A su vez, el Presidente declaró: “Se puede desarrollar la industria con absoluto respeto del medioambiente”, con lo que omitió los desastres ambientales sucedidos en la actividad en los últimos meses, como el derrame de Mina Gerais. Además, premió a una empresa que en la Argentina ha derramado cinco millones de litros de agua cianurada en el río Jáchal, en la misma provincia de San Juan donde realizó su anuncio.

El caso de Mina Gerais es considerado como el peor desastre ambiental minero de la historia de Brasil, con 12 muertos, 12 desaparecidos, millares de desamparados a partir de la rotura del dique de contención. Ello destruyó la vida de un río entero (el río Doce, con la muerte de toneladas de peces) con una riada de lodo y escombros que después de recorrer 650 kilómetros llegaron al océano Atlántico, destruyeron y contaminaron una importante área de corales.

Por su parte, el derrame ocurrido en Jáchal ha contaminando el agua del río con metales en dosis de hasta 1400% por encima de los valores tolerables. Un desastre ambiental que ha quedado impune. Los vecinos del pueblo de Jáchal, de 22 mil habitantes, conviven con temor a estar bebiendo agua contaminada.

En términos del contexto internacional, el anuncio del presidente Macri va en un sentido exactamente contrario al llamado al cuidado del medioambiente que los principales líderes del mundo realizaron en la Cumbre Climática COP 21 de París, y que el papa Francisco ha trabajado en su encíclica Laudato si’ en defensa del ambiente, el cuidado de la casa común y la vida digna de los seres humanos a través del combate de la pobreza.

La Argentina puede desarrollar otro tipo de modelo productivo que no sea el del extractivismo, que ubica a nuestro país como una zona de sacrificio, de desarrollo de actividades altamente contaminantes para extraer nuestras riquezas.

Nada en ese discurso hizo prever la decisión de designar por decreto de necesidad y urgencia (DNU) a Carlos Fernando Rosenkrantz y a Horacio Daniel Rosatti como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por el contrario, a lo largo de toda su campaña Macri enfatizó que iba a bregar por una Justicia independiente y que en su Gobierno no habría jueces macristas. Es más, una de las críticas permanentes del macrismo al kirchnerismo mientras fue gobierno consistía justamente en intentar promover una supuesta democratización de la Justicia sin ningún tipo de debate y en tiempo récord, sobre todo tomando una medida antidemocrática como son las designaciones de jueces por decreto. Criticaban el modus operandi del Ejecutivo kirchnerista de apelar a los decretos de necesidad y urgencia, pasando por encima del debate y de los mecanismos del Congreso Nacional. Tal es así que la diputada Laura Alonso, su principal vocera en la Cámara de Diputados mientras formaban parte de la oposición, publicaba tuits con ese tipo de críticas: “Reformaría la Constitución sólo p eliminar los DNU y el veto”.

Este primer error del presidente Mauricio Macri ha generado rechazo en el amplio arco de la oposición y en distintos referentes sociales, políticos y del ámbito de la Justicia. Por su parte, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel señaló: “[dicha designación es] una medida autoritaria inédita en la democracia argentina”, “un juez nombrado por decreto del Presidente es un juez del Presidente” en relación con que no tuvieron una designación en la que medió el consenso y el diálogo que hubiesen implicado una evaluación del Congreso Nacional. Ante esta decisión, Macri incumple su compromiso de campaña y recae él mismo en todas las actitudes autoritarias que su propio partido le criticaba al Gobierno anterior.

Entre otras reacciones también se destacó la del constitucionalista Daniel Sabsay, quien señaló que la actitud de Macri es muy negativa y de una inconstitucionalidad manifiesta. Por su parte, el senador por Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, señaló que Macri utilizó los mismos métodos arbitrarios que el kirchnerismo. Mientras que para el jefe del bloque del Frente para la Victoria en el Senado de la nación, por donde deberían haber pasado la evaluación de las designaciones, el nombramiento de los jueces es “un disparate” inconstitucional, ya que el Presidente debería haber impulsado el diálogo en el Senado.

Quedan abiertos los interrogantes de cómo el presidente Mauricio Macri va a tomar decisiones sobre asuntos tan sensibles como el de la Justicia, sin contar con mayoría en un Congreso Nacional en ninguna de las Cámaras. Tiene para optar entre el camino de la construcción de diálogo y consenso, que es el camino más arduo y costoso, o puede apelar al atajo y a la urgencia del decretazo.