El Gobierno se garantizó antes de las elecciones la aprobación del Presupuesto 2014 y la ley de emergencia económica. El resultado de los comicios pudo ser analizado desde los despachos oficiales con la perspectiva del “vaso medio lleno”: el Frente para la Victoria conserva la mayoría en ambas cámaras del Congreso y todavía mantiene un núcleo duro de un tercio de los votantes. En el mismo aspecto puede interpretarse que continuará la aversión al cambio y el estilo heterodoxo y desarticulado para abordar los conflictos de la economía.

Sin embargo, ya no es ajena para el Gobierno la urgencia de conseguir dólares. El intrascendente blanqueo de capitales a través de los CEDIN y BAADE ideado por Guillermo Moreno cedió el paso a otras alternativas, más amigables con el mercado financiero que con el discurso kirchnerista. Por ejemplo, el acuerdo con cinco empresas con demandas ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, que liberará créditos por unos u$s3.000 millones, o el cuestionado acuerdo con Chevron para desarrollar el megacampo de Vaca Muerta.

Este auxilio financiero tiene sabor a poco y apenas estira los tiempos para alentar la teoría según la cual el Poder Ejecutivo puede mantener el esquema económico sin variantes hasta la entrega del mando presidencial a otra administración.

El deterioro de variables acota el espacio para insistir con las improvisaciones. Las reservas internacionales del Banco Central se contrajeron casi u$s10.000 millones sólo en 2013. Es un monto es similar a los u$s9.534 millones que el presidente Kirchner le pagó al FMI en enero de 2006 para cancelar la totalidad de la deuda con ese organismo y es muy superior a los cerca de u$s7 mil millones que todavía se le deben al Club de París, entidad que reúne a un grupo de bancos centrales que entregaron al país créditos comerciales que quedaron incumplidos desde 2001.

Esta dinámica sirve para advertir que muchas cosas pueden suceder en dos años. Basta recordar que dos años atrás llegaba la restricción cambiaria. En ese período, el dólar subió de $4,24 a los $9,92 que se pagaron en el mercado libre este martes, un 133% más. En el mismo lapso, los activos líquidos del BCRA disminuyeron u$s13.989 millones (de 47.523 millones a 33.534 millones) o 29,4%, a un ritmo cercano a u$s600 millones por mes.

Durante los 24 meses de vigencia del “cepo” cambiario, las reservas líquidas del BCRA -compuestas por divisas, oro, colocaciones realizables en divisas y convenios multilaterales de crédito, entre otros- pasaron de constituir el 48,5% del activo de la entidad al 29,9%, mientras que se incrementaron en la hoja de balance los adelantos transitorios al Tesoro y los títulos públicos.

¿Por qué se van los dólares?

El arrastre del agro y derivados, y en menor proporción de la minería, permiten todavía que se sostenga el superávit comercial de bienes y servicios -y el ingreso genuino de dólares-, contra la salida de divisas por turismo, energía y rubros industriales, que manifiestan la dimensión de los desequilibrios por un tipo de cambio cada vez menos competitivo. Luego, la cuenta corriente se tiñe de rojo cuando se contabilizan el pago de deuda pública y privada y la remisión de utilidades y dividendos.

La importación de energía este año ascenderá a unos u$s13.000 millones, con un crecimiento del 30% anual, y el déficit sectorial se acercará a los 6.000 millones de dólares. Según datos aportados por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, la producción de crudo cae ininterrumpidamente año tras año desde 1998. Entre 2002 y 2012 retrocedió 24,8% (de 44,1 a 33,2 millones de metros cúbicos) en contraste con el notable crecimiento del PBI argentino en esa década. La producción de gas decreció desde un máximo histórico de 52.385 millones de metros cúbicos en 2004 a 44.124 millones en 2012 (-15,8%).

El déficit de la balanza turística, incentivado por el pago de paquetes en el exterior y pasajes a una tasa de cambio actual de $7,07 ($5,89 más 20% de recargo a cuenta de anticipo de impuestos), superará al de la energía este año, debido a esta distorsión cambiaria que hace más barato a los argentinos viajar fuera del país y dificulta el arribo de turismo internacional.

En cuanto a la industria, su rojo comercial puede contemplarse como una variable más en un sector que contribuye generosamente a la actividad económica, además de crear empleo y valor agregado, sin que por ello deban ignorarse datos preocupantes en materia cambiaria. El rubro autopartista se encamina a un déficit comercial de u$s9.000 millones este año, de la mano de las ventas récord de unidades 0 kilómetro en el mercado interno.

Además de los cuestionamientos morales que pueden achacarse a este beneficio para los evasores, existen razones pragmáticas para explicar la falta de interés en participar del “perdón impositivo”. A diferencia de los blanqueos anteriores, en este caso había que ingresar los dólares al país, cuando estuvieran depositados en el exterior, y rendir los billetes a cambio de un certificado. La falta de confianza en la política económica, en un escenario de debilidad política para el Gobierno después de las primarias, le quitó todo ímpetu a la iniciativa.

Los requisitos para incorporar divisas procedentes de actividades irregulares se redujeron a la mínima expresión: no se solicitaron precisiones sobre el origen de los fondos ni cuándo se obtuvieron. Sólo hubo que firmar una planilla para declarar que el dinero no provino de actividades ilícitas. Ni siquiera un control tan laxo, con el beneficio adicional de no sufrir penalidades ni tener que actualizar el pago de impuestos, tentó a los furtivos tenedores de dólares.

Los ahorristas deben optar por la suscripción de dos instrumentos nominados en dólares: el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN), destinado a los sectores de la construcción e inmobiliario, y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético (BAADE), con vencimiento en 2016 y una tasa de interés del 4% anual. Con la rígida restricción cambiaria mediante, los actores económicos no creyeron que iban a recuperar las divisas o que podían estar exentos de una inminente inspección de la AFIP.

Desde cualquier punto de vista, el blanqueo no alcanza sus objetivos de impulsar el agonizante mercado inmobiliario, reforzar temporariamente las reservas del Banco Central, mejorar la performance de recaudación a partir de 2014 y crear un instrumento financiero en reemplazo del dólar como moneda de cambio y atesoramiento. Por el contrario, causa un inoportuno “costo político” para el Gobierno y deja la sensación de un nuevo maltrato a los contribuyentes que cumplen sus obligaciones con el fisco.

La indiferencia que produjo el blanqueo expuso la falta de una conducción firme de la política económica, cuyas decisiones están dispersas en un racimo de dependencias (Ministerio de Economía, Secretaría de Comercio Interior, ministerios de Industria y Agricultura) y organismos descentralizados (AFIP, Banco Central), bajo la tutela presidencial.

Para otorgarles algo de credibilidad a los funcionarios del Palacio de Hacienda, la sociedad urge otros blanqueos más importantes, que el Gobierno se esfuerza en aplazar: un índice de precios al consumidor verdadero y datos reales de crecimiento económico, pobreza e indigencia. O un blanqueo que involucre la reducción del empleo y la producción “en negro”, que representan cerca del 40% de la actividad económica y dejan en situación vulnerable a buena parte de la población ante eventuales crisis.

La pérdida de reservas en este trimestre de vigencia del blanqueo no se revirtió: fue de u$s2.310 millones (a u$s34.846 millones), por los cuantiosos vencimientos de deuda de septiembre afrontados con dólares del Banco Central. Hacia fin de año, la posible evolución de los activos de la entidad no genera ningún optimismo: sólo este mes habrá que cancelar intereses de Boden 2015 (u$s204 millones el 3 de octubre) y de Bonar X (u$s224 millones, el 17). Mientras, la entidad emisora está obligada a vender más dólares que los que compra en el mercado mayorista, para abastecer la demanda para importaciones, cancelación de créditos privados y turismo en el exterior, que no llega a cubrirse con las liquidaciones de los exportadores.

Así es como se recuerdan con cierta añoranza los primeros años de gestión de Néstor Kirchner, con un índice de inflación en el rango de 3 a 6 por ciento anual y un dólar al que había que sostener con compras del Banco Central porque el ingreso de capitales y el superávit comercial prodigaban abundancia de divisas y pujante recuperación de reservas.

En agosto último, la entidad que conduce Mercedes Marcó del Pont dio señales claras de profundizar la apreciación del dólar oficial, es decir, permitir una devaluación del peso que ya quedó muy lejos de la “sintonía fina”. El dólar mayorista o interbancario -donde interviene el BCRA- cerró el mes en $5,6725, anotó un alza de 2,8% en agosto y sumó un 15,4% en los primeros ocho meses de 2013, la ganancia más alta para un año desde 2002, tras la salida de la convertibilidad. Por el mismo efecto, el peso se devaluó un 2,7% en agosto y un 13,2% en el recorrido del año.

La escalada del dólar mayorista en agosto fue la más alta del año y la mayor desde marzo de 2009 (cuando ganó 4,3%), mientras la ganancia interanual de la divisa (agosto 2012-agosto 2013) marcó 22,3%, la más elevada desde septiembre de 2009. También tiende a acelerarse mes a mes: en junio fue del 2% o 24% anualizado (de 5,29 a 5,395 pesos), en julio fue de 2,2% o 26,4% anualizado (de 5,395 a 5,515 pesos) y en agosto fue de 2,7% o 32,6% anualizado (de 5,52 a 5,68 pesos).

Puede decirse que este “aterrizaje forzoso” del peso tiende a sincerar y reconocer de alguna forma parte de la inflación acumulada en los últimos años y reprimida en cuanto a tipo de cambio por la intervención oficial en el mercado mayorista. En los hechos, agosto (con la proyección de 32,6%) ya está superando las previsiones de inflación anual y la conducta del Central sugiere que seguirá en esta senda hacia fin de año.

¿A qué se debe este apuro del BCRA por ordenar la variable cambiaria?

- En primer lugar, la vigorosa inflación deja en evidencia el atraso de un dólar cuyo precio no evoluciona al mismo ritmo que el resto de los bienes de la economía local.

- La apreciación del dólar en Brasil, de 2,052 a 2,385 reales entre enero y agosto, un 16,2%, con una inflación acumulada en el país vecino en torno al 4%, que resulta una apreciación real de la divisa norteamericana de 12,2% en el año. La producción brasileña se vuelve más competitiva respecto de la norteamericana por esta ayuda cambiaria, y también respecto de la argentina, donde la devaluación del peso es, por ahora, neutralizada por la tasa de inflación.

- La apreciación del dólar en términos globales. No sólo la Argentina y Brasil, si no varios países emergentes optan por deslizar sus monedas ante las expectativas de un fortalecimiento de la divisa de EEUU en un futuro escenario de tasas de interés más elevadas en la economía norteamericana.

- Los ingredientes locales, claro, son fundamentales para que el peso tenga un derrotero diferente al de sus pares regionales. Además de la inflación, Argentina atraviesa un período de pérdida de reservas gradual, pero constante, que deja un dólar teórico de 8,73 pesos (al dividir la base monetaria por las reservas líquidas del BCRA), cercano a los $8,88 del “contado con liquidación” (referencia para operaciones financieras) y a tiro de los $9,30 que merodeó el dólar blue el viernes.

- Las restricciones cambiarias que frenaron la fuga de capitales también cerraron otras vías de ingreso de dólares, como préstamos a empresas, inversiones del extranjero y créditos multilaterales. La sangría de divisas por pago de deuda, el turismo en el exterior, el déficit energético y el rojo comercial de algunos rubros industriales también hicieron su contribución para que la caída de reservas en el año ascendiera a u$s6.489 millones –más del doble que todo lo perdido en 2012-, a u$s36.801 millones, su nivel más bajo desde abril de 2007.

- La poca aceptación del Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) minó una alternativa para fortalecer temporalmente las reservas y atenuar la suba del dólar. A dos meses de su lanzamiento, el blanqueo de capitales motorizó suscripciones por u$s50.801.758, apenas por encima de los u$s41 millones de reservas que se perdieron en promedio en cada jornada cambiaria de 2013.

- El condimento político también tiene que tomarse en cuenta. La elevada emisión de pesos sin respaldo para alimentar el financiamiento público tendrá un incentivo extra con el incremento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. Los $4.500 millones de “esfuerzo fiscal” que representará esta medida hasta fin de año serán parcialmente compensados por el aporte privado (impuesto sobre adquisiciones de activos y sobre dividendos) en un monto difícil de estimar todavía. Seguramente, el recorte de ingresos al erario público por Ganancias tendrá que ser equilibrado con más pesos del Banco Central. El futuro para el dólar en el plano local tiene sólo dirección alcista.

Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, entidad que supervisa y registra las transacciones en el distrito más homogéneo en cuanto al dinamismo inmobiliario, la cantidad de escrituras en junio cayó 44,7% en términos interanuales, a 2.632 operaciones. Aún cuando la base de comparación fue muy baja, porque el año pasado la contracción generada por el “cepo” al dólar ya era contundente, la caída del sexto mes de 2013 no se desaceleró, si no que fue la más profunda desde septiembre de 2012.

En cuanto a los montos involucrados, los $1.515,6 millones de junio muestran una baja de 37,2% anual medida en pesos. En ese período, el dólar en el circuito paralelo subió 35,3% (desde los $5,95 del 29 de junio de 2012 a los $8,05 del 28 de junio 2013). Traducido a dólares, el total de ventas se redujo a la mitad: en junio del año pasado sumó u$s405,6 millones contra u$s188,3 del mismo mes de este año, con un retroceso de 53,6 por ciento. Desde la perspectiva del valor promedio de las operaciones, resultó de $575.845, con una suba de 13,6% en pesos, pero con una caída de 16% si se mide según el dólar libre, desde u$s85.194,3 en junio de 2012 a u$s71.533,5 un año después.

En el ámbito porteño, el primer semestre de 2013 fue el de peor desempeño de la serie histórica –comenzó en 1998, hace 16 años-, con 15.281 actos notariales, un 42% menos que el piso anterior, en 2002, cuando en plena crisis económica, política y social se registraron 26.350 operaciones en seis meses. La actividad del período enero-junio de 2013 fue a su vez un 53% menor que la del máximo analizado, en 2006.

Las cifras del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires muestran una tendencia similar. Las escrituras en junio cedieron 9,6% interanual en términos nominales (9.018 operaciones inmobiliarias contra 9.975 verificadas durante igual mes de 2012) y 5,7% en el monto total involucrado medido en pesos.

Empiezan a caer los precios

En medio de este continuado receso sectorial, los precios en dólares comienzan a ceder. El año pasado, todavía no había una pérdida de valor significativa, seguramente por la renuencia de los propietarios a aceptar una rebaja agresiva por el bien más preciado que tiene una familia, que es su vivienda. El desdoblamiento virtual del mercado de cambios tiene su réplica en el sector inmobiliario: por los usados se piden dólares y por los proyectos a estrenar, desde el pozo y fideicomisos se aceptan pesos.

Mientras los constructores y empresarios del Real Estate se adaptaron con relativa eficacia a la “pesificación” que intentó imponer el Gobierno en la materia, debido a que sus costos – a excepción del terreno- son en moneda local, el usuario particular optó por retirar su propiedad de la venta u ofrecerla en alquiler a la espera de un tiempo más propicio para “realizarla”. Los menos, con necesidad de dinero o apurados por algún otro motivo personal decidieron ceder a las fuertes contraofertas de los interesados, con dólares en el bolsillo.

El desarrollador valúa las unidades a estrenar en función de los metros cuadrados futuros que el monto recaudado por las ventas le permitirán construir. Por lo tanto, es más flexible en cuanto a condiciones y divisa a tomar en la transacción, si esto le facilita obtener pronta financiación y rentabilidad para el próximo proyecto. Esta fortaleza financiera del empresario, que no la tiene el usuario final, es la que explica que la construcción se recomponga rápidamente de las devaluaciones y caídas de precios, como ocurrió en 2002.

Un informe de la consultora Reporte Inmobiliario determinó que en la provincia de Buenos Aires los precios de viviendas usadas bajaron en torno al 23% medidos en dólares. Las localidades de La Plata, Lomas de Zamora y Ramos Mejía fueron las más afectadas por el retroceso de los precios de oferta. Otra muestra, sobre los precios promedio de unidades a estrenar o desde el pozo en el barrio de Caballito, en el corazón de Capital Federal, reveló un descenso del 6,9% medido en dólar libre, recortándose esta baja a 3,3% en el caso de las cocheras, más rentables que los departamentos por su retorno en alquiler.

Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario, explicó que “cuando tomamos los dos últimos trimestres, estamos viendo caídas del 7 u 8 por ciento en dólares. Parecería que después de todo este tiempo con el cepo, y un momento complicado también anterior al cepo, quien quiere vender está empezando a bajar los precios de oferta, que son los relevamientos que hacemos. Las pocas operaciones que se están cerrando, se realizan a valores bastante más bajos que los que se solicita”.

Ya empiezan a observarse precios en clara baja respecto del escenario anterior a la restricción al dólar y esta reducción puede ampliarse más con la contraoferta. “Varía según la ubicación y el tipo de propiedad, pero se puede hablar en términos generales que los cierres de operaciones están en el orden de -25%, partiendo de una cotización muy elevada de hace dos años, con una buena tasación”, comenta Gómez Picasso.

El efecto reactivador esperado por los Certificados de Depósitos de Inversión (CEDIN) no fue tal. El instrumento para el blanqueo de capitales a través de la compra de propiedades que ideó el Gobierno sumó apenas u$s29,8 millones al 16 de agosto. Es decir que promediando su plazo de vigencia (hasta el 30 de septiembre), este documento para reemplazar al dólar generó un resultado equivalente al 17,6% de las compraventas en el ámbito porteño, en un mes históricamente negativo como junio último. En las actuales condiciones, las esperanzas de un “rebote” para este mercado se diluyeron en pocas semanas.

El lanzamiento del Cedin no contuvo el apetito de los ahorristas por el dólar, incentivado por el cobro del medio aguinaldo. Desde que comenzó julio, la divisa en el mercado marginal ganó un 5,8%, mientras que con el certificado para blanquear capitales no se concretó hasta ahora ninguna operación en la Bolsa de Comercio.

Esta semana, la presidente Cristina Kirchner decidió aludir en forma directa al dólar y apuntó a los bancos como responsables de una intentona devaluacionista. “Sabemos que nos van a poner escollos, por eso nos corren con algunos fantasmas ‘blue’, porque hace muy poco desde el Banco Central de la República Argentina obligamos a los bancos a disminuir la tasa de interés”, afirmó y advirtió: “Sabemos que nos responden con ficción y con fantasmas, pero les vamos a correr las sábanas para que los argentinos les vean las caras a esos fantasmas”.

El discurso de la mandataria sacó al dólar de la zona tabú y con una dosis de ironía lo llevó al terreno de la superstición. Omitió decir, de todos modos, que no son apariciones del más allá, sino funcionarios del “más acá” los responsables esta suba, que se explica por las medidas aplicadas durante la actual gestión , como la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y el “cepo” cambiario. De estas políticas, el circuito de divisas marginal es un emergente de poca trascendencia si se lo comparara con otros problemas como el déficit fiscal y la inflación creciente.

La base monetaria del Banco Central refleja un incremento interanual de la emisión de pesos del 29,7 por ciento. La suma del circulante (billetes y monedas en poder del público, en entidades financieras y cheques cancelatorios, más los pesos en cuenta corriente del Banco Central) pasó de $252.248 millones el 12 de julio de 2012 a $327.229 millones el 12 de julio de este año. En el mismo período, el dólar ganó casi la misma proporción: 30,7% en la comparación interanual, desde los $6,55 del 17 de julio de 2012 a los actuales 8,52 pesos. El incremento del dólar, por más que se genere en un mercado especulativo e irregular, obedece a indicadores y no a un capricho desestabilizador.

Al dividir la base monetaria por las reservas del Banco Central (en u$s37.457 millones), surge un dólar implícito de $8,74, casi igual que los $8,75 que se pagaban por el “blue” el martes pasado. Por eso, otro fuerte factor de presión para que suba el “blue” es el deterioro de los activos líquidos de la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont, que disminuyeron 13,5% en el año o u$s5.833 millones desde que comenzó 2013, cuando alcanzaban los 43.290 millones de dólares.

Esta erosión de la hoja de balance se explica en cierta medida por los adelantos transitorios que el Banco Central hace al Tesoro nacional, a cambio de un documento de pago, que pasaron a constituir el 23% del activo del BCRA, cuando significaban el 15% hace un año. En sentido inverso, las reservas, que representaban el 43,6% del activo total en julio de 2012, ahora significan un 33 por ciento.

La teoría conspirativa sobre el circuito informal del dólar fue instalada por la Presidente de la Nación en un mensaje que puede enmarcarse dentro de la campaña electoral, pero más preocupa que fue rubricada por un funcionario técnico, como Axel Kicillof, quien también acusó a las entidades financieras de tener “vasos comunicantes” con “el mercado ilegal del dólar”. Además, el el viceministro de Economía rechazó las críticas a los instrumentos para el blanqueo de capitales y denunció una “guerra de guerrillas de los medios opositores para tirarlos abajo, metiéndole miedo a la gente”, según su expresión, para convencerla de no entregar sus dólares en el colchón.

Las palabras de Kicillof muestran como el diagnóstico oficial se obstina en negar el atraso cambiario, producto de la inflación, y a ésta como consecuencia de la emisión de pesos sin respaldo para financiar el déficit público. Así, las condiciones para que el dólar siga demandado y con proyección alcista permanecen intactas.

Esto se explica por la evolución del dólar financiero o “contado con liquidación”, utilizado para valuar los activos locales en divisa extranjera, que aumentó en el transcurso del año desde $6,81 a 8,48 pesos. Con este parámetro, si se traduce la puntuación del Merval en divisa dura, el índice retrocedió de los 419 puntos del 28 de diciembre a los actuales 394 puntos. En el mismo período, el dólar “blue” ganó un 25,6%, hasta los $8,58 del cierre del lunes.

El retroceso del “blue”, forzado por la liquidación del 20% de los bonos en dólares en poder de la Anses, impactó en el valor de estos activos y en las acciones, particularmente las financieras, por la tenencia de títulos públicos en cartera de los bancos. El 8 de mayo último, cuando el dólar libre alcanzó su récord del año en $10,45, el Merval alcanzaba también su máximo anual, en 4.066 puntos. Dividido este registro por los $9,36 del “contado con liqui” en esa fecha, la puntuación del Merval fue de 434 puntos, aún por encima de los actuales 394 enteros. Para entender la baja valuación de los activos argentinos, basta confrontarla con los máximos en dólares del Merval: 913 puntos el 20 de enero de 2011 y 896 puntos el 1 de junio de 1992.

Al observar la relación precio-ganancia promedio de los títulos argentinos se advierte que las valuaciones locales continúan en pisos históricos. El price to earnings permite determinar si una acción o un mercado están baratos o caros según la cantidad de años que se necesita conservar un activo para recuperar la inversión inicial. Según un estudio de Javier Frachi, Master en Finanzas de la Universidad Di Tella, el Merval refleja que en promedio se precisan acumular 2,3 años de ganancias de una acción para cubrir el valor del título en el momento de haber sido adquirido, cuando esa comparación en 2010 era de seis años. Ese promedio es mucho mayor en otros mercados: Chile (19 años), EEUU (18,3 años), España (16), Japón (15,3), Brasil (15), Reino Unido (14), Alemania (12,3) o China (7). Afuera hay que esperar mucho más tiempo para recuperar lo invertido.

Es evidente que las valuaciones locales están comprometidas por el alto grado de desconfianza de los inversores sobre la salud futura del mercado, con las recurrentes modificaciones de reglas por parte de un Gobierno que en estos días estudia gravar la renta financiera. En el mismo sentido, los volúmenes operados en acciones están en su piso desde el establecimiento de las restricciones cambiarias a fines de 2011 y no contabilizan ni u$s10 millones diarios. No es casual que la cantidad de activos en dólares del sector privado argentino no financiero en el exterior, es decir la “fuga de capitales”, haya aumentado desde esa fecha. Un informe de la consultora Management & Fit refirió que las empresas y hogares poseen en el extranjero o fuera del sistema financiero activos por u$s202.561 millones, equivalentes a 46% del PBI, con un incremento de u$s12.720 millones a lo largo del último año.

Sin embargo, predominan los analistas que encuentran sólidos factores alcistas en la plaza accionaria. Por un lado, sigue el empuje positivo de Wall Street, que si bien puede estar más cerca de su techo este año, con una ganancia acumulada de 16%, demuestra que la actividad económica en los EEUU mantiene la tendencia positiva que se inició hace 4 años. También refuerza la oportunidad de compra para las acciones líderes la apuesta de agentes financieros por un probable revés electoral del oficialismo en los comicios legislativos de octubre, que de pie al comienzo de un cambio de ciclo político, con esperables consecuencias en las directrices económicas.

Un fallo muy desfavorable de la Corte de Apelaciones de Nueva York en la demanda entablada por los “holdouts” podría llegar a minar en parte esta previsión de ganancias para los papeles argentinos, pero la lentitud que manifiesta la aceptación del Cedin para blanquear capitales respalda la teoría de un aumento de la presión alcista para el dólar informal hacia fin de año, cuyo recorrido también copiarán las acciones.

En el pan influye el salto del precio de la harina, resultado de la menor siembra que tuvo el cereal en 111 años, con una zafra de 9 millones de toneladas, casi 40% menos que en 2012, dañada a su vez por una intensa sequía. La magra cosecha se debió también a que el nivel de retenciones -con una tasa del 23% en el grano de trigo y del 13% en la harina- desincentivó el cultivo, sometido a rígidos cupos de exportación. Para revertir esta situación, la Presidente anunció en mayo un plan para devolver las retenciones al trigo a través de un fideicomiso, pero este beneficio se percibirá a partir de la presente campaña, que se cosechará el próximo verano. Llegó muy tarde para remediar el actual déficit en el mercado interno.

La iniciativa, con un costo fiscal cercano a los u$s600 millones, permitirá que en 2014 estén casi garantizadas las seis millones de toneladas de trigo para abastecer el consumo local. El Departamento de Agricultura de los EEUU, que ofrece precisos pronósticos sectoriales, calculó una producción aproximada de 13 millones de toneladas del cereal en Argentina, de las cuales se exportará la mitad.

El problema es el presente. La Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola consideró “preocupante” el estado de la provisión interna para los próximos “cuatro o cinco meses”. En respuesta, el Gobierno esgrimió la aplicación de la Ley de Abastecimiento como amenaza para que caigan los precios de la harina y sus subproductos. Las existencias del grano en el país, estimadas actualmente en unas tres millones de toneladas, están acopiadas en los depósitos de las compañías cerealeras, ahora impedidas de exportar, y no en manos de los chacareros, que las liquidaron hace tiempo. Hasta se especuló con que habrá que importar trigo uruguayo para salir de esta crisis inédita en el “granero del mundo”, al tiempo que el ministro de Agricultura afirmó que “hace falta a veces que uno se ponga con el látigo en la mano para que el trigo aparezca“.

Por otro lado, las desorientadas políticas oficiales cerraron el mercado brasileño, principal destino de exportación del cereal argentino, vedaron una fuente de ingreso de divisas y obligaron al socio del Mercosur a buscar aprovisionamiento en las plazas granarias de Canadá, EEUU y Europa, con costos logísticos mucho más elevados. Históricamente Argentina aportaba unas cuatro millones de toneladas de las seis millones que Brasil necesita para su abastecimiento interno; este año llegaron desde nuestro país apenas dos millones.

La realidad local es que la bolsa de harina de 50 kilos pasó de $100 a comienzos de año a un rango actual entre 250 y 280 pesos, según la provincia. A través de acuerdos con cámaras del sector, el secretario de Comercio Guillermo Moreno negoció un pan en mostrador a $10 el kilo, que al término del stock diario o pasado el “happy hour” de las 10 de la mañana, sube a 18 pesos. En 2006, la lucha de Moreno fue por mantener el kilo a 2,50 pesos: en siete años aumentó un 620 por ciento.

En cuanto al tomate, hay razones climáticas que justifican la escasez de un producto de calidad en las góndolas y su eventual encarecimiento. No hay responsabilidad de las políticas oficiales en esto y después de todo no está de más la recomendación de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de reducir su consumo, aunque la propuesta parezca obvia en una sociedad en la que las amas de casa son especialistas en sortear las remarcaciones constantes en los bienes de la canasta de alimentos. El conflicto de fondo sigue siendo la inflación y no el vaivén de productos puntuales. En este debate que el Gobierno se niega a dar, el índice de precios elaborado por consultoras privadas y difundido por legisladores de la oposición dio un alza de 1,93% en junio y acumuló un 23,8% en doce meses, aún con la profusión acuerdos y congelamientos. Para el INDEC, fue menos de la mitad: 0,8% en junio y 10,5% respecto de un año atrás.

La ya dilatada actuación de Moreno en la administración kirchnerista no permite encontrar resultados exitosos, más allá de logros de corto plazo, como fue la caída del dólar paralelo, de $10,45 a menos de $8 por dos meses. El “blue” se volvió a disparar 4,8% la semana pasada y avanzó a 8,35 pesos. Dentro del universo de precios controlados, el único que pudo bajar en forma consistente fue el del Cedin, el certificado oficial que vino a reemplazar al dólar para atesoramiento y que desde $8 de su lanzamiento ya descendió a 6,50 pesos.

El cambio del régimen de las declaraciones juradas de los funcionarios altera la única política de transparencia pública que se había mantenido en los últimos años, si bien la ley, sancionada en 1999 en las ocaso de la gestión de Carlos Menem, nunca contó en 14 años con la conformación de la Comisión Nacional de Ética Pública. Esa desidia del poder político que se mantuvo en los sucesivos gobiernos facilitó que ahora esa institución haya sido suprimida.

La Oficina Anticorrupción pasa a tener un rol de simple acopiadora de datos, virtualmente privada de funciones para actuar contra estos delitos cometidos en el ámbito público, como una suerte de escribanía o dependencia administrativa. No es así el caso de la AFIP, que concentrará la información reservada de los bienes de los funcionarios de los tres poderes, incluidos los datos de los cónyuges, convivientes e hijos menores no emancipados.

El ente recaudador pasa a tener una función central al manejar los listados de los funcionarios y candidatos a ocupar cargos y define quiénes deberán presentar declaraciones juradas a ser publicadas en forma sintética y quiénes no. El organismo que conduce Ricardo Echegaray va a ejercer un mayor control, con la presión extra que significa sobre los demás poderes del Estado, en medio de la disputa entre el Gobierno y la Corte Suprema por el proyecto oficial de “democratización” de la Justicia.

La normativa establece dos tipos de formularios: las declaraciones juradas públicas, que serán iguales a las que se presentan ante la AFIP con fines impositivos, lo que significa que se brindarán montos globales por inmuebles o automotores, pero no el detalle sobre cada unidad, ni cuándo fueron adquiridos estos bienes ni el origen de los fondos para esas transacciones. Por otro lado, habrá un “anexo reservado”, al que sólo se podrá acceder en caso de una denuncia judicial, difícil de radicar sin aquellos datos precisos. Una muestra de ello es que se eliminan los formularios públicos que existían bajo el amparo de la ley de Ética Pública, para restringir el cotejo con la información presente. Los datos para determinar incompatibilidades o conflictos de intereses también quedan vedados por la nueva reglamentación, que no prevé la inclusión de información sobre empleos anteriores y su eventual injerencia en el actual desempeño público.

Hasta ahora había sido pública la información detallada sobre bienes muebles e inmuebles. De una propiedad, se identificaba la ubicación, superficie, reformas, valor fiscal y de adquisición; en el caso de ganancias, el origen de los fondos. Hoy, la reglamentación dispone informar la valuación total de los bienes, sin discriminación ni particularidad, sesgo que obstruye cualquier tipo de investigación sobre enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, si el funcionario tiene acciones un una empresa, figura el título “acciones”, pero no se asienta el nombre de la firma. Se suprime información esencial para una denuncia: ni siquiera el anexo reservado proveerá detalles sobre ingresos –por ejemplo, si cobra algún tipo de salario, renta u honorarios por tareas en el ámbito privado-, inversiones en sociedades de las cuales es parte, créditos ni las deudas contraídas.

Además, la reglamentación dejó dentro del anexo reservado toda la información referida a cónyuges e hijos menores, con lo cual se simplifica el ocultamiento de bienes que hayan sido registrados a nombre de terceros. Asimismo, ya no habrá que informar ni siquiera en forma reservada sobre acciones o participación en sociedades de cónyuges o convivientes, ni sus ingresos detallados, deudas o créditos.

El costo político de la corrupción

La corrupción se percibe con más fuerza cuando la situación económica es menos favorable. Tal fue el caso de la ley “Banelco”, cuando el líder camionero Hugo Moyano denunció que el gobierno de Fernando de la Rúa pagó sobornos en el Senado para la aprobación de la Reforma Laboral en 2000. Aquel escándalo significó el comienzo del declive político del presidente de la Alianza.

La reglamentación de la ley sobre declaraciones juradas coincide con una etapa de cuestionamiento social sobre el comportamiento ético de quienes se desempeñan en las instituciones públicas. Una encuesta de Transparencia Internacional señala que el 72% de los argentinos cree que la corrupción creció desde 2011, mientras que el 74% piensa que es insuficiente la lucha del Gobierno contra este tipo de delitos.

Por otro lado, el blanqueo de capitales impulsado por el Ejecutivo para atraer dólares de origen dudoso a través del CEDIN y el BAADE justifica esta percepción acerca de la renuencia oficial a investigar los patrimonios que crecieron a la sombra de prebendas obtenidas por el ejercicio de la función pública.

La polémica iniciativa toma cuerpo en un momento en que la salida de dólares de la economía formal se hace sentir con fuerza, como muestran, por ejemplo, la caída de reservas del BCRA o la reducción del superávit comercial. El certificado para “exteriorizar” divisas asoma en el enunciado oficial como una solución para todos los males que en el último año y medio le quitaron impulso a la actividad local. Entre sus atribuciones se menciona que:

Reactivará la economía. Su circulación dinamizará el mercado inmobiliario, atrofiado por el “cepo” al dólar. Servirá para la compra de terrenos, lotes o parcelas -urbanas y rurales-, galpones, locales, oficinas, cocheras, viviendas construidas o por construir, refacción, ampliación y mejora de inmuebles e, incluso, la compra de materiales, con el efecto de “derrame” que implica la construcción. El secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno espera que sea un medio de pago que se extienda a supermercados y otros negocios.

Promoverá la inversión. Como el Gobierno amplió el alcance del instrumento para que pueda ser obtenido con dólares declarados y no sólo aquellos fruto de la “fuga”, en los despachos oficiales presumen que podrá seducir a las empresas y grandes inversores para que “cambien” sus dólares legalmente a un tipo de cambio 50% más alto que el del circuito formal, a través del mercado secundario de los Cedines, para ser aplicados en proyectos productivos.

Aliviará las tensiones cambiarias. La circulación fluida de los certificados, gracias su condición de endosables sin límites, facilitará que los ahorristas se retiren del dólar “blue” para interesarse en esta singular experiencia inversora, que posibilitará la dolarización de carteras en forma legal.

Será refugio de valor. El papel podrá integrar las carteras de los Fondos Comunes de Inversión. El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, confió a Página 12 que se convertirá en un instrumento de ahorro: “Muchos van a ver que el Cedin representa un equivalente en dólares, un sucedáneo seguro, transparente y líquido, que va a ser muy demandado por inversores para operaciones inmobiliarias, o bien como inversión”.

Servirá para recomponer reservas. Como es un certificado endosable, impulsará el ingreso de dólares a las arcas del Banco Central mientras continúe en circulación, y esto puede extenderse en el tiempo más allá de los 90 días de vigencia del blanqueo. Funcionarios del Palacio de Hacienda estimaban entre 2 mil y 4 mil millones de dólares el monto de capitales que podrían volver al sistema.

Otorgará beneficios impositivos. Quien blanquee sus fondos no declarados no sufrirá penalidades ni tendrá que actualizar el pago de tributos. Además, el Cedin no paga impuesto a las transacciones financieras ni impuesto al cheque. El diputado Carlos Heller recordó que “este programa perdona la evasión fiscal”, aunque aclaró que no exime operaciones de “lavado de dinero u otras causas ilícitas”. A su vez, el fisco mejora su perfil recaudador para el año entrante con los fondos ahora declarados y reintroducidos al sistema financiero.

Reinstalará el dólar para atesoramiento. Con el Cedin, el Gobierno reconoce que el precio del dólar paralelo tiene entidad. Controlar el “blue” con la venta de bonos en dólares fue muy eficaz, pero generó un alto costo fiscal, e ignorar su existencia no sirvió de nada. Por eso se inclina por crear un instrumento con el que apuesta a desactivarlo, al tentar a la demanda con la promesa de acceder al billete físico de forma legal, al precio del dólar libre. El ex ministro de Economía Martín Lousteau definió al certificado como “una suerte de desdoblamiento cambiario, porque por un lado vamos a tener el dólar oficial y por el otro un dólar que es el que va a estar implícito en la cotización de los Cedin”.

Los interrogantes continúan abiertos y la confianza que los actores financieros puedan tener en el certificado será fundamental para disiparlos. Para que el plan tenga éxito, el Banco Central enfrenta una paradoja: si quiere que le ingresen muchos dólares, deberá primero dar muestras de celeridad en la devolución de los billetes cuando alguien quiera hacer efectivo su Cedin “aplicable”.

La pregunta es por qué no se actuó antes, con mecanismos efectivos y legales como los utilizados en las últimas jornadas financieras: ventas en pesos de bonos en dólares en poder de organismos oficiales que desinflaron el precio del dólar “contado con liquidación”, un alza significativa en las tasas de interés –al retirarse la provisión de pesos del Banco Nación por préstamos interbancarios-, y un recorte de la brecha al permitir una mayor apreciación del dólar oficial.

Quedó expuesto que son los grandes inversores y empresas los que motorizan la demanda del “blue” y lo llevan a trepar a grandes saltos, de la mano de la tónica especulativa con la que negocian los cambistas informales. Ante la posibilidad de hacerse de divisas de manera legal y a un valor más conveniente, a través del “contado con liqui”, estos compradores salieron del circuito paralelo e incluso estuvieron dispuestos a vender divisas a $10 para redolarizarse con cierto margen de ganancia por la operatoria financiera.

De todos modos, el panorama no es para festejos en el Banco Central, cuyas reservas continuaron en descenso, desde los u$s39.280 millones del 8 de mayo, hasta los u$s38.612 millones‏ actuales. En el año, la autoridad monetaria restó u$s4.678 millones a sus activos líquidos, un 10,8 por ciento. Según la consultora Empiria, que dirige el ex gerente general de la entidad Hernán Lacunza, “la merma en la cotización del oro (cerca de un 20% en el año, implican unos u$s650 millones de menores reservas respecto al cierre de 2012), los pagos de deuda del Tesoro a bonistas (en torno a los u$s900 millones) y a organismos internacionales (u$s350 millones), y la salida de depósitos en dólares (u$s1.100 millones) explican un 70% de la variación negativa de las reservas”. Estas condiciones se mantienen intactas: entre otros pagos, en septiembre habrá que cancelar u$s2.070 millones por el vencimiento del Bonar VII.

De esta forma, las reservas del Banco Central no lograron recomponerse aún en el período de mayor liquidación de exportaciones del complejo cerealero-oleaginoso, que coincide con el segundo trimestre del año. Ya se liquidaron más de u$s10.300 millones en los primeros cinco meses de 2013, pero con esta tendencia, la pérdida de activos podría duplicar este año los u$s3.300 millones resignados en 2012 y superar los u$s5.900 millones de 2011, año que transcurrió en su mayoría sin restricciones cambiarias que moderaran la fuga de capitales.

Todo indica que la “sensación bajista” que se impuso en el mercado marginal del dólar seguirá firme en el corto plazo. Esta semana se puso en marcha el congelamiento de precios sobre 500 productos masivos y se retiraron otros 9.500 del control establecido el 1° de febrero. El Gobierno no puede consentir un dólar que sube mes a mes, presiona sobre los precios minoristas y resta fuerza al paliativo que implica el acuerdo con las cadenas comerciales. El dólar en retirada, en cambio, ayudará a que el consumo concentre el flujo de los pesos excedentes y lo derrame en otros rubros de la economía.

En el mismo sentido, el lanzamiento de dos bonos con destino a inversión en energía e infraestructura (BAADE) y una cédula hipotecaria (CEDIN), que permitirán blanquear fondos no declarados, sólo podrá salvarse de la intrascendencia con un dólar “planchado”. Una vez reglamentado, este plan, que tiene como fin ayudar a reactivar la economía y reforzar las reservas, estará vigente por tres meses, a pocas semanas de las elecciones.

Distinto escenario asoma después de octubre, cuando el fuerte ritmo de emisión de moneda para financiar el gasto público (en torno al 35% anual), y la inyección récord de pesos en los bolsillos de los argentinos -por el pago de aguinaldos, el cobro de incrementos salariales pautados en paritarias y el aumento en asignaciones y jubilaciones-, comience a circular con velocidad y en alguna proporción se vuelque a la compra de dólares en el mercado paralelo.