Se puede uno preguntar hoy si la demanda valió la pena; si el resultado justifica el esfuerzo empeñado; y si no hay algo que México pueda hacer en casos como éste. Primero los antecedentes. En el caso AVENA, en realidad se agrupaba a 51 mexicanos condenados a muerte en EU, y que no habían podido ejercer su derecho de que las autoridades estadounidenses notificaran al consulado de México más cercano de su detención y de los cargos imputados.

Esa demanda, que tuve el honor de diseñar, impulsar y firmar en mi último acto como secretario de Relaciones Exteriores, se basó en un principio parecido al que al final del día contribuyó a que Florence Cassez fuera liberada exactamente hace un año. Un mexicano en apariencia culpable, en manos de un defensor de oficio hostil e incompetente, sin traductor, sin apoyo de su familia o de los funcionarios consulares mexicanos, puede no gozar del debido proceso que tendría si contara con todas estas prerrogativas. Si Cassez hubiera tenido acceso al Consulado de Francia desde el primer momento de su arresto, otro gallo hubiera cantado. Por eso la ministra Olga Sánchez Cordero insistió tanto en este tema en su ponencia ante la SCJN a principios del 2013. Si Edgar Tamayo hubiera contado con la traducción, la asesoría legal y el apoyo en general del Consulado de México en Houston, quizás de igual manera hubiera sido condenado, más no a la pena capital, con la que concluyó su vida. Aguas: no se puede invocar la Convención de Viena allá, y despreciarla aquí.

La protección consular en México, en EU o en el mundo no es asunto menor. Tampoco lo es que Texas invoque una soberanía propia y una supuesta “no firma” suya de la Convención de Viena para ignorar la recomendación del secretario de Estado John Kerry, o en casos anteriores del presidente texano Bush, de por lo menos llevar a cabo, como lo indica el fallo de la CIJ, una revisión del caso, procurando determinar si la protección consular hubiera desembocado en un desenlace diferente. Es de suma importancia subrayar este aspecto. Nadie afirma que los 51 mexicanos afectados por el caso AVENA hayan sido culpables; se afirma que la pena de muerte es un castigo por definición irreversible, y no debe aplicarse sin el respeto a las obligaciones internacionales y nacionales del debido proceso.

En los casi 10 años transcurridos desde La Haya, “sólo” han sido ejecutados 4 mexicanos. Son 4 de más, pero también son 47 que no lo han sido. Tres gobiernos de México han hecho lo posible para que estas tragedias no se repitan. El actual alentó que las violaciones mexicanas a la Convención de Viena tuvieran consecuencias, en el caso Cassez. La Cancillería ha estudiado la forma de convencer -y en parte lo ha logrado- al gobierno de EU de que legisle en su Congreso la obligación para que los estados de la Unión Americana cumplan con los tratados firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Quizás a partir del trágico término de la vida de Edgar Tamayo, convenga insistir aún más en Washington, esto en el entendido de que pasarán años para que se logre. No sería un mal tema a tratar por Peña Nieto con Obama, al reunirse en Toluca el 19 de febrero.

Asimismo, los organizadores de la nueva iniciativa de legalización del uso recreativo de la marihuana en California dieron el primer paso en el largo proceso que deberán recorrer para que este noviembre, en su caso, se gane lo que se perdió por una nariz hace tres años. Registraron ya su iniciativa de legalización; se darán un mes y medio para reunir los fondos necesarios para lograr las 700 u 800 mil firmas pertinentes; y decidirán en ese momento si pueden conseguir entre los 15 mil millones de dólares que costaría una campaña exitosa del Sí. No es seguro que todo este proceso sea este año, pero ya se echó a andar.

Y por último, pero quizás esto sea lo más importante en todo el hemisferio occidental, en México empezó a circular el paquete de Iniciativas de Ley y Reformas a presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y por la ALDF ante el Congreso de la Unión sobre el mismo tema. En el corto plazo es poco probable que la segunda iniciativa fructifique, pero cada día es más factible que la primera sí tenga éxito. Por eso conviene comentar sus principales características.

El título es abigarrado, leguleyo y confuso: Iniciativa de Ley y Reformas en materia de principio de oportunidad y sistema de información para la reducción de riesgo y daños. Prevé una serie de cambios a la legislación penal del DF basadas en la aplicación del principio de oportunidad establecido en el artículo 21 de la Constitución. Dicha ley, en teoría, establecerá tres prioridades de persecución de delitos por el Ministerio Público en el DF. La 0, que sólo se perseguirá una vez que se haya reducido la incidencia de las prioridades 1 y 2, incluye la marihuana o, como dice de nuevo en el lenguaje incomprensible de los abogados mexicanos, las conductas tipificadas de los artículos 475, 476 y 478 de la Ley General de Salud (LGS) “cuando se realice exclusivamente con la cannabis”, salvo en el caso de que se trate de suministro a menores de edad, en cuyo caso la persecución del delito seguirá siendo de la máxima prioridad.

Si entiendo bien, y no es necesariamente el caso, esto quiere decir que se podrá poseer hasta mil veces la dosis máxima permitida en la LGS en materia de marihuana, a saber 5 gr. En suma, se trata de asignar distintos niveles de prioridad al trabajo policial y de procuración de justicia, localizando la acción estatal en la persecución de delitos dolosos y no en la criminalización del uso y portación de cannabis, así como la creación de un régimen legal para el uso terapéutico de la marihuana.

Nadie puede asegurar que esta ley sea aprobada tal cual por la ALDF, que no sea rechazada algún día por la SCJN al atribuirse el DF facultades que no tiene o que realmente equivalga a una legalización por lo menos del consumo de la marihuana en la Ciudad de México. Pero sí parece ser un primer paso de gran trascendencia.

La resplandeciente transición mexicana desaprovechó una excelsa oportunidad para consumarse a tiempo, debido a la ceguera de Carlos Salinas, a la indiferencia de los poderes fácticos, y a la insuficiente ambición de Diego Fernández de Cevallos. Algunos lectores recordarán cómo a partir del debate presidencial de finales de mayo, gracias a la aplastante victoria de Diego y la inmisericorde derrota de Zedillo (y de Cárdenas), se invirtieron las tendencias de las encuestas. Ascendió el panista, y aunque su campaña se pasmó, de no haber sido por la incorporación completa de Salinas y del gobierno federal a la contienda (a través del gasto, de la propaganda, del activismo del presidente y del aparente destierro de Diego de las pantallas de televisión), el PRI podría haber perdido.

La injerencia del gobierno en la competencia electoral de 1994 comenzó en realidad justo después de la muerte de Colosio. En lugar de soltar la paridad monetaria ante el inevitable nerviosismo de los mercados y asumir una devaluación, Salinas prefirió evitar a toda costa una depreciación de la moneda y un enfriamiento de la economía. Ni su gabinete (José Córdoba había sido exiliado a Washington) ni sus amigos, ni los grandes poderes tan beneficiados por él, reclamaron su actuación ni sugirieron alternativas. Así, el empecinamiento de Salinas en una victoria priísta no era privativa del mandatario y resultaba lógica, si se trataba de que el PRI venciera, también a toda costa. La pregunta es ¿para qué?

El ejercicio contra-factual resulta interesante. Si se cae la moneda, ya sea después de la tragedia de Lomas Taurinas, ya sea después del debate, se ajusta la economía y el PRI pierde casi seguramente la elección. Pero no hubiera sucedido la hecatombe económica de diciembre de 1994, no habría caído a la cárcel Raúl Salinas en febrero de 1995, Diego Fernández hubiera cuidado las espaldas de su amigo Carlos Salinas con todo el cariño del mundo, y la transición mexicana se habría consumado seis años antes, en condiciones más propicias para el país.

El más perjudicado por los esfuerzos desmedidos de lograr la elección de Ernesto Zedillo fue Carlos Salinas, y el principal beneficiario de una derrota de Zedillo hubiera sido… Carlos Salinas. Y México, porque en ocasiones las cosas que no suceden en el momento oportuno, si bien acontecen después, ya no revisten el mismo éxito, el mismo impacto, la misma trascendencia histórica.

De allí la enseñanza: tal vez la alternancia mexicana, siendo mil veces preferible a su contrario, a saber, la perpetuación del ancien régime autoritario, se pasó de tueste. Cuando sobrevino, con por lo menos seis años de retraso -en la óptica descrita- o doce -en la visión de los vencidos de 1988- ya no pudo surtir todos los efectos deseados, ni logró detonar los círculos virtuosos anhelados. Me pregunto si la reforma energética de Peña Nieto, de enorme trascendencia para el país y pletórica de promesas implícitas y algunas expresadas con excesiva estridencia, no correrá la misma suerte. Not too little, but just too late.

El primero lo resumió bien el académico Larry Sabato en su nuevo libro, después de haber utilizado tecnología del siglo XXI para escudriñar audios, videos y documentos delegados del siglo XX. Concluye que Oswald actuó solo, pero que nunca sabremos si fue inducido por alguien o si procedió por su cuenta. En el espacio de esa duda se insertan varios libros más, empezando por el recién publicado JFK: caso abierto, de Philip Shenon; el prólogo a la edición de bolsillo de Brian Latell, Los secretos de Castro; y uno de hace cinco años, de Jefferson Morley, Nuestro hombre en México. Winston Scott y la historia oculta de la CIA. Estos tres textos se centran en múltiples interrogantes abiertas por la investigación tanto de la Comisión Warren como del Comité Selecto sobre Asesinatos del Congreso norteamericano de 1979.

En términos muy resumidos, las preguntas son las siguientes: ¿qué hizo Oswald durante los 10 días que permaneció en el DF en septiembre y octubre de 1963? ¿Sólo acudió tres veces a la embajada de Cuba en Tacubaya para solicitar una visa, o tuvo contacto con los servicios de inteligencia cubana (de nacionalidad mexicana o cubana)? ¿Sus contactos tuvieron lugar sólo en la embajada (la vieja versión de Elena Garro)? ¿Qué tanto informaron los agentes de inteligencia cubanos en México, y en particular, el cónsul Ascué y la oficial de la DGI, Luisa Calderón, a La Habana sobre la presencia de Oswald y sus supuestas exclamaciones al negársele la visa y decir “ya verán, voy a matar a Kennedy”? ¿Por qué la estación de la CIA en México, encabezada por Win Scott, y la del FBI, dirigida por Clark Anderson, no compartieron información entre ellos ni con el embajador Thomas Mann ni con sus superiores en Washington? ¿Por qué Mann fue relevado de su cargo y nombrado subsecretario de Estado para América Latina apenas 10 días después del asesinato de Kennedy? ¿Sólo porque el flamante presidente Johnson lo quería tener cerca? ¿Por qué la DFS se adelantó a la CIA y al FBI e interrogó primero a Silvia Durán, la colaboradora mexicana de los cubanos, y que atendió a Oswald en la embajada?

Ahora bien, todas estas preguntas, para las cuales existen respuestas ya sea perfectamente corroboradas, o que dejan lugar a muchas dudas, se vinculan a otras de estos mismos hechos, pero sobre acontecimientos en Washington. ¿Por qué Johnson creyó hasta su muerte que “los hermanos Kennedy quisieron acabar con Castro, pero Castro acabó con ellos primero”? ¿Por qué ni la CIA ni el FBI ni Robert Kennedy le informaron a la Comisión Warren de los repetidos intentos de asesinato a Fidel Castro por la CIA? ¿Por qué no aparece en toda la documentación entregada a la Comisión ninguna referencia a la decena de atentados llevados a cabo contra Castro antes de la muerte de Kennedy? ¿Por qué se dejó en manos de Allen Dulles, el ex director de la CIA, despedido por el fiasco de Playa Girón, informar o no de manera personal y no documentada al ministro Earl Warren, presidente de la Comisión, de dichos atentados, su momento y su fracaso?

Si bien los investigadores norteamericanos, tanto en 1964 como en 1976-1979, pudieron hablar con varios funcionarios cubanos, incluyendo a Fidel, nunca interrogaron a Luisa Calderón, ni tuvieron acceso a los archivos del Ministerio de Relaciones cubano o de la DGI para saber qué cables envió la embajada en México a La Habana cuando Oswald se presentó en Tacubaya. Es la única información que falta. La pregunta es si se debe a que no existe, es decir, no hay archivos y Luisa Calderón ya murió, o porque hay algo que alguien no quiere que se sepa.

Por lo menos desde el Tratado de Versalles y la creación de la Sociedad de Naciones, se sabe que no hay ni derecho ni sistema jurídico internacional sin algún tipo de policía, también internacional. La decisión del Senado de Estados Unidos de no permitir el ingreso de Washington a la organización basada en Ginebra la condenó a la irrelevancia, pero su estructura tampoco hubiera permitido un funcionamiento eficaz, ya que carecía de elementos disuasivos contra los violadores del derecho internacional. Por ese motivo, cuando se crea la ONU en 1945, se establece el Consejo de Seguridad, compuesto por cinco miembros permanentes con derecho de veto -los ganadores de la guerra- y un número que ha ido variando de no permanentes, para en su caso ordenar el uso de la fuerza cuando se ven amenazadas la paz y la seguridad o se violan normas jurídicas convenidas en algún momento. El Consejo es la policía.

El problema es que en vista del veto sistemático de la URSS a resoluciones desde finales de los años cuarenta hasta su desaparición; o de Estados Unidos a cualquiera contraria a Israel (salvo en 1956), esa policía tiene las manos atadas. Y la única manera que hasta ahora se ha encontrado para desatárselas consiste en la amenaza y la realidad del uso unilateral de la fuerza o una “coalición de los dispuestos”, que destrabe los impasses en el Consejo; en los hechos, ha tendido a ser Estados Unidos. No han sido muchas las ocasiones cuando esto ha sucedido, pero los casos recientes de Libia y ahora en Siria pueden ser premonitorios. Si Rusia logra imponerle a Bashar Al-Assad el desmantelamiento de su arsenal químico, será porque Estados Unidos, Francia e Inglaterra amenazaron de manera creíble con recurrir a la fuerza sin el Consejo para destruir dicho arsenal. Los tres países occidentales no aceptarán un arreglo que carezca del apoyo y de la amenaza del uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad si se llegara a incumplir. Si llegamos a este final feliz, será gracias a la credibilidad de la amenaza de Obama de proceder por su cuenta.

La consideración geopolítica se refiere justamente a la credibilidad de Obama. No con Siria y su arsenal químico, sino con Irán y su posible futuro y minúsculo arsenal nuclear, que a los ojos de Israel constituye una amenaza intolerable. Tengo la impresión -para nada la certeza- de que el trasfondo de todo este embrollo radica en una smoking gun que Benjamín Netanyahu le mostró a Obama: los videos y las pruebas del ataque con gas sarín en Siria el 21 de agosto, cuando perecieron 1,400 personas. El primer ministro israelí le habría advertido a Obama: “Dijiste que el uso de armas químicas era una raya roja, que no permitirías que Al-Assad cruzara. Aquí está la prueba de que la traspasó. ¿Le vas a entrar? Porque también dijiste que hay una raya roja a propósito del programa nuclear iraní. Si no cumples con tu promesa de la raya roja siria, ¿por qué debemos creerte con la raya roja iraní? Si no te creemos, actuaremos solos contra Irán, entre antes mejor”.

Ante este hipotético ultimátum israelí, Obama no habría tenido opción más que proceder como lo ha hecho, a sabiendas de que enfrentaría resistencias internas y externas muy grandes para actuar de manera unilateral en Siria. De no lograr por la vía diplomática el mismo resultado, gracias al oportunismo (en el buen sentido de la palabra) ruso, la posibilidad de una intervención israelí contra el programa nuclear de Irán crecería a pasos agigantados, y desembocaría en una crisis, esa sí mayúscula, en muy pocos meses. Quién sabe si todo esto sea cierto, pero lo divertido de los asuntos internacionales reside siempre en la manera en que se prestan a todo tipo de especulación ociosa, porque es imposible demostrar el error o el acierto.

María Elena Morera, ex directora de México Unido Contra la Delincuencia, Héctor Aguilar Camín y cuatro ex miembros de los gabinetes de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón expusimos las razones por las cuales hemos decidido apoyar esta iniciativa, y las formas que hemos escogido para hacerlo. Quisiera aquí retomar algunos de los puntos que no pude desarrollar con la amplitud que hubiera deseado.

En primer lugar, es fundamental subrayar la dinámica internacional de la despenalización en el DF que puede traer. Como me señaló el editor de un periódico norteamericano, si el DF llegara a despenalizar el consumo de la marihuana, desde el punto de vista internacional, esto colocaría al gobierno mexicano en una situación a la vez compleja y favorable.

Difícilmente Peña Nieto podría mantener la postura prohibicionista, punitiva y terriblemente onerosa de los últimos 40 años, con las variaciones propias de cada sexenio, si la legislatura local de su propia capital diera un paso en sentido opuesto, por pequeño que fuere ese paso.

Si el gobierno federal se encontrara en dificultades para seguir siendo partidario de la postura prohibicionista lanzada por Richard Nixon en 1971, Washington perdería a uno de sus aliados más cercanos en la llamada ”guerra contra las drogas’’.

Es cierto que nada de esto es obligatorio, los márgenes siempre son más amplios. También es un hecho que EPN podría cuestionar la constitucionalidad de una decisión de esta naturaleza por las autoridades capitalinas, apartándose de la posición que ha seguido Obama frente a los estados de Washington y Colorado. Incluso tal vez ganaría un recurso si lo interpusiera. O, sin que eso sucediera, podría en teoría seguir fiel a la posición punitiva, quizás cuestionado, pero no necesariamente debilitado.

De cualquier manera, la consecuencia internacional de esa decisión sería enorme, y enterraría quizás para siempre la tesis de que México no puede avanzar en esta dirección si no lo hace Estados Unidos. Un segundo aspecto que sí fue discutido en la mesa de la Fundación Miguel Alemán y que merece un comentario adicional es aquel planteado por un ex subsecretario de Salud, José Campillo, y también por Aguilar Camín, sobre la posible hipocresía o futilidad de despenalizar el consumo, manteniendo la prohibición de producir, vender y comprar. Aunque esta es la vía que siguió Portugal hace unos años, con buenos resultados, es cierto que encierra una contradicción: ¿cómo se puede poseer o consumir algo legalmente si no se puede comprar, vender o producir legalmente?

Las respuestas a esta pregunta son múltiples, desde aquella, por ejemplo, promovida por Armando Santacruz de México Unido Contra la Delincuencia, entre otros, sobre los clubs de cannabis en la Ciudad de México. Estos fueron objeto ya de una solicitud de autorización ante la Secretaría de Gobernación y la Cofepris, ambas siendo denegadas, y ahora es objeto de un recurso de amparo ante la justicia federal.

Otra posibilidad radica en la propuesta inicial del gobierno de Uruguay, a saber el monopolio estatal de la producción de marihuana y la venta por el Estado de la misma. Esta solución no prosperó y fue sustituida y ayer aprobada la legalización de la producción, comercialización y consumo de marihuana, en Montevideo, Uruguay.

Los seis participantes en la mesa hemos pensado que conviene centrar este esfuerzo en la exclusiva despenalización del consumo, sólo de la marihuana, y sólo en el DF, aunque las declaraciones de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, en el mismo foro desde el público fueron tan audaces y contundentes que posiblemente se abra también una posibilidad en ese estado vecino.

Para empezar, ¿por qué uno de los gobiernos más pobres de América Latina tiene un avión presidencial Dassault Falcon 900 de fabricación francesa con autonomía de vuelo de 7,400 kilómetros? Uno puede legítimamente preguntarse si un país que padece el atraso de Bolivia debe enviar a su presidente a decenas de miles de kilómetros de distancia a una conferencia, por importante que sea, en avión privado. De haber viajado en avión de línea, nada de esto le hubiera sucedido a Evo.

Suponiendo que efectivamente los países europeos en cuestión, a saber Francia, Italia, España y Portugal, le negaron o le revocaron a Morales los permisos de sobrevuelo y/o de aterrizaje para reabastecimiento de combustible, ¿por qué lo hicieron? La explicación más fácil es la de la izquierda troglodita: porque Washington los presionó o, como dijo el vicepresidente Álvaro García Linera, porque Morales ”ha sido secuestrado por el imperialismo y está retenido en Europa’’. Una respuesta menos simplista, pero quizás más interesante, podría subrayar el interés de los propios europeos por evitar que Snowden siguiera filtrando información. Es perfectamente posible que en sus cuatro laptops aparezcan datos sobre la complicidad de los servicios de inteligencia europeos con la NSA estadounidense en vigilar y en su caso castigar a supuestos terroristas, actuales o potenciales. Snowden en Moscú de alguna manera está bajo control: es Putin el que decide si habla o no habla, si filtra o no filtra, si denuncia o no denuncia. Y tanto los europeos como Washington pueden entenderse con Putin, como lo hicieron durante los 40 años de la Guerra Fría con la dirigencia soviética. En cambio Snowden suelto en los países del ALBA -Cuba, Venezuela, Ecuador o Bolivia- puede volverse inmanejable, salvo tal vez por una hipotética residencia en La Habana. No estoy convencido de que los europeos carezcan de un interés propio consistente en evitar el traslado de Snowden a los paraísos antiimperialistas de América Latina.

¿Dónde está Nicolás Maduro y en qué avión viajó a la Cumbre de Países Exportadores de Gas en Moscú? ¿Usó el Airbus 319CJ que compró Hugo Chávez en 2002 y que tiene un autonomía de vuelo de 11,650 kilómetros? ¿Puede ese avión volar de Moscú a Caracas o al noreste brasileño sin escalas, sin sobrevolar Europa Occidental, o vía África haciendo escala en sobre algún país amigo del ALBA?

Si Estados Unidos es ya una potencia declinante, incapaz de ejercer su anterior hegemonía en un mundo multipolar, a punto de ser rebasado por China, la India, Brasil y otros países emergentes como actor mundial, ¿por qué al mes de haber empezado la aventura de Snowden ningún país le ha otorgado asilo: ni China, ni Rusia, ni Cuba, ni Ecuador, ni Venezuela, ni Bolivia, ni Nicaragua? Ninguno come lumbre. La saga sigue. El desenlace permanece incierto. Y la perplejidad y el entretenimiento que todo esto nos ofrece resultan irresistibles.