La explicación legal del flujo es sencilla. Desde 2002, cualquier menor de edad detenido en Estados Unidos sin papeles debe ser remitido al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), a más tardar a 72 horas de haber sido aprehendido. En menos de un mes en promedio, debido a la exigüidad de los centros de detención para un flujo de esta magnitud, son liberados y entregados a familiares en EEUU, mientras se lleva a cabo su juicio de migración. Para todos los fines prácticos, cualquier menor de edad que entre a EEUU sin papeles tiene una muy alta probabilidad de permanecer ahí durante años antes de ser deportado, y en condiciones de legalidad. En el ejercicio pasado, de los 50 mil migrantes menores de edad detenidos por la Patrulla Fronteriza, sólo 2 mil fueron devueltos a sus países de origen.

Cuando los gobiernos de Estados Unidos y México anuncian que los polleros engañan a los pollos al esparcir el rumor de que los niños enviados a EEUU podrán permanecer ahí legalmente, engañan también. Si llegan a la frontera y se entregan a las autoridades norteamericanas, habrán logrado lo que millones de adultos indocumentados aún no logran: la legalización en EEUU. En las últimas semanas, un número creciente de menores de edad, acompañados por sus madres u otros familiares femeninos, han atiborrado los centros de detención acondicionados para ese propósito por Washington y los gobiernos estatales.

Hace bastante sentido que un coyote, si es parte del crimen organizado, divulgue la buena nueva de que, pagando de 6 a 7 mil pesos, una madre hondureña o salvadoreña puede mandar a sus hijos a Estados Unidos con buenas posibilidades de llegar sanos y salvos. O no tan sanos ni tan salvos, ya que en el camino les suceden todo tipo de atrocidades. Pero de alguna manera, con cínica resignación ante las privaciones que imperan en sus países, los padres descuentan este costo y lo incorporan al precio que se le paga al coyote.

Se entiende que el gobierno de Obama no encuentre solución interna al problema. Las únicas posibilidades jurídicas implicarían o bien la derogación de la ley de Bush de 2002, que obliga a remitir a los menores de edad al HHS, o bien cambiar el procedimiento y realizar la comparecencia al principio de la estancia en EEUU, como sucede con adultos. Esto entrañaría un enorme aumento en el número de jueces, de abogados defensores pro bono, y encontrar a quién entregar a los niños en sus países de origen.

En vista de estas dificultades, es comprensible que Washington prefiera que el problema se atienda en Centroamérica, o en el país de tránsito: México. Como difícilmente van a cambiar las circunstancias vigentes en Centroamérica -violencia, inseguridad, desempleo, pandillas- el vicepresidente Biden les pidió seguramente a los mandatarios centroamericanos que detengan la salida y entrada de menores de edad de sus respectivos países. Tal vez, Obama le pidió lo mismo a Peña Nieto en su conversación telefónica.

Nada de esto es posible ni deseable. Ninguno de los países puede sellar sus fronteras. Si accediéramos a hacer el trabajo sucio de los norteamericanos, proliferaría la corrupción, la extorsión, las violaciones a derechos humanos, por parte de aparatos estatales inaptos para estos propósitos. Que Estados Unidos resuelva su problema, ya que saben muy bien cómo: una ambiciosa reforma migratoria, en lugar de extender la guerra contra las drogas a la guerra contra los niños.

¿Cuáles coincidencias? La primera, muy sencilla, es que no basta ser electo democráticamente para gobernar democráticamente o, como lo dijo Felipe González, la legitimidad de origen debe compaginarse con la legitimidad de gestión. No se pueden justificar conductas de gobierno antidemocráticas -represión, suspensión de libertades, censura de los medios, por el simple hecho de haber ganado una elección, aun suponiendo, que no siempre es el caso, que dicha elección haya sido limpia, y menos si no fue equitativa. Cardoso subrayó la deriva autoritaria creciente en la región: se justifican las sucesiones dinásticas y las reelecciones permanentes o elecciones cada vez menos transparentes debido a la utilización del aparato de Estado, de los medios y del dinero del erario para que gane el saliente o su esposa o su hijo o su hermano o quien fuera.

La segunda coincidencia fue lo que Lagos llamó la necesidad de una voz común para una América Latina cada vez más dividida entre Norte y Sur, entre Atlántico y Pacífico, y entre una izquierda radical, y en ocasiones autoritaria, y un centro izquierda o centro derecha moderado, democrático y globalizado. Pero esa voz común, agregué por mi parte, con el acuerdo de los demás, sólo puede basarse en ciertos valores: la defensa colectiva de la democracia y de los derechos humanos, tanto en los países de América Latina como en el mundo entero. América Latina no tiene mucho más que decir; hablar con esa voz común, como dijo Sanguinetti, implica abandonar el respeto sacrosanto al principio de no intervención, que si bien adquirió relevancia para combatir la injerencia de superpotencias en los asuntos internos de pequeños países, hoy es un pretexto para justificar la pasividad ante los excesos de gobiernos “amigos”.

La tercera coincidencia fue la concreción de esta tesis: los demócratas en América Latina no han elevado la voz ante la deriva autoritaria o represiva, en particular en Venezuela durante estos últimos meses, pero sí en varios otros países, en otros momentos, durante los últimos años. Lagos lamentó, casi desesperado, el intento de equiparar a Nicolás Maduro con Salvador Allende; él, que fue colaborador de Allende. Cardoso, que como Presidente fue un abanderado de la no intervención, lamentó el silencio del gobierno brasileño ante la situación en Venezuela; y Felipe González, hablando de una región que también le es cercana, lamentó la complicidad de la Unión Europea con el derrocamiento por la calle de un payaso corrupto y asesino como Yanukovych, en Ucrania, pero también un cierto silencio europeo ante la anexión rusa de Crimea y, mañana, de Ucrania Oriental.

Al igual que con la legalización de las drogas, los cuatro no necesariamente pensaban o decían lo mismo cuando se encontraban en funciones. Para eso sirve el debate, y el paso del tiempo.