Para dicha categoría serán elegidos un representante por cada provincia y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más otros 19 representantes que serán elegidos por distrito único, conformado por todo el país (al igual que cuando votamos Presidente y Vice). En total se elegirán 43 Parlamentarios del Mercosur, que actuarán en representación de nuestro país, con un mandato de cuatro años (artículo 10 del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur) que comenzará el 10 de diciembre de 2015.

Las fechas para la elección de dichos Parlamentarios ya habían sido fijadas por la ley 27.120 de “Elección de Parlamentarios del Mercosur”, que fue sancionada el pasado 29 de diciembre de 2014 y estableció en su artículo 18 que la primera elección directa de aquellos, se celebraría simultáneamente con la próxima elección presidencial (o sea, las PASO de agosto, y las generales de octubre de este año).

Conforme establece el art. 17 de esta misma ley, la elección de Parlamentarios argentinos del Mercosur continuará realizándose en la misma fecha que las elecciones presidenciales, hasta tanto los organismos competentes establezcan el Día del Mercosur Ciudadano. Producido esto último, las elecciones de dichos Parlamentarios se realizarán simultáneamente en la misma fecha en todos los Estados miembros del bloque regional.

Ahora bien, firmado el decreto 775/2015 de formalización de la convocatoria, surgieron diversas voces que han confundido a la comunidad política, al periodismo, y a la ciudadanía en general, sobre cuatro temas centrales: 1) si corresponde realizar la elección por voto directo; 2) si el número de Parlamentarios que elegiremos es correcto; 3) si la fecha adecuada para el inicio del período parlamentario de cuatro años es el 10 de diciembre de 2015; y 4) si un Parlamentario podrá ser al mismo tiempo Diputado o Senador nacional o provincial.

El primer interrogante es el más sencillo. Efectivamente corresponde realizar la elección de los Parlamentarios del Mercosur por voto directo. De hecho, para cumplir la normativa vigente, lo deberíamos haber realizado antes del 31 de diciembre de 2014. La Recomendación 16/2010 del Parlamento del Mercosur (ratificada por la Decisión N° 18 del 28 de junio del 2011, del Consejo del Mercado Común), estableció que los países debían elegir sus representantes al Parlamento por el voto directo de los ciudadanos, y hasta tanto lo hicieran, las bancadas serían integradas por legisladores locales de cada país. Hasta el momento, Paraguay es el único que ha cumplido en debido tiempo con la elección de sus Parlamentarios por voto directo. Los restantes países seguimos actuando a través de legisladores locales a los cuales también se les asigna la tarea parlamentaria del Mercosur.

En cuanto al número de parlamentarios que debemos elegir, se trata de 43 parlamentarios en total. Esto es así ya que el día martes 28 de abril de 2009, en la ciudad de Asunción, Paraguay, el Parlamento del Mercosur aprobó el “Acuerdo político para la consolidación del Mercosur” (que luego fue ratificado por la Decisión N° 28 del 18 de octubre de 2010, del Consejo del Mercado Común, pasando a tener con ello plena validez). En el “Acuerdo político” se acordó dejar atrás la primera etapa del Parlamento, en la que cada país tenía 18 representantes, y se dispuso para la nueva etapa el criterio definitivo de representación ciudadana, en el cual se lograron armonizar los intereses de los países con escasa población, con los de mayor población. El criterio adoptado lleva el nombre de “sistema de proporcionalidad atenuada”, ya que no refleja una representación estrictamente proporcional a la población de cada país, evitando con ello la supremacía numérica de un solo país en la toma de decisiones.

Asimismo, se estableció que dicho sistema no podrá ser modificado hasta que trascurran cuatro períodos parlamentarios de 4 años cada uno. La nueva distribución de las bancas establecida en el artículo 2 del “Acuerdo” fue la siguiente: Brasil 75; Argentina 43; Uruguay 18, Paraguay 18, y finalmente Venezuela, el nuevo miembro, 33 bancas.

Respondiendo el tercer interrogante, o sea, si es correcto que los Parlamentarios que elegiremos en agosto y octubre inicien su período de cuatro años el 10 de diciembre de 2015, debo indicar que efectivamente lo es. Y es correcto por los siguientes motivos: el acuerdo de Asunción estableció que el 31 de diciembre de 2010 debía entrar en vigencia la nueva conformación parlamentaria. Pero por diversos motivos que no son cuestión de análisis en esta nota, los países miembros del Mercosur no llevaron a la práctica la nueva conformación del órgano legislativo comunitario.

Por tal motivo, el propio Parlamento emitió con fecha 13 de diciembre de 2010 la Recomendación 16/2010, estableciendo que la llamada “etapa de transición” (en que cada país contaba con 18 Parlamentarios) finalizaría el 31 de diciembre de 2014 (luego la Recomendación 16/2010 del Parlamento fue ratificada por la Decisión N° 18 del 28 de junio del 2011, del Consejo del Mercado Común, pasando a tener con ello plena validez).

A su vez, se estableció expresamente en el artículo tercero de dicha Recomendación que cumplida la etapa de transición, los Estados partes “elegirán e integrarán” el número total de Parlamentarios a que refiere el artículo 2º del “Acuerdo Político” de Asunción de abril de 2009.

Con lo cual, encontrándonos con la etapa de transición cumplida, desde el día primero de enero de 2015, Argentina y el resto de los miembros del Mercosur se encuentran en condiciones de elegir a la totalidad de sus representantes para el Parlamento regional. En el caso de nuestro país, 43 Parlamentarios, que asumirán sus bancas el 10 de diciembre del corriente año, en reemplazo de los 18 Diputados y Senadores Nacionales sobre los que actualmente tenemos asignada la tarea parlamentaria del Mercosur.

Finalmente, algunos han planteado un cuarto interrogante, preguntándose sobre la posibilidad de que un Legislador nacional o provincial pueda simultáneamente ser candidato y asumir como Parlamentario del Mercosur, a fin de ejercer ambas funciones al mismo tiempo. La respuesta a ello es muy clara y la encontramos en el artículo 11 del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, en el que se establece que “el ejercicio del cargo de Parlamentario es incompatible con el desempeño de un mandato o cargo legislativo o ejecutivo en los Estados partes”. Atento lo dispuesto en la quinta disposición transitoria del Protocolo, esta prohibición no se aplicaba en la etapa en que los legisladores locales actuaban en la doble función de Parlamentarios del Mercosur, pero para la nueva etapa de elección directa, la incompatibilidad es expresa y contundente.

Deseando que estas aclaraciones sirvan para iluminar el proceso de elección de Parlamentarios del Mercosur que viviremos en agosto y octubre del corriente año, concluyo diciendo que ello será un gran paso para el bloque común, aunque falta mucho por hacer en el proceso de integración. Entre lo que se encuentra una mayor delegación de facultades de los Estados miembros hacia el Parlamento y otras instituciones del Mercosur, para que ellas puedan, al igual que sucede en la Unión Europea, dictar normativa obligatoria para los países miembros y sus ciudadanos.

El objetivo fundacional del Mercosur era generar un mercado común, lo que suponía la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos mediante la eliminación de derechos aduaneros y no aduaneros entre los miembros, como así también la coordinación de las políticas entre esos países. Ojalá esta elección de Parlamentarios ayude al Mercosur a recuperar el objetivo del mercado común que desafortunadamente ha ido abandonado.

Frente a estas magnitudes surgen algunas preguntas inevitables: ¿Cuáles serán dichas obras?, ¿quién las realizará?, ¿a quiénes beneficiarán?, ¿cómo se financiarán?, ¿cuánto empleo generarán?, etcétera. Si analizamos el presupuesto encontraremos muy poca información sobre el origen y el uso que se dará a estos fondos, aunque de forma bastante clara surge que el 40% de esos ochenta y ocho mil millones de pesos ($ 88.000 millones) será ejecutado por el Ministerio de Planificación que dirige el arquitecto Julio De Vido.

Respecto de las obras que se realizarán, podremos detectar diversos programas de vivienda, que sumados representan ocho mil doscientos millones de pesos ($ 8.200 millones), aunque lamentablemente será imposible determinar con precisión en qué sitio de nuestro país serán realizadas las viviendas o qué tipo de construcción o desarrollo habitacional representarán.

Si analizamos otros rubros, sumando diversas partidas podremos concluir que se han presupuestado más de dos mil millones de pesos ($ 2.000 millones) para obras en la red de energía, o tres mil millones de pesos ($ 3.000 millones) para obras de infraestructura general en el norte de nuestro país. Podemos continuar indicando rubros globales y montos, pero en ningún caso lograremos precisión o podremos responder las preguntas que nos hacíamos unos párrafos atrás.

Ahora bien, si queremos analizar la obra pública haciendo foco en los organismos estatales que la ejecutan, también tendremos un problema, ya que son muchísimos y salvo raras excepciones no tienen correctamente identificadas las obras y planes a su cargo. Frente a todo esto podremos recurrir a la legislación y verificar si las diversas obras están cumpliendo con los requisitos legales y normativos, pero allí también encontraremos serias dificultades, ya que las normas que legislan en la materia son diversas y no tienen ningún tipo de coordinación.

Analizando este complejo panorama y considerando que los montos involucrados en la obra pública son realmente grandes, la Fundación Nuevas Generaciones presentó hace pocos días una “Guía para el seguimiento de la obra pública” que intenta subsanar las deficiencias descriptas y poner luz sobre una situación extremadamente oscura.

La guía establece un sistema que brinda mayor transparencia y eficiencia a los procesos, y permite realizar un mejor seguimiento de las obras por parte de quienes deben o desean hacerlo. De esta forma, se abren nuevas perspectivas para el control ejercido por los cuerpos legislativos, por las ONGs, las Cámaras Empresarias, los Sindicatos, las universidades, o cualquier ciudadano que desee hacerlo. El documento realizado por Nuevas Generaciones indica los elementos básicos que toda obra pública debería explicitar y brinda los parámetros que correspondería analizar para determinar si aquella cumple adecuadamente con las condiciones de transparencia y eficiencia.

Entre los elementos que se exigen para toda obra pública se encontrarán desde cuestiones tan esenciales como el nombre y descripción del proyecto, número de registro de la obra, ubicación geográfica y organismo ejecutor, hasta cuestiones más complejas como el sistema de realización, presupuesto asignado, fuentes de financiamiento, fecha de firma del contrato, plazo de ejecución de la obra, adjudicatario, redeterminación de precios, ampliaciones de plazos, y fotografías ilustrativas de los avances, entre otros datos de relevancia. La necesidad de contar con una herramienta con las características de la “Guía” queda claramente justificada por la importancia de la inversión pública en el proceso de desarrollo de un país, y por la cuantía de los recursos asignados a ella en el presupuesto nacional. Toda obra pública debe ser planificada, ejecutada y evaluada tomando en cuenta sus aspectos financieros, técnicos y sociales, de manera tal que el proyecto resultante sea el más conveniente desde todos esos puntos de vista. La “Guía para el seguimiento de la obra pública” crea una herramienta que arroja claridad al enmarañado mundo de la obra estatal y la hace susceptible de ser controlada por los ciudadanos y sus representantes, permitiendo verificar el uso racional de los recursos públicos.

Las sumas que hoy administra el Poder Ejecutivo sin control son muy elevadas y las necesidades de infraestructura de nuestro país son amplias y urgentes. Por ello es necesario impulsar y establecer estos mecanismos de transparencia que permiten volver a balancear el equilibrio de poderes. Los resultados se reflejarán en una mejor administración de los recursos públicos, que es equivalente a decir, en una mejor calidad de vida para todos los argentinos.

Sin importar cuánta afinidad cada alumno pudiera tener con la idea del libre funcionamiento de los mercados, todos los que realizamos nuestras maestrías en Eseade recibimos y estudiamos las herramientas de pensamiento necesarias para comprender cómo funciona un sistema económico y que éste está sustentado en tres cuestiones: libertad, propiedad privada y expectativas.

Sin dudas, el elemento esencial del sistema económico es la libertad, ya que al igual que en todos los ámbitos de la vida, el ser humano también tiende a escapar de las restricciones que un tercero quiera imponer sobre su libertad para transar bienes.

El segundo elemento es la propiedad privada, ya que si ella no es reconocida y protegida por el sistema legal y los gobernantes de turno, los bienes no podrán ser asignados válidamente a una u otra persona, puesto que cualquier intercambio de objetos carecerá de garantías y protecciones.

Estos dos elementos generarán determinadas expectativas en cada uno de los seres humanos actores del sistema económico, y todas esas expectativas sumadas mostrarán la tendencia del sistema y los deseos del mercado, o sea, del conjunto de la gente.

Al definir políticas públicas y dictar normativas económicas, los gobernantes siempre estarán regulando libertades, restringiendo derechos de propiedad, y en consecuencia, modificando expectativas sociales. Cuanto mayor sea la restricción de libertades y derechos que establezcan las normativas, mayor será la caída en las expectativas; y ello se verá profundizado en caso de que las regulaciones carezcan de estabilidad y previsibilidad. El secreto radicará entonces en no excederse con las regulaciones y restricciones que se quieran imponer, y nunca comprometer el largo plazo en función del corto plazo.

Las medidas cambiarias, tributarias y fiscales anunciadas por el jefe de Gabinete en los últimos tiempos han significado un avance sobre la libertad de comercio y sobre la propiedad privada. Y para complicar todavía más la situación, las regulaciones dispuestas han gozado de poca estabilidad, impidiendo cualquier posibilidad de realizar previsiones económicas de mediano o largo plazo.

Estas combinaciones han generado expectativas sumamente negativas en la gente, lo que se traduce inmediatamente en retracciones de consumo, huida de la moneda local, cancelación de inversiones, y tantas otras cuestiones bien conocidas en nuestro país.

Las respuestas del jefe de Gabinete a las reacciones del mercado potencian la tendencia. Entre sus dichos del viernes 31 de enero se destacan: “…el Gobierno está absolutamente solo luchando contra grupos económicos poderosos…”; “…los grandes productores agrícolas no liquidan sus divisas en el mercado local por avaricia y carácter especulativo…”; “…en la Argentina existe una conjunción de factores, entre los cuales están exponentes políticos, visibles o invisibles, sindicales, visibles o invisibles, sociales y económicos, visibles o invisibles, que promueven una estrategia de desestabilización permanente…”.

Creo que Capitanich debería dejar de luchar contra conspiraciones inexistentes y concentrar sus esfuerzos en generar condiciones de confianza suficientes que permitan modificar la tendencia negativa en las expectativas económicas de la sociedad. El Ministro conoce las reglas de funcionamiento del sistema capitalista y sabe que la situación actual de nuestro país se debe a que el gasto estatal descontrolado de la última década se ha devorado todas las inversiones y todo el crecimiento económico.

La opción de mirar para otro lado, repetir el discurso oficial e intentar sostener un modelo populista completamente agotado siempre puede intentarse, pero ya no hay margen de error. Hemos alcanzado un nivel de deterioro tan profundo que a partir de aquí cada punto de caída en el PBI representará a miles de personas que se hunden un poco más en la pobreza, a miles de niños que serán condenados a vivir en la marginalidad, y a millones de argentinos que cada día estarán más alejados de las oportunidades que el mundo nos brinda.

Por eso es responsabilidad del jefe de Gabinete repasar las enseñanzas que recibió cuando realizaba su maestría. Recordar a sus profesores y a sus compañeros de clase. Volver a leer los textos y comprender nuevamente que el sistema económico no es bueno ni malo. Que tiene reglas naturales, mecanismos de funcionamiento que no se rigen por instrucciones presidenciales ni ministeriales. Que los integrantes del sistema son personas humanas, y lo que ellas desean es la mayor libertad y estabilidad posible para poder desarrollarse. Que el Estado fue creado para garantizar esos derechos. No para violarlos.

Ojalá pueda recordar a tiempo.

En Argentina tenemos una presión impositiva cercana al 45% de nuestros ingresos, y si a ello le agregamos el impuesto inflacionario, seguramente descubriremos que cada año la administración estatal se queda con la mitad de nuestros ingresos. A cambio de ello deberíamos recibir seguridad, educación, jubilación, justicia, infraestructura, y algunos otros servicios más que son la esencia del contrato social entre el ciudadano y el Estado. La pregunta natural es: ¿no estaremos pagando demasiado por los pésimos servicios que recibimos? Evidentemente sí. El precio que se nos cobra para mantener nuestra sociedad civilizada es mucho más alto del que pagan la mayoría de los ciudadanos del mundo.

El Gobierno de nuestro país parece haber olvidado la finalidad de esos tributos y cada día busca nuevas herramientas que extraigan más recursos de los ciudadanos, para ser aplicados al mantenimiento del inmenso e ineficiente Estado que ha creado y alimentado a lo largo de los diez años de su gestión.

Con este sentido el titular de la AFIP ha expresado que para el pago del impuesto a los bienes personales, debería calcularse el valor de los inmuebles según el precio de mercado, y no según el valor fiscal que el propio Estado les otorga. Más allá de la desmentida que horas después hizo el ministro de Economía Axel Kicillof, si las intenciones del señor recaudador se hicieran realidad, los propietarios de pequeños inmuebles deberían dedicar un importante porcentaje de sus ingresos a pagar solamente este impuesto.

Por ejemplo, en un departamento de tres ambientes en el barrio de la Boca, de 53 metros cuadrados, con un valor de mercado cercano a los $ 389.000, el monto mensual del impuesto alcanzaría los $ 1.623. Ello es equivalente al 66% de una jubilación mínima, o al 19% de una remuneración promedio del sector privado en la Ciudad de Buenos Aires (según el INDEC).

Si fuera el caso de un departamento de un ambiente, de 33 metros cuadrados en el barrio porteño de Almagro, cuyo valor según estimaciones del mercado alcanza los $ 429.000, debería pagar por mes la suma de $ 2.063. O sea, el equivalente al 83% de una jubilación mínima, o el 25% de una remuneración promedio del sector privado.

Por supuesto que luego de pagar este impuesto, los habitantes de estos departamentos deben alimentarse, higienizarse, transportarse, educarse y, claro, pagar impuesto a las ganancias, aportes jubilatorios, IVA, ingresos brutos, tasas municipales, la energía eléctrica, el gas, el agua, etcétera.

Bajo estos nuevos parámetros, el impuesto a los bienes personales (que debe su existencia a una disposición que lo estableció como recurso de emergencia el día 31 de diciembre del año 1991), se convertiría en algo absolutamente confiscatorio y contrario a la ley.

Destruir o limitar los incentivos para el ahorro, la capitalización, o la realización de inversiones en bienes duraderos, destruye la riqueza de las familias y del país. Es por ello que son muy pocos los países del mundo que aplican este impuesto, y cuando lo hacen, establecen pisos muy altos, que exceptúan a la mayoría de los contribuyentes. Así por ejemplo, en España no pagan el impuesto aquellos que declaran un patrimonio inferior a 300 mil euros, y en Francia no lo hacen los que poseen bienes por debajo de 700 mil euros. En la ley argentina solamente quedan exentos aquellos que tienen un patrimonio inferior a 21 mil euros.

La capacidad de acumular propiedad privada, ya sea en forma de ingresos, inversiones o adquisiciones, es la fuerza motora que impulsa a una economía. Para que las personas trabajen, ahorren e inviertan, precisan tener la certeza de que serán los dueños exclusivos de su propiedad y que el Estado no se las arrebatará. Cuanto mayor sea la protección de la propiedad, mayor será el empeño con el que las personas emprenderán sus actividades económicas, y de ese modo promoverán el desarrollo de la sociedad.

El reconocimiento y la defensa de los derechos de propiedad por parte del Estado incentivan la cultura del ahorro, de la innovación y de la inversión, elementos necesarios para el crecimiento y el desarrollo de todo país. Las excesivas cargas fiscales no solamente violan el derecho de propiedad sino que también debilitan la actividad económica. Los contribuyentes reducen la inversión, consumen menos, generan menor cantidad de puestos de trabajo y muchas veces transitan sin regreso hacia el mercado negro.

El Gobierno debe repasar los textos esenciales de la economía y recordar que los impuestos son solamente un precio que todos los que hemos decidido vivir en una sociedad civilizada y organizada, debemos afrontar. Si insiste con estas pretensiones recaudatorias desmesuradas, sin contraprestaciones ni servicios de calidad, encontrará cada día menos recursos para capturar e ingresará definitivamente en un camino de pobreza, marginalidad y exclusión.

Las decisiones correctas están al alcance de la mano del Poder Ejecutivo Nacional, pero también lo estuvieron cuando intentó establecer un régimen de retenciones a las exportaciones que era claramente confiscatorio e ilegal. El interrogante es cuánto daño se producirá hasta que el Gobierno corrija su error y disperse la incertidumbre que ha generado en la sociedad.

Nuestro país se ha convertido en una de esas tierras liberadas en la que cada día alrededor de cien vuelos ilegales cruzan la frontera para ingresar o extraer drogas, personas o productos de contrabando. Cien vuelos que aterrizan o despegan de alguna de las más de mil quinientas pistas clandestinas que florecen por todo nuestro territorio.

Ello sucede porque no se toman esenciales medidas de seguridad, similares a las que se aplican en la mayoría de los países de nuestra región, y sin dudas, en los Estados Unidos y Europa. El primer paso debe ser blindar nuestras fronteras, tanto terrestres, como aéreas y fluviales. No sirve de nada poner escáneres en los puestos aduaneros si los traficantes ingresan impunemente a escasos metros del control oficial. La Gendarmería debería patrullar esas zonas cumpliendo la función para la cual ha sido entrenada, en lugar de estar ocupando tareas que desconoce, como la seguridad urbana. Lo mismo vale respecto de la Prefectura en los cursos fluviales. Hoy esa fuerza debería estar patrullando los ríos fronterizos, pero en cambio el Gobierno le ha asignado tareas tales como la protección de los políticos que viven en Puerto Madero.

Es indispensable una radarización real, esto es con tecnología específicamente diseñada para detectar aviones en vuelo, su altura y su trayectoria. La radarización requerida es la de tecnología 3D, ya que ubica a la aeronave en latitud, longitud y altura. Hoy hay tan sólo tres radares de ese tipo funcionando, cuando en realidad se requieren al menos quince para cubrir la totalidad de la frontera norte.

Los radares tipo RASIT que se emplazaron en la frontera cuando Cristina Kirchner anunció el rimbombante “Plan Escudo Norte” no sirven para detectar aviones. Esa tecnología está diseñada para detectar formaciones de tanques en planicies o buques en altamar, lo cual no tiene nada en común con los medios con que operan los traficantes, quienes se desplazan en grupos pequeños por la selva.

Es absolutamente necesario contar además con un protocolo de intercepción de aeronaves, que pueda llegar al punto del disparo de derribo, siguiendo pasos similares a los que hoy usan la Prefectura y la Armada para el disparo de hundimiento de buques no identificados detectados navegando ilegalmente dentro de nuestro litoral marítimo. Contar con radares pero no tener este tipo de protocolo funcionando es como tener policías que solamente se dediquen a mirar las cámaras de seguridad, sin facultad de intervenir ante la ocurrencia de un delito.

Diversos funcionarios del Gobierno Nacional han dicho que una ley de derribo equivale a aplicar la pena de muerte sin juicio previo. Ello es absolutamente errado y lo saben, ya que todo protocolo de intercepción establece ciertos pasos que necesariamente se deben cumplir previo al derribo de una aeronave hostil (pedido de identificación, contacto visual, orden de aterrizar, vuelos rasantes, tiro de advertencia, etc.). Y no solo ello, sino que en la mayoría de los protocolos del mundo se reserva la orden de derribo al ministro de Defensa, que debe confirmarla en dos o tres oportunidades por vía radial.

Debido a la falta de estas políticas Argentina se ha convertido en un país de elaboración, consumo y tránsito de droga. Es decir que somos un país que recibe la materia prima, la procesa y luego la exporta o consume en su propio territorio. Esta situación se traduce en un aumento del delito en todas las esferas. La droga es la culpable de las muertes por enfrentamientos entre bandas de traficantes en disputa por un territorio; o la que lleva a los jóvenes a robar, asesinar y secuestrar para conseguir los fondos con los cuales comprarla. La adicción es la que empuja a miles de jóvenes a la prostitución y la que trae aparejada, entre otras cuestiones, la trata de personas.

Son muchas las medidas que deben tomarse para combatir y vencer al narcotráfico. Acciones de prevención e inclusión social deben combinarse con sostenidas políticas de seguridad que incluyan adecuada remuneración y entrenamiento del personal de las fuerzas de seguridad. El documento recientemente presentado por la Iglesia indicó perfectamente algunos de estos ejes.

Luego de diez años al frente del Gobierno Nacional, la señora Presidenta y su gabinete de ministros deberían entender que la lucha contra las drogas no reconoce ideologías, sino la sincera voluntad de vencer a un enemigo que lucra con la muerte de nuestros ciudadanos. Es tiempo de asumir responsabilidades e implementar un plan integral de lucha contra el narcotráfico que está devorando nuestra sociedad. No hacerlo demuestra ausencia de interés por lo que le sucede a los argentinos, o en todo caso un alto nivel de inoperancia, o lo que sería más grave aún, un grado de complicidad importante con los narcotraficantes.

El proyecto, impulsado por el oficialismo argumentando que debían compensar en el presupuesto estatal la baja de recursos que significó el alza del piso en el impuesto a las ganancias, dispuso tres gravámenes:

1. Un impuesto del 15% sobre el valor de transferencia de acciones, cuotas o participaciones sociales de empresas que no coticen en la bolsa.
2. El mismo impuesto del 15% sobre los actos de “disposición” que involucren a la transferencia de las acciones, cuotas o participaciones de dichas empresas.
3. Un impuesto del 10% a la distribución de dividendos.

Este impuestazo implica que en cualquier transferencia onerosa, gratuita (donación) o sucesoria (testamento), de títulos de sociedades que no coticen, el Estado será acreedor de un valor equivalente al 15% de la empresa. Se grava la compra-venta o permuta de acciones, y se vuelve a legislar el impuesto a la herencia, que hace muchos años había sido desterrado de nuestra legislación.

Como si esto fuera poco, se establece que cada vez que existan dividendos para distribuir, las sociedades deberán entregar un 10% de ellos al Estado, antes de repartir el saldo restante a los accionistas. Luego, serán estos últimos los que paguen al Estado otro impuesto del 35%, sobre los dividendos recibidos. O sea, casi la mitad de sus dividendos habrán sido entregados al Estado como contribución impositiva.

El impuestazo está dirigido a las empresas que no cotizan en bolsa, es decir, a las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, una pequeña fábrica, una administración de consorcios o una panadería. O sea, al 98% de las sociedades que existen en Argentina, que generan el 44% de los empleos, y representan el 41% de la facturación empresaria.

Lo único que realmente genera esta nueva ley, que impulsa el Gobierno con el argumento de compensar los recursos que el Estado dejaría de percibir por la reducción en el impuesto a las ganancias de las personas físicas, es la redistribución de esfuerzos fiscales entre la clase media. Se está pasando la presión impositiva de una persona a otra. Con lo cual, el efecto que en realidad producirá será el contrario al que se pretende conseguir. La economía se achicará, las inversiones se frenarán, se generará menos empleo, menos riqueza y claramente, menor bienestar en la sociedad.

Con estos nuevos impuestos, Argentina pasa a tener la presión fiscal más alta de Latinoamérica, con un impacto sobre el PBI cercano al 45%. De esta manera, casi la mitad de lo que produce el país, va a manos del Estado.

Evidentemente mantener el “relato” oficial se está haciendo muy costoso y ello requiere nuevos ingresos al Estado. Si la voluntad real fuera impulsar a la clase media y potenciar a las pequeñas y medianas empresas, las medidas serían absolutamente distintas. Se desgravaría la reinversión de utilidades, se asignarían los excedentes de recaudación al impulso de nuevos sectores productivos o se estimularía fiscalmente la contratación de personas que viven de subsidios sociales.

Nada de ello sucede, sino todo lo contrario: el Gobierno festeja como un logro que en los últimos diez años ha duplicado la presión fiscal y que la clase media pagará más impuestos. El problema llegará cuando choquemos de frente con la realidad. Cuando el motor del “relato” precise para su existencia más recursos de los que el mercado tenga para entregar.

Ahora bien, para que el servicio se desarrolle, el Estado deberá crear y sostener determinadas condiciones y reglas de funcionamiento. Aquellos que todavía creen en los programas dirigistas y en un Estado omnipresente, proponen utilizar todas las herramientas que encuentren a su alcance para eliminar la competencia. Ellos sueñan con un monopolio estatal artificial en el cual Aerolíneas Argentinas logre una recaudación suficiente para esconder su escandaloso déficit mensual.

Los impulsores de estas políticas olvidan que los monopolios promovidos por el Estado generan abusos, servicios de pésima calidad, y corrupción. Los usuarios se transforman en rehenes y pierden toda posibilidad de elegir precios, horarios, tipos de servicios, frecuencias, etc. Por otro lado, las empresas dispuestas a competir en libertad y bajo una ley pareja escapan del país en busca de mercados más confiables. Como ha ocurrido a lo largo de toda la historia, los más perjudicados por estas disparatadas medidas son los usuarios.

La política aerocomercial que nuestro país debe impulsar es exactamente la opuesta a la que algunos trasnochados quieren imponer. El mercado aerocomercial debe ser libre y competitivo. La única restricción para la fijación de rutas nacionales e internacionales, número de aerolíneas, capacidad, frecuencias y tipo de aeronaves debe ser el control de calidad y seguridad ejercido por el Estado. Su único interés debe ser que la mayor cantidad posible de consumidores puedan hacer uso del transporte aéreo con las mejores alternativas y con los menores costos posibles. El centro de la política pública aerocomercial deben ser los consumidores, no las aerolíneas.

El modelo del monopolio estatal ha fracasado en la historia mundial. Argentina precisa muchas aerolíneas volando por sus cielos y para ello el Estado debe garantizar la estabilidad del régimen aerocomercial y la libre competencia. La previsibilidad es requisito indispensable para que cualquier persona o empresa invierta las millonarias sumas que son necesarias para desarrollar esta actividad, cuyo éxito o fracaso no pueden depender de la discrecionalidad estatal, sino de parámetros objetivos y de procedimientos transparentes.

Por ello, al momento de debatir las políticas públicas concretas nunca debemos olvidar que ellas se encuentran basadas en ideas, y que las ideas fundadas en la libertad, en la responsabilidad y en el respeto a la ley tienen efectos positivos sobre la sociedad. En cambio, los experimentos basados en la tentación monopólica y en el sometimiento del consumidor son parte de un grupo de ideas completamente anacrónico, cuyo fracaso está garantizado.

La precariedad laboral, pero especialmente la falta de capacitación y entrenamiento de los jóvenes, será uno de los peores legados que nos habrá dejado la autoproclamada década ganada.

Tradicionalmente, una de las herramientas más eficaces para acercar a los jóvenes al mundo del empleo ha sido el sistema de pasantías, pero el Gobierno nacional lo ha modificado en un sentido tal que su regulación actual desalienta por completo al empresariado a ponerlo en práctica.

Hace pocos días varios diputados de distintos bloques hemos presentado un proyecto de ley que propone reformar en forma integral el régimen de pasantías, procurando convertirlo en la plataforma a través de la cual muchos jóvenes puedan acceder a su primera experiencia laboral.

La iniciativa otorga a los pasantes la facultad de acordar períodos de práctica profesional de hasta un año, con posibilidad de prorrogarlos por un año más. En cambio, el plazo máximo actual nunca puede superar el año.

Respecto de la carga horaria, el proyecto extiende el máximo actual de veinte horas semanales a treinta, aumentando las posibilidades de aprendizaje para el joven y brindando mayores incentivos al empleador para ingresar al régimen de pasantías.

Asimismo, el texto propuesto establece que a los pasantes se les debe brindar la cobertura de un servicio médico asistencial y un seguro de riesgos del trabajo. Para el seguro de salud se establece libertad de elección y no se obliga al empleador a contratar determinada obra social.

En cuanto al programa formativo, se propone un nuevo mecanismo por el cual aquél debe estar desarrollado y supervisado por el Ministerio de Educación, con plena interacción de las empresas y cámaras empresarias. Se coloca a dicho Ministerio en el mismo grado de fiscalización que actualmente detenta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, garantizando de esta forma que lo central es el espíritu formativo de las pasantías.

Sin obviar el salario mínimo legal que nunca podrá ser dejado de lado, el texto propuesto hace hincapié en la prescindencia de los convenios colectivos de trabajo para la fijación de la asignación estímulo, dejándose indicado que ella deberá establecerse en relación a la responsabilidad, grado de especialización, dificultad y tiempo de dedicación que implique la actividad.

Las reformas introducidas durante la última década olvidaron que los jóvenes precisan realizar prácticas, perfeccionarse y profesionalizarse para poder afrontar el competitivo mercado laboral de nuestro país y del mundo. El acceso a las prácticas profesionales que ofrece un adecuado sistema de pasantías constituye un derecho humano esencial. Si queremos que nuestros jóvenes puedan desarrollarse debemos igualar las oportunidades de acceso al empleo y a las primeras experiencias de responsabilidad laboral.

Este proyecto de ley corrige los errores de las dos décadas pasadas y abre la puerta al futuro de muchos jóvenes. No podemos seguir condenando a más generaciones a vivir en la pobreza y la informalidad. El legado de la próxima década no puede volver a ser el desempleo juvenil.

La falta de interés mostrada por ese símbolo, que representa el poder y la responsabilidad que el presidente recibe en representación de todo el pueblo (no solamente del que lo votó), fue una señal de los tiempos que vendrían. Los antecedentes institucionales del recién llegado a la Capital Federal no eran buenos. Los Kirchner nacieron a la vida política en Santa Cruz, donde forjaron una fortuna considerable. Primero al calor de la dictadura militar (o al menos consintiéndola) y luego, en democracia, escalando en la jerarquía de poder del Estado provincial. Encabezaron una gestión plagada de denuncias de corrupción, en la que no se respetaron principios esenciales de la vida institucional. Los ataques a la independencia judicial y a la libertad de prensa vieron allí sus primeros pasos.

La crisis de 2001 hizo que la sociedad pidiera renovación, y que la política aceptara cualquier opción, sin siquiera preguntarse si ello podría implicar un salto de 30 años hacia atrás. Así el bastón llegó al desconocido gobernador patagónico, y cuatro años después, aquel pasaba a manos de su esposa.

Durante los primeros cuatro años del matrimonio patagónico, se obligó a la sociedad a abrir una puerta al pasado que la mayoría pensaba definitivamente cerrada, y las divisiones que todos pensaban que habían quedado atrás, volvieron a florecer. Los nuevos (viejos) paradigmas, el relato, los abusos y tantas otras cuestiones, demostraron que los vicios habían viajado desde el lejano Sur, profundizándose en su ascenso nacional.

Las sospechas de corrupción en la obra pública, el dinero que florecía en el baño de una ministra, los grupos violentos que se adueñaban de las calles y las relaciones carnales con regímenes poco apegados a los principios democráticos fueron sólo algunas de las alarmas que sonaron en la sociedad.

Ante la ausencia de líderes opositores con propuestas, valores y relato alternativo, Cristina Fernández ganó las elecciones del 2007 y las que le siguieron en 2011. Trabas y controles a los sectores más productivos de la economía, ataques constantes al periodismo, cooptación de medios y periodistas, conformación de un fenomenal aparato de propaganda, diseño de una justicia a medida, corrupción generalizada en la dirigencia oficialista, restricciones a la libertad y soledad internacional son la herencia que el segundo mandato de la señora de Kirchner dejará a nuestra golpeada sociedad.

Transcurrió una década desde aquel jugueteo con el Bastón presidencial y en ese tiempo tuvimos muchas posibilidades de ver a los Kirchner en su propio espejo: el que reflejaba la imagen lejana de sus comienzos en Santa Cruz y la otra más cercana, la del autoritarismo, la codicia y la impunidad. Estoy convencido de que hoy la sociedad está pidiendo un cambio de rumbo, de estilo, de talante, de valores y de visión. El trabajo de quienes tenemos la voluntad y la responsabilidad política de representar a esa sociedad está en lograr convertir dicho reclamo en una verdadera alternativa política, para dejar definitivamente atrás una década que dividió a los argentinos y puso en riesgo las bases democráticas que con tanto esfuerzo recuperamos en 1983.

Tenemos frente a todos nosotros la posibilidad de empezar de nuevo. De pasar la página y no volver a mirar atrás nunca más. La democracia nos brinda una nueva oportunidad. El cambio empieza este año con las elecciones legislativas y se consolida en el 2015. Es hora de que finalmente decidamos crecer y demos inicio a un tiempo de progreso, de igualdad de oportunidades y honestidad. Sin dudas la década que viene es mucho más importante que la década que pasó.