En el pan influye el salto del precio de la harina, resultado de la menor siembra que tuvo el cereal en 111 años, con una zafra de 9 millones de toneladas, casi 40% menos que en 2012, dañada a su vez por una intensa sequía. La magra cosecha se debió también a que el nivel de retenciones -con una tasa del 23% en el grano de trigo y del 13% en la harina- desincentivó el cultivo, sometido a rígidos cupos de exportación. Para revertir esta situación, la Presidente anunció en mayo un plan para devolver las retenciones al trigo a través de un fideicomiso, pero este beneficio se percibirá a partir de la presente campaña, que se cosechará el próximo verano. Llegó muy tarde para remediar el actual déficit en el mercado interno.

La iniciativa, con un costo fiscal cercano a los u$s600 millones, permitirá que en 2014 estén casi garantizadas las seis millones de toneladas de trigo para abastecer el consumo local. El Departamento de Agricultura de los EEUU, que ofrece precisos pronósticos sectoriales, calculó una producción aproximada de 13 millones de toneladas del cereal en Argentina, de las cuales se exportará la mitad.

El problema es el presente. La Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola consideró “preocupante” el estado de la provisión interna para los próximos “cuatro o cinco meses”. En respuesta, el Gobierno esgrimió la aplicación de la Ley de Abastecimiento como amenaza para que caigan los precios de la harina y sus subproductos. Las existencias del grano en el país, estimadas actualmente en unas tres millones de toneladas, están acopiadas en los depósitos de las compañías cerealeras, ahora impedidas de exportar, y no en manos de los chacareros, que las liquidaron hace tiempo. Hasta se especuló con que habrá que importar trigo uruguayo para salir de esta crisis inédita en el “granero del mundo”, al tiempo que el ministro de Agricultura afirmó que “hace falta a veces que uno se ponga con el látigo en la mano para que el trigo aparezca“.

Por otro lado, las desorientadas políticas oficiales cerraron el mercado brasileño, principal destino de exportación del cereal argentino, vedaron una fuente de ingreso de divisas y obligaron al socio del Mercosur a buscar aprovisionamiento en las plazas granarias de Canadá, EEUU y Europa, con costos logísticos mucho más elevados. Históricamente Argentina aportaba unas cuatro millones de toneladas de las seis millones que Brasil necesita para su abastecimiento interno; este año llegaron desde nuestro país apenas dos millones.

La realidad local es que la bolsa de harina de 50 kilos pasó de $100 a comienzos de año a un rango actual entre 250 y 280 pesos, según la provincia. A través de acuerdos con cámaras del sector, el secretario de Comercio Guillermo Moreno negoció un pan en mostrador a $10 el kilo, que al término del stock diario o pasado el “happy hour” de las 10 de la mañana, sube a 18 pesos. En 2006, la lucha de Moreno fue por mantener el kilo a 2,50 pesos: en siete años aumentó un 620 por ciento.

En cuanto al tomate, hay razones climáticas que justifican la escasez de un producto de calidad en las góndolas y su eventual encarecimiento. No hay responsabilidad de las políticas oficiales en esto y después de todo no está de más la recomendación de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de reducir su consumo, aunque la propuesta parezca obvia en una sociedad en la que las amas de casa son especialistas en sortear las remarcaciones constantes en los bienes de la canasta de alimentos. El conflicto de fondo sigue siendo la inflación y no el vaivén de productos puntuales. En este debate que el Gobierno se niega a dar, el índice de precios elaborado por consultoras privadas y difundido por legisladores de la oposición dio un alza de 1,93% en junio y acumuló un 23,8% en doce meses, aún con la profusión acuerdos y congelamientos. Para el INDEC, fue menos de la mitad: 0,8% en junio y 10,5% respecto de un año atrás.

La ya dilatada actuación de Moreno en la administración kirchnerista no permite encontrar resultados exitosos, más allá de logros de corto plazo, como fue la caída del dólar paralelo, de $10,45 a menos de $8 por dos meses. El “blue” se volvió a disparar 4,8% la semana pasada y avanzó a 8,35 pesos. Dentro del universo de precios controlados, el único que pudo bajar en forma consistente fue el del Cedin, el certificado oficial que vino a reemplazar al dólar para atesoramiento y que desde $8 de su lanzamiento ya descendió a 6,50 pesos.