Los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM) suelen pasar sin pena ni gloria por los grandes medios de comunicación. Siempre decimos que si hubiera 20, 30 mil varones -por ejemplo, trabajadores de determinado sector- que se juntaran todos los años ininterrumpidamente desde hace 28 años, sería un evento tapa de los principales diarios y ocuparía buena parte del espacio de los noticieros. Pero somos mujeres, y nuestras luchas, nuestros sueños y horizontes, son la mayoría de las veces silenciados u omitidos por las agendas de los sectores de poder.

Ha corrido mucha agua bajo el puente desde aquel primer encuentro que se realizaba en Buenos Aires en 1986, y los ENM se fueron convirtiendo en la expresión más importante de las luchas que las mujeres vamos desarrollando en diferentes espacios y territorios donde la sociedad actual aún nos domina, oprime y violenta: las fábricas, las casas, los barrios, las escuelas, los hospitales, los sindicatos, las universidades, la ciudad, el campo. No son abordadas allí simple y llanamente “cuestiones  de mujeres”, sino cuestiones que -por supuesto- hacen a demandas específicas y además otras más generales, con la originalidad de ser abordadas con la mirada de las mujeres.

La enorme cantidad de mujeres que nos reunimos aumenta año a año y sin dudas que el 2001, cuando distintas expresiones de luchas sociales y populares cobraron masividad y combatividad, fue el año en que los ENM dieron un salto gigantesco. En estas casi tres décadas, el encuentro recorrió gran parte del país, incluida San Juan en 1997, donde el gobierno provincial y la jerarquía de la Iglesia Católica emprendieron una dura batalla por frenar su realización y, al no poder lograrlo, realizaron uno paralelo.

Hoy volvimos a San Juan, una provincia que es máxima expresión de los nuevos milagros que nos quieren vender: la provincia de la megaminería, de las empresas que se instalan, saquean los bienes naturales, contaminan nuestro ambiente, explotan a los trabajadores y luego levantan campamento cuando ya no les conviene seguir, dejando todo peor que antes. Por eso este sábado a las 18 un conjunto de organizaciones feministas, sindicales, políticas, ambientalistas y sociales, realizaremos un escrache a las empresas tercerizadas de la Barrick Gold y al Centro Cívico, para denunciar el saqueo y la contaminación de nuestros bienes comunes y también para visibilizar que de la mano del extractivismo vienen las redes de trata de mujeres y niñas para la explotación sexual. Si históricamente la ruta del petróleo era la de la prostitución, hoy los enclaves megamineros son un polo de atracción para quienes lucran con el secuestro y la explotación de mujeres, con la connivencia de todos los poderes del Estado. Decimos que luchamos por la soberanía sobre nuestros territorios y sobre nuestros cuerpos, como muchas feministas del continente.

El aborto legal es una deuda de la democracia

Hace pocos días se discutió en la Cámara de Senadores de la Nación una reforma al Código Civil en el que se afirma que la “vida comienza con la concepción”, retrocediendo en la amplitud de criterio incluso a la redacción orginal de Vélez Sarszfield. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito emitió un comunicado en el que indica: “…tanto desde el punto de vista civil como penal, el derecho argentino no ha otorgado el mismo status al embrión que a la persona nacida. Si bien el Código Civil dice que se es persona desde el momento de la concepción inmediatamente sujeta esta cualidad a su viabilidad, o sea, que si no hay nacimiento con vida no hay persona. Los ejemplos en el derecho penal son varios, entre otros, la distinta pena que merece el homicidio en comparación con el aborto, y que este no es punible en grado de tentativa. Al realizarse estas construcciones, se puede correr el riesgo de tergiversaciones interpretativas de todo el articulado legislativo y convencional, en especial en lo que se refiere a los derechos humanos de las mujeres, particularmente sus derechos sexuales y reproductivos. Violan los principios de igualdad y no discriminación por sexo que establecen los tratados y convenciones de DDHH, ya que solo las mujeres son actuales o potenciales gestantes”. El proyecto de reforma va completamente en contra de las recomendaciones de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos.

Estos sucesos recientes sin duda atravesarán los talleres de discusión sobre el derecho al aborto, que suelen ser polos de fuertes discusiones sobre la estrategia a seguir para conquistar ese derecho, entre las mujeres que allí concurren. Según la Organización Mundial de la Salud, Argentina tiene una tasa de mortalidad materna de 77 por 100 mil nacidos vivos, una cifra inadmisible en relación a otros indicadores de salud de Argentina. Se sabe que casi la mitad de esas muertes corresponden a secuelas de abortos inseguros. La necesidad de avanzar en la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es una cuestión de salud pública. También es un tema de derechos humanos y de justicia social. Que quede claro, el aborto existe aún en la ilegalidad y a causa de esa sanción penal miles de mujeres mueren, particularmente mujeres de los sectores populares.

El ENM servirá, sin duda, para reforzar y relanzar la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y volver a poner en agenda la necesidad urgente de aprobación del proyecto de ley cajoneado desde hace más de cinco años, aún contando con la firma de más de 50 diputados y diputadas de todos los sectores políticos. Lo que falta es la voluntad real de aprobarlo y no sólo de incluirlo como un eje “políticamente correcto” en las campañas electorales.

Varias decenas de miles de mujeres llegamos a San Juan con mucho aprendido sobre nuestras espaldas, y con todo lo que aún nos golpea: con un enorme esfuerzo financiero debido al alza de precios y a la inflación, con trabajos precarizados y derechos sociales y familiares que no alcanzan para aliviarnos las duras jornadas de trabajo doméstico y cuidado de la familia, con derechos sindicales en los cuales no se contempla suficientemente nuestras particularidades como mujeres, con la violencia que aún sufrimos y las instituciones que no contienen y acompañan suficientemente.  Y nos iremos con los mismos problemas, pero con otra mirada y mucha más fuerza para seguir luchando por una sociedad realmente igualitaria y para seguir sembrando rebeldía feminista en las plazas, en las casas y en las camas.

Ante todos estos reclamos, la respuesta del gobierno de Mauricio Macri y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Santley, fue tratar a los trabajadores como si fuéramos descartables –metiendo patotas armadas en nuestro lugar de trabajo- y despidiendo trabajadores; y a las personas en la calle como objetos a depositar en paradores y hogares.

El 30 de octubre pasado los trabajadores y trabajadoras del BAP volvimos a sufrir un nuevo ataque por parte de una patota en el lugar de trabajo. Ese día era el  acordado con la gestión para que los delegados retomemos tareas en el lugar de trabajo. Luego del dictamen favorable del Ministerio de Trabajo de la Nación a los delegados y a la Junta Interna de ATE- BAP como legítima organización de los laburantes, una patota del SUTECBA  impidió el ingreso de los delegados del BAP, a la vez que controlaba el acceso al Hogar de Ancianos Rawson amedrentando y agrediendo a toda persona que quisiera ingresar, puntualmente a las compañeras del turno de las siete de la mañana.

El gobierno de Mauricio Macri representado por la ministra Stanley, el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Santiago López Medrano, y el director general de Atención Inmediata (del cual depende el  BAP), Ramón Lanús, dicen ‘no poder hacerse cargo de la seguridad de los trabajadores frente a la patota’. Hernán Berisso, gerente del Área Operativa del Programa, así lo afirmó en el acta redactada ante la escribana de ATE el mismo día 30. ¿Quién gobierna en el Ministerio? ¿Stanley o una patota armada? La patota liderada por Oscar “Cuca” Alcucero y compuesta por varios miembros de la barrabrava de San Lorenzo, choferes del Programa -utilizados como grupo de choque bajo la amenaza de perder su trabajo- y personas del SUTECBA que nunca trabajaron en el Rawson, aunque parecen ser los dueños del edificio público donde se encuentra la base operativa del BAP.

Estas prácticas son parte de la normalidad en nuestros trabajos, el hecho de que cada vez que queremos organizarnos, ejercer nuestros derechos y garantizar la libertad sindical, así como realizar de la mejor forma nuestras tareas, aparezca una patota armada para frenar la organización de los trabajadores. Esto mismo ya había sucedido el año pasado en el BAP, hecho que fue denunciado de mil maneras y al cual el gobierno nunca le dio una solución, la patota es la que parece que manda y sigue adentro del Ministerio decidiendo por el gobierno a través de aprietes y amenazas.

Esto es así, porque existe una connivencia entre la patota y el gobierno de Mauricio Macri. En el BAP se da una situación de cogobierno entre López Medrano y la patota del sindicato. El gobierno avala el robo de gasoil y de insumos, el desmantelamiento de las camionetas por parte del personal de SUTECBA, que producen el mal funcionamiento del Programa. Además  subejecuta el presupuesto, incumpliendo la ley para personas en situación y riesgo de calle.

Esta modalidad de violencia sistemática contra los trabajadores por parte de la patota del SUTECBA, y avalada por la gestión del Ministerio, se da también con las personas en situación de calle, ya que en forma permanente personal de Espacios Públicos en operativos de conjunto con la Policía Metropolitana ejercen violencia quemando ranchadas, lastimando  y obligando a las personas a abandonar sus lugares, operando al mejor estilo UCEP, causa por la cual el Jefe de Gobierno está actualmente procesado.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires es un importante negociado para el Gobierno y SUTECBA, a través del manejo de los planes sociales y subsidios habitacionales.

Sólo la vuelta de los delegados al Rawson puede garantizar la libertad sindical y la integridad física de los trabajadores del programa que trabajan cotidianamente bajo amenazas y aprietes. Es necesario poner en jaque el búnker de SUTECBA y los negociados en el Ministerio de Desarrollo Social y el BAP.  Solo la vuelta de los delegados puede garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas en calle.

El BAP es el encargado de realizar todos los inviernos el denominado “Operativo Frío”. Este programa, que trabaja con personas en situación de calle en la ciudad, está lejos de ser “la panacea de los pobres” que intenta mostrar el macrismo a través de sus propagandas y de sus videos institucionales. Según el Gobierno de la Ciudad, existen actualmente 800 personas en calle y esa es la cifra oficial que difunden; sin embargo varias organizaciones sociales (Proyecto 7 entre ellos) y de derechos humanos, denuncian hace años que la cifra real de personas y familias en situación de calle se ubica entre los quince y dieciseis mil personas.

Ciertamente esta ultima cifra se corresponde con la realidad a la que nos enfrentamos los trabajadores del BAP, que somos los que todos los días encaramos nuestras tareas dentro del programa. Es evidente que cuando el GCBA parte de una cifra tan baja e irreal, la política pública que se desarrolla en los programas sociales para trabajar la problemática es, como mínimo, deficitaria.

Los trabajadores del BAP venimos denunciando desde agosto de 2012 la permanente intención de vaciamiento que existe en el programa, y que se agudiza día a día. Los recursos del Ministerio son subejecutados: de los 45 móviles con los que cuenta el programa sólo andan diez, y la mayoría no cuenta con gasoil los últimos día del mes. Ni siquiera cuentan con las condiciones mínimas de seguridad que se exigen para la circulación de un vehículo en la ciudad, como ser cinturones de seguridad. Si bien durante el “Operativo Frío” suelen abrirse más dispositivos (paradores), es frecuente encontrarse con lugares que no están habilitados por no contar con las condiciones necesarias para alojar personas.

Un ejemplo es el club Martín Fierro, club del barrio de San Cristóbal, se convierte durante el invierno en un parador. Para ingresar, las personas en calle deben hacer horas de cola, ingresando recién a las seis de la tarde y retirándose del parador todos los días entre las seis y las diez de la mañana, independientemente de las condiciones climáticas, llueva o haga tres grados bajo cero. Las personas, familias y niños no pueden permancer dentro del dispositivo. La mayor parte de los hogares y paradores de la ciudad no cuentan con los insumos necesarios para trabajar con los alojados.

Estos dispositivos terminan siendo depósitos de personas, ya que no existe una política integral que aborde la problemática de situación de calle. La cantidad de trabajadores designada es insuficiente, por lo que no se realizan los seguimientos necesarios.

Los paradores que se abren durante el Operativo Frío, cierran automáticamente cuando este operativo llega a su fin, independientemente de si sigue haciendo frío en la ciudad o no. Cuando esto sucede las personas quedan en la calle nuevamente (resentidas con un Estado que los abandona a su suerte una vez más.)  El macrismo dice que tiene 700 operadores y profesionales trabajando en el Operativo Frío. ¿Pero cómo? ¿Tantos trabajadores para 800 personas en calle? Si esto fuera cierto, los trabajadores del BAP podríamos realizar una atención y seguimiento personalizado de cada una de las personas, situación que nada tiene que ver con la realidad.

Los trabajadores del BAP venimos denunciando esta situación hace mucho tiempo. El vaciamiento de las políticas sociales y la subejecución presupuestaria se pagan con la vida y la salud de hombres, mujeres y niños en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo se va a hacer cargo el macrismo de los pobres de su ciudad? 

Al declarar inconstitucional el veto de Macri a la ley sobre abortos no punibles, se dio lugar a un protocolo que garantiza el derecho de las mujeres a realizarse, en los casos que establece el Código Penal, la interrupción de un embarazo. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de marzo del año pasado fue, sin duda, un gran paso en este sentido, dando por tierra con las interpretaciones restrictivas que en todo el país venían ralentizando el acceso al derecho, sometiendo a las mujeres a intervenciones judiciales que en muchos casos terminaban impidiendo, por los tiempos, la realización del aborto. El protocolo vigente ahora va a garantizar en la CABA que toda mujer que haya quedado embarazada producto de una violación, o que su salud o su propia vida corran riesgo en caso de sostener el embarazo, pueda interrumpir, en condiciones de legalidad y salubridad su embarazo.

Con este fallo mujeres de la Ciudad vamos a poder acceder a las prestaciones establecidas en la ley que, entre otras, son: la realización del diagnóstico, de los estudios y de las intervenciones médicas necesarias para la interrupción segura del embarazo; el acceso a tratamiento psicoterapéutico desde la primera consulta y mientras resulte necesario, a petición de la mujer; la consejería en salud posterior a la interrupción del embarazo, que incluya información y provisión gratuita de métodos anticonceptivos e información sobre prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Asimismo, sigue siendo necesario que el Ministerio de Salud de la Nación le dé carácter de resolución ministerial a la Guía Técnica de Atención de Abortos No Punibles, para homogeneizar el acceso a este derecho en todo el territorio nacional.

Lo que aún es una deuda pendiente es la discusión en el Congreso de la Nación del proyecto de ley elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que tiene la firma de más de 40 diputados y diputadas, que va a poner fin a una problemática de salud pública como es el aborto clandestino. Las muertes por causas relacionadas al aborto clandestino son la primera causa de muerte de mujeres gestantes y está demostrado en numerosos países del mundo que la legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo tiene un impacto real y concreto en la vida de las mujeres. No hay derechos humanos sin derechos de las humanas, y la sanción y aplicación de esta ley de despenalización y legalización del aborto, es una gran deuda de la democracia hacia las mujeres. No tiene que ver con creencias personales, sino con que el Estado garantice el acceso a todo el sistema de salud y deje de perseguir a las miles de mujeres que todos los años eligen interrumpir un embarazo.

El tema de aborto no punible es muy importante porque implica que efectivamente se cumpla con lo que ya hoy y hace casi 100 años es legal, pero creemos que es hora de ir por más, plantear el debate sobre la legalización del aborto en el Congreso y legislar para que las mujeres puedan decidir si interrumpir o no su embarazo y el Estado pueda garantizar su salud e integridad física en todo el país. No olvidemos que la cuestión del aborto está atravesada también por una cuestión social y económica. Son las mujeres de bajos recursos las que abortan de forma insegura, mientras que aquellas de los sectores más pudientes lo realizan, si bien también clandestinamente, en clínicas privadas y con profesionales de la salud.

Son muchas las leyes que el macrismo decide pasar por alto, por ejemplo de la Ley de Educación Sexual Integral no existe hasta el momento informes de su aplicación a pesar de haber sido exigidos hasta por la Justicia. Son muchas también las leyes a las cuales no se asigna presupuesto para su cumplimiento, e innumerables los programas que están siendo vaciados tanto de profesionales como de presupuesto. No existe en esta ciudad una política de resolución integral a los problemas que sufrimos las mujeres día a día.

Desde Marea Popular venimos luchando por estos derechos hace años. Somos parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y creemos que las elecciones son un buen momento para poner en discusión estos temas, planteando el debate en la sociedad y comprometiéndonos como futuros diputados/as y legisladores/as a discutir en el recinto de una buena vez este tema.