A dos meses de las elecciones legislativas que sellarán su futuro político, Cristina Kirchner demostró otra vez su rápida capacidad de reacción para tomar la iniciativa e imponer los temas de debate para toda la dirigencia.

La incremento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias tiene un importante alcance para los sectores asalariados formales del escalafón medio, hasta los $15 mil de salario bruto, que integran una parte de la base de votantes del kirchnerismo, con un costo fiscal de sólo $2.581 millones, inferior al 1% del total anual de la recaudación, gracias a la compensación que aporta el gravamen sobre acciones y dividendos de las empresas.

Con esta mejora se inyectarán casi 4.500 millones de pesos anuales al consumo. La suba del piso de Ganancias fue una de las demandas más reiteradas por los sindicatos y también por los pequeños contribuyentes que observaban cómo sus ingresos se reducían en términos reales por el doble efecto de la inflación y la creciente percepción de impuestos, que licuaban los aumentos obtenidos en las negociaciones paritarias.

De todos modos, la inflación sigue y afecta a toda la población, sin distinción alguna, en especial a los pobres, que no reciben un beneficio directo por la rebaja del impuesto a las Ganancias. Si el aporte fiscal de su reducción se va a financiar con emisión sin respaldo, la consecuente inflación lo va a transformar en regresivo -recursos de los sectores de menos ingresos e informales que se destinan a sectores medios- en lugar de progresivo, tal como fue concebido -que aporten más los que más ganan-. A la vez, este gravamen, sin una actualización automática en base a datos estadísticos creíbles sobre inflación, continúa sometido al humor del Poder Ejecutivo, e incluso a la arbitrariedad de sus necesidades electorales, cuando debería ser el Congreso el que lo actualice como una facultad indelegable.

A favor del Gobierno suma el hecho de que el cambio en Ganancias y la ley que grava activos financieros para solventarlo surgieron del diálogo político y social, en el que participaron funcionarios, empresarios y sindicalistas.

Con los mismos reflejos, la jefa de Estado anunció el lunes la reapertura del canje de deuda luego de conocerse el fallo adverso en segunda instancia en la Justicia norteamericana en la causa iniciada contra el país por los bonistas que no ingresaron a las anteriores reestructuraciones de deuda. El objetivo es evitar el pago a los llamados “fondos buitre”, ganar tiempo hasta el 2015 -cuando vence la cláusula que impide mejorar la oferta- y eludir tanto un embargo como un eventual default con los acreedores que ya aceptaron  los dos canjes anteriores.

Esta iniciativa, que tiene todavía un resultado muy incierto, también recibió el apoyo de muchos referentes políticos y económicos, aunque desnudó la improvisación que asoma detrás de decisiones trascendentes y que tendrán largo efecto en el tiempo.

En ambos casos –Ganancias y holdouts-, Cristina dejó sentado que va a apostar todo su capital político para mejorar la performance del oficialismo en las elecciones legislativas. Queda sin definir si semejante reacción llega a tiempo o si ya es demasiado tarde para torcer la tendencia del voto en octubre.