El triste gobierno de la señora Kirchner es en sí mismo un fútbol para todos y para todo y lo demuestra en el “i-reality” show que ha montado como reacción al fracaso judicial que su negativa a pagar a los holdouts ha tenido en los Estados Unidos.

En su propia composición de lugar, la señora supone que siempre tiene razón en sus caprichos y que es cuestión de adaptar todo lo demás a eso. Primero emite unos bonos atrayendo a inversores con la posibilidad de manejarse en el terreno privado y en una jurisdicción lejos de los Oyarbides. Cuando llega el momento de pagar, invoca sus privilegios políticos basados en la “real politik” que gobierna al derecho internacional público.

Se habrá reunido Kicillof con sus abogados geniales a pensar en todo lo que podían hacer para “democratizar a Griesa” y demostrarle que el poder manda sobre la Justica con la bandera en la mano. Se les ocurrió leer la letra chica de los bonos reestructurados y hacer una solicitada para contarles a los argentinos qué piolas que son en mandar el dinero al Banco de New York, para que después sea un problema de Griesa, el mismo banco, los holdouts, los que entraron en el canje, Obama, las Naciones Unidas y la FIFA que no deja morder a los países pobres. Les cierra, les parece un plan perfecto. El sentido común no les dispara ninguna alarma.

Claro, pequeño detalle, el pago en Nueva York se maneja por una norma individual que estos tipos presentan como la peor amenaza que tiene la Argentina hoy, pero eligen ignorar después. Como hacen con todos los problemas los locos, los tontos y los piolas.

Para que la estúpida solicitada argentina tuviera alguna eficacia el fallo de Griesa de 2012 tendría que no existir. Y si no existiera tampoco sacarían solicitadas, ni viajarían a Rusia o pondrían a Rial y a D’Elía a tuitear al unísono. La decisión del tribunal neoyorkino es la parte más específica de todo el conjunto de normas que gobiernan los pagos argentinos en aquella sede y me atrevo a decir que los tenedores de bonos reestructurados pueden demandar con más facilidad al gobierno argentino ahora que si hubiera pagado a los holdouts amparado en el fallo. Hasta el Banco de New York tiene unos buenos motivos para reclamarle honorarios legales. Tema de ellos.

El problema principal no es la falta de pericia específica en la maniobra, sino siempre reaccionar con maniobras como si fuera la estrategia más inteligente. Esa viveza lamentable es propia de los abogados “sacapresos” o los que defienden inquilinos insolventes, que hacen cualquier cosa en un intento por confundir y ganar tiempo, porque el nombre de sus clientes no tiene valor alguno. Esto es lo otro que no incorporan los vivos al razonamiento, es que fuera del conflicto particular que tratan hay una vida y unos testigos que ven cómo se comporta el país y que eso significa encarecer todas sus transacciones futuras en el terreno contractual y hacer menos valiosas sus ofertas. Se paga por otras muchas ventanillas más caro que la deuda que se quiere bicicletear un rato. Estos abogados no están defendiendo a un ermitaño sino a un Estado que se supone que tiene que salir a hacer todo tipo de tratos con la gente que lee los diarios y ve cómo se comporta. En concreto, su cliente estaba buscando plata desesperado hasta la semana pasada y hoy publica solicitadas queriendo mostrar su habilidad para evadir obligaciones.

La deuda pública debería prohibirse. Por desgracia eso no ocurrirá y países como la Argentina volverán a tener crédito, porque hay todo un sistema de ladrones cobrando comisiones con la facilidad de tratar con recaudadores, en vez de productores. Pero aunque tal bendición llegara, sea por prohibición o por pérdida total de crédito, todo contrato se encarece para alguien en el mercado que se maneja con los parámetros de un pandillero.

Por eso es altamente irracional, irresponsable, demagógico y políticamente correcto el discurso opositor basado en consideraciones nacionalistas muy fuera de lugar, diciendo que en estas circunstancias hay que estar detrás del gobierno. Quienes fueron a hacer el papelón de viajar a Washington D.C. para respaldar al gobierno de la señora se convirtieron en parte del problema y, en su afán de sentirse defensores de las “reestructuraciones”, terminaron convenciendo más al mundo sobre la imposibilidad de confiar en el país.

Hay una ética de los negocios porque es mucho más barata que la trampa. Los que operan en el mercado no son kantianos, son utilitaristas puros. La ética es negocio. No es que los anglosajones no son tan vivos y nosotros somos los mejores mojando orejas. Ellos viven con menos esfuerzo y nosotros nos consolamos en una profunda estupidez auto-satisfactoria.

Pero no creamos que esto es un problema sólo del oficialismo o de los políticos. La confusión es generalizada. Los análisis que se leen o se escuchan están por completo desprovistos de preocupación por el hecho de que la Argentina sea tramposa, apenas están esperando ver si le da resultado. No conocen el otro costo gigante que se pagará por esto. Es un país vacío de pensamiento, lleno de fútbol.

Así como el marqués de Sobremonte, virrey del Río de la Plata, abandonó la ciudad en 1806 con “la caja”, dejándola librada a su suerte, Cristina Kirchner dijo una vez más “el Estado es mío”, pero cometió el mismo error de aquel personaje histórico. Aquella vez los porteños entendieron su realidad, el sometimiento era sin contraprestación. Tres años después de la segunda invasión inglesa ocurrió la Revolución de Mayo.

Como si hubiera querido sumar motivos a mi afirmación de que las provincias deben independizarse, lo que hizo el oficialismo fue como Sobremonte emprender la retirada y develarse.

Pero hay algo más. Parte del mito fundante del despotismo nacional socialista en el que estamos es el odio a la policía por su función de detener al crimen. El neopatriotismo que se enseña en las escuelas se identifica con bandas armadas que buscaban instalar un sistema totalitario en los 60 y 70 y la policía representa el aspecto del Estado que los pone en evidencia como enemigos de la vida y la propiedad de la gente indefensa. Esto ya no tiene que ver con crímenes en particular que se hayan cometido desde la policía para responder a aquella violencia. En un proceso que lleva ya más de treinta años lo que se ha hecho es deslegitimar a la función policial en sí, así como hemos pasado de castigar la ilegalidad de la represión a conceder honores a los terroristas. Que tengamos seguridad y que los de la policía sean “los chicos buenos” pone en peligro la pretensión de heroicidad de los delincuentes jubilados, reduce la “revolución” a una serie de tipicidades del Código Penal.

Sin embargo, el punto al que ha llegado la política de inseguridad ya permite hacernos preguntas más profundas sobre el rol del poder público, como una segunda parte del efecto Sobremonte. Hasta acá estamos pagando unos aparatos policiales gigantes, con gente mal remunerada, insatisfecha, mal tratada, atada de manos, tentada cuando no ganada por el narcotráfico. Son capaces de autoacuartelarse y permanecer impávidos mientras Córdoba es saqueada, lo que demuestra su deterioro moral profundo. La pregunta que sigue es ¿cuánto tardaría la gente en organizarse por sí misma para defenderse de un modo más eficiente, seguro, barato y confiable que el Estado por medio de la policía?

Anarquía fue la palabra más usada por los observadores cercanos del problema, pero ampliemos la mirada. La retirada (explícita) de la policía estatal no dio tiempo a nada. Hubiera sido lo mismo si un día ENTel hubiera cerrado y con una visión corta llegáramos a la conclusión de que el Estado no era tan malo en la materia, algunos teléfonos al menos funcionaban. ¿Hubiéramos dicho que el cierre de ENTel era anarquía o el propio fruto de la inoperancia?

Lo que vivimos fue la última deserción de un sistema policial acabado y gente que vive bajo la ilusión de ser protegida pero no lo está, más allá de la pizzería que paga su peaje. La indefensión de la población es parte vital del monopolio policial y también del negocio de los delincuentes (me refiero esta vez a los de calle, no a los electos).

Los ciudadanos son incentivados a renunciar a su defensa y dan como un hecho la omnipresencia estatal. También ha deslegitimado el neofascismo el derecho a defenderse, porque si la gente se defiende quiere decir que está mal atacar, mientras ellos nos quieren convencer de que era una muestra del amor que tenían por el país. Su autoindulgencia requiere que defenderse también esté mal.

El hecho es que nadie estaba preparado para un cierre policial pero a pocas horas de desatada la violencia se organizaban empalizadas para detener a delincuentes en motos. Así se reaccionaba al vacío dejado por la policía. Si alguien imagina que una Córdoba sin policía hubiera perpetuado el dominio de las bandas de las primeras horas, se equivoca. Esos grupos son la contrapartida del equilibrio que la policía estatal supone, que avanzan ante el retiro de su contrincante y muchas veces socio. Son cazadores en el gallinero armado por el propio Estado.

Con mucho menos esfuerzo de lo que hacen los cordobeses para mantener a la policía podrían organizar la seguridad de sus barrios, aunque no todos contribuyeran (igual que ahora). Los decentes son muchos más que criminales, sólo necesitan tiempo para organizarse, pero no hay duda de que es gente más inteligente, creativa y productiva. Las bandas  perderían toda rentabilidad porque no entrarían en los barrios de clase media así como no pueden actuar con impunidad en las zonas marginales porque ahí, donde no hay policía, se les responde en sus propios términos y hay poco de qué servirse. La importación de botines desde los mejores barrios terminaría y con ella el negocio del delito. El robo al vecino es de altísimo costo.

Hoy por derivación de este segundo efecto Sobremonte millones de personas honestas y pacíficas están pensando en todo el país en cómo defenderse. Habilitar esa inteligencia el sentido de autodefensa tendría un efecto sobre el crimen fulminante.

Hasta aquí la policía apenas viene sirviendo como chivo expiatorio entre los que glorifican sus delitos del pasado y los que tienen la ilusión de la caballería llegando. Cada vez que actúan o lo hacen mal de verdad o son culpabilizados de manera injusta. La fuerza policial que haría real el sentido protector del estado sólo concentra el pecado y se asocia al crimen porque de todo lo que los rodea parece ser el orden que les resulta más confiable. De los problemas no siempre se sale por el lado de dónde vienen, a veces hay que saltar por encima de ellos como en 1810.

Lo correcto hubiera sido hablar de un tratado, pero de cualquier manera lo que propuso la presidente es una genialidad, lo que no estoy muy seguro es de que sea consciente de lo que implica.

La quiebra supondría al menos dos cosas importantes para nosotros y para los acreedores. La primera sería la liquidación de los bienes de la fallida, esto es, empresas comerciales, negocios como el Fútbol para Todos y todo tipo de activos que tengan un valor económico. La segunda, la indagación sobre la responsabilidad penal de sus administradores. Toda quiebra abre una investigación sobre la posibilidad de que fuera fraudulenta, que existan acreencias inventadas, contratos realizados sólo para vaciarla en beneficio de sus administradores. Un caso típico serían empresarios proveedores amigos de los gobiernos, que se pudiera sospechar además que fueran testaferros. También operaciones que escondan prestaciones a título gratuito, es decir, sin una contraprestación justificable para el Estado, como los recitales de Fito Páez, propagandistas contratados en los medios públicos o la pauta oficial.

Ambas cosas serían muy convenientes para los argentinos. Los acreedores en lugar de cobrar a costa de impuestos contra los contribuyentes argentinos que no acordaron ningún crédito con nadie, deberían rematar los bienes del Estado, que de paso ya no tendríamos que mantener. Tendrían algo con qué cobrarse también los acreedores internos, como los jubilados por ejemplo. Las compañías comerciales en primer lugar y todo tipo de activos se rematarían en su beneficio. A su vez esos activos serían un límite a los acreedores, ellos no podrían pretender continuar sus pretensiones contra particulares.

Una vez que fuera establecido ese procedimiento, la capacidad de endeudarse de los estados sería limitada porque sus potenciales prestamistas deberán analizar su solvencia en base a sus bienes y a un flujo razonable y no al simple cálculo de que son un barril sin fondo dado que tienen la capacidad de obligar a terceros a trabajar para pagar sus deudas.

Supongamos que dejamos de lado otra de las consecuencias de la quiebra que sería la intervención de la administración por parte de un síndico para llevar a cabo el procedimiento, si la Argentina hubiera sido declarada en quiebra en 2002 el gobierno del matrimonio Kirchner hubiera sido de verdad uno de los mejores de la historia, porque no hubiera podido hacer nada de lo que hicieron desde que llegaron al poder. Por ejemplo, la idea de la quiebra es incompatible con su negativa a que se embarguen los bienes del Estado.

De cualquier manera sospecho que más que en una quiebra la señora estará pensando en una suerte de “paga Dios”, es decir, que los estados puedan ofrecer a los acreedores lo que quieran y que esto no sea simplemente una situación “de facto” derivada de que no se los puede rematar, sino una prerrogativa avalada por los sindicatos de gobiernos. Quiere mantener el “es esto o nada” que es lo que le permitió a la Argentina lograr un nivel de adhesión al canje tan alto que ahora le permite pensar que los holdouts son una minoría testaruda, pero con cualquier mecanismo de quiebra eso no hubiera sido igual de sencillo, su margen de maniobra hubiera sido otro y el gobierno de los Kirchner hubiera terminado con la quinta de olivos convertida en un Club Med.

De cualquier manera el tratado del “paga Dios”, que supongo que es como la señora entiende a su propuesta, también sería conveniente para los argentinos. Porque el Estado quedaría fuera de los mercados de crédito para siempre. La reducción a la nada de la posibilidad de cobrar haría que nunca más se le prestara un centavo. Y lo hubiéramos logrado sin tener que elegir en las elecciones a un gobierno serio, cosa que está visto que no queremos hacer bajo ninguna circunstancia.

Por desgracia para nosotros y por suerte para la señora Kirchner, lo que propone no es lo que va a pasar. Nadie quiere acabar con el negocio de unos falsos insolventes que están legitimados para cobrar impuestos y hacer responsables como siervos a individuos privados de cualquier compromiso que quieran firmar. Lo mejor para todos los que están en el juego es la prolongación de la situación indefinida en la que de vez en cuando algún juez pueda jugar al derecho sin hacer justicia de verdad nunca.

Si el número en las elecciones fuera determinante de una legitimidad del tipo que estaban defendiendo hasta ayer, se tendrían que ir ya, junto con la totalidad de los jueces de la estudiantina llamada “justicia legítima”. Eso sería ahora “democratizar” al Poder Ejecutivo y a la Justicia. El gobierno de Cristina Kirchner debiera darse por terminado dado que un 75% de los votantes lo rechazan. Lo único que les permite seguir es, en principio, el sentido de legalidad que estaban negando con fanatismo durante la discusión sobre la intervención del Poder Judicial o las arremetidas contra la prensa por ser contraria al credo obligatorio de los supuestos dueños del 54%. Es decir, todavía están ahí porque el gobierno es gobierno por lo que dice la Constitución y no por el mero grito de las urnas.

Hay muchas razones por las que el gobierno de Cristina Kirchner podría ser juzgado en el contexto de juicio político establecido por la Constitución. Pero haber perdido las elecciones no está entre ellas. Ni siquiera existe una pérdida de legitimidad por representar apenas al 25% de los votos válidos emitidos, suponiendo que eso no se amplíe en octubre. Porque la legitimidad no es el resultado de una operación matemática, sino de un silogismo jurídico cuya premisa mayor es la legalidad republicana.

Si la señora continúa a cargo, es porque todo lo que han dicho sobre la obligación del país de someterse a sus caprichos eran burdas falacias inaceptables para un estudiante secundario. Tiene suerte, en el fondo, de que éste todavía no sea el país que quiso diseñar, porque en ese caso además de tener que irse ya a casa, el próximo gobierno tendría que aplicar contra ellos la misma metodología facciosa con un estado policial y la entrega de privilegios a todos los que los ataquen.

El populismo falsifica los presupuestos republicanos para la construcción de una dictadura. Dictadura es el gobierno en el que no hay normas abstractas sino sólo pura voluntad política. La mentira más grande a la que apelan es a la supuesta fuerza legitimadora de un resultado electoral para cualquier cosa. Pero en verdad la mayoría como voluntad, no existe. Es sólo un resultado de sumar voluntades que son independientes y que han coincidido en un momento sin conexión entre ellas, sin ponerse de acuerdo ni tener un plan común. No es un ente que está detrás del gobierno habilitándolo para cometer cualquier barbaridad. Por eso tiene suerte la señora, si no tendría que estar abriendo su… ¿estudio jurídico?