El plan aprobado tiene similares características a los de los últimos ocho años: subestimación de recursos, gastos, déficit, inflación y tipo de cambio. El Gobierno no sólo no plantea ningún cambio respecto de su conducta institucional para la aprobación —la imposición sin el más mínimo debate—, sino que, además, el mensaje económico que envía a la futura administración a través del presupuesto es: “Siga con este modelo”, con lo cual la condiciona de antemano, sea quien fuera.

Repasemos las características salientes de este modelo:

• Gasto público, presión tributaria y déficit crecientes.
• Financiamiento del déficit con emisión monetaria y endeudamiento del Tesoro y del Banco Central.
• Alta inflación y distorsión de precios relativos.
• Pérdida de competitividad por apreciación constante de nuestra moneda.
• Reducción de las exportaciones y déficit creciente de la cuenta corriente del balance de pagos, con cepo cambiario y endeudamiento externo.

Como resultado de estos desequilibrios, a pesar del modesto aumento del consumo privado, en los últimos cuatro años el único factor realmente dinámico de la demanda ha sido el consumo público. Retrocedieron las exportaciones, la inversión y las importaciones. Por lo tanto, el volumen de producción por habitante, aun con la sobreestimación de las propias cifras oficiales, se encuentra estancado en los mismos niveles de 2011.

¿Adónde nos llevaría la prolongación de estas políticas? El déficit del sector público (sin computar las “utilidades” del Banco Central, cuya contrapartida es emisión monetaria) fue de 2,4% del PBI en 2012, del 3% en 2013, del 4,3% en 2014 y se proyecta en un 6% a 7% en 2015. De no mediar cambios, vamos camino a un déficit superior al 8% del PBI en 2016. Semejante nivel de quebranto sólo se registró en el contexto de profundas crisis, como la hiperinflación de 1989 o la gran recesión del fin de la convertibilidad.

Además, el déficit de cuenta corriente del balance de pagos también sigue, desde 2012, una curva ascendente. Con 1.272 millones de dólares en rojo de ese año, alcanzará los 15 mil millones en 2015, uno de los más altos de la historia. Si se continúa en esta línea, el déficit podría superar los 20 mil millones de dólares en 2016.

Pareciera una verdad de Perogrullo señalar que todas las decisiones de política económica repercuten más temprano que tarde en materia social. Pero vale recordar que, producto de las inconsistencias de la economía, estamos atravesando un período de varios años con empleo estancado, crecimiento de la informalidad y cristalización de la pobreza estructural, aun con aumento de las asignaciones sociales.

¿Podemos permitirnos, entonces, la continuidad de un modelo que ya luce inviable? Desde el Frente Renovador sabemos que existe otro camino. Es por ello que, tanto por el atropello institucional que implicó el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto como por las razones de índole económica expuestas, los diputados nacionales del bloque no avalaron con su presencia en el recinto una votación que renuncia al progreso de los millones de argentinos postergados. En pocos días más tendremos la oportunidad de comenzar a desandarlo.

Los próximos días serán claves para salir del riesgo de default, evitar posibles embargos de activos argentinos y garantizar el pago del 30 de junio a los bonistas que aceptaron oportunamente el canje, pero las negociaciones serán muy duras. En el nuevo escenario planteado, hay que hablar de una demanda inmediata de aproximadamente 1.500 millones de dólares de los acreedores que fueron a juicio, y a futuro de una cifra que oscila entre los 15 y 20 mil millones de dólares. Todo como consecuencia del repudiable accionar de los fondos buitre, que muestran la cara más salvaje del capitalismo financiero, y de un fallo controvertido, pero también del deficiente accionar de un gobierno que nos ha defendido mal y ahora nos perjudica a todos.

Cuando se logra negociar exitosamente el 92,4% de la deuda, como sucedió en 2005 y 2010, no puede desconocerse el riesgo que se corre con el 7,6% restante, que puede hacer caer el todo, porque ante la realidad puede tomarse cualquier decisión, menos ignorarla. El juez Griesa, antes del fallo, había dejado puertas abiertas para ofertas que nunca se concretaron, sino que por el contrario fueron el eje de un discurso político exitoso internamente para el gobierno –“a los buitres ni un dólar”- pero que ahora colocará al país ante una situación muy compleja, que exigirá un tratamiento profesional que el gobierno no ha demostrado tener hasta el momento.

La presidenta siempre destaca que esta deuda no fue contraída por su gestión o la de su esposo, y eso es cierto, pero no es menos cierto que por su propia impericia en el manejo de la situación comprometerá la gestión de sus sucesores en el poder y de la economía de todos los argentinos. Los errores de cálculo oficiales y la falta de profesionalismo también quedaron en evidencia en las recientes negociaciones por los fallos en el CIADI, con Repsol por YPF y por las deudas con el Club de Paris, que no deberían haberse demorado y habrían arrojado mejores resultados para el país si se hubiesen realizado en una situación de mayor fortaleza.

Finalmente, cabe destacar que el fracaso no se limita al tratamiento de la deuda, porque además el país está sufriendo la peor combinación macroeconómica: recesión con alta inflación. Este esquema no sólo no genera nuevos puestos de trabajo sino que va destruyendo los existentes, deteriora la distribución del ingreso y aumenta la pobreza. A este estado de cosas también se llega por falta de pericia y no se ve una política clara que haga pensar en una salida de este estancamiento o en una baja de la inflación. Demasiados problemas sin solución para un ciclo al que sólo le quedan unos 500 días.