Las incesantes precipitaciones continúan golpeando a la región y en las últimas semanas provocaron graves consecuencias en distintas localidades, fundamentalmente en las provincias litoraleñas de Entre Ríos, Formosa y Corrientes. Mientras, la crecida del Paraná ha afectado a las provincias de Santa Fe y Chaco. Las cifras de los evacuados van en aumento y llegarían a 22 mil, a lo que se deberá agregar el cálculo de pérdidas millonarias. En Entre Ríos se consideró declarar la emergencia vial, dado que las intensas lluvias deterioraron las rutas y los caminos. En la provincia de Santa Fe las inundaciones generaron el anegamiento de 2,8 millones de hectáreas, lo que provocará una pérdida millonaria para los productores y el sector agropecuario: se calcula alrededor de un millón de toneladas de soja perdidas por la enorme cantidad de hectáreas inundadas.

Si bien la interpretación meteorológica adjudica las inundaciones al fenómeno de El Niño, distintos sectores agropecuarios refieren a la desidia política, la falta de previsión, prevención y, fundamentalmente, a la falta de inversión real de parte de los Gobiernos provinciales y del Gobierno nacional en obras públicas de infraestructura que mitiguen las consecuencias de este tipo de inclemencias.

Cuando hablamos de cambio climático y de fenómenos como estas inundaciones, hay que tener presente que cada vez serán más frecuentes. Ya en el mes de enero de este año el equipo técnico de la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de Seguridad de la Nación había presentado un informe en Casa de Gobierno que preveía esta dramática situación. Dicho informe fue entregado durante la primera reunión del gabinete nacional del Sistema Federal de Emergencias (Sifem) y las autoridades advertían “para el próximo invierno inundaciones diez veces mayores a la que afectó al litoral este verano si se cumplen los peores pronósticos en torno al fenómeno de El Niño, lo que podría acarrear la evacuación de más de cien mil personas y que tres millones de hectáreas queden bajo el agua en seis provincias”. Y se concluía con la previsión: “Nuestro territorio se vea afectado hasta julio de 2016, con un pico máximo de afectación entre marzo y abril”. El secretario de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Emilio Renda, había anticipado en enero “entre 120 mil y 130 mil evacuados (más de 140 mil en el pico máximo de afectación), con una gran pérdida en la producción ganadera y cultivos en más de tres millones de hectáreas que quedarán bajo el agua”.

El problema de fondo es cómo se pueden anticipar los fenómenos climáticos que van a significar continuidad de precipitaciones y sopesar realmente los costos de haber profundizado un modelo de monocultivo de soja, deforestación y las consecuentes inundaciones, en un preocupante contexto de cambio climático y calentamiento global que parece no asumirse con la suficiente responsabilidad y seriedad.

Es importante comprender que las inundaciones —más allá de los episodios climáticos extremos y el fenómeno de El Niño— son consecuencia de la gigantesca deforestación y del modelo sojero aplicados en nuestro país en los últimos años. Estamos en un preocupante contexto de cambio climático y calentamiento global. Ante la abundancia de precipitaciones, si no cambiamos el modelo, vamos a enfrentarnos con episodios cada vez más catastróficos. En las últimas décadas se dio una significativa pérdida de bosques en Argentina, Brasil y Paraguay. Sólo en Argentina, en los últimos 25 años, se talaron 7,6 millones de hectáreas de bosques. Entre el 2007 y el 2014, se deforestaron más de dos millones de hectáreas de bosques, mientras la ley de bosques sigue sin reglamentarse, ya que 620 mil hectáreas eran de bosques protegidos y fueron arrasadas. En Entre Ríos se deforestaron 85 mil hectáreas de bosques nativos, esponjas naturales de las precipitaciones, y fueron reemplazadas por monocultivos de soja.

A su vez, el Presidente declaró: “Se puede desarrollar la industria con absoluto respeto del medioambiente”, con lo que omitió los desastres ambientales sucedidos en la actividad en los últimos meses, como el derrame de Mina Gerais. Además, premió a una empresa que en la Argentina ha derramado cinco millones de litros de agua cianurada en el río Jáchal, en la misma provincia de San Juan donde realizó su anuncio.

El caso de Mina Gerais es considerado como el peor desastre ambiental minero de la historia de Brasil, con 12 muertos, 12 desaparecidos, millares de desamparados a partir de la rotura del dique de contención. Ello destruyó la vida de un río entero (el río Doce, con la muerte de toneladas de peces) con una riada de lodo y escombros que después de recorrer 650 kilómetros llegaron al océano Atlántico, destruyeron y contaminaron una importante área de corales.

Por su parte, el derrame ocurrido en Jáchal ha contaminando el agua del río con metales en dosis de hasta 1400% por encima de los valores tolerables. Un desastre ambiental que ha quedado impune. Los vecinos del pueblo de Jáchal, de 22 mil habitantes, conviven con temor a estar bebiendo agua contaminada.

En términos del contexto internacional, el anuncio del presidente Macri va en un sentido exactamente contrario al llamado al cuidado del medioambiente que los principales líderes del mundo realizaron en la Cumbre Climática COP 21 de París, y que el papa Francisco ha trabajado en su encíclica Laudato si’ en defensa del ambiente, el cuidado de la casa común y la vida digna de los seres humanos a través del combate de la pobreza.

La Argentina puede desarrollar otro tipo de modelo productivo que no sea el del extractivismo, que ubica a nuestro país como una zona de sacrificio, de desarrollo de actividades altamente contaminantes para extraer nuestras riquezas.

Los familiares de las victimas cumplieron un rol clave en el reclamo de justicia por la muerte de 52 personas y los 789 heridos. Hubo muchos avisos de que una tragedia podía ocurrir, tanto de parte de usuarios como de los propios trabajadores y delegados de la línea Sarmiento, quienes en varias ocasiones presentaron denuncias y colaboraron en las investigaciones que llevó adelante la Auditoría General de la Nación. Pero los funcionarios decidieron no escuchar y continuar tejiendo un entramado de corrupción y desvío de subsidios en donde Ricardo Jaime (Secretario de Transporte kirchnerista entre 2003 y 2009), Juan Pablo Schiavi (Secretario de Transporte del Gobierno de Cristina Kirchner entre 2009 y 2012) y los hermanos Claudio y Roque Cirigliano (responsables y directivos de Trenes de Buenos Aires), tenían un rol clave.

La tragedia no debió haber ocurrido, los subsidios debieron haber ido a la mejora del servicio y fundamentalmente a la puesta a punto y supervisión de los frenos de las formaciones. Inversiones millonarias que en vez de garantizar la calidad y la seguridad de los trenes públicos fueron desviadas en muchas ocasiones a paraísos fiscales para engrosar las cunetas de funcionarios corruptos. Por eso la expectativa de que este juicio tuviera un fallo ejemplar para aquellos funcionarios y empresarios que predominaron sus intereses particulares y su ambición y corrupción por sobre la vida humana.

En la tarde de ayer en Cómdoro Py se conoció la sentencia final para 21 condenados. Algunos familiares manifestaban su indignación al sentir que las penas fueron leves respecto de la magnitud de la tragedia y de las 52 vidas que se perdieron, por lo que continuaban reclamando que se les debió otorgar las penas máximas a los “funcionarios asesinos”. Otros señalaban de que era un hecho histórico y un gran avance que se hubiese adjudicado la responsabilidad del hecho a dichos funcionarios y que la lucha sirvió para que no quedaran impunes. Claudio Cirigliano recibió la condena de 9 años de prisión; Roque Cirigliano 5 años; Juan Pablo Schiavi 8 años de prisión e inhabilitación especial perpetua; Ricardo Jaime 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

Como señaló Edgardo Reynoso, delegado ferroviario de la línea Sarmiento, queda un sabor amargo por la absolución de Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro integrantes de la Comisión Nacional de Transporte. Por otro lado el tribunal ordenó que se investigue la posible responsabilidad de Julio De Vido, ex Ministro de Planificación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras que por su parte Paolo Menghini señaló “la justicia le dio una lección a la corrupción” y los familiares “le ganamos a los asesinos y a los corruptos”. Y agregó que “no iba a haber impunidad para los que encubrieron a los delincuentes y para el poder político que mira desde Santa Cruz”.

Nada en ese discurso hizo prever la decisión de designar por decreto de necesidad y urgencia (DNU) a Carlos Fernando Rosenkrantz y a Horacio Daniel Rosatti como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por el contrario, a lo largo de toda su campaña Macri enfatizó que iba a bregar por una Justicia independiente y que en su Gobierno no habría jueces macristas. Es más, una de las críticas permanentes del macrismo al kirchnerismo mientras fue gobierno consistía justamente en intentar promover una supuesta democratización de la Justicia sin ningún tipo de debate y en tiempo récord, sobre todo tomando una medida antidemocrática como son las designaciones de jueces por decreto. Criticaban el modus operandi del Ejecutivo kirchnerista de apelar a los decretos de necesidad y urgencia, pasando por encima del debate y de los mecanismos del Congreso Nacional. Tal es así que la diputada Laura Alonso, su principal vocera en la Cámara de Diputados mientras formaban parte de la oposición, publicaba tuits con ese tipo de críticas: “Reformaría la Constitución sólo p eliminar los DNU y el veto”.

Este primer error del presidente Mauricio Macri ha generado rechazo en el amplio arco de la oposición y en distintos referentes sociales, políticos y del ámbito de la Justicia. Por su parte, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel señaló: “[dicha designación es] una medida autoritaria inédita en la democracia argentina”, “un juez nombrado por decreto del Presidente es un juez del Presidente” en relación con que no tuvieron una designación en la que medió el consenso y el diálogo que hubiesen implicado una evaluación del Congreso Nacional. Ante esta decisión, Macri incumple su compromiso de campaña y recae él mismo en todas las actitudes autoritarias que su propio partido le criticaba al Gobierno anterior.

Entre otras reacciones también se destacó la del constitucionalista Daniel Sabsay, quien señaló que la actitud de Macri es muy negativa y de una inconstitucionalidad manifiesta. Por su parte, el senador por Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, señaló que Macri utilizó los mismos métodos arbitrarios que el kirchnerismo. Mientras que para el jefe del bloque del Frente para la Victoria en el Senado de la nación, por donde deberían haber pasado la evaluación de las designaciones, el nombramiento de los jueces es “un disparate” inconstitucional, ya que el Presidente debería haber impulsado el diálogo en el Senado.

Quedan abiertos los interrogantes de cómo el presidente Mauricio Macri va a tomar decisiones sobre asuntos tan sensibles como el de la Justicia, sin contar con mayoría en un Congreso Nacional en ninguna de las Cámaras. Tiene para optar entre el camino de la construcción de diálogo y consenso, que es el camino más arduo y costoso, o puede apelar al atajo y a la urgencia del decretazo.

Mientras en Argentina la presidente Cristina Fernández de Kirchner y el Presidente de YPF Miguel Galuccio insisten en promover la explotación de hidrocarburos no convencionales en la formación de Vaca Muerta, Provincia de Neuquén como una solución mágica para nuestro déficit energético, en Estados Unidos la administración neoyorkina llegó a una decisión que significa un gran golpe de efecto contra la polémica metodología de perforación conocida mundialmente como “Fracking”.

En sintonía con una fuerte campaña internacional, el gobernador Cuomo ya venía supervisando la temática desde 2012, cuando su gobierno llevó a cabo una primera revisión del impacto en la salud. En una reunión del gabinete de fin de año, el Comisionado de Salud interino del estado de Nueva York Dr. Howard Zucker, presentó un panorama general de lo que dijo podrían ser “riesgos significativos para la salud” del proceso de extracción de petróleo y gas no convencional, que se ha impedido en el estado bajo una moratoria temporal puesta en marcha en 2008.

“¿Viviría yo en una comunidad [con fracking] sobre la base de los hechos y las demostraciones que tengo ahora ?”, preguntó Zucker “¿Dejaría que mi hijo juegue en un campo de escuela cercano a una explotación , que se beba agua del grifo o se cultiven hortalizas de la tierra con ese agua? Mi respuesta es no”. Y concluyó: “No puedo permitir la fracturación hidráulica contaminante en el gran estado de Nueva York”.

Esta decisión histórica abre nuevos interrogantes para nuestro país: ¿vamos a seguir aceptando los argentinos que se nos imponga una técnica de extracción que se ha comprobado en el corazón del propio país que la inventó y que la promueve fervientemente, que es altamente riesgosa para la salud humana?

Toma nueva dimensión el debate sobre nuestra matriz energética y sobre todo, la reciente aprobación de la Ley de Hidrocarburos que básicamente se encarga de dar enormes beneficios a las multinacionales e innumerables garantías para que puedan explotar fracking en nuestro territorio. En definitiva, la prohibición del fracking en el estado de Nueva York, termina siendo un gran cuestionamiento indirecto a la propuesta energética del Gobierno Nacional, de Miguel Galuccio como Presidentede YPF y principal promotor del fracking en nuestro país y del Acuerdo Secreto firmado entre YPF y Chevrón para explotar hidrocarburos no convencionales en la Argentina.

Se prueba así que terminé de pagar el departamento meses antes de mi ingreso como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación en diciembre del 2009. Dado que el edificio estaba en construcción y faltaban finalizar obras, la escritura recién se firmó el 22 de marzo del 2011. En dicha escritura figuran con toda claridad las fechas de los pagos correspondientes. Llama la atención la ineptitud profesional del abogado Raffo por su dificultad de comprensión del texto de un documento público y que haya hecho una denuncia tan grave pasando por alto estos datos. En su accionar, muestra una clara intención de manchar mi nombre, el de los referentes Pino Solanas y Alcira Argumedo, y el del propio Partido Proyecto Sur. Lo grave e  irresponsable de su actitud es que implica un sabotaje a la candidatura presidencial Pino 2015, en la que está trabajando toda la militancia nacional, y ante la cual Julio Raffo y su grupo se han manifestado decididamente en contra.

Ninguna fuerza política está exenta de contar entre sus miembros con personas capaces de vender su dignidad por arreglos espurios, traicionando las decisiones colectivas y los principios que deben regir las conductas transparentes de sus cuadros y militantes. Lo negativo de estas calumnias es que perjudican a todos los que intentamos aportar en la construcción de un proyecto político sustentado en la honestidad personal y en la ética pública.

Agradezco profundamente todas las expresiones de confianza y solidaridad que he recibido en estos días a partir de que se difundiera esta calumnia. Era mi deber dar cuenta de mi conducta ante cualquier duda que se haya generado. Espero que este accionar irracional no quede impune.

Como respuesta a la firma de este convenio, distintos organismos de derechos humanos entre los que se encuentran el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel del Serpaj, Nora Cortiñas y Elia Espen de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros, han salido a denunciar el peligro que implica para nuestro país la firma de este convenio, en tanto anticipa la utilización de un tipo de extracción de petróleo y gas no convencional altamente contaminante. A su vez, en la provincia de Neuquén distintas agrupaciones ambientales, junto a los pueblos originarios, sobre todo la comunidad mapuche de la región y movimientos sociales y políticos, se han movilizado para rechazar este acuerdo y denunciar los peligros que conlleva este tipo de extracción.

Dicho método extractivo, conocido mundialmente como fracking, es una técnica altamente destructiva del suelo y contaminante de las napas de agua. Al aceptar este convenio de producción hidrocarburífera cuyo método de extracción es el fracking, la Argentina se encamina  hacia un peligro de contaminación medioambiental y del subsuelo sin precedentes, en perjuicio a las poblaciones que habitan las zonas de los yacimientos. La extracción de extracción de gas y petróleo no convencional como el que se encuentra en Vaca Muerta requiere inyectar millones de litros de agua mezclados con químicos y ácidos, a fin de destruir las piedras del subsuelo donde está el petróleo (muchas veces en estado sólido), lo cual significa que, además de desintegrar  la composición del subsuelo, contamina las tierras y las napas de agua subterráneas. Para entender la magnitud de la potencial contaminación es necesario comparar este método con la megaminería a cielo abierto, que fuera prohibida por el Parlamento Europeo en todo el territorio de Europa, ya que los estudios indicaban que tiene “consecuencias catastróficas e irreversibles”. Lo mismo ocurre con el fracking en varios estados de América del Norte, a pesar del carácter estratégico del petróleo y el gas shale para sus intereses de potencia. Tan fuerte es el rechazo a esta técnica depredadora que muchos de los principales artistas de Estados Unidos se están transformando en vanguardia mundial contra el fracking: desde su sitio web Artists Against Fracking personalidades como Robert De Niro, Lady Gaga, Liv Tyler, Ringo Starr, Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Robbins, Tom Waits y Yoko Ono están realizando un alerta mundial y convocan a rechazar esta técnica de extracción en cualquier región del planeta donde las multinacionales pretendan desembarcar, aún a pesar de las promesas de inversiones millonarias y los supuestos múltiples beneficios.

Por su parte, el gobierno de Neuquén admite que por cada pozo de extracción se utilizarán 20 millones de litros de agua en el proceso de fractura hidráulica del suelo. Es importante tener en cuenta que para Argentina este tipo de explotación no es necesaria en términos de autoabastecimiento, dadas las reservas de petróleo convencional existentes, especialmente en la Plataforma Marítima. Como señala el especialista Félix Herrero en base a diversos estudios internacionales, se calcula que a nivel mundial las reservas conocidas de este tipo de gas y petróleo no convencional son de 3,6 trillones de barriles, contra 1,2 trillones de barriles de reservas de hidrocarburos convencionales. Lo que se estaría acabando es el petróleo “barato”, fácil de extraer; por eso, las corporaciones transnacionales buscan territorios donde puedan imponer las nuevas tecnologías extractivas, con capacidad de producir una enorme polución en las napas de agua subterráneas más profundas, que son en general las más puras. La clave del problema es que este método de explotación brinda grandes beneficios a las corporaciones transnacionales petroleras; pero al mismo tiempo es gravemente destructivo de los territorios en los cuales se extrae.

En el teatro de intereses del escenario internacional y la disputa de los polos de poder, este tipo de explotación responde  a los intereses estratégicos de Estados Unidos -ubicado en un rol potencia mundial declinante- dado que le permite garantizar la provisión de hidrocarburos, ante las amenazas que significan la inestabilidad de los países del Medio Oriente -su derrota en Irak y Afganistán y los conflictos con Irán- así como las tensiones con Venezuela y Rusia; regiones que controlan las mayores reservas de petróleo en el mundo. Es la primera vez que va a realizarse este tipo de extracción en nuestro país -aunque sea más costosa que la convencional y sobre todo más contaminante- y vamos a garantizar a Estados Unidos la provisión de energía sin grandes problemas, en contraste con las zonas proveedoras más conflictivas. Como contrapartida, este papel tendrá para nuestro país consecuencias altamente depredadoras.

El caso paradigmático de contaminación del aire en zonas cercanas a pozos de fracking es el de la ciudad de Dish, en Texas, en la que, tras un estudio se descubrió una cantidad de benceno (agente cancerígeno) muy superior a lo permitido. La contaminación del aire puede deberse bien a la evaporación proveniente de las piletas donde se almacenan las aguas residuales o por fugas en los pozos de gas y tuberías, que contribuyen a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2011 un informe de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos dictaminó que de los 2500 productos empleados en la fractura hidráulica, más de 650 contienen químicos potencialmente cancerígenos. Otro antecedente de contaminación es el caso de Ecuador, donde la Justicia de ese país instó a pagar a la empresa Chevron una multa de 17.000 millones de dólares por daños ambientales. Entre 1972 y 1992 Texaco (hoy parte de Chevron) explotó los campos de petróleo en la ciudad de Lago Agrio, al norte del país. La empresa extrajo 1.5 millones de barriles de petróleo, se vertieron 19 mil millones de galones de residuos en la región. Distintas organizaciones ecologistas describieron el daño de Chevron en Ecuador como el peor desastre petrolero del mundo: se dañaron más de 2 millones de hectáreas del bosque del Amazonas. Las tierras quedaron inutilizadas para la agricultura y ganadería y se vertieron en los ríos más de 680.000 barriles de crudo. En la salud humana,  los daños registrados implican una innumerable cantidad de casos de cáncer, envenenamiento de la sangre, problemas del corazón, daño cerebral y malformaciones de nacimiento.

Una vez más, la Argentina y América Latina son consideradas por las potencias centrales como territorios destinados a recibir las producciones altamente contaminantes que no deben afectar a las poblaciones de Europa y Estados Unidos: a la minería a cielo abierto; a la producción en gran escala de soja con la consecuente devastación de bosques nativos y utilización intensiva de glifosato y otros tóxicos; a las pasteras al estilo Botnia; se sumaría ahora la extracción del petróleo y el gas no convencionales.

Cuando el gobierno nacional anunció la expropiación de YPF bajo el argumento de garantizar la soberanía y el autoabastecimiento energético olvidó mencionar también que era el primer paso para luego habilitar el ingreso de Chevron a la Argentina con el objetivo de explotar los yacimientos de Vaca Muerta, con uno de los métodos más contaminantes conocidos por la humanidad y que las multinacionales han desarrollado sin tomar real conciencia de sus consecuencias ambientales. De los dirigentes sociales, políticos, e  intelectuales, de los sectores  de jóvenes, estudiantes, trabajadores, artistas, de los pueblos originarios, los movimientos sociales y ambientales realmente comprometidos con la argentina; depende denunciar y condenar este paradigma y buscar una alternativa que otorgue prioridad al interés nacional y al bienestar de las mayorías sociales de nuestro país.