En primer lugar, hay saber qué se vota. En esta oportunidad, la mayor parte de los distritos vota cargos legislativos. Es decir, asientos en un cuerpo colegiado cuya función es legislar (y no ejecutar políticas). De poco importa que un candidato “tenga un plan” si sus propuestas se refieren a potestades indelegables del Poder Ejecutivo.

Así, por más bueno que parezca un candidato, al depositar la boleta en la urna únicamente estamos poniendo nuestra esperanza en que aquellos miembros de la lista que finalmente salgan electos impulsen, ahora en forma de proyecto de ley, las propuestas que supieron seducirnos. No es poco, y es fundamental para la democracia que supimos conseguir, pero conviene tenerlo en cuenta para no ser timado en nuestra buena fe sobre las posibilidades reales de que se concrete algo de todo aquello que ese candidato que estamos votando nos prometió.

En un distrito como la Provincia de Buenos Aires compiten seis listas. Hay quienes creen que no hay muchas diferencias entre los intendentes que encabezan las dos principales. Y tal vez hasta tengan razón. Para echar un poco de luz, entonces, a su decisión conviene seguir leyendo la boleta, pues lo que se vota es “una lista” y no sólo un candidato.

De esas seis listas hay dos que, de acuerdo al caudal de votos que recibieron en las PASO, puede preverse que obtendrán varias bancas, por lo que lo que está en juego no son los primeros puestos (esos ya puede darse por descontado que serán electos), sino que la disputa está a partir del, por poner un número, décimo u onceavo puesto. Y ahí sí pueden haber algunas diferencias. ¿No le suenan esos nombres? Por suerte existe Google…

En el caso de las dos listas que menos votos obtuvieron en las PASO, sólo quienes las encabezan estarían aspirando a una banca. Un dirigente troskista o un sindicalista de origen rural difícilmente logren, por sí solos, imponer algún proyecto. Sin embargo, algunos creen que el Congreso es una merecida tribuna para que difundan sus ideas, y decidan darles su apoyo. No espere entonces que en diciembre comience la revolución, pero si lo que quiere es que haya una voz disonante en la Cámara baja para, como el  tábano de Sócrates, señalarle a los partidos tradicionales sus falencias, entonces ya sabe qué hacer.

Y ya que mencionamos los proyectos, detengámonos en ellos. ¿Quién no escuchó a un legislador responder, consultado ante un tema cualquiera, “yo presenté un proyecto de ley…“? En algunos casos más extremos, hay legisladores que presentan tantos proyectos como notas leen en los diarios, algo que puede verificarse en esta época del año, cuando las publicaciones parlamentarias dan a conocer los rankings de actividad legislativa y nos enteramos quién habló más en el recinto, quién encabeza la lista de “faltazos” a las sesiones y quién, claro, presentó más proyectos.

Un proyecto es el primer paso para elaborar una ley, pero el proceso es más largo y complejo. Da lo mismo que un legislador presente un proyecto o mil, si no se toma el trabajo de convencer a sus pares sobre la necesidad de su tratamiento.

Una buena ley, además de cumplir los pasos dispuestos por la Constitución para su aprobación, suele ser el resultado de un trabajo que implica consultar a los actores involucrados, a juristas, a especialistas de diversas disciplinas, a ONG y demás miembros de la sociedad, además de conseguir apoyos (votos) más allá del propio partido, lo que se logra no pocas veces introduciendo modificaciones y aceptando sugerencias.

Si cada uno de los 257 diputados y 72 senadores dedicara seriamente su mandato a un proyecto, en vez de presentar cientos a propósito de cada tema que eventualmente ocupa la agenda del día, el Congreso se beneficiaria de 329 muy buenas iniciativas, con altas posibilidades de convertirse en ley, en vez de acumular miles condenadas a la intrascendencia.

Puestos a indagar un poco sobre la arqueología de muchas medidas paradigmáticas de los últimos años, veremos que no son pocos los casos en los que -ya por insistencia, oportunidad o por el simple hecho de instalar un tema en agenda- partidos opositores -e incluso minoritarios- tuvieron un rol fundamental como impulsores de esos proyectos. Por nombrar algunos: la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fue un proyecto de la entonces diputada por Nueva Izquierda Patricia Walsh, quien lo sostuvo con tesón y perseverancia hasta que en 2003 fue tomado por el gobierno. Más acá en el kirchnerismo, el lector seguramente tendrá presente las querellas en torno a la “paternidad” de la Asignación Universal por Hijo o la ley de Matrimonio Igualitario. No obstante, las disputas por la “filiación” de algunas leyes paradigmáticas no son exclusivas del kirchnerismo (y, si no, pregúntenle a algún radical o a un socialista de dónde surgieron las principales mejoras laborales del primer peronismo).

Por ello, más allá de cuántos proyectos prometa presentar un candidato, conviene evaluar qué capacidad ha tenido en el pasado -él o la fuerza a la que pertenece- para consensuar, qué tan flexibles han sido para hacer concesiones, o con qué firmeza ha manifestado oposición a ciertas medidas, o qué tan sólidos han sido para defender sus principios, o cuánto sentido de la oportunidad -algo diferente al oportunismo- han tenido a la hora de presentar sus propuestas.

No existen garantías sobre la efectividad de su voto. Pero detenerse un momento antes de poner la boleta, ir más allá de las caras sonrientes que hay en ellas, pensar un poco qué se está votando, a quién y qué espera uno de ese voto, tal vez ayude a minimizar los riesgos.

Lo cierto es que no encontré, durante los días que pasé en la isla, a un solo cubano que conociera a Yoani Sánchez, circunstancia que contrasta con el extendido reconocimiento internacional de la bloguera que denuncia los abusos de la última dictadura del continente.

Y no es algo que debiera extrañar. Entristece ver cómo una sociedad que logró vencer el analfabetismo desperdicia inteligencia y un muy alto nivel de instrucción por un bloqueo informativo mucho más estricto e infranqueable que el impuesto sobre el comercio de la isla.

Uno de los logros de la Revolución fue instaurar un sólido y eficaz sistema educativo. Sin embargo, ingenieros, psicólogos o médicos, no importa qué tan alto sea el nivel educativo al que hayan accedido, son profundamente ignorantes. O, mejor, su erudición se limita a aquello que los dictadores Castro consideran digno de saberse.

El ciudadano cubano medio apenas tiene acceso a dos canales de TV -Cubavisión y Telesur-, dos diarios impresos -Granma y Juventud Rebelde, que literalmente cuentan con ocho páginas cada uno- y un puñado de radios. Todos son órganos de difusión del régimen de los hermanos Castro: una especie de 678 extendido a toda la programación.

Los libros en Cuba no son baratos, son baratísimos. Tan baratos como desactualizados, monótonos y limitados. De una punta a la otra de la isla, todas las librerías exhiben más o menos los mismos títulos (en su mayoría de y sobre Fidel, seguido -bastante más atrás- por el Che, Martí y Camilo, en ese orden de importancia). Sólo un anaquel muestra una decena de títulos disonantes: aquellos que los turistas dejaron olvidados en una habitación de hotel o en una casa particular.

El acceso a Internet está limitado no tanto por el bloqueo a contenidos -al estilo chino-, sino por lo inalcanzable de la tarifa y la lentitud de la conexión. El muy limitado porcentaje de cubanos que accede a la red lo hace, en su mayoría, únicamente para chequear un mail. Muy pocos son autorizados por el Estado para tener conexión en sus casas, mientras que, a US$ 6 la hora en los cybercafé, en un país donde el salario promedio mensual no alcanza los US$ 20, es fácil comprender por qué los cubanos miran con cara rara cuando escuchan el término “googlear”.

Más allá de la propaganda estatal lo que hay es “la maldita circunstancia del agua por todas partes”, la nada misma. No hay prensa independiente, no existe nada más que eso que el Estado decide mostrar. No hablemos ya de las opiniones de Yoani Sánchez, las Damas de Blanco, o de cualquier disidente: las propias decisiones del régimen pueden disfrazarse, maquillarse, ocultarse o mostrarse a conveniencia en las páginas del Granma.

Durante mucho tiempo Yoani Sánchez mantuvo, lo confieso, mis entusiasmos mudos. Si su figura no me seducía tal vez fuera porque calaban en mí las acusaciones sobre su financiamiento externo. Mi generación creció convencida de que era progresista, liberador y antiimperialista sostener y apoyar al régimen cubano. Que los disidentes no eran más que bandidos a sueldo del imperio. Singular acusación en un país cuyo régimen se sostiene con petrodólares bolivarianos, como antes supo vivir del financiamiento soviético.

Bastan unos pocos días en la isla para entender que, entrado ya el siglo XXI, no existe el modo de ser progresista y demócrata y sostener un régimen que condena al ostracismo a una persona por el único delito de pensar diferente. Que persigue a aquellos que piensan diferente.

La fenomenal campaña de hostigamiento que los Castro impulsaron contra Sánchez allende los mares disipa cualquier duda sobre el carácter autoritario del régimen y no hace más que potenciar el conmovedor, loable, deseable y enaltecedor espectáculo de una mujer sola, sin armas, levantándose, con su palabra, contra un régimen que la oprime.

La cancelación de la visita de Yoani Sánchez a la Argentina nos ha privado de la posibilidad de ver qué posición adoptaban en relación a ella los conspicuos progresistas democratizadores de la palabra. Del gobierno, ya sabemos qué esperar: del mismo modo que varios vecinos de la región -de izquierda a derecha, de Piñera a Rousseff-, Argentina apoyó la presidencia de Cuba en la Celac, burlándose de la “cláusula democrática” que tanto se declama.

Ante la coincidencia latinoamericana en hacer la vista gorda con el anacronismo de tener un dictadura en la región, no queda más que desearle larga vida a Yoani Sánchez, aunque en Cuba (aún) no la conozca nadie.