Sin embargo, desde que asumió como Jefe de Gobierno a fines de 2007, Mauricio Macri ha hecho realmente poco para mejorar esta situación. A pesar de la prédica de los funcionarios del PRO, que acentúan la necesidad de desincentivar la utilización del automóvil y de tal modo contribuir a la descongestión del tránsito, las medidas que tomaron al respecto han sido en algunos casos insuficientes, y en otros, directamente contraproducentes.

Las bicisendas son iniciativas saludables y bien orientadas, pero no resuelven el problema estructural de transporte. Además, su emplazamiento se concentra en la zona norte y en el microcentro de la Ciudad, y brilla por su ausencia en las comunas del sur.

Por su parte, el sistema de Metrobús ha sido eficiente en las avenidas 9 de Julio y Juan B. Justo, en donde redujo considerablemente el tiempo de los viajes, pero ello no se ha verificado en el caso del denominado “Corredor Sur”, cuyos efectos en tal sentido son sensiblemente menores.

A su vez, la extensión del sistema a través de nuevas arterias ha estado plagada de polémicas e irregularidades. Por caso, tras la movilización de vecinos y de la comunidad educativa, los funcionarios macristas tuvieron que confirmar que este año no construirán el Metrobús proyectado por la Avenida Paseo Colón, cuya traza requería la demolición del Centro Isauro Arancibia (donde estudian chicos y chicas en situación de calle), del centro clandestino de detención “Club Atlético” y del Centro de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia (Caina). Asimismo, el Metrobús del “Corredor Norte” (actualmente en construcción) constituye un ejemplo escandaloso de utilización de los fondos de los porteños en función de la campaña presidencial de Mauricio Macri: mientras que la mitad del recorrido de este Metrobús se encuentra en Vicente López, el municipio gobernado por el primo del Jefe de Gobierno porteño tan sólo aporta algo más del 10% de los fondos para la obra (siguiendo la misma lógica que la reciente donación de ambulancias a municipios del conurbano vinculados políticamente con el macrismo).

Amén de estas situaciones vergonzosas, una estrategia verdaderamente eficaz para comenzar a resolver los problemas de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires precisa de una considerable extensión de la red de subterráneo, además de una importante mejora de la calidad del servicio. Pero el PRO ha hecho todo lo contrario.

No ahondaremos en su conocida promesa de construir 10 kilómetros de subte por año: a pesar de la grandilocuencia de su compromiso de campaña, Macri ni siquiera ha construido un kilómetro por año en lo que va de su gestión. Por ello, los 52 kilómetros de extensión de la red de subte de Buenos Aires están bien lejos de los 226 kilómetros del Distrito Federal de México, de los 103 kilómetros de Santiago de Chile (que se inauguró hace apenas 30 años y hoy duplica a la de Buenos Aires, con una población de apenas el 10%), o de los más de 60 kilómetros de San Pablo y Caracas.

Pero no sólo la red no se ha extendido. A su vez, como consecuencia de una constante y acentuada suba de tarifas (que logró aumentar el precio del boleto más de 300% en apenas tres años), cada vez son menos los pasajeros que viajan en subte. En efecto, entre 2011 y 2013 la cantidad de pasajeros transportados se redujo en casi un 20%.

Entonces, en lugar de promover la profunda reorganización del sistema de transporte que la Ciudad de Buenos Aires precisa, el macrismo ha decidido poner en práctica algunas iniciativas fáciles de visibilizar y rápidas de implementar, pero que no resuelven verdaderamente un problema que afecta a todos los porteños y porteñas, cada uno de los días de la semana.

Pero esta decisión es circunstancial y no hay que bajar la guardia, sobre todo teniendo en cuenta que los aumentos en los servicios durante la gestión macrista ya no resultan novedosos. En 2012 el Gobierno de la Ciudad incrementó el valor del boleto del subte un 127 por ciento, llevando su valor de 1,10 a 2,50 pesos. Es el aumento anual más alto en los últimos veinte años. A su vez, en 2013 la tarifa volvió a aumentar, aquella vez a 3,50 pesos, y este año alcanzó un valor de 4,50. Nos preocupa que desde que Macri se hizo cargo del subte, a principios de 2012, el precio del boleto aumentó 309 por ciento, una proporción que resulta ampliamente superior a cualquier índice de inflación, incluso a los más catastrofistas. Como demuestra este caso, los aumentos son una constante y dejan en evidencia una vez más que la decisión política del Jefe de Gobierno es que el servicio lo utilicen sólo aquellos que tienen la capacidad para pagar una tarifa cada vez más cara.

Frente a esto, tenemos que revertir la idea que propone el PRO de hacernos creer que el transporte es una mercancía. El transporte es un derecho y por lo tanto hay que trabajar para que  sea accesible para el conjunto de la población. En la actualidad está fuera de discusión y resulta prácticamente obvio que nadie está obligado a pagar por ir a la escuela o por recibir atención  médica si tiene algún problema de salud. Esta ya es una conquista de la sociedad argentina. Ahora bien, con el transporte debería pasar lo mismo, porque es profundamente injusto que parte de la sociedad no pueda utilizar el subte porque no le alcanza para pagar el boleto.

Por otro lado, un subterráneo de calidad ayudaría a descongestionar los graves problemas de tránsito que la Ciudad de Buenos Aires enfrenta a diario. Cuantas más líneas de subte haya, con más estaciones, con mejor frecuencia y tarifas más baratas, más se desincentivará el uso de automóviles durante la semana. Las ciudades del mundo con las que Macri gusta compararse son las que más redes de subte tienen. Madrid, por caso, cuenta con la misma cantidad de habitantes que Buenos Aires y tiene una red de subte de 150 kilómetros: tres veces más extensa que la nuestra. Y en estos años el Jefe de Gobierno ha extendido poco y nada nuestra red.

En marzo de este año, junto a legisladores del interbloque del Frente para la Victoria, presentamos un proyecto de ley para la implementación de una tarifa social por la cual trabajadores de la salud y de la educación paguen únicamente el 40 por ciento del valor del boleto del subte; y para que, a su vez, queden exentos de pagar trabajadores no registrados o que cobren el salario mínimo, beneficiarios de planes sociales, jubilados, pensionados, estudiantes de escuela pública y estudiantes becados de escuelas privadas. El proyecto, sin embargo, ni siquiera ha sido puesto en temario por los representantes del PRO en la Legislatura.

Pensamos que en lugar de aumentar el precio del boleto para los usuarios o subsidiar la tasa de ganancia de una empresa, los porteños debemos pensar al transporte desde un enfoque social e inclusivo. Debemos bregar por un transporte que nos resulte cómodo, que tenga mejor frecuencia, que nos permita recorrer nuestra Ciudad desde todos los puntos y que sea accesible.