La escalada de precios erosiona los ingresos de los asalariados y es el ajuste que llega a las familias. Aunque genera un aumento en la recaudación fiscal en términos nominales, en los hechos enfría el consumo y la actividad económica en general. Las cuentas públicas no pueden salir indemnes en ese contexto. Para las empresas que se encuentran encorsetadas entre los controles de precios y las paritarias también llegó el ajuste, porque estos dos factores disminuirán su rentabilidad.

Ajuste es una palabra temida en el discurso político, pero en el plano fiscal es una realidad concreta cuando el monto no imponible del impuesto a las Ganancias se eleva sólo 20% en los últimos dos años, menos que la mitad de la inflación acumulada en el período. Tampoco se actualizaron las deducciones especiales por tramo de ingreso. La recaudación por el impuesto, al afectar a los salarios de la clase media e incluso media baja, gravita en las cuentas tanto como el IVA por consumo.

Una característica de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner fue que el Estado capturó gran parte de la mejora de la economía con mayor carga tributaria. El impuesto al cheque, las tasas e impuestos municipales y provinciales, el incremento de las alícuotas por retenciones, un inusual gravamen a las exportaciones industriales, las utilidades de la ANSeS y el Banco Central, la emisión de pesos sin respaldo, fueron fundamentos del financiamiento estatal y llevaron al porcentaje de ingresos que los particulares aportan por impuestos totales a 45% del PBI.

Se habla indebidamente de gasto público elevado: es necesario en estos niveles para mantener asignaciones y subsidios que dan cobertura a los sectores de menores ingresos; sostener salud, seguridad y educación, entre otros servicios imprescindibles, o pagar salarios. Si bien es cierto que el gasto público aumentó 20 puntos porcentuales en la última década, al 49% del PBI, y es elevado frente al de las décadas del 80 y 90 -y respecto de otros países de América Latina-, no es un porcentaje diferente del de muchos países desarrollados y con altos ingresos.

El problema no es el gasto en sí, sino el déficit fiscal con el que se solventa, y la impericia para administrar estos recursos. Las prestaciones del Estado son deficientes, faltan obras importantes de infraestructura y el dinero se diluye en gasto corriente. El empleo público creció más que el privado y aún más que el crecimiento vegetativo de la población. Los rojos provinciales y el pedido de auxilio financiero al Estado nacional dejaron al desnudo este desequilibrio.

El avance del impuesto a las Ganancias

Hace un año, en febrero de 2012, el salario medio del sector privado registrado ascendía a $6.046, mientras que el de la administración pública promediaba 4.729 pesos. Entonces, el mínimo no imponible de Ganancias para un trabajador soltero se fijaba en $6.940 y para un trabajador casado y con dos hijos, 9.600 pesos, claramente por encima de esa media. A partir de marzo de este año, el piso se elevará 20%, para eximir del gravamen los trabajadores solteros que ganen menos de $8.360, y los casados con dos hijos que perciban hasta 11.563 pesos.

El salario promedio registrado en la Argentina se sitúa en torno a los $7.000 mensuales y en él se contabilizan los sueldos del sector privado como el público. Sin embargo, al analizar este dato por distrito, se observa que en las provincias patagónicas la remuneración promedio del sector privado supera holgadamente los 10 mil pesos, según datos del INDEC al tercer trimestre de 2012. Es decir que aún sin aumentos este año, quedan al alcance del gravamen. En distritos muy representativos en términos demográficos, como la provincia de Buenos Aires ($6.558) y Capital Federal($7.769), este salario privado promedio está muy cerca del piso mínimo no imponible y lo puede superar si este año se obtienen incrementos salariales por encima del 20%, como es de prever.

Con inflación y paritarias al 25%, y desaceleración económica, la recaudación avanzará a costa de una pérdida de poder adquisitivo del salario real. El anuncio sobre Ganancias que hizo la Presidente en enero se presentó como una buena noticia y una concesión a las demandas sindicales, aunque fue apenas un formalismo para disimular un ajuste salarial y captar más recursos para el fisco.