El primer punto es que la llegada de gobiernos progresistas se sostuvo sobre un mensaje de fuerte contenido social, muy enfocados en resolver las inequidades del capitalismo y de la “década del neoliberalismo”.

Lula Da Silva, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Evo Morales asumieron sus cargos en medio de situaciones críticas en cada uno de los países. El cambio mundial experimentado a partir del año 2003, en parte como consecuencia de la guerra de Irak, elevó al precio del barril de petróleo desde u$s22 hasta superar los u$s100. Este panoama le dio a Hugo Chávez, sentado sobre un mar de petróleo incalculable y de alta calidad, los recursos mil millonarios en dólares que permitieron abordar su gran revolución bolivariana: dinero del Estado para los pobres.

Paralelamente, los commodities como trigo, soja y maíz comenzaron a subir sus precios como consecuencia del éxito de las políticas de China, que gracias a una apertura económica permitió que 400 millones de chinos salieran de la pobreza a través de la creación genuina de empleo privado.

La cuadruplicación del precio de algunos commodities como la soja favoreció el notable incremento de las exportaciones de Brasil y Argentina, y dotó de dólares a sus gobiernos, al punto de que en Argentina se aplica una retención de 35% sobre las ventas al exterior de la oleaginosa que consumen los chinos capitalistas.  Así, los gobiernos se apropiaron de buena parte de la renta privada que volcaron hacia la justicia social.

El aumento de los precios internacionales de los productos que casualmente se generan de las riquezas naturales de cada país aportó miles de millones de dólares a estas economías, y los presidentes de perfil socialista se encontraron con recursos impensados unos años antes.

Con mucha justicia, los gobiernos crearon los planes sociales para abordar la acuciante situación de los más desfavorecidos, aquellos que “quedaron fuera del sistema”. Así nació el plan “Jefes y Jefas de Hogar” de Argentina, el “Bolsa Familia” de Brasil, las “Misiones Bolivarianas” de Venezuela, entre otros.

Nadie pone en duda que los gobiernos deben velar por la igualdad de oportunidades y la resolución de los problemas de los que menos tienen. Los planes sociales surgieron para resolver una urgencia, y la sociedad debe aceptar que quienes más tienen paguen sus impuestos y que parte de esos fondos se destinen a solventar las necesidades básicas de los más desfavorecidos.

Unos 18 millones de argentinos, 50 millones de brasileños, 17 millones de venezolanos son beneficiarios de programas sociales, mayoritariamente consistentes en dinero en efectivo para afrontar las necesidades básicas.

El problema que no se debate es por qué después de tantos años de bonanza económica, las estadísticas muestran que hay más personas beneficiadas por estos programas. La lógica del crecimiento indicaría que en la medida que los países mejoran, el nivel de pobreza baja y la asistencia social se reduce porque las personas se insertan en el mercado formal de empleo.

En 10 años, Brasil pasó de 6 millones a 50 millones de personas beneficiadas por la “Bolsa Familia”. En ese lapso, el crecimiento económico brasileño fue envidiable. ¿Por qué este año casi 2 millones de personas más se sumarán al programa?

Los subsidios de asistencia social no han dejado de crecer en todos estos años. Los gobiernos actuales y los políticos de la oposición prometen más ayudas del Estado, nadie discute el fondo del debate: la sostenibilidad de un modelo asistencialista que se sustenta en las condiciones favorables generadas por un periodo de bonanza. Si el ciclo favorable cambia, es decir, si el dólar empieza a subir, los commodities a bajar, las tasas internacionales vuelven a rangos de 5% anual, no habrá dinero para que el Estado solvente subsidios al consumo, planes sociales sin contraprestaciones productivas y un gasto público ilimitado.

La sostenibilidad  del “modelo” que hermana a Argentina, Brasil, Venezuela y Bolivia depende del liberalismo económico más básico: los precios del mercado regidos por la oferta y demanda de sus actores. Si la soja cayera por debajo de u$s400 y el petróleo retrocediera por debajo de los u$s75 u u$s80, los gobiernos asistencialistas tendrían que recurrir a otras medidas para sostener la ayuda social, tal vez impuestazos sobre la producción y las clases medias o simplemente emitir moneda sin respaldo y licuar déficits a través de la inflación. Ir por ese camino en el siglo XXI es un desastre que ya se probó y que las sociedades de estos países no se merecen. Ojalá no se les ocurra a nuestros gobernantes…

En ambos países, los gobiernos gozan de un alto apoyo popular a pesar de que toda la sociedad padece de los problemas básicos que cualquier libro de economía refleja casi estadísticamente: conflictos laborales por salarios, escasez de productos, disminución de las importaciones, disminución del intercambio comercial, pérdida de poder adquisitivo y aniquilación del ahorro.

Me sigo preguntando por qué hay tanta gente que no protesta o, peor aún, que no ve a la inflación como un problema que perjudica a su vida.

Milton Friedman, premio Nobel de Economía, sostiene que la inflación está relacionada con el proceso de creación de dinero. Los gobiernos de Argentina y Venezuela imprimen dinero de manera constante, generan “expansión monetaria” que se vuelca en gasto público del Estado. La Unión Europea, posiblemente inspirada en la rigidez alemana, opta por limitar la emisión de euros y desde Bruselas se les exige a los gobiernos que bajen el gasto, aumenten los ingresos vía impuestos y reduzcan salarios si es necesario para tener equilibrio fiscal.

La diferencia entre ambos modelos es evidente: países como España tienen altos niveles de desempleo, porque no hay dinero suficiente para estimular la reactivación de la economía; los municipios y los gobiernos regionales ven que los ingresos fiscales no alcanzan para tener más empleados públicos u otorgar subsidios a sectores productivos locales para ayudarlos a reactivar.

En cambio, los empleados públicos de Argentina y Venezuela están tranquilos, saben que cada mes el gobierno les depositará su salario. Los sectores sociales que reciben subsidios recibirán la ayuda económica, los transportes públicos recibirán en sus cuentas los millonarios montos del Estado que permiten sostener los precios del bus y el tren a precios “para todos y todas”.

Las paritarias con los sindicatos permiten cerrar acuerdos con aumentos salariales de 25%, que tendrán un magnífico efecto placebo: el primer mes que un trabajador cobra con una mejora del salario del 25%, le permite “darse el gusto” de viajar el fin de semana de puente, comprar unas nuevas zapatillas o ropa en 12 cuotas, y experimentar esa sensación de poder de consumo. Dentro de 3 meses, el efecto placebo se habrá acabado, porque la tarjeta de crédito viene con las cuotas, el supermercado nos resulta 10% más caro, subieron los combustibles y la mejora salarial se diluye en poco tiempo.

El Banco Central fija el valor del dólar y genera un atraso cambiario, por eso el precio de un litro de leche se vuelve más caro en dólares que en Alemania, donde el ingreso per cápita duplica o triplica al de argentinos y venezolanos.

Eso no importa, porque hay una clase media que vuela a Miami y compra 3 jeans al mismo precio dólares que uno fabricado por productores nacionales. Esa compra será financiada con los dólares del Banco Central, cuando se deban transferir los montos de los consumos de los turistas que se fueron.

La gente en la calle dice convencida que este modelo es mejor que el de Europa, porque en España, 1 de cada 4 personas no tiene empleo, mientras que las cifras de paro en Argentina y Venezuela son inferiores a 10%. “Un poquito de inflación” sugirió un día el fallecido ex presidente argentino Raúl Alfonsín. Era el llamado a emitir dinero para crear bienestar. En ese “estado de bienestar” vivimos hoy.

El verdadero impacto de las políticas de Estado tiene consecuencias de corto y largo plazo. Los admirados alemanes que crecen, son locomotora de Europa y tienen jubilados que viajan por el mundo, son los mismos que aplicaron un monumental ajuste en 1999, durante la gestión de Gerhard Schröeder. Los sindicatos, la oposición y el pueblo lo calificaron de “traidor”.

El corto plazo fue durísimo, con protestas sociales en todo el país, redujo a mínimos la popularidad de Schrôeder. Ahora Merkel representa el éxito de un modelo, todos destacan la producción industrial, el estado de bienestar y el crecimiento alemán. Durante la crisis de 2008, Alemania no destruyó empleo. Españoles, portugueses e italianos buscan empleo en Alemania.

En Argentina y Venezuela se venden autos importados como nunca antes, salen aviones llenos de turistas al exterior, los comercios venden computadoras, televisores, todo en cuotas a 12 o 24 meses. Lo que no está claro es cómo serán Argentina y Venezuela en 2023, ¿se parecerán a Alemania de hoy o necesitarán adoptar el modelo de 1999?