Además de ser un fallo razonable y esperable, es una reivindicación para todas esas voces que alertaron sobre la inconveniencia e inconstitucionalidad de este acuerdo. Desde la oposición y en reiteradas oportunidades, advertimos que esto iba a suceder y que era un mal paso para nuestro país pero como dice el refrán, no hay peor sordo que el que no quiere oír.

En una de las asambleas de las Naciones Unidas apenas asumido su primer mandato, la Presidenta pidió a Irán que respete la Justicia Argentina y ponga a disposición a los funcionarios sospechosos. Fue una posición firme y correcta, luego desautorizada por la promoción del acuerdo y su posterior aprobación en el Congreso.  Anticipamos que el  mismo no tendría ningún efecto favorable en la causa y que tampoco contaba con el consenso necesario, así lo hicieron saber distintos representantes de la comunidad judía.

Desde nuestro espacio fuimos claros al rechazar el memorándum y sobraban los argumentos: daba marcha atrás a todo un proceso judicial, creaba una comisión fuera de lo que correspondía y por sobre todas las cosas, proponía acordar con los propios acusados y eso no era un camino viable, menos siendo funcionarios del gobierno.

Meses atrás en el Congreso de la Nación realizamos una audiencia pública para promover la derogación del acuerdo con Irán. Legisladores, juristas, especialistas y referentes de la comunidad judía expresamos nuestras posturas y solicitamos que se adoptara esa medida. La costumbre del oficialismo de imponer la mayoría sin escuchar hizo que finalmente fuera la  Justicia quien nos diera la razón. Finalmente, y como fueron las Cámaras las que votaron el acuerdo, deben ser ellas quienes corrijan lo actuado. Espero que así lo entiendan los legisladores que lo aprobaron y avancemos con la derogación.

Veamos algunas de las consecuencias de la aplicación de esta política. Durante el primer cuatrimestre del 2014 y en relación a igual período del año anterior, las ventas de 0 km bajaron un 18%, la producción disminuyó un 18% y las exportaciones un 18,6%. El cuadro empeora cuando analizamos la situación que se presenta a los trabajadores de las automotrices.  Se han informado más de 12 mil suspensiones y hablamos de un sector que contempla al rededor de 165 mil empleos.  Entonces, ¿priorizamos la recaudación o la protección del empleo?

Otra arista a tener en cuenta es el impacto de la inflación en el precio de los rodados. En algunos casos, el impuesto se tradujo en aumentos de 100% en los precios finales, abarcando cada vez a más autos, incluso los nacionales. Existen en la actualidad autos sedanes medianos afectados por el tributo y la ley no contempla ningún mecanismo de actualización de los valores. La actual administración aumenta constantemente la presión fiscal cuando en su lugar debería buscar alternativas para aumentar el desarrollo productivo y la creación de empleo genuino. Es una contradicción que por un lado promuevan la ley de protección de trabajadores y por el otro desatiendan la situación de los trabajadores de las automotrices.

Además, se le quita otra alternativa de ahorro a la sociedad. Si bien un auto no es la mejor inversión, en el contexto actual se encuentran acotadas las posibilidades de ahorrar en dólares o en ladrillos y la inflación hace que no sea rentables los plazos fijos. Este impuesto desalienta la compra de vehículos y limita las alternativas de inversión.

Esta medida que perjudica al sector automotriz es un eslabón más de la cadena de errores que ha cometido el gobierno nacional. Cadena formada por el límite a las importaciones que afectó los costos de producción, el espiral inflacionario no reconocido ni manejado, el posterior cepo al dólar con consecuencias negativas para el mercado inmobiliario y la construcción. Se pueden remediar esos errores y el primer paso es reconocerlos. Deroguemos el impuesto y protejamos el empleo de miles de trabajadores.