Primera: pocos siguen pensando que la reforma constitucional enviada en agosto y que preveía únicamente la posibilidad de compartir utilidades con empresas privadas funcione para detonar el alud de inversiones en el sector energético y más allá del mismo. Todo parece indicar que el gobierno deberá sustituir esa reforma por una de dos: la del PAN que incluye concesiones (disfrazadas de licencias) acomodar al PRD, a saber, quedarse en utilidades compartidas y suprimir los cambios al artículo 28 constitucional. De confirmarse la primera vía, probablemente sería muy bien recibida por los mercados, las empresas petroleras y de servicios, y el sector privado mexicano, pero pésimamente por la izquierda unida que volverá a ser vencida. En cambio, si EPN opta por tratar una vez más de convencer a Cuauhtémoc Cárdenas y a una parte del PRD de aceptar un cambio constitucional acotado, estoy seguro de que no logrará entusiasmar a los mercados.

Segunda: tendrá que haber una reforma político electoral antes que la energética, ya que el paso del tiempo ha demostrado, sorpresivamente para mí, que todo el PAN y buena parte del PRD en el Congreso se han mantenido firmes. Sin una serie de cambios políticos (reelección), electorales (anulación, algún tipo de INE, chequera única) sus votos al gobierno para ningún tipo de reforma energética, ni siquiera para la del propio PAN. Lo cual, confieso, me da buena espina, porque siendo partidario de una reforma energética de fondo, también lo soy de los cambios político electorales. No creo que exista la más remota posibilidad de conseguir los segundos si se le entregan al gobierno antes los votos a la primera.

Tercera: difícilmente podrá excluirse del conjunto de reformas político electorales la legislación secundaria de las modificaciones constitucionales de agosto de 2012, relativas a candidaturas independientes, iniciativa popular y referéndum. Aunque el gobierno y el PRI (que conviene recordarlo: aprobó las reformas de 2012) quisieran excluir la iniciativa popular, ni el PRD ni el PAN están dispuestos a aceptar esta hipótesis. Se entiende por qué el gobierno la busca: cree que sin legislación secundaria, no habrá referéndum en 2015 sobre la reforma energética que se aprobaría ahora o a principios del año entrante. Pero además de que es improbable convencer al PAN de que abandone al PRD en esta materia, eso no impediría el referéndum. Se antoja difícil que la Suprema Corte le dé la razón a una argucia jurídica mezquina, por encima de la evidente intención del Constituyente permanente de agosto de 2012 en lo relativo a estas figuras.

Cuarta: resulta difícil imaginar un escenario en el que no se celebre en algún momento, pero a más tardar en julio de 2015, un referéndum sobre la reforma energética constitucional. La izquierda sí conseguirá las firmas, la reforma constitucional ciudadana de 2012 es una realidad y es demasiado peligrosa para el gobierno y para quien pretenda impedir ese referéndum sobre un asunto de esta envergadura, con tecnicismos leguleyos de clásica estirpe priísta.

La pregunta pertinente es ésta: ¿no le conviene más al país celebrar el referéndum antes, para que si ganamos los que queremos que se abra Pemex, logremos los efectos deseados desde ahora, y si perdemos lo sepamos de una vez? ¿O conviene más esperar año y medio a sabiendas, como ya se ha dicho por varios colegas en estas páginas, que nadie va a invertir un centavo en plataformas de aguas profundas o en fracking, mientras exista el riesgo de que exista una reversión en el 2015?

Hay motivos para pensar que la decisión de posponer la discusión y la votación de la Ley del Servicio Profesional Docente en la Cámara de Diputados fue tomada por EPN, e impuesta al liderazgo priísta en la Cámara baja, para mantener en vida un pacto por México agonizante. Hay razones para pensar que se decidió a última hora quizás dejar fuera de la reforma energética los contratos de producción compartida y las concesiones para mantener a bordo a Cuauhtémoc Cárdenas, quien no sólo no se dejó, sino que lanzó una cruzada tan hábil como eficaz contra el impacto posible de dicha reforma. Y es probable que el gobierno federal no ejerza mayor presión sobre el jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que desaloje/reprima/contenga/infiltre las actividades de la CNTE en la capital, para no violentar la relación con Miguel Ángel Mancera, aliado clave de EPN y pilar del pacto.

Por otro lado, todo sugiere que EPN no se resigna, ni mucho menos acepta de buena gana aceptar el principio de simultaneidad y paridad que propone ya todo el PAN pero que originalmente fue idea de sus senadores, de que no habrá reforma energética constitucional sin reforma política de fondo antes o al mismo tiempo. Por último, parece obvio que una estrategia política inteligente y exitosa durante el primer semestre del gobierno, con una expectativa de crecimiento económico relativamente elevado para todo el año (3.6% fue el vaticinio en enero), no puede funcionar a cabalidad en un entorno económico interno y externo muy diferente. No conozco a ningún analista económico privado que piense sinceramente que vamos a crecer a más de 1.5% este año, y muchos temen que al final no lleguemos ni al 1%.

Si todo esto es cierto, se antoja indispensable y deseable un golpe de timón que permita evitar en el futuro los errores que llevaron a la actual situación y sobre todo trazar un rumbo y una estrategia consonantes con la nueva situación económica y la nueva situación política. ¿En qué puede consistir? Resignarse al fin del pacto por México, que ya dio de sí y con creces. Al empecinarse el gobierno en rescatar a “los Chuchos”, rescatará sólo un membrete. Mientras que si opta por una alianza integral y de largo plazo con el PAN, puede lograr la aprobación de reformas que son anatemas para la izquierda -Pemex, IVA, educación a fondo, nuevo régimen político-, y restablecimiento del orden público mediante el uso prudente, legal y legítimo de la fuerza contra grupos cuyo financiamiento, entrenamiento, mando y control provienen de fuentes vinculadas a distintos sectores de la izquierda en su conjunto.

Seguir con el pacto es entrar al ámbito tradicional de la simulación, que sin duda se tragarán algunos ingenuos corresponsales extranjeros y uno que otro tonto útil nacional. Darle santo sepulcro y pasar a la etapa siguiente no es un camino exento de riesgos pero es mucho más prometedor que cualquier otro.

Nunca entendí el empecinamiento de EPN de invocar al general Lázaro Cárdenas. Es cierto que la redacción del párrafo sexto del artículo 27 versión de 1940 es distinta a la de 1960: la segunda afirma que “no se otorgarán ni concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado”, mientras que el primero sólo dice que no se “expedirán concesiones”; efectivamente la redacción de 2013 vuelve a la de 1940; se limita a decir que “no se expedirán concesiones”, enviando a la ley reglamentaria los detalles, tal y como sucede en la versión del 40 y del 60.

Pero la utilidad y el éxito de buscar al general Cárdenas para justificar la vuelta a 1940 en el 2013, corrigiendo así el cambio de 1960, dependen de dos consideraciones abstractas y una muy personal. En primer lugar, ¿qué pasó durante esos 20 años? ¿cuántos contratos hubo durante el lapso cuando se permitieron? ¿de qué magnitud fueron? ¿qué importancia revistieron en la producción total de hidrocarburos en el país? ¿le entraron las famosas 7 hermanas? ¿resultó atractivo el esquema para los gigantes de la industria petrolera mundial?

Segunda consideración abstracta, ¿qué dijo, qué pensó y qué quiso decir (Rubén Aguilar dixit) el general Cárdenas en 1960 ante la reforma constitucional de López Mateos? ¿le pareció bien o mal la supresión de las concesiones y de los contratos? ¿o hubiera preferido que siguiera vigente la posibilidad de que Pemex firmara contratos de utilidades o producción compartidas con empresas privadas?

La consideración personal ha sido ya subrayada por muchos, quizás con más claridad por Juan Ignacio Zavala en su artículo de ayer en Milenio. Intentar arrebatarle a Cuauhtémoc Cárdenas la facultad de interpretar o “decir la ley” del pensamiento de su padre parece, en el mejor de los casos, una tentativa fútil y, en el peor, un error con consecuencias. No digo que el ingeniero tenga el monopolio de la interpretación de los dichos del general; creo poder decir, conociéndolo desde hace un cuarto de siglo, que cree poseer una autoridad mayor que la de cualquiera para ese propósito. Quizás ese tiro le salió por la culata al gobierno.

De ahí quizás provenga la hábil y maligna poison pill de Cuauhtémoc, incluida en su propuesta de reforma esta semana: someter la eventual aprobación del cambio constitucional de EPN a un referéndum vinculante, coincidiendo con las elecciones federales de 2015. Gracias a las modificaciones constitucionales sobre participación ciudadana aprobadas hace un año, existe la posibilidad de someter ciertos cambios constitucionales a referéndum. Para ello se requiere un número de firmas equivalente al 2% del padrón, es decir, al día de hoy, más o menos 1.6 millones. No importa si la respuesta de la sociedad mexicana al referéndum de 2015 fuera un rotundo sí; de aquí a entonces se antoja difícil, si no imposible, que alguien quiera firmar un contrato con Pemex de cualquier índole, mientras penda la espada de Damocles del referéndum a dos años de distancia. Quizás esto contribuya en parte a que el bono Perpetuo de Petróleos Mexicanos de 6 5/8 % se encuentre hoy a un punto por arriba de par, habiendo llegado a 106 en enero de este año.