Son muchos los casos que nos ilustran la necesidad de ese Estado Presente y que reclamamos como sociedad; niños en riesgo de vida por desnutrición, alarmante deserción escolar,  niveles académicos magros, situaciones de vulnerabilidad social y de maltrato infantil, entre otros.

Con la Cédula Escolar nos proponemos dar un paso, no solo en conocer la situación real de nuestro país sino en ir más allá de la simple verificación estadística de esa realidad, buscando cambios concretos y efectivos que permitan poner en marcha acciones preventivas que eviten esa vulnerabilidad. La cédula escolar tiene una finalidad resolutoria, integral y no persecutoria, permitiendo primero diagnosticar el sistema (algo indispensable) y luego brindar soluciones en materia de políticas públicas.

Los niños y jóvenes del sistema educativo deben ser prioridad del Estado. Un Estado presente para actuar, debe conocer y contar con información actualizada que  permita individualizar causas, asistir a cada individuo en su realidad y proponer soluciones concretas tales como uso efectivo de los servicios sanitarios, mejorar programas sociales, el entorno físico y social del niño y lograr mayor eficiencia en la Asignación Universal por Hijo, entre otros.

La cédula permite integrar en forma precisa datos preexistentes sociales, educacionales y de salud; a través de un soporte informático o digital unificado en todas las jurisdicciones. Por su carácter estatal  se brindan las garantías necesarias como apoyo fundamental para el ejercicio de las funciones propias de los poderes del Estado, que no son más que velar por la seguridad, salud y educación de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Existen varias jurisdicciones en el país que cuentan con legajo o registro digitalizado de alumnos (SINIDE) pero al no estar centralizados ni integrados entre sí ni con otros organismos,  se desaprovechan datos e informes importantes que garantizarían el trabajo en conjunto de las distintas aéreas.

La cédula escolar responden al reconocimiento de los derechos a la educación y a la salud consagrados en tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional-Declaración Universal DDHH; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención sobre los Derechos del Niño etc.- como así lo consigna nuestra Carta Magna; legislando y  promoviendo  medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos.

El proyecto contempla el derecho a la intimidad y se legisla para no poner en riesgo la privacidad de nuestro niños, y así establece el deber de resguardar y preservar el derecho a la autodeterminación informativa, la confidencialidad de los datos y el uso sólo para fines sociales y/o educativos de los responsables de dicho programa; como así también sus fundamentos limitan la utilización de los mismos a funcionarios especialmente designados; no debemos olvidar que los fundamentos de nuestras leyes, establecen el espíritu.

Para el resguardo de esta información, nuestro sistema cuenta con la ley 25.326  y con la Dirección de Protección de Datos Personales como principal ente de control, para garantizar el correcto funcionamiento de estos registros. La ley de protección de datos personales establece que es posible la recolección y tratamiento de datos sensibles cuando median razones de interés general autorizadas por ley, que es justamente lo que pretende este proyecto procurando el bien común; describe a los datos sensibles como aquellos que revelan origen racial y ético, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referentes  a la vida sexual o a la salud, siendo el Estado el principal tutor de los mismo.

Considero que es un avance para nuestro sistema educativo, permitiéndonos un salto cuantitativo y cualitativo en el diagnóstico del mismo, permitiendo generar políticas al Estado Nacional que sean soportes para cada provincia, brindando medios y recursos necesarios, en pos a la igualdad de todos los niños, niñas y adolescentes de todo el país.

Son muchos los estudios que demuestran la relación entre los niveles de educación y de pobreza: a mayor nivel educativo alcanzado disminuyen notoriamente las posibilidades de ser pobres y estar marginados de la sociedad, que genera un círculo vicioso en las futuras generaciones.

Cada política que se ocupe de que los niños estén en las escuelas nunca estará de más, desde la asignación universal que les permita desarrollarse en plenitud, la obligatoriedad de sala de 4 años, entre tantas otras.

Pero todos nuestros esfuerzos comienzan con nuestros hijos en las escuelas, para eso deberemos saber dónde están, por qué faltaron. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para que eso ocurra? Es oportuno poner en marcha la cédula escolar nacional para que nos ayude a identificar el problema desde la individualización de cada niño, con un registro detallado de su vida escolar, actualizado y de cada rincón de la república. Más allá de conocer la realidad, nos posibilitará actuar a tiempo y solucionar dificultades. No puede haber educación sin chicos en las escuelas, con niños trabajando o pidiendo en las calles. El Estado está obligado a trabajar en eso para garantizar todos los derechos que como persona nos corresponden.

La cédula escolar federal es un instrumento que alcanzará a cada niño, garantizará el cumplimiento efectivo de la obligatoriedad escolar (artículo 16 de la ley 26206). Primero debemos resolver la carencia de datos de quienes nunca ingresaron en el sistema educativo, es decir, de aquellos por escolarizar. Si bien existe información sobre escolarización que permite hacer estimaciones acerca de la cobertura, la deserción, la repitencia y la promoción, esta no posibilita individualizar al niño que no ingresó o no permanece en el sistema.

La cédula escolar consiste en llevar un registro con el nombre del niño, su documento y su trayectoria escolar. Permite saber quién abandona la escuela o cambia de escuela o de jurisdicción y monitorear la trayectoria escolar. Para esto, es necesario que todas las jurisdicciones del país cuenten con un soporte informático unificado, que nos indique la trayectoria escolar de niños y adolescentes en todo el país.

Siendo el Consejo Federal de Educación el organismo ideal para poner en funcionamiento el programa, en articulación con otras reparticiones, como el Registro Civil, el Ministerio de Salud, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), los juzgados de familia y las dependencias nacionales, provinciales y municipales correspondientes. El Registro Civil permite cruzar datos para identificar con certeza a los niños en edad escolar que están fuera del sistema e iniciar acciones con el juzgado de familia para reinsertarlos, para descomprimir su trabajo. Sería conveniente la creación de tribunales escolares que abordaran la problemática específica. Los responsables de este programa deberán arbitrar los medios para garantizar el habeas data, y los datos podrán ser utilizados únicamente por funcionarios especialmente designados, sólo con fines sociales o educativos.

Este instrumento nos permitirá ampliar su registro a las áreas de salud, nutrición, vacunación y lo que refiera al abordaje integral de cada persona.

No es posible y no debemos permitirnos como sociedad naturalizar que un niño esté en la calle pidiendo o trabajando. Pierde así su derecho a la igualdad.

La cédula escolar ayudará a conocer esa situación y a actuar sobre las causas para llegar a tiempo al encuentro de una solución oportuna y efectiva. Siempre —está comprobando— es mejor prevenir que curar. Estoy convencido de que este es el medio para lograrlo.