La explicación legal del flujo es sencilla. Desde 2002, cualquier menor de edad detenido en Estados Unidos sin papeles debe ser remitido al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), a más tardar a 72 horas de haber sido aprehendido. En menos de un mes en promedio, debido a la exigüidad de los centros de detención para un flujo de esta magnitud, son liberados y entregados a familiares en EEUU, mientras se lleva a cabo su juicio de migración. Para todos los fines prácticos, cualquier menor de edad que entre a EEUU sin papeles tiene una muy alta probabilidad de permanecer ahí durante años antes de ser deportado, y en condiciones de legalidad. En el ejercicio pasado, de los 50 mil migrantes menores de edad detenidos por la Patrulla Fronteriza, sólo 2 mil fueron devueltos a sus países de origen.

Cuando los gobiernos de Estados Unidos y México anuncian que los polleros engañan a los pollos al esparcir el rumor de que los niños enviados a EEUU podrán permanecer ahí legalmente, engañan también. Si llegan a la frontera y se entregan a las autoridades norteamericanas, habrán logrado lo que millones de adultos indocumentados aún no logran: la legalización en EEUU. En las últimas semanas, un número creciente de menores de edad, acompañados por sus madres u otros familiares femeninos, han atiborrado los centros de detención acondicionados para ese propósito por Washington y los gobiernos estatales.

Hace bastante sentido que un coyote, si es parte del crimen organizado, divulgue la buena nueva de que, pagando de 6 a 7 mil pesos, una madre hondureña o salvadoreña puede mandar a sus hijos a Estados Unidos con buenas posibilidades de llegar sanos y salvos. O no tan sanos ni tan salvos, ya que en el camino les suceden todo tipo de atrocidades. Pero de alguna manera, con cínica resignación ante las privaciones que imperan en sus países, los padres descuentan este costo y lo incorporan al precio que se le paga al coyote.

Se entiende que el gobierno de Obama no encuentre solución interna al problema. Las únicas posibilidades jurídicas implicarían o bien la derogación de la ley de Bush de 2002, que obliga a remitir a los menores de edad al HHS, o bien cambiar el procedimiento y realizar la comparecencia al principio de la estancia en EEUU, como sucede con adultos. Esto entrañaría un enorme aumento en el número de jueces, de abogados defensores pro bono, y encontrar a quién entregar a los niños en sus países de origen.

En vista de estas dificultades, es comprensible que Washington prefiera que el problema se atienda en Centroamérica, o en el país de tránsito: México. Como difícilmente van a cambiar las circunstancias vigentes en Centroamérica -violencia, inseguridad, desempleo, pandillas- el vicepresidente Biden les pidió seguramente a los mandatarios centroamericanos que detengan la salida y entrada de menores de edad de sus respectivos países. Tal vez, Obama le pidió lo mismo a Peña Nieto en su conversación telefónica.

Nada de esto es posible ni deseable. Ninguno de los países puede sellar sus fronteras. Si accediéramos a hacer el trabajo sucio de los norteamericanos, proliferaría la corrupción, la extorsión, las violaciones a derechos humanos, por parte de aparatos estatales inaptos para estos propósitos. Que Estados Unidos resuelva su problema, ya que saben muy bien cómo: una ambiciosa reforma migratoria, en lugar de extender la guerra contra las drogas a la guerra contra los niños.

Como ya se ha comentado aquí, concentrar los recursos humanos y materiales disponibles en la lucha contra el secuestro, la extorsión, el asalto en vía pública y en domicilio, en un país con recursos escasos, implica cambiar el acento y de alguna manera replegarse en la lucha contra el narco. No sabemos si esto ha sucedido, en parte por buenas razones -el gobierno no tiene por qué andarlo diciendo-, en parte porque los medios no hacen su trabajo -no nos reportan cuántos retenes se han desmontado, cuántas tropas siguen en las carreteras y fuera de sus cuarteles, en dónde se encuentran los contingentes de la Policía Federal- y en parte porque los resultados de esta posible táctica novedosa tardarán en notarse. Ojalá así sea: nada tendría más sentido que combatir la extorsión, en particular en Michoacán, y dejar que los narcos, grandes o chicos, desarrollen con la mayor libertad posible su vocación originaria: cultivar amapola y marihuana, e instalar laboratorios de metanfetaminas.

Pero hay dos problemas, más o menos serios. Todos los datos disponibles sugieren que durante estos 14 meses, los secuestros y la extorsión han aumentado, tal vez incluso de manera dramática, mientras que no sabemos si la presión sobre el narco ha disminuido, y los homicidios dolosos en general y vinculados a la guerra contra el crimen organizado apenas han disminuido, y más bien lo han hecho siguiendo la tendencia iniciada en 2012. La mejor prueba de ello es el anuncio por parte del secretario de Gobernación de una “nueva estrategia contra el secuestro”, la enésima, y el nombramiento de un nuevo “zar antisecuestros”, y una imaginativa mecánica antiextorsión en Michoacán, a saber, aliar al Ejército con las autodefensas para golpear a Los Templarios extorsionadores. Para que funcione la estrategia de combatir la violencia que afecta a la gente y poner en un segundo plano el combate al narco, necesitamos algunos comprobantes: que disminuyan los secuestros y la extorsión con relación a 2012, que disminuyan los decomisos y quemas de estupefacientes ilegales, que aumenten las exportaciones de origen nacional o in bond a Estados Unidos y que se produzca una reducción significativa de los homicidios dolosos en relación ya no sólo al pico de 2011, sino a los años previos a la guerra de Felipe Calderón.

El segundo problema es que esta nueva estrategia, para verse realmente eficaz, tendría que explicar el origen y la lógica del incremento de los secuestros y de la extorsión. Ambos son inconfesables. Por una sencilla razón: no parece haber explicación alterna al aumento de secuestros y de la extorsión que la propia guerra, incluso, si se quiere, su éxito paradójico. Es altamente probable que el crimen organizado, al verse presionado en su actividad más lucrativa y preferida, a saber, el narcotráfico, optó por desplazarse hacia el secuestro y la extorsión, entre otras maldades. La pregunta que muchos en México nos hacemos hace varios años es: ¿para qué diablos tener un éxito así? ¿No era preferible el fracaso?