La primera: ¿de qué viven de verdad y en qué proporción las agrupaciones del crimen organizado en esa zona de Michoacán? Zetas, La Familia y Los Caballeros Templarios ¿hoy y ayer se alimentan del negocio de la marihuana y la amapola, o de los laboratorios de metanfetaminas, o de la extorsión a pequeñas y gigantescas empresas comerciales, mineras y siderúrgicas, o del secuestro, o all of the above? Y en este último caso ¿cómo reparten su tiempo y sus ganancias entre todas estas actividades? No da lo mismo, ya que no hay solución al problema sin saber cuál es el problema.

La segunda: ¿qué es lo que sucedió en el sexenio pasado que no funcionó? Es obvio que lo que comenzó en diciembre de 2006 no dio resultados y evidentemente empeoró las cosas. Pero de manera específica ¿cuáles fueron los errores, las insuficiencias o la ignorancia que llevaron a esta debacle? No es posible construir una alternativa a una estrategia equivocada si no se sabe en qué consistió el equívoco; no hay modo de hacer algo bien si no se sabe qué se hizo mal. Repetir incansablemente que ahora hay mayor coordinación es, en el caso de Michoacán, aberrante. No se puede coordinar al gobierno federal con las policías estatales o municipales cuando éstas simplemente dejaron de existir. Resulta difícil de creer que todo el problema radicó en una falta de coordinación.

La tercera y la más obvia (casi un lugar común de la comentocracia): ¿quién financia a las autodefensas? Su armamento no será el del Ejército israelí, pero tampoco son puras escopetas o fusiles calibre 22. ¿Son homólogos aguacateros, limoneros, meloneros o mineros de los finqueros colombianos? ¿Es el Cártel de Sinaloa? Se trata de preguntas carentes de gran complejidad pero que sin respuesta precisa imposibilitan cualquier acción eficaz.

Por último y lo más importante, la cuarta: ¿qué pasa después de la ocupación militar? Ya en estas páginas he citado a Joel Ortega, quien a su vez recuerda la tesis de Graham Greene en El americano impasible, a propósito de la guerra de Francia en Vietnam a principios de los cincuenta.

Los franceses ocupaban el territorio que pisaban, y nada más; al retirarse volvía el Viet Minh. Todo indica que la situación en Michoacán es análoga. El Ejército, la PF, la Marina en Lázaro Cárdenas pueden, con suficientes recursos y tiempo, desarmar a las policías comunitarias, descabezar a Los Templarios, reducir la extorsión y el secuestro, y tal vez desmantelar la mayoría de los laboratorios (la marihuana y la amapola ni se pueden ni se deben erradicar). Pero algún día todos ellos tendrán que irse, como ha sucedido repetidamente a lo largo de los últimos 15 años. Cuando no alcance la tropa, o el presupuesto, o la paciencia de la opinión pública o la indiferencia internacional, y cuando el costo en derechos humanos, instituciones desmontadas, corrupción y abandono de otras regiones se haya incrementado ¿qué sucederá?

El gobierno sin duda conoce la respuesta a la mayoría de estas preguntas. No está obligado a compartirlas con nadie. Pero en algún momento, si quiere ganarse la confianza de la opinión pública y publicada, y de la comunidad internacional, tendrá que divulgar algo: información, análisis, historia, nexos, y detalles de su proyecto. No se entiende muy bien la obsesión por el silencio o por posponer una divulgación obligada.

Por lo menos desde el Tratado de Versalles y la creación de la Sociedad de Naciones, se sabe que no hay ni derecho ni sistema jurídico internacional sin algún tipo de policía, también internacional. La decisión del Senado de Estados Unidos de no permitir el ingreso de Washington a la organización basada en Ginebra la condenó a la irrelevancia, pero su estructura tampoco hubiera permitido un funcionamiento eficaz, ya que carecía de elementos disuasivos contra los violadores del derecho internacional. Por ese motivo, cuando se crea la ONU en 1945, se establece el Consejo de Seguridad, compuesto por cinco miembros permanentes con derecho de veto -los ganadores de la guerra- y un número que ha ido variando de no permanentes, para en su caso ordenar el uso de la fuerza cuando se ven amenazadas la paz y la seguridad o se violan normas jurídicas convenidas en algún momento. El Consejo es la policía.

El problema es que en vista del veto sistemático de la URSS a resoluciones desde finales de los años cuarenta hasta su desaparición; o de Estados Unidos a cualquiera contraria a Israel (salvo en 1956), esa policía tiene las manos atadas. Y la única manera que hasta ahora se ha encontrado para desatárselas consiste en la amenaza y la realidad del uso unilateral de la fuerza o una “coalición de los dispuestos”, que destrabe los impasses en el Consejo; en los hechos, ha tendido a ser Estados Unidos. No han sido muchas las ocasiones cuando esto ha sucedido, pero los casos recientes de Libia y ahora en Siria pueden ser premonitorios. Si Rusia logra imponerle a Bashar Al-Assad el desmantelamiento de su arsenal químico, será porque Estados Unidos, Francia e Inglaterra amenazaron de manera creíble con recurrir a la fuerza sin el Consejo para destruir dicho arsenal. Los tres países occidentales no aceptarán un arreglo que carezca del apoyo y de la amenaza del uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad si se llegara a incumplir. Si llegamos a este final feliz, será gracias a la credibilidad de la amenaza de Obama de proceder por su cuenta.

La consideración geopolítica se refiere justamente a la credibilidad de Obama. No con Siria y su arsenal químico, sino con Irán y su posible futuro y minúsculo arsenal nuclear, que a los ojos de Israel constituye una amenaza intolerable. Tengo la impresión -para nada la certeza- de que el trasfondo de todo este embrollo radica en una smoking gun que Benjamín Netanyahu le mostró a Obama: los videos y las pruebas del ataque con gas sarín en Siria el 21 de agosto, cuando perecieron 1,400 personas. El primer ministro israelí le habría advertido a Obama: “Dijiste que el uso de armas químicas era una raya roja, que no permitirías que Al-Assad cruzara. Aquí está la prueba de que la traspasó. ¿Le vas a entrar? Porque también dijiste que hay una raya roja a propósito del programa nuclear iraní. Si no cumples con tu promesa de la raya roja siria, ¿por qué debemos creerte con la raya roja iraní? Si no te creemos, actuaremos solos contra Irán, entre antes mejor”.

Ante este hipotético ultimátum israelí, Obama no habría tenido opción más que proceder como lo ha hecho, a sabiendas de que enfrentaría resistencias internas y externas muy grandes para actuar de manera unilateral en Siria. De no lograr por la vía diplomática el mismo resultado, gracias al oportunismo (en el buen sentido de la palabra) ruso, la posibilidad de una intervención israelí contra el programa nuclear de Irán crecería a pasos agigantados, y desembocaría en una crisis, esa sí mayúscula, en muy pocos meses. Quién sabe si todo esto sea cierto, pero lo divertido de los asuntos internacionales reside siempre en la manera en que se prestan a todo tipo de especulación ociosa, porque es imposible demostrar el error o el acierto.

La primera fue la reacción de la Cámara de los Comunes en Inglaterra ante la solicitud del primer ministro Cameron de acompañar a Estados Unidos, a Francia y a otros países de la OTAN en una acción militar contra el régimen de Al Assad en Siria. Después de un largo debate, Cameron, que dispone de una mayoría en el Parlamento, vio rechazada su solicitud. Hará lo que cualquier gobierno democrático: aceptar su derrota, reagrupar fuerzas, buscar cambiar la correlación de fuerzas y volver a la carga. Tomando en cuenta las dudas esgrimidas por los parlamentarios escépticos.

En un segundo momento, algo parecido le sucedió a Obama ya listo para anunciar el inicio del bombardeo de instalaciones militares sirias. Después de perder el apoyo británico y al percatarse de la oposición interna en la opinión pública y en el Congreso, Obama dio marcha atrás. Prefirió emplazar al Congreso, al pedir permiso para una intervención militar, subrayando que no la consideraba legalmente indispensable. Optó por llevar su propuesta a través de un despliegue de cabildeo y de persuasión como no se había visto en su mandato desde su primera campaña. Todo indica que encontrará el apoyo necesario, pero menguado, restringido y condicionado. Lo reconoce Obama y así lo reconocen y agradecen los distintos sectores de la sociedad norteamericana.

El tercer caso, que no ha funcionado hasta ahora, es el de Francia. El presidente Hollande considera que no requiere autorización de parte de la Asamblea Nacional para actuar junto con Estados Unidos y la OTAN en Siria. Pero un gran número de parlamentarios franceses piensa lo contrario. En este juego de vencidas es difícil saber quién va a ganar, pero a Hollande le está yendo menos bien que a Obama y a Cameron en sus duelos respectivos.

El cuarto caso es, en menor escala, y por razones distintas, la reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto a “la calle” de la Ciudad de México (nutrida por los caminos de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y otras entidades). Más allá de las ventajas e inconvenientes de la “reforma educativa” del gobierno y de los méritos o deméritos de la oposición de la CNTE y otros sectores del magisterio a dicha “reforma”, el hecho es que el Congreso no podía dejarse amedrentar por la “calle”, pero el gobierno no podía dejar de tomar en cuenta los sentimientos de “la calle”. Creo que el desenlace, que es una solución de compromiso, ha sido bueno. Se desactivó la protesta, se aprobó la legislación reglamentaria sobre el Servicio Profesional Docente, obviamente con concesiones importantes a “la calle”, y esta etapa del conflicto comienza a superarse. Todo mundo puede sentirse satisfecho del resultado.

Sin embargo, a diferencia de México, las instituciones no se niegan a reconocer que se vieron obligadas a hacerle caso a la “calle”, mientras que en México, las instituciones y los poderes fácticos (Elba Esther no era el único) parecen renuentes a reconocer que hubo una negociación tácita o explícita donde cada quien puso de su parte. Tratar de hacernos creer que la legislación secundaria de la llamada reforma educativa es perfecta, revolucionaria e impoluta, me parece iluso y pueril. EPN haría mejor en seguir el camino de Obama y Cameron que el de Hollande; lo digo a pesar de toda mi francofilia.

Para empezar, como lo señaló el comunicado emitido por la SRE el 9 de junio, y como lo dijo el mismo Peña Nieto en su intervención este lunes, se trata de un cargo pro bono u honorario, es decir, sin remuneración alguna por parte de México o de Francia. En segundo lugar, es un cargo sin prestaciones, y sin financiamiento de gastos por los gobiernos de México y Francia. Éste fue el caso también del llamado Grupo de Alto Nivel que se creó a principios del sexenio anterior y que se desempeñó con éxito hasta que sucediera la debacle Cassez. No tengo nada en contra de ejercer cargos remunerados y con prestaciones en el sector público; lo he hecho y no me haría de la boca chica si surgiera una nueva oportunidad de hacerlo. Pero en esta ocasión no es el caso.

Me propuse contribuir a reparar y posteriormente a mejorar las relaciones económicas, financieras, culturales, educativas, y en su caso políticas, entre México y Francia porque soy uno de los últimos francófilos de verdad en este país. Dependiendo de la manera en que se hagan las cuentas, se puede estimar que hoy el número de becarios mexicanos en Francia no alcanza la cifra de 150; más turistas mexicanos visitaron Francia el año pasado que franceses a México, según explicó Peña Nieto en Palacio el lunes. Cada día son menos las personas de mi edad o mayores que cursaron estudios de secundaria, preparatoria, licenciatura y doctorado en Francia, que mantengan una relación afectiva, familiar o profesional con Francia, o que hayan intervenido en los momentos estelares de la cooperación franco-mexicana en cualquiera de los ámbitos que mencionamos. Con el fallecimiento de Carlos Fuentes el año pasado, desapareció quizás el último gran intelectual mexicano “afrancesado”, en el mejor sentido del término.

Después de mis estudios y mis años vividos en París, pude participar en los dos momentos sobresalientes de la cooperación diplomática entre México y Francia en los últimos 35 años: la declaración franco-mexicana de 1981 sobre El Salvador, y el trabajo al alimón en el Consejo de Seguridad en 2002 y en 2003 con Francia ante la inminente guerra en Irak. En lo tocante a lo primero, Salvador Samayoa, el principal negociador salvadoreño de la declaración, escribió en su libro: “la idea original [de la declaración franco-mexicana] fue elaborada, con gran sentido de oportunidad, por el hijo del canciller de México, Jorge Castañeda…”. Y la relación que desarrollé con mi colega Dominique de Villepin desde Tlatelolco y después fue la base de la postura común de ambos países en el Consejo de Seguridad, de no brindarle a Estados Unidos la cobertura legal de la ONU para su ya resuelta intervención en Irak.

Pude incidir de manera más indirecta y mucho menos decisiva en el desenlace del affaire Cassez, y probablemente no habrá opciones en el futuro para volver a influir como lo pude hacer antes. Pero lo bailado con Francia no me lo quita nadie, y por eso quiero seguir por lo menos tarareando La Marseillaise.

Para empezar, ¿por qué uno de los gobiernos más pobres de América Latina tiene un avión presidencial Dassault Falcon 900 de fabricación francesa con autonomía de vuelo de 7,400 kilómetros? Uno puede legítimamente preguntarse si un país que padece el atraso de Bolivia debe enviar a su presidente a decenas de miles de kilómetros de distancia a una conferencia, por importante que sea, en avión privado. De haber viajado en avión de línea, nada de esto le hubiera sucedido a Evo.

Suponiendo que efectivamente los países europeos en cuestión, a saber Francia, Italia, España y Portugal, le negaron o le revocaron a Morales los permisos de sobrevuelo y/o de aterrizaje para reabastecimiento de combustible, ¿por qué lo hicieron? La explicación más fácil es la de la izquierda troglodita: porque Washington los presionó o, como dijo el vicepresidente Álvaro García Linera, porque Morales ”ha sido secuestrado por el imperialismo y está retenido en Europa’’. Una respuesta menos simplista, pero quizás más interesante, podría subrayar el interés de los propios europeos por evitar que Snowden siguiera filtrando información. Es perfectamente posible que en sus cuatro laptops aparezcan datos sobre la complicidad de los servicios de inteligencia europeos con la NSA estadounidense en vigilar y en su caso castigar a supuestos terroristas, actuales o potenciales. Snowden en Moscú de alguna manera está bajo control: es Putin el que decide si habla o no habla, si filtra o no filtra, si denuncia o no denuncia. Y tanto los europeos como Washington pueden entenderse con Putin, como lo hicieron durante los 40 años de la Guerra Fría con la dirigencia soviética. En cambio Snowden suelto en los países del ALBA -Cuba, Venezuela, Ecuador o Bolivia- puede volverse inmanejable, salvo tal vez por una hipotética residencia en La Habana. No estoy convencido de que los europeos carezcan de un interés propio consistente en evitar el traslado de Snowden a los paraísos antiimperialistas de América Latina.

¿Dónde está Nicolás Maduro y en qué avión viajó a la Cumbre de Países Exportadores de Gas en Moscú? ¿Usó el Airbus 319CJ que compró Hugo Chávez en 2002 y que tiene un autonomía de vuelo de 11,650 kilómetros? ¿Puede ese avión volar de Moscú a Caracas o al noreste brasileño sin escalas, sin sobrevolar Europa Occidental, o vía África haciendo escala en sobre algún país amigo del ALBA?

Si Estados Unidos es ya una potencia declinante, incapaz de ejercer su anterior hegemonía en un mundo multipolar, a punto de ser rebasado por China, la India, Brasil y otros países emergentes como actor mundial, ¿por qué al mes de haber empezado la aventura de Snowden ningún país le ha otorgado asilo: ni China, ni Rusia, ni Cuba, ni Ecuador, ni Venezuela, ni Bolivia, ni Nicaragua? Ninguno come lumbre. La saga sigue. El desenlace permanece incierto. Y la perplejidad y el entretenimiento que todo esto nos ofrece resultan irresistibles.