Además de esclarecer la muerte del fiscal es vital restaurar la confianza en la Justicia. A tal fin necesitamos “un Campagnoli” que investigue tanto la causa Nisman como la causa AMIA. Sin que esto signifique menoscabar la figura de la fiscal interviniente, Viviana Fein, estoy convencido de que la trascendencia de los hechos requiere asignar estas investigaciones a figuras de coraje e idoneidad probada en muchas batallas y, sobre todo, insospechadas de complicidad con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es en el interés del Ministerio Público y de la propia Gils Carbo y del Ejecutivo disipar suspicacias y respaldar una investigación independiente.

Quizás la Procuradora General pueda pedirle a la Asociación de Magistrados y/o a la Asociación de Fiscales una propuesta de terna de la cual se escoja a quien quede a cargo de la investigación.

La elección de nuevos fiscales, elegidos de esta forma, contribuiría a bajar el nivel de descreimiento y la generalizada sensación de desamparo. Si no se supo ni pudo asegurar la integridad física del fiscal a cargo de la causa más importante del momento ¿qué seguridad se puede esperar para el resto de la población? No tenemos justicia independiente si los jueces y fiscales no pueden llevar a cabo su tarea sin poner en riesgo su vida.

Sólo se puede salir de esta dramática encrucijada si ponemos las instituciones de pie. A tal fin, empecemos por confiar la investigación penal a quienes inspiren confianza.

Si hiciésemos un balance de este año en materia judicial, tendríamos sobrados motivos para celebrar. Fue un año marcado por dos grandes factores: el primero, la participación comprometida de la ciudadanía en los temas de Justicia. El segundo, el retroceso de la impunidad del Poder. No tengo dudas, lo segundo es consecuencia de lo primero.

Repasemos: a finales del 2013, el fiscal José María Campagnoli, en un juicio exprés y sin posibilidades de defenderse, fue suspendido de sus funciones por investigar la corrupción en el seno del poder político. Luego de varias idas y vueltas, que incluyeron el desmantelamiento de su equipo de trabajo, la rebaja de su salario y el sometimiento a un Jury de enjuiciamiento plagado de irregularidades y jurados de dudosa imparcialidad, la farsa se tornó insostenible: el kirchnerismo no llegó con los votos y, para finales de octubre, optó por la salida decorosa de restituirlo en sus funciones por agotarse el tiempo del jury. Gran parte de esta victoria de la justicia independiente fue gracias a la participación ciudadana: sólo a modo de ejemplo, podemos recordar la movilización de 20 mil personas a la sede de la Procuración General de la Nación el 18 de Junio, en medio del Mundial, el enorme apoyo en las redes sociales y la campaña de recolección de firmas iniciada por la agrupación de abogados Será Justicia que culminó con la presentación de estas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Luego de Campagnoli, el embate contra la justicia independiente continuó: en octubre, dos camaristas de la Seguridad Social pasaron a estar en la mira. Se trató de los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández, quienes fueron denunciados por la ANSES  ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por fallar a favor de que, en un contexto inflacionario, se aumenten las jubilaciones. Afortunadamente, y luego del repudio masivo en las redes sociales y en distintas movilizaciones a tribunales, el Consejo de la Magistratura rechazó por unanimidad la apertura del proceso de remoción a principios de noviembre.

En un caso más reciente, el Juez Claudio Bonadío fue sancionado, basándose en denuncias viejísimas, con una rebaja salarial del 30% por avanzar con sus investigaciones en el caso Hotesur, donde investiga a la familia Kirchner por lavado de dinero. Sin embargo, esto no frenó al magistrado, quien continúa avanzando en la causa. El intento de destituirlo no encontró mayoría suficiente en el Consejo de la Magistratura. Fue el mismo Bonadío quien envió a juicio oral al Vice Presidente de la Nación, Amado Boudou, por falsificación de documentos. Recordemos que Boudou ya había sido procesado por el juez federal Ariel Lijo en la causa Ciccone.

No perdamos el foco: no hay indicios de que la arremetida kirchnerista contra la Justicia y contra aquellos que denuncian o investigan hechos de corrupción vaya a detenerse. Sin ir más lejos, Alberto Eduardo Sadous, ex-embajador en Venezuela, fue denunciado por Julio de Vido y enviado a juicio oral hace días por presunto falso testimonio, por haber denunciado pedidos de coimas a empresarios para poder sumarse a negocios relacionados con exportaciones.

Haber valorado como sociedad la decencia y defender a aquellos que cumplen con su deber fue definitivamente un factor clave para que la impunidad del Poder retrocediese. A partir de allí la justicia tendrá en 2015 el marco institucional y ciudadano propicio para avanzar en el esclarecimiento y juzgamiento de los delitos de la última década.

Durante esta década se ha criticado la fenomenal acumulación de poder político y recursos económicos en la Presidencia de la Nación. Mucho se ha censurado un estilo de gobierno personalista en exceso, que ignoró los frenos y contrapesos de nuestro régimen constitucional. Por ello, me resultó notable que se suscitase angustia ante la temporaria ausencia de la líder vituperada. Si hasta hace ese día deplorábamos una gestión que postergaba los problemas de fondo como la inflación, la inseguridad y el empleo y nos imponía una agenda de conflictos innecesarios como el 7D, la “democratización” de la Justicia, el cepo publicitario, el ataque a LAN o los altercados con los países vecinos, ¿qué había cambiado de repente?

¿Nos asusta la posibilidad de un presidente débil aún más que las arbitrariedades del poder? ¿En qué sentido la ausencia temporaria de la conductora carismática es un retroceso para el buen gobierno? No se me escapa el descrédito público del Sr. Boudou, pero es el vicepresidente en funciones, nos guste o no. Haber alterado el régimen de acefalía que marca la Constitución hubiese sido más dañino que sufrir la investidura temporaria de un político de cuestionada autoridad. Por lo demás, es difícil formularle un reproche a Amado Boudou que no le quepa también a su mentora, Cristina Kirchner. ¿No pesan sobre ambos cuestionamientos a su incremento patrimonial? Hasta el involucramiento de Boudou en el caso Ciccone parece inescindible de la actuación del matrimonio Kirchner. Su burdo ataque a la investigación penal que lo comprometía contó con el respaldo total de la mandataria. Me dirán que Cristina Kirchner es la jefa natural de su partido y que puede por tanto garantizar mejor la gobernabilidad antes que su golpeado vicepresidente. ¿Pero no era un objetivo opositor que el oficialismo perdiera poder? ¿Ahora nos asusta que el gobernante no goce de mayoría parlamentaria? ¿Es deseable o no que el Ejecutivo tenga rienda firme sobre el Congreso?

Hasta hace unos días creía que éramos mayoría los argentinos que aspirábamos volver a un federalismo pleno y tener un gobierno central con menor peso relativo. ¿No nos espantaba la suma del poder público? Es impactante constatar, una vez más, la atracción que las figuras providenciales ejercen sobre los argentinos. A tal punto, que ante la perspectiva de su ocaso, los detractores continúan encandilados con el dirigente fuerte al que critican todos los días del año. Es tan profunda la impronta del caudillismo, que no sabemos vivir sin la presencia de quien decimos combatir. Añoramos el atajo y la solución expeditiva del dirigente omnipotente. Tras unos días de interinato, no parece haber sido tan terrible que la conductora del “vamos por todo” haya tomado un descanso.

A lo mejor parte del electorado se identifique con el padecimiento de nuestra mandataria y esa circunstancia redunde en votos o quizás no. Pero independientemente del resultado electoral, tengo para mí que nuestra construcción democrática ganará en calidad si en lugar de obsesionarnos con los defectos de quien ostenta temporariamente el mando abordamos las múltiples asignaturas que este ciclo político dejará pendientes.

El crédito hipotecario representa en nuestro país uno de los porcentajes más bajos de América Latina (1,8 % del PBI, similar a Venezuela y lejos del 19% de Chile o el 8% de México). Antes de la crisis de 2001 el stock de créditos hipotecarios llegó a ser del 6,8% del PBI. El resultado es que hoy en el área metropolitana el 40% de las familias no son propietarias de las viviendas que ocupan. El déficit habitacional en todo el país se acerca a los 2 millones de unidades. Estos son datos irrefutables de la realidad y revelan que en este terreno la última década dista de haber sido “ganada” y que la gente necesita soluciones innovadoras.

El crédito hipotecario es y debe ser una herramienta esencial para las economías modernas, dado que brinda a los trabajadores la posibilidad de adelantar sus ingresos futuros y actúa como una herramienta igualatoria. Hoy sólo un 6% de las compras en el mercado inmobiliario se realizan con crédito, en el 94% restante el adquirente concurre al acto de escritura con todo el efectivo, las más de las veces, con dólares billete.

Uno de los principales motivos por los cuales el crédito hipotecario es tan bajo es que la alta inflación se traduce en cuotas hipotecarias mensuales inaccesibles para la mayoría de los asalariados. Por ello, resultaba imperioso diseñar una propuesta que redujera drásticamente el valor de la cuota en relación al sueldo.

El programa de vivienda “Mi Casa BA” lanzado por el IVC y el Banco Ciudad baja efectivamente las barreras que impiden el acceso a la vivienda y ayuda a revertir la situación estructural. Es cierta la afirmación de Heller sobre que los tomadores de crédito de “Mi Casa BA” comenzarán pagando una cuota de $ 820 por cada $ 100.000 de crédito pero como el capital varía de acuerdo a los cambios en las canastas de consumo la cuota podría ascender a aproximadamente $1.000 después de un año. Pero esto sucedería también con el valor del alquiler que paga hoy ese mismo individuo antes de tomar su crédito hipotecario. La clave entonces es que el motivo por el cual aumentaría la cuota de “Mi Casa BA” o un alquiler es la inflación. El crédito no debería tornarse “impagable”, como define Heller, salvo que nos esté anticipando una constante pérdida en el valor real del salario o una inflación desbocada. En un país con inversión, aumentos en la productividad y mejoras en la distribución del ingreso, los salarios en términos reales deberían apreciarse a lo largo de la vida de un individuo permitiendo saldar la deuda sin inconvenientes. Así, el beneficiario puede acceder a un crédito para comprar su casa y transformar el alquiler que paga mensualmente en su hogar sin un costo adicional para el Estado.

Las iniciativas del gobierno de Mauricio Macri no se limitan a “Mi Casa BA” sino que incluyen el exitoso programa del IVC “Primera Casa BA” a tasa escalonada y las líneas hipotecarias del Banco Ciudad que han convertido a esta entidad en líder del segmento: el préstamo hipotecario social, la línea preferencial para zona sur, la línea a tasa fija hasta 20 años. El Plan Pro.Cre.Ar, financiado por el ANSES, es muy atractivo para los compatriotas que resultan sorteados, pero el costo de ello es la dilución de los haberes jubilatorios. Como se fijaron tasas de interés considerablemente menores que la inflación, se incuba un costo parafiscal que algún día el Estado tendrá que afrontar.

La pérdida de valor real de los fondos de la ANSES que son utilizados para financiar Pro.Cre.Ar explica por qué no se cumplen los fallos “Badaro” y “Elliff” de la Corte Suprema que ordenan reajustar las jubilaciones y pensiones. La ganancia de algunos es la pérdida de todos. El Pro.Cre.Ar no es una solución escalable y generalizable para responder a toda la demanda de vivienda del país, porque el dinero de los jubilados tarde o temprano se acaba. En cambio, la propuesta de Mauricio Macri implica gente y empresas invirtiendo sus ahorros en forma creciente en hipotecas que se traducen en viviendas para quienes hoy las necesitan.

“Mi Casa BA” es un plan flexible; por lo tanto en una segunda etapa se planea incorporar líneas para la construcción (como las que ya posee Pro.cre.ar y también “Primera Casa BA”) como, así también, un eventual mecanismo de subsidios. En el futuro, a través de un esquema de subsidios de capital decreciente en relación al ingreso, será posible asistir a aquellas personas que más lo necesiten o que estén en situación de mayor vulnerabilidad.

Una premisa de cualquier programa de vivienda es la transparencia en la asignación de los recursos. A diferencia de Pro.Cre.Ar, tanto el plan “Primera Casa BA” como “Mi Casa BA” publican en la web la nómina de beneficiarios. Además, el sistema de puntaje y adjudicación se basa en una metodología objetiva, trabajada con la UBA, que prioriza a las personas de acuerdo a sus necesidades.

La ciudadanía ha manifestado el domingo pasado con claridad que no quiere la “profundización del modelo” o “dos modelos contrapuestos”, como plantea Heller, sino que exige soluciones concretas, que se aborden los problemas que afectan a la gente común sin más vueltas. En este sentido, a un año de la ley que arbitrariamente despojó al Banco Ciudad de los depósitos judiciales y sumidos hoy en una caída del 40% en el crédito hipotecario, el diputado puede arrepentirse de su voto y plantear en su bloque la devolución al banco público de los porteños de la millonaria masa de recursos que se aplicaba a la compra de vivienda.

El Consejo de la Magistratura surgió, en el contexto de la reforma constitucional de 1994, como un intento de enfrentar el desafío de lograr una Justicia proba, eficaz e independiente. La primera ley que reguló el organismo en cuanto a su composición e integración así lo expresaba. Y si bien era necesario mejorar algunas pautas de funcionamiento la posterior reforma en 2006 lejos de abordar los problemas de funcionamiento del Consejo implicó un serio retroceso. Fue una marcha atrás en el camino de lograr un Poder Judicial independiente, debido a la preponderancia que otorgó a los miembros designados por el oficialismo de turno, dándole un peso decisivo sobre las decisiones trascendentales y un virtual poder de veto.

Esta nueva reforma propuesta, que incluye un mecanismo de elección por voto popular a los miembros del Consejo es prima facie contraria a la Constitución Nacional, que fija representaciones por estamentos. Pero además es contraria al sentido común. ¿Alguien se imagina a los jueces en funciones dedicando tiempo de su trabajo a recorrer el país en una campaña electoral nacional para que los elijan? ¿Quién y por qué financiaría estas costosas campañas? ¿Cuándo el derecho positivo esté reñido con las aspiraciones del votante, resistirán los candidatos la tentación de prometer o ignorar la ley, entrometiéndose en un rol propio del legislador?

Aunque no se conoce aún el detalle de la iniciativa, será inevitable que con votación popular habrá una mayor injerencia del sistema partidario sobre la Justicia. Incluso las tan denostadas corporaciones de medios de comunicación tendrían una oportunidad de influir en el proceso electoral muy superior a la que hoy tienen en las limitadas elecciones indirectas de abogados, jueces, parlamentarios y académicos.

Hace siglos que la humanidad descubrió las virtudes de encomendar el servicio de justicia a cuerpos técnicos, aislados de los vaivenes y pasiones de la coyuntura política. Nadie quiere un juez que, en vez de sentenciar conforme a derecho, esté pendiente de su popularidad y de los guiños de los partidos políticos. El Poder Judicial bailará al compás de las mayorías y minorías que se consagren en los otros dos poderes e ingresará de lleno en la lógica de la política agonal, lo que violentará el juego de equilibrios inherente a la forma republicana de gobierno.

En definitiva, los frenos y contrapesos de nuestro sistema constitucional se verán nuevamente alterados, profundizando los vicios de la híper concentración de poder y recursos en el líder providencial. Tengo para mí que ese ha sido a lo largo de dos siglos el gran mal de la Argentina.