El posterior discurso de Cristina Kirchner nos la mostró como siempre, viviendo una realidad paralela en la que ella es una eterna víctima de una conspiración universal. De los millones de dólares que su irresponsabilidad le hizo perder al Banco Central no dijo una palabra. De la fortuna que ella y sus amigos forjaron en la función pública, tampoco.

Sin embargo, hay algo positivo en esa impúdica exhibición del kirchnerismo: nos recuerda qué lejanos quedan los tiempos de autoritarismo que vivimos hasta tan sólo cuatro meses atrás. La ex Presidente tal vez comprendería, si tuviera el espíritu abierto, que no necesitaba cadenas nacionales. Todos los canales de noticias, aun los que no le tienen ninguna simpatía, transmitieron sus palabras. En buena hora que lo hicieran: vienen muy bien estos recordatorios del abismo que logramos sortear.

No hubo, por lo demás, ninguna zona liberada. El Gobierno nacional actuó con prudencia, permitió que se desarrollaran sin interferencias la movilización kirchnerista y el acto posterior. Una actitud más estricta podría haber desencadenado hechos de violencia de mucha mayor envergadura. Es cierto que una periodista tan estimable como Mercedes Ninci debió sufrir el patoterismo de algunos militantes, hecho que deberá ser investigado y sancionado; pero en el balance se privilegió el más amplio ejercicio de la libertad de expresión.

No hubo, por parte de la ex mandataria, una defensa jurídica. No le habló al tribunal, sino a la historia, como suelen hacer los megalómanos. Se comparó con Hipólito Yrigoyen y Juan Perón, olvidando que estos fueron derrocados por golpes militares y ella simplemente terminó su mandato, como lo determina la Constitución. Y en el caso de Yrigoyen ese paralelismo es más absurdo. Se puede estar de acuerdo o no con las políticas adoptadas por el primer presidente radical, pero nadie jamás lo acusó de enriquecerse en la función pública. Al contrario, fue un ejemplo de decencia y austeridad. En su modesta casa de la calle Brasil no había bóvedas, ni tenía testaferros.

El mismo día de este revival del pasado, la Argentina dejaba atrás el default. Hay, por fin, un Gobierno que ubica como central una dimensión desconocida en el universo kirchnerista: la del futuro.

La protesta, en tanto una de las manifestaciones de la libertad de expresión, es absolutamente libre. Por lo menos para quienes postulamos una sociedad abierta en el marco del Estado constitucional de derecho. Para quienes nos gobernaron en los pasados doce años, nutridos de otras vertientes ideológicas, es legítimo, en cambio, que los canales de difusión de las protestas sean restringidos por el Estado. De ahí la preocupación por homogeneizar los medios de comunicación, emplear la censura indirecta (pautas publicitarias disciplinadas) y recurrir a todo tipo de hostigamientos dirigidos a quienes no se plegaban al monocorde discurso oficial.

Pero una cosa es la libertad de expresar ideas e informaciones y otra violar derechos de terceros. Quienes impiden la circulación se adueñan de espacios públicos o dañan bienes con el fin de dar visibilidad a sus reclamos, no están —y no deben estar— protegidos por los jueces, porque si así fuera, se estaría cercenando, entre otros, el principio de igualdad ante la ley.

En el caso de Milagro Sala, esas conductas son las más leves que se le pueden imputar. Sabemos que construyó, con la ayuda de Cristina Kirchner, un gobierno paralelo, completamente al margen de la ley, y que dispuso de cuantiosos fondos sin ningún tipo de control. Siempre se dijo que muchas provincias argentinas se comportan como feudos, pero en el Jujuy de Sala ese feudo tenía la particularidad de su desvinculación absoluta respecto del orden jurídico. Sobran los testimonios de la arbitrariedad y el patoterismo en esa estructura de neto corte mafioso.

Los “beneficiarios” de tal sistema, en la medida en que acrediten la existencia de reales necesidades, nada deben temer. Al contrario, son a partir de ahora ciudadanos con derechos, que reciben prestaciones por esa condición, de manera objetiva y neutral, y no rehenes de organizaciones que los utilizan para potenciar sus propios fines.

El gobernador Gerardo Morales, con el abierto respaldo del Presidente de la nación, Mauricio Macri, está reconstituyendo el Estado de derecho en Jujuy. En esa empresa lo apoya la gran mayoría de los argentinos. Tal fue el mandato que recibió en las urnas, al imponerse por un margen muy holgado. Con las primeras medidas de desactivación del aparato mafioso de Sala, la imagen de Morales entre los jujeños creció hasta niveles muy altos. Es que son ellos los que conocen de primera mano el autoritarismo de esa organización paraestatal que los hundió en un virtual estado de sumisión debido a sus prácticas prepotentes y patoteriles.

Es muy llamativo que apelen ahora a las formas más refinadas de la democracia republicana quienes o bien promovieron ese estado de cosas o, por lo menos, lo toleraron con su silencio cómplice.

Jujuy, que vive en la Edad Media, quiere entrar al siglo XXI. Nada hay más demostrativo de la enorme confusión de conceptos que se nos quiso inculcar que defender un modelo reaccionario, preconstitucional, con argumentos pretendidamente progresistas. No hay progreso sin ley.