Por eso me siento totalmente honrado por el hecho de que el Decano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación me haya designado como su abogado, que creo es el máximo honor al que en nuestra profesión se podía aspirar.

En ese orden de ideas nos tocó tener que salir a enfrentar las injustas acusaciones que arreciaron en los últimos días contra Fayt. Debíamos revertir toda una operación política y mediática que lo denostaba y que trataba de colocarlo en una posición disvaliosa de cara a la sociedad, montaje cuyo punto de partida fue una editorial firmada por Horacio Verbitsky en Página 12.

Fue así que en un primer momento debimos salir a aclarar que se encontraba bien, lúcido y que no pensaba renunciar. Los sectores “acusadores” (con los medios ideológicamente vinculados al Gobierno) nos azuzaban preguntando: ¿Por qué no habla Fayt y lo hace por su abogado?

Ante esa acusación, hicimos la nota en “Gente de Derecho” por Radio América, en la que Fayt ratificó todas y cada una de las palabras que manifestamos y que fuera la tapa de todos los diarios argentinos del domingo 10 de mayo. Tampoco alcanzó. Desde tonterías de edición, como que debimos haber filmado, y muchas más cosas se dijeron desde el oficialismo nacional tratando de desvirtuar un enorme hecho periodístico.

Se dijo que Fayt hacía años que no tenía disidencias en sus votos con Ricardo Lorenzetti, omitiéndose muchas de ellas, siendo las más sonadas los fallos “Ley de Medios” y “Chevron” en donde los votos de ambos son diametralmente opuestos.

Finalmente, el Dr. Fayt concurrió ya un par de veces a Tribunales, “su lugar desde 1983″, a cumplir con la probidad habitual su función de Ministro de la Corte como siempre, con independencia y libertad.

Paralelamente se produjo la bochornosa sesión y consecuente resolución de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, con una serie de aberraciones jurídicas como citar a nuestra producción a declarar ante ellos, pedir un psicofísico para Fayt, convocar a un perito calígrafo, a Verbitsky, al chofer del veterano juez, a sus secretarios letrados, etc.

Así fue pues que debimos aclararle a la argentinidad que lo resuelto por la comisión era absolutamente antijurídico. Que dicho mecanismo sólo se pone en marcha en el marco de un juicio político y, no es el caso. De hecho, no existe ninguna sentencia que provenga del Dr. Fayt que esté cuestionada.

Ahora, el tiempo empieza a darnos otra vez la razón a partir del mismísimo Página 12, en donde el propio Horacio Verbitsky ratifica lo que dijimos, y que se amplía de manera exponencial en la nota del martes 18 firmada por Mempo Giardinelli en donde, sin nombrarme, se me da toda la razón pero fundada en los dichos del “Oráculo de Delfos”. Otra vez “quien tiró la primera piedra” es el primero en abandonar el barco.

Creemos que la operación ha sido desmontada y ha quedado de cara a toda la sociedad, incluida la ignorancia consciente o inconsciente de los miembros oficialistas de la Comisión y su intencionalidad en recurrir en un error, léase necedad.

Que quede claro, insistimos, que el Dr. Fayt no se someterá al escarnio de algún examen psicofísico, ni mis productores concurrirán si llegare la citación.  No es rebeldía, no es desacato ni sedición, sólo es el cumplimiento estricto de la cláusula pétrea del artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina que reza: “…Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Carlos Fayt goza de lucidez y buena salud, seguirá en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal cual manifestó, mientras esto continúe así o Dios disponga lo contrario.

A.- NO TRABAJÓ EN EL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL (CPACF) 

Ratificamos en un todo que el Dr. Carlés no trabajó en nuestra Institución. Sólo concurrió algunos días durante enero de 2004 para tomar conocimiento de las tareas que como pasante comenzaría a desempeñar en febrero de aquel año.

En febrero de 2004 no se presentó a tomar tareas por lo que no existió ni siquiera la pasantía.

B.- NO SE DESEMPEÑÓ COMO ASESOR JURÍDICO

El Dr. Carlés señala en su currículum que fue “asesor jurídico” del CPACF, cosa que es imposible por un doble motivo: a) No existe ese cargo. Si el de “Asesor Letrado” que es nombrado por el Consejo Directivo a propuesta del Presidente y es “necesariamente” un abogado, cosa que Carlés no era por entonces atento a que era estudiante y, b) Es  absurdo que si existieran los cargos de asesores jurídicos, una institución que agrupa a abogados designe para asesorarlo a alguien que no lo sea.

C.- AL TIEMPO DE ESTOS HECHOS FALTABAN MÁS DE 2 AÑOS PARA QUE ASUMIERA LA PRESIDENCIA DEL CPACF

El Dr. Carlés señala que cuando él supuestamente trabajaba en el CPACF “el Dr. Jorge Rizzo, que presidía el Colegio cuando yo estuve allí”. Ese es otro “error” del candidato del Gobierno a la Corte.

En efecto, yerra nuevamente Carlés por cuanto quien presidía el Colegio por entonces. (enero de 2004) era el Dr. Hugo Germano, sucedido por el Dr. Carlos Alberti (mayo de 2004) y completando ese mandado el Dr. Lucio Ibáñez por fallecimiento del Dr. Alberti.

Nosotros llegamos al gobierno del CPACF recién a finales de mayo de 2006, más de 2 años después de la supuesta relación laboral de Carlés con la Institución y ganándole las elecciones, justamente, a la agrupación de los colegas referidos.

D.- JURISTA “BRILLANTE”

El Dr. Carlés confunde una de mis definiciones en la nota que me realizó Canal 13 en enero del corriente. Allí manifesté que “es un chico muy inteligente y un proyecto de jurista brillante” pero también señalé que “nunca litigó, no ejerció la profesión de abogado ni tampoco trabajó en tribunales por lo que, por ahora no está para ocupar semejante responsabilidad ante la CSJN”. A tal extremo fue así que, el sábado 31 de enero el Dr. Zaffaroni no concurrió a la entrevista programada con muchas semanas de anticipación a nuestro programa de Radio América, seguramente molesto con mis afirmaciones.

E.- COLOFÓN

El CPACF conducido por “Gente de Derecho” desde 2006 ha cumplido con su obligación republicana denunciando la inexactitud del Dr. Carlés en su currículum cuando manifiesta haber trabajado en el CPACF. Ratificamos todo lo actuado.

Finalmente negamos que haya orientación oficialista u opositora en nuestra Institución. No sabe o no recuerda el Dr. Carlés que, desde la asunción como presidente del Dr. José Roberto López me desempeño como el vocero de Prensa de “La Casa de Todos los Abogados” por lo que todo lo que salga o de mi boca o mi pluma vinculado con ella, es su expresa representación.

El Organismo del artículo 114 de nuestra Carta Magna degeneró en su naturaleza fundacional ab initio, apenas vio la luz la ley 24.937 que le dio su reglamentación. En efecto, el primero de sus déficits fue que se desvirtuó la figura de la representación de legisladores, determinándose antojadizamente que la misma fuera en cabeza de los propios diputados y senadores. Así, miembros del Poder Legislativo se convirtieron, al mismo tiempo, en integrantes de otro de los poderes constituidos del Estado, el Judicial, haciéndose añicos la forma republicana de gobierno, que establece de manera pétrea el artículo 1º de la Constitución Nacional. A todo evento, es necesaria la lectura de los debates de la Convención Constituyente, totalmente reveladores.

Esto no ocurre, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, donde existen tres estamentos claramente diferenciados: Abogados, Jueces y “Representantes no legisladores” de la Legislatura porteña que mantienen en salvaguarda la división tripartita. 

Ese embate de la política partidaria dentro del Consejo comenzó a hacerse sentir, trastocando la figura técnica que pretendió darse por los Constituyentes y produjo una suerte de “mini Congreso” con bloques marcados, oficialista y opositor. Dicha circunstancia implosionó a partir de la ley 26.080 la que pulverizó a las representaciones estamentarias de Abogados y Jueces manteniendo intacta a las de la política partidaria.

A tal punto se pretendió corroer la naturaleza misma del Cuerpo que, mediante la mal llamada “Democratización de la Justicia”, se buscó sortear los últimos mecanismos que la Constitución Nacional había impuesto para evitar su copamiento a través de los Partidos Políticos. Afortunadamente, por entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del fallo “Rizzo”, detuvo el asalto final del partidismo a las entrañas mismas del Poder Judicial.

A partir de 2012, el Consejo entró en un cono de sombras que vuelve imposible llegar a los acuerdos necesarios para destituir a los malos jueces y seleccionar a los mejores, produciéndose un estado de inmovilización en la función neurálgica del organismo y convirtiéndose, meramente, en “otra buena caja y agencia de colocaciones”. 

La situación, más allá de meros acuerdos circunstanciales, puede sintetizarse señalando que todo aquello que proponga el oficialismo K será rechazado por la oposición y, contrario sensu, todo lo que plantee la oposición correrá la misma suerte, esta vez por la desestimación del bloque que responde al Gobierno. Todo ello sin perjuicio de que, en una u otra forma, por la amanuencia de algún juez y de los académicos, aquellos siguen manteniendo la mayoría simple pero insuficiente para los grandes temas en el Cuerpo.

Todo indica que nada va a cambiar. Adriana Donato, representante de nuestro nucleamiento “Gente de Derecho”, ha llegado con instrucciones precisas de obrar con libertad e independencia, de allí sus diferenciados votos hasta ahora con “los unos y otros”.

En definitiva, ante la mezquindad y los intereses por sobre los objetivos de ambos bandos, no cabe duda alguna de que el Consejo de la Magistratura de la Nación ha fracasado, y por lo tanto se hace imprescindible y necesaria la ingeniería de una nueva ley que aleje a la política partidaria del mismo y retome la independencia y la técnica que fuera el anhelo de quienes lo idearon.

Si esto no ocurre rápidamente, se empezará a añorar la “maldita servilleta”.