha visto claramente en Argentina cómo el Gobierno kirchnerista intentó dominar los medios induciendo a que la mayoría de estos fuera adquirida por empresarios amigos y de qué manera la audiencia se corrió a los pocos espacios independientes, que, pese a ser escasos, tuvieron una enorme acogida.

Se afilia luego el texto a la tesis del derecho a votar de los uruguayos residentes en el exterior. En ese contexto se pregunta: “¿Qué está pasando en nuestro país que cuesta tanto avanzar en este sentido?”. Pues bien, lo que está pasando es que la “República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio” (artículo 1º de la Constitución). La integran quienes, aun sin ser ciudadanos, viven aquí y gozan de las garantías de la Constitución. No la integran, según el código magno, quienes no están en nuestro territorio. Cosa que incluso se le exige al ciudadano, hijo de padre o madre uruguayos, que sólo adquiere su condición de ciudadano natural por el hecho de “avecinarse” en el país. Podrá discutirse, pero ese es nuestro derecho y se basa en una realidad: los ciudadanos en el exterior votan, normalmente, de un modo diferente, pues responden a un ambiente distinto.

En el tratamiento de la transición hacia la democracia es donde claramente este texto asume una posición militante, desde un punto de vista absolutamente parcial, incompatible con su condición de texto curricular. Se asume, con razón, que la dictadura cometió horrendos ataques a los derechos humanos. No se menciona por ningún lado que ellos fueron precedidos de otros crímenes, en muchos casos de idéntica naturaleza, por “organizaciones políticas”, como las que en Uruguay intentaron, por medio de la violencia, derribar sus instituciones democráticas y arrastraron al país al conflicto. Ese es un escamoteo de hechos sin los cuales el proceso histórico es incomprensible. Las invocaciones a la memoria que se hacen son absolutamente parcializadas, tanto que sólo se repudia el terrorismo de Estado y no el de “organizaciones políticas” que también pueden ser responsables de delitos de lesa humanidad, conforme a la norma internacional. ¿Secuestrar a embajadores y extorsionar a una república independiente no es terrorismo? Con ese criterio, ¿la ETA no fue una organización terrorista?

Se sostiene que las leyes pueden ser retroactivas cuando se trata de derechos humanos, lo que es aberrante. Se sostiene con razón que no hay justificación alguna para ruptura del orden internacional, pero no se dice que esa ruptura fue primero intentada por la guerrilla inspirada en Cuba, que pretendía imponer una tiranía y luego, desgraciadamente, consumada por militares que, naturalmente, carecen de todo eximente para su atropello.

Nos preocupa, honestamente, que a jóvenes liceales se les esté inculcando una visión torcida de un proceso de transición notable, que nos permitió vivir en paz y libertad desde el 1º de marzo de 1985 hasta hoy. Que no sufrimos rebrotes de violencia como vivió la Argentina ni tuvimos que soportar la convivencia con el dictador como pasó en Chile. Nadie ha sostenido que no haya que buscar la verdad ni borrar la memoria. Lo que sí sostenemos —y así lo ha dicho la mayoría de este país— es que el perdón generoso y amplio suele ser el camino para reencontrarse con la paz y gozar plenamente de los derechos humanos. Los traicionan quienes reclaman justicia para unas violaciones y olvido para otras, quienes clasifican muertos según ideología. En el terreno filosófico todo es discutible, pero en el de nuestra historia hay dos cosas incuestionables: que las amnistías fueron eficaces y evitaron toda recaída de las agresiones a la institucionalidad, y que ello fue aprobado por una ciudadanía que ratificó por dos veces con su voto la ley de caducidad. Golpearse el pecho cuando nada se hizo para reconquistar los derechos humanos y condenar sólo a una parte de sus enemigos es el modo más perverso de agraviarlos.

Da la impresión de que él ni idea tenía de lo que iba a ocurrir cuando vino con un pasaje marcado de retorno para dos días después de la presentación de su libro. El hecho, sin embargo, es que sus viejos compañeros, hoy en el poder, lanzaron su andanada contra él y la Justicia resolvió ubicarse entre la espada y la pared.

Lamentablemente, el país sigue enredado en las ominosas historias de aquellos años en que un grupo mesiánico intentó, por medio de la violencia, derribar las instituciones del país. Entraron a la cárcel repudiados por la gente y salieron bendecidos por los malos tratos que les infligió arbitrariamente la dictadura. Es uno de los peores legados del nefasto período de facto. Lo malo es que la voluntad pacificadora que el país tuvo al salir de él (y que tanto éxito tuvo, como que hemos vivido en paz y democracia estos años) se cuestiona todos los días. Ahora circulan las venganzas como moneda corriente y se sigue manteniendo vivo lo que solo debería ser materia de análisis histórico.

Como ya hemos explicado, en principio, los delitos de los que se habla están amnistiados, como lo están “todos los delitos políticos, comunes y militares conexos con estos, cometidos a partir del 1.º de enero de 1962” al amparo de la ley 15.737 aprobada y promulgada el 8 de marzo de 1985. La intención era clara: amnistiar -o por lo menos liberar- a todos los guerrilleros que en la época habían actuado contra la Constitución. Hubieran estado presos o no, quedaron amnistiados. Y en esa condición quedaron liberados quienes después llegaron hasta la Presidencia (caso José Mujica) u ocupan hoy cargos en el gabinete (Fernández Huidobro, Eduardo Bonomi y Jorge Vázquez).

Fue una ley generosa y pacificadora, que se aplicó con amplitud. En ella se exceptuaban, sin embargo, a los militares y los policías (art. 5.º) o a los civiles que actuando con móviles políticos cometieran esos delitos “amparadas por el poder del Estado en cualquier forma o desde cargos de Gobierno”. También fue clara la alusión para los civiles que integraban el régimen militar. Por allí aparece entonces la figura de Héctor Amodio Pérez como eventual colaborador de las Fuerzas Armadas. Naturalmente, incriminarlo supone probar que actuó con un móvil político. ¿Cuál era? Además, ¿actuaba con la conciencia y la voluntad de perseguir, dolosamente, que esas detenidas fueran torturadas? Luce como absurda presunción en alguien que está preso y sometido a la arbitrariedad de sus captores. Simplemente es alguien que, con la voluntad enajenada por la prisión, trata de salvarse él y punto. Ahora bien, si es colaborar denunciar a compañeros de su errática causa, en ese caso debería caer una hilera, porque no fue solo el tal Amodio el que lo hizo.

Por supuesto, el protagonista del episodio miente tanto como los otros y también dice verdades en la misma medida que los demás. Todo es media verdad y media mentira, pero nadie asume que fueron responsables de una tragedia, por la que no solo deberían pedir perdón sino llamarse a silencio. Han pasado 52 años desde que comenzaron su locura guerrilla. Hace 30 años que estamos en paz. ¿No deberíamos terminar? ¿No está todo prescrito, jurídica y, sobre todo, moralmente? Como explica con total claridad el Dr. Hebert Gatto en su artículo de El País del lunes pasado, es un error judicial decir que no corrió el plazo de la prescripción durante la vigencia de la ley de caducidad, porque una ley por definición no es una “fuerza mayor”, o sea, un terremoto o un incendio, una causa grave e imprevista que impide ejercer un derecho. ¿Cómo puede decirse que no corre la prescripción cuando el derecho a denunciar un delito había caducado por imperio de una ley?

En lo personal, no tengo la menor simpatía por el señor Héctor Amodio Pérez, comando de la mayor fuerza operativa del Movimiento de Liberación Nacional. Pero no es él quien está en juego. Lo están los principios del derecho y la voluntad pacificadora del país, una y otra vez expuesta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir envenenando a las nuevas generaciones y transmitiéndoles imágenes distorsionadas de ese pasado que debiéramos librar al análisis sereno de la historia?

En aquel momento convivían la esperanza y los temores. La libertad reconquistada, la prensa expresándose libremente, los partidos funcionando, llamaban a la alegría, al reencuentro con lo mejor del país.

Al mismo tiempo, las acechanzas eran enormes. El PBI había caído un 15% en los tres años anteriores, luego de la ruptura de la famosa “tablita”, en noviembre de 1982 y la consecuente devaluación. La deuda externa equivalía a tres años y medio de exportaciones, en una América Latina que vivía una generalizada crisis financiera. El salario real había caído un 30%. La mayor parte de la banca privada estaba técnicamente quebrada y podía generar en cualquier momento una catástrofe.

A este panorama había que añadirle los riesgos propios de la transición. La dirección tupamara estaba aún presa y se extendía por el país un reclamo de amnistía. Habían entrado a la cárcel como réprobos, pero el maltrato sufrido les bendecía ahora con una actitud indulgente de la ciudadanía. Por otro lado, la situación militar vivía las tensiones propias del abandono del poder y la clara distancia entre los comandantes en jefe que habían acordado la salida y quienes rodeaban al Tte. Gral. Alvarez y mascullaban enojos. Muchos de ellos estaban convencidos de que el retorno político se haría inviable y que el sindicalismo y otras fuerzas radicales retornarían al país al clima de tensiones que había alfombrado el camino al golpe de Estado.

Para quienes hoy tienen 45 años, esto es historia antigua. Quienes hoy andan por los 55 años, ni siquiera tienen mayores vivencias de la dictadura comenzada en febrero de 1973. Es el fluir natural de la historia. Lo que hoy saben de aquel pasado neblinoso, es vago e impreciso. Tienen claro que el país sufrió una dictadura, que de ella se salió en paz y que llevamos ya cinco gobiernos democráticos, tres colorados, uno nacionalista y ahora tres del Frente Amplio. De esa historia han oído versiones diversas y el oficialismo educativo les ha hecho creer a muchos que los tupamaros lucharon contra la dictadura, cuando su empeño fue para sustituir la democracia por una revolución a la cubana.

Escuchan hablar de la desgracia de las personas desaparecidas bajo la dictadura, de reclamos de juicio a militares, pero no se les recuerda que a quienes trajeron la violencia al país también se les amnistió. Se actúa como si la ciudadanía, en dos oportunidades, con 20 años de distancia, no hubiera ratificado la amnistía militar, simplemente por una voluntad de paz.

Estas generaciones de que hablamos han abierto los ojos a la vida cívica con un país pacificado y una democracia funcionando. Quizás ello les quita perspectiva para valorizar el esfuerzo del país en estos años, a partir de aquel primer gobierno que tuvo que administrar legítimos reclamos sociales y acompasarlos al imprescindible crecimiento de una economía malherida. Bueno es recordarlo, entonces, para entender cuánto hay que cuidar las instituciones, la legalidad, el clima de convivencia, un debate público vivo pero respetuoso.

Si el país perdió un día la libertad fue porque antes había perdido la tolerancia. Hay una inexcusable responsabilidad de quienes creyeron que había llegado la hora de la revolución y se lanzaron a una aventura desestabilizadora, que produjo el efecto exactamente opuesto al buscado: en lugar de una revolución cubana vino una dictadura militar de derecha. También hubo responsabilidad, incuestionable, de los mandos militares que, luego de derrotar ese intento desestabilizador, mesiánicamente se creyeron llamados a asumir el gobierno por la fuerza, para preservar al país de la violencia guerrillera y de lo que ellos juzgaban demagogia de los partidos políticos.

Nadie de buena fe puede dudar del éxito uruguayo de estos 30 años. Nadie fue excluido de la transición y baste pensar que preside el gobierno alguien que estaba preso en aquel tiempo, procesado por los jueces de la democracia y no por la dictadura. 

Es indudable el progreso material de todos estos años. Desgraciadamente, hemos retrocedido como sociedad en la educación, en la legalidad, en la inclusión social, porque aunque se hagan malabares con los números está claro que hoy existen entre nosotros barrios emancipados de toda autoridad, ganados por el delito y los jóvenes están peor preparados que nunca para la sociedad del conocimiento.

El sistema político funciona. La economía ha crecido. La sociedad, sin embargo, adolece de innúmeras fracturas. Es difícil hablar de “los uruguayos” con generalidad, cuando vemos en el fútbol tribus urbanas desatadas y en la calle un delito cada vez más cruel. Mientras que desde las alturas se dice que la política está por encima de las leyes.

La complacencia no puede llevar al país a bajar los brazos. Simplemente eliminando la repetición en las escuelas y en los liceos no vamos a mejorar el rendimiento de los alumnos. Legalizando la marihuana no vamos a combatir mejor la droga. Legitimando el patoterismo sindical no vamos a mejorar la productividad del país. Llevando los fiscales a la Presidencia de la República no vamos a ofrecer mejores garantías a los ciudadanos.

30 años entonces… pero la lucha continua.