Decimos extraña porque el tema no había sido tratado en la Comisión de Labor, ni tampoco estaba previsto en la orden del día del Consejo; léase, fue introducido casi por la ventana por el bloque K, incluido dentro del bloque su presidente (a quien ya no se le puede llamar aliada, sino un elemento más de dicha unidad política), la jueza Gabriela Vázquez.

Dentro de las rarezas del plenario estuvo la paradoja de que los consejeros Gustavo Valdez y Ángel Rozas (UCR) no se encontraban en sus asientos; el primero por un oportuno retraso de la partida de su avión y el ex presidente del partido, en misión oficial en representación del Gobierno junto al canciller Héctor Timerman.

De la simple y apresurada lectura de la situación daría la impresión de que la ausencia radical se trató de una mera casualidad y una “avivada K” para sacar del medio a un supuesto enemigo como Cabral, quien tendría a su estudio entre otros temas el memorándum con Irán y Hotesur.

Sin perjuicio de ello, es menester adentrarse en las carpetas del juez, ya que también aparece la olvidada causa de coimas en el Senado, conocida como Banelco, en la que quedan aún involucrados varios de los funcionarios del Gobierno radical que encabezó De la Rúa.

Todo esto hace suponer que podría existir un pacto entre radicales y K con el objetivo de remover a Cabral y suplirlo con un subrogante afín y complaciente con la peor de todas las corporaciones: la política, que una vez más estaría estrechándose las manos para enjuagar sus pecados. (La vinculación K-UCR en Justicia es de larga data; recordemos que dentro de las versiones que circularon este año figuraba la que, de producirse dos vacantes en la Corte, una sería para un representante del Gobierno y la restante para un radical, Mónica Pinto o Ricardo Gil Lavedra, este último gran colaborador de los K en las redacciones del Código Civil, el Procesal Penal y el proyecto del Penal.)

Finalmente, es llamativo el apartamiento de Cabral cuando aún suenan los azotes sobre el decano de la Corte, Carlos Fayt. En efecto, en Tribunales es un secreto a voces la especulación sobre la negociación de la silla de jurista por un altísimo miembro, sobre quien hoy también recaen sospechas sobre una supuesta entrega de la cabeza de Cabral en una negociación con el Gobierno.

Cabral retirado, Fayt perseguido y la Corte en silencio, no se atrevió a hacer declaraciones ante un pedido de Elisa Carrió para que se expida sobre la persecución a Fayt. Hubo una mera contestación elusiva, ni siquiera firmada por ministros, sino por un secretario, accionar opuesto al de la propia Corte y la dura respuesta cuando el comportamiento impositivo de su presidente y sus hijos era estudiado por AFIP.

Algo huele a podrido en el Consejo de la Magistratura y la Corte. Algo huele a podrido en Tribunales.

Por eso me siento totalmente honrado por el hecho de que el Decano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación me haya designado como su abogado, que creo es el máximo honor al que en nuestra profesión se podía aspirar.

En ese orden de ideas nos tocó tener que salir a enfrentar las injustas acusaciones que arreciaron en los últimos días contra Fayt. Debíamos revertir toda una operación política y mediática que lo denostaba y que trataba de colocarlo en una posición disvaliosa de cara a la sociedad, montaje cuyo punto de partida fue una editorial firmada por Horacio Verbitsky en Página 12.

Fue así que en un primer momento debimos salir a aclarar que se encontraba bien, lúcido y que no pensaba renunciar. Los sectores “acusadores” (con los medios ideológicamente vinculados al Gobierno) nos azuzaban preguntando: ¿Por qué no habla Fayt y lo hace por su abogado?

Ante esa acusación, hicimos la nota en “Gente de Derecho” por Radio América, en la que Fayt ratificó todas y cada una de las palabras que manifestamos y que fuera la tapa de todos los diarios argentinos del domingo 10 de mayo. Tampoco alcanzó. Desde tonterías de edición, como que debimos haber filmado, y muchas más cosas se dijeron desde el oficialismo nacional tratando de desvirtuar un enorme hecho periodístico.

Se dijo que Fayt hacía años que no tenía disidencias en sus votos con Ricardo Lorenzetti, omitiéndose muchas de ellas, siendo las más sonadas los fallos “Ley de Medios” y “Chevron” en donde los votos de ambos son diametralmente opuestos.

Finalmente, el Dr. Fayt concurrió ya un par de veces a Tribunales, “su lugar desde 1983″, a cumplir con la probidad habitual su función de Ministro de la Corte como siempre, con independencia y libertad.

Paralelamente se produjo la bochornosa sesión y consecuente resolución de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, con una serie de aberraciones jurídicas como citar a nuestra producción a declarar ante ellos, pedir un psicofísico para Fayt, convocar a un perito calígrafo, a Verbitsky, al chofer del veterano juez, a sus secretarios letrados, etc.

Así fue pues que debimos aclararle a la argentinidad que lo resuelto por la comisión era absolutamente antijurídico. Que dicho mecanismo sólo se pone en marcha en el marco de un juicio político y, no es el caso. De hecho, no existe ninguna sentencia que provenga del Dr. Fayt que esté cuestionada.

Ahora, el tiempo empieza a darnos otra vez la razón a partir del mismísimo Página 12, en donde el propio Horacio Verbitsky ratifica lo que dijimos, y que se amplía de manera exponencial en la nota del martes 18 firmada por Mempo Giardinelli en donde, sin nombrarme, se me da toda la razón pero fundada en los dichos del “Oráculo de Delfos”. Otra vez “quien tiró la primera piedra” es el primero en abandonar el barco.

Creemos que la operación ha sido desmontada y ha quedado de cara a toda la sociedad, incluida la ignorancia consciente o inconsciente de los miembros oficialistas de la Comisión y su intencionalidad en recurrir en un error, léase necedad.

Que quede claro, insistimos, que el Dr. Fayt no se someterá al escarnio de algún examen psicofísico, ni mis productores concurrirán si llegare la citación.  No es rebeldía, no es desacato ni sedición, sólo es el cumplimiento estricto de la cláusula pétrea del artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina que reza: “…Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Carlos Fayt goza de lucidez y buena salud, seguirá en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal cual manifestó, mientras esto continúe así o Dios disponga lo contrario.

A.- NO TRABAJÓ EN EL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL (CPACF) 

Ratificamos en un todo que el Dr. Carlés no trabajó en nuestra Institución. Sólo concurrió algunos días durante enero de 2004 para tomar conocimiento de las tareas que como pasante comenzaría a desempeñar en febrero de aquel año.

En febrero de 2004 no se presentó a tomar tareas por lo que no existió ni siquiera la pasantía.

B.- NO SE DESEMPEÑÓ COMO ASESOR JURÍDICO

El Dr. Carlés señala en su currículum que fue “asesor jurídico” del CPACF, cosa que es imposible por un doble motivo: a) No existe ese cargo. Si el de “Asesor Letrado” que es nombrado por el Consejo Directivo a propuesta del Presidente y es “necesariamente” un abogado, cosa que Carlés no era por entonces atento a que era estudiante y, b) Es  absurdo que si existieran los cargos de asesores jurídicos, una institución que agrupa a abogados designe para asesorarlo a alguien que no lo sea.

C.- AL TIEMPO DE ESTOS HECHOS FALTABAN MÁS DE 2 AÑOS PARA QUE ASUMIERA LA PRESIDENCIA DEL CPACF

El Dr. Carlés señala que cuando él supuestamente trabajaba en el CPACF “el Dr. Jorge Rizzo, que presidía el Colegio cuando yo estuve allí”. Ese es otro “error” del candidato del Gobierno a la Corte.

En efecto, yerra nuevamente Carlés por cuanto quien presidía el Colegio por entonces. (enero de 2004) era el Dr. Hugo Germano, sucedido por el Dr. Carlos Alberti (mayo de 2004) y completando ese mandado el Dr. Lucio Ibáñez por fallecimiento del Dr. Alberti.

Nosotros llegamos al gobierno del CPACF recién a finales de mayo de 2006, más de 2 años después de la supuesta relación laboral de Carlés con la Institución y ganándole las elecciones, justamente, a la agrupación de los colegas referidos.

D.- JURISTA “BRILLANTE”

El Dr. Carlés confunde una de mis definiciones en la nota que me realizó Canal 13 en enero del corriente. Allí manifesté que “es un chico muy inteligente y un proyecto de jurista brillante” pero también señalé que “nunca litigó, no ejerció la profesión de abogado ni tampoco trabajó en tribunales por lo que, por ahora no está para ocupar semejante responsabilidad ante la CSJN”. A tal extremo fue así que, el sábado 31 de enero el Dr. Zaffaroni no concurrió a la entrevista programada con muchas semanas de anticipación a nuestro programa de Radio América, seguramente molesto con mis afirmaciones.

E.- COLOFÓN

El CPACF conducido por “Gente de Derecho” desde 2006 ha cumplido con su obligación republicana denunciando la inexactitud del Dr. Carlés en su currículum cuando manifiesta haber trabajado en el CPACF. Ratificamos todo lo actuado.

Finalmente negamos que haya orientación oficialista u opositora en nuestra Institución. No sabe o no recuerda el Dr. Carlés que, desde la asunción como presidente del Dr. José Roberto López me desempeño como el vocero de Prensa de “La Casa de Todos los Abogados” por lo que todo lo que salga o de mi boca o mi pluma vinculado con ella, es su expresa representación.

Junto al Fiscal de la Cámara del Crimen, el Dr. Ricardo Sáenz, y casi en soledad, dijimos al diario La Nación el 25 de octubre del año pasado que la reforma “podría redistribuir los casos en trámite según su deseo, direccionando las causas ligadas a fiscales de su confianza, incluso las referentes a casos anteriores…“; que era “muy grave el poder que adquieren los fiscales sobre las causas. Esto tiene que ir a bolillero, no dar la posibilidad de que alguien meta el dedo intencionalmente. Le da un poder demasiado grande a los fiscales para decidir qué causa se sigue y descartar otras”, y que si bien el sistema acusatorio es correcto, parece extraño el momento elegido para impulsarlo. “Justo ahora, cuando se pueden abrir causas a funcionarios por corrupción, a 13 meses de terminar un mandato. Da la sensación de que buscan impunidad y no ayudar a la gente”, expresamos.

Desde el CPACF convocamos a una comisión ad hoc que se ocupara de analizar pormenorizadamente la reforma. La misma elaboró un informe final que fue remitido a cada uno de los diputados nacionales previo a la aprobación de la nueva norma.

Desde nuestro programa “Gente de Derecho” invitamos a debatir a los diferentes actores en pugna. Así pasaron por nuestros micrófonos, entre otros, además del ya mencionado Ricardo Sáenz, Roberto Carlés, Donoso Castex, Carlos Gonella y, también el indignado Secretario General del Gremio de los Judiciales Julio Piumato, quejándose por el nuevo sistema de ingresos.

Finalmente, en el programa “A dos voces” advertimos allá por noviembre que se estaban produciendo ingresos a granel a la Procuración General de la Nación y sin concursos (señalamos que “de 252 ingresos solo 6 habían sido realizados por la vía de la presentación a rendir examen”).

Nos alegra que finalmente los representantes sociales hayan tomado conciencia de la importancia de lo que estaba en juego y salgan a manifestarse, aunque en lo personal creo, que para variar, llegan un poco tarde, al igual que ocurriera con la creación del nuevo Código Civil y Comercial, a pesar de nuestras reiteradas advertencias resultando extemporánea la reacción opositora.

No hay dudas que el Poder Judicial siempre ha sido una “familia”, que se manejan corporativamente y, que a pesar de lo que digan y nieguen, siempre juegan políticamente. Pero no es menos cierto que, desde el avenimiento de la democracia el 10 de diciembre de 1983, la política siempre ha intentado controlar a la Justicia. Así hemos visto “servilletas”, cambio de número de los integrantes de la Corte, destituciones de Procuradores, reformas al Consejo de la Magistratura de la Nación, el nuevo Código Civil y Comercial, la mal llamada “democratización de la Justicia” y ahora, la reforma del Código Procesal Penal.

De los dos males enquistados en la “política judicial autóctona” es sin duda mucho más grave el vicio de querer controlarla, manía que ha sido elevada a la enésima potencia por la administración de los K, convirtiendo en casi una rutina el que tengamos que salir a advertir y/o a combatir la nueva tentativa directa o encubierta de copamiento del Poder Judicial.

Hoy el tema de la Procuración General de la Nación está en llamas desnaturalizándose su existencia y habiéndose provocado a escala en sus mismas entrañas el enfrentamiento K y anti-K que ya hastía a gran parte de la sociedad argentina.

En algún momento deberemos crear los mecanismo defensivos para prevenir estos ataques, y hacer cesar la batalla intestina entre dos extremos viciados y en pugna, a la que el resto de la sociedad asistimos incrédulos y azorados esperando que nos reparen nuestros derechos cuando asistimos a los tribunales de justicia en los que desgraciadamente ya casi nadie confía.

A través del diputado nacional y ex-radical Carlos Raimundi, que responde al ex Intendente de Morón y hoy hombre principal en AFCA, Martín Sabatella (ambos procedentes del espacio Nuevo Encuentro que fuera absorbido desde hace algunos años por el Frente para la Victoria), se habría presentado un pedido de juicio político por “mal desempeño e inhabilidad psicofísica para ejercer el cargo” del Dr. Fayt.

Entre las acusaciones que fundamentan el pedido aparecería un voto del Dr. Fayt a favor del grupo La Nación por un juicio iniciado por la AFIP. Sostiene Raimundi que la esposa del Decano sería hermana de Julio Escribano, uno de los principales accionistas de ese grupo económico, y hace un severo cuestionamiento a la capacidad mental del mismo, a tenor de su avanzada edad. 

Todos los argumentos esgrimidos por Raimundi son falaces y, detrás de su ataque por la edad del Dr. Carlos Fayt se esconde una clara e inocultable discriminación a la tercera edad y, no descarto que se trate de una bomba de humo tendiente a sacarse a si mismo del ostracismo de su paupérrima actuación legislativa en estos años. 

Más allá de ello, es necesario destacar que Margarita Escribano de Fayt no tiene ningún tipo de parentesco con Julio Escribano, ni siquiera distante. Son simplemente homónimos. Prueba de ello es que, de haberlo sido, la representación letrada de la AFIP hubiera recusado con causa a Fayt cuando el expediente ingresó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestión que omitiera. Raimundi lo sabe o peor aún, debió saberlo antes de salir a bravuconear públicamente y a difamar al más importante jurista latinoamericano vivo.

Es llamativo que Raimundi alegue esta falsedad y no diga, por ejemplo, que en el tema de la sanción al juez federal Claudio Bonadío, el Consejero de la Magistratura y Diputado Nacional, Héctor Recalde, debió excusarse porque ese magistrado está investigando hechos de corrupción en Aerolíneas Argentinas , empresa que dirige su hijo Mariano; o que su referente Martín Sabatella (ex militante del PC) no cuestione por ancianos a sus líderes más admirados, los hermanos Fidel y Raul Castro en Cuba.

La reacción opositora, en particular de la UCR, ha sido tibia como también lo fuera la postura de este partido al tiempo de la Reforma Judicial cuando decía estar en la vereda de enfrente de aquel mamarracho jurídico, mientras armaba sus listas de candidatos con un comportamiento difuso y contradictorio, al mejor estilo del tero que grita en un lado pero pone los huevos en otro.

Hoy pareciera que también ocurre lo mismo puesto que a los K no les alcanzaría con sus propios votos para nombrar al reemplazante de Raúl Zaffaroni, por lo que “habría que negociar” con el radicalismo un acuerdo integral. Suenan para reemplazar a Fayt la Decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Mónica Pinto, y el polifuncional Ricardo Gil Lavedra quien ya le diera algunas manos al Gobierno Nacional en la reforma del Código Civil y, en el proyecto para hacer lo propio con el Penal.

El único requisito que se puede exigir al juaz Carlos Fayt es su idoneidad y, la misma se prueba por su habitual presencia en los acuerdos de la CSJN y, esencialmente por sus fallos. Éstos podrán gustar o no, pero no cabe duda que en su lógica y, sobretodo en su coherencia, son intachables.

He conversado en estas horas con el ministro Fayt y me garantizó que no contestará los agravios y que no piensa sucumbir ante las presiones, máxime cuando son interesadas por disconformidad del Gobierno Nacional con sus sentencias.

En síntesis, Carlos Santiago Fayt, desde su silla en la Corte tratará seguir haciendo Patria, más allá de los intentos de quienes carecen de la altura moral e intelectual para desestabilizarlo.

El Organismo del artículo 114 de nuestra Carta Magna degeneró en su naturaleza fundacional ab initio, apenas vio la luz la ley 24.937 que le dio su reglamentación. En efecto, el primero de sus déficits fue que se desvirtuó la figura de la representación de legisladores, determinándose antojadizamente que la misma fuera en cabeza de los propios diputados y senadores. Así, miembros del Poder Legislativo se convirtieron, al mismo tiempo, en integrantes de otro de los poderes constituidos del Estado, el Judicial, haciéndose añicos la forma republicana de gobierno, que establece de manera pétrea el artículo 1º de la Constitución Nacional. A todo evento, es necesaria la lectura de los debates de la Convención Constituyente, totalmente reveladores.

Esto no ocurre, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, donde existen tres estamentos claramente diferenciados: Abogados, Jueces y “Representantes no legisladores” de la Legislatura porteña que mantienen en salvaguarda la división tripartita. 

Ese embate de la política partidaria dentro del Consejo comenzó a hacerse sentir, trastocando la figura técnica que pretendió darse por los Constituyentes y produjo una suerte de “mini Congreso” con bloques marcados, oficialista y opositor. Dicha circunstancia implosionó a partir de la ley 26.080 la que pulverizó a las representaciones estamentarias de Abogados y Jueces manteniendo intacta a las de la política partidaria.

A tal punto se pretendió corroer la naturaleza misma del Cuerpo que, mediante la mal llamada “Democratización de la Justicia”, se buscó sortear los últimos mecanismos que la Constitución Nacional había impuesto para evitar su copamiento a través de los Partidos Políticos. Afortunadamente, por entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del fallo “Rizzo”, detuvo el asalto final del partidismo a las entrañas mismas del Poder Judicial.

A partir de 2012, el Consejo entró en un cono de sombras que vuelve imposible llegar a los acuerdos necesarios para destituir a los malos jueces y seleccionar a los mejores, produciéndose un estado de inmovilización en la función neurálgica del organismo y convirtiéndose, meramente, en “otra buena caja y agencia de colocaciones”. 

La situación, más allá de meros acuerdos circunstanciales, puede sintetizarse señalando que todo aquello que proponga el oficialismo K será rechazado por la oposición y, contrario sensu, todo lo que plantee la oposición correrá la misma suerte, esta vez por la desestimación del bloque que responde al Gobierno. Todo ello sin perjuicio de que, en una u otra forma, por la amanuencia de algún juez y de los académicos, aquellos siguen manteniendo la mayoría simple pero insuficiente para los grandes temas en el Cuerpo.

Todo indica que nada va a cambiar. Adriana Donato, representante de nuestro nucleamiento “Gente de Derecho”, ha llegado con instrucciones precisas de obrar con libertad e independencia, de allí sus diferenciados votos hasta ahora con “los unos y otros”.

En definitiva, ante la mezquindad y los intereses por sobre los objetivos de ambos bandos, no cabe duda alguna de que el Consejo de la Magistratura de la Nación ha fracasado, y por lo tanto se hace imprescindible y necesaria la ingeniería de una nueva ley que aleje a la política partidaria del mismo y retome la independencia y la técnica que fuera el anhelo de quienes lo idearon.

Si esto no ocurre rápidamente, se empezará a añorar la “maldita servilleta”.

Nuestra institución advierte la inviabilidad constitucional de la promocionada elección popular de los consejeros provenientes de los ámbitos de nuestra profesión y la judicatura, en orden a que el texto del artículo 114 de la Carta Magna es lo suficientemente claro por cuanto habla de representaciones estamentarias cuando señala: “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”.

En esa inteligencia, ninguna duda surge sobre una verdad de Perogrullo: los representantes deben ser elegidos por sus representados. Así, resulta “a todas luces” que cada estamento elige a quienes serán sus representantes ante el Consejo. De allí que una ley que estableciera la elección universal de toda la sociedad para determinar los miembros provenientes de jueces y abogados resultaría, palmariamente, inconstitucional.

Apoyan esta teoría los antecedentes internacionales del consejo, más precisamente el derecho continental europeo, del que fuera tomado, en donde también se realizan elecciones de sus miembros en donde la principal característica es que también son estamentarias.

Es sin dudas, entonces, un equívoco señalar que los representantes de diputados y senadores resultan electos por el voto popular. Muy por el contrario, la ciudadanía los elige conforme su jurisdicción electoral, que surge de la forma federal de Estado establecida por el artículo 1º de la Constitución Nacional, para desempeñar cargos legislativos; más nunca lo hace como consejeros de la Magistratura.

Así, mal podría por ejemplo, un ciudadano de la provincia de Catamarca haber votado para consejero de la Magistratura a un senador proveniente de la provincia del Neuquén, cuando ha sido el pueblo neuquino quien lo ha votado como representante legislativo de “ese” Estado provincial ante la Cámara alta, en orden a la autonomía federal de las provincias argentinas que establece, entre otros, el artículo 5º de la Constitución.

En realidad, son los propios diputados y senadores quienes determinan cuáles de sus miembros serán sus representantes ante el órgano, por lo general tras un acuerdo entre la primera y la segunda fuerza que componen eventualmente al Congreso, más nunca por una elección nacional de distrito electoral único a tales efectos.

Ni que hablar de quien representa al Poder Ejecutivo nacional, que resulta designado directamente por una sola persona, el presidente de la Nación.

Si a pesar de todo este razonamiento, resultara aprobada una ley con las características esenciales que manifestara la señora presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa, nuestro recuperado Colegio Público de Abogados de la Capital Federal planteará de inmediato una acción declarativa de inconstitucionalidad, por considerar que se aniquilarían disposiciones inequívocas de raigambre constitucional, y sin perjuicio de que quedarían pulverizados legítimos e inalienables derechos de la abogacía argentina unida en la matrícula federal, como ya ocurriera con la reforma de la ley 26.080 que destrozó el equilibrio estamentario que exige el artículo 114 de la Constitución Nacional, la que desde 2006 duerme el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación aguardando resolución sobre el planteo de inconstitucionalidad que formuláramos hace ya nada más que siete años.