Por una parte, Argentina profundizó el déficit primario (previo al pago de deuda) por cuarto año consecutivo, y extendió el déficit financiero (que contabiliza el pago de títulos) por noveno año seguido. Con datos a octubre, las cuentas públicas acumularon en diez meses de 2015 un rojo financiero de $270.00 millones y un rojo primario de $180 mil millones, si a ambos resultados se les descuentan las “Rentas de propiedad” tomadas al BCRA, la ANSES y el PAMI. Con estos datos se refuerzan las estimaciones de economistas que proyectan un déficit fiscal financiero por encima de los $350.000 millones para el cierre del año, equivalente a casi 7% del PBI, debido a que por estacionalidad el desequilibrio se profundiza en diciembre con el pago de salarios, aguinaldo y bonos de fin de año a cargo del erario público.

Con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2.585 y una decisión administrativa Cristina Kirchner amplió en $141.000 millones los gastos previstos para el corriente año, a lo que añadió otro DNU, el 2635, en el que se atribuye extender a todas las provincias la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia que elimina la detracción de 15% sobre fondos coparticipables que benefició la semana pasada a San Luis, Santa Fe y Córdoba. El fallo del máximo tribunal, que exige la devolución de fondos reconocidos en forma retroactiva a esas tres provincias y captados por la administración nacional durante la última década, significará un desembolso de más de 80.000 millones de pesos. Asimismo, y por efecto de dicha sentencia, los ingresos previstos de la ANSES y la AFIP para 2016 serán reducidos en unos $10.000 millones en 2016.

Pero el DNU 2635 de Cristina Kirchner va más allá de la obligación judicial, pues resolvió la devolución a partir de este mes de diciembre de los recursos detraídos a todas las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. Así, a la deducción entre $80.000 millones y $90.000 millones que deberá liquidarse en favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis por el período 2006-2015, se le añadirán no sólo los $10.000 millones previstos por la detracción a esas tres provincias para 2016, sino otros $40.000 millones por el reconocimiento al resto de los distritos. Durante 12 años y medio de gestión del Frente para la Victoria nunca fueron consideradas las reivindicaciones financieras de las provincias, pero a días de entregar el poder a Macri, la jefa de Estado decidió rever esta postura por otra más “federal”.

Es decir, que los cambios definidos en la coparticipación por la Corte y la propia Presidente saliente representan un recorte a los fondos nacionales por unos 140.000 millones de pesos. Si se les suman los $141.000 millones por el DNU 2.585 y la decisión administrativa rubricados por Cristina esta semana, suman una quita de recursos por un total de $280.000 millones que hasta hace 10 días estaban contabilizados en el presupuesto del próximo Gobierno y a los que ahora la próxima gestión no podrá recurrir.

Esta reducción de fondos es prácticamente el 5% del PBI y en los papeles duplicará el déficit fiscal (previsto en 7% del PBI en 2015 según el resultado financiero) hasta los 630.000 millones de pesos, que le “hereda” la mandataria a su sucesor y que le impone a éste una férrea limitación presupuestaria antes de asumir.

En consistencia con este cálculo, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que “el creciente déficit de las finanzas públicas, generado por un gasto poco flexible, ha llevado al gobierno nacional a poner fin a su ‘política de desendeudamiento’”. Entre enero y septiembre, el endeudamiento bruto del Estado nacional (en moneda local y extranjera) alcanzó los 470.000 millones de pesos.  Para entender esta magnitud de pasivos, IARAF detalló que en los primeros nueve meses de 2015 el Gobierno tomó deuda a razón de $1.723 millones por día, $71,8 millones por hora o 1,2 millones de pesos por minuto.