Mientras que para 2011 y 2012 el déficit representó, respectivamente, el 10% y el 12% de los ingresos de la provincia, para 2015 el rojo de la provincia fue del orden del ocho por ciento. Aún sumando las amortizaciones de deuda, las necesidades de financiamiento para el 2015 no son mayores a las de dichos años. En síntesis, el resultado negativo del año pasado, en relación con los ingresos totales de la provincia, no supone grandes variaciones respecto a la historia reciente de la provincia.

Ahora bien, más allá que los niveles de déficit de la provincia no sean tan alarmantes como para hablar de una provincia quebrada, Buenos Aires efectivamente presenta un desequilibrio estructural que tendió a agravarse en los últimos años, con excepción de 2013 y 2014, que presentaron cuentas prácticamente equilibradas producto de un importante aumento de la presión tributaria.

A la hora de buscar explicaciones a este comportamiento, se podría aducir que se corresponde con un aumento desbocado del gasto público o una mala administración de este. Sin embargo, el crecimiento del gasto bonaerense no se ha despegado significativamente del promedio de las restantes provincias. En efecto, la estructura de las erogaciones de la provincia es muy rígida (concentrado en un 96% en gasto corriente y un 48% en gasto en personal), lo que coloca al gasto de capital, fundamentalmente la inversión real directa, como la variable de ajuste histórica.

Durante los últimos años, Buenos Aires ha destinado en promedio sólo el 3% del presupuesto a la inversión en capital, mientras que para el conjunto de las provincias las erogaciones en capital representan en promedio más del 12% del gasto total. Más que un exceso de gasto (o un mal manejo), en la provincia se evidencia una profunda falta de recursos para financiar de manera autónoma y sostenida las necesidades de infraestructura de una provincia de 307.571 km².

La pérdida de participación relativa en la distribución de la coparticipación y la falta de actualización del Fondo del Conurbano obligaron a la provincia a aumentar la capacidad recaudatoria propia, fundamentalmente mediante incrementos de los ingresos brutos, impuesto profundamente regresivo que afecta la actividad económica provincial. En la actualidad no existe margen para un nuevo aumento en la presión tributaria bonaerense.

Ante esta falta de recursos, el endeudamiento público (eje del presupuesto 2016) tampoco puede presentarse como la panacea. El presupuesto de 2016 plantea un financiamiento vía deuda del déficit y la duplicación del gasto de capital, lo que supone un avance para hacer frente al déficit de infraestructura. El presupuesto para el corriente año aprobó una colocación de deuda de 65.446 millones de pesos. Menos de la mitad de dicho monto (29.993 millones de pesos) sería destinado a cubrir las necesidades de financiamiento del corriente año. El resto, según declaraciones de las autoridades provinciales, estaría afectado al déficit de infraestructura evidenciado en la provincia. Sin embargo, el crecimiento de las erogaciones de capital en montos absolutos es de aproximadamente 12 mil millones de pesos. De esta manera, de financiarse dicho incremento de capital con la deuda tomada, quedarían más de 20 mil millones de pesos sin destino específico, lo que impide un adecuado control.

Tanto en relación con su tamaño y su aporte a la producción nacional como por las problemáticas sociales contenidas en su territorio, la provincia precisa de una mayor participación en la distribución de los recursos nacionales. Dados los problemas para la modificación de los montos coparticipables (cuestión sumamente deseable y necesaria), es preciso encontrar alternativas de financiamiento para la provincia que resulten sustentables a lo largo del tiempo. El Congreso Nacional tiene un papel protagónico en esta tarea. La presentación del reclamo para la restitución del Fondo del Conurbano realizada por la gobernadora María Eugenia Vidal ante la Cámara de Diputados, junto con legisladores de todas las fuerzas políticas, es un paso en la dirección correcta.

Por otra parte, sin dejar de lado las mejoras en cuanto a la administración tributaria de la AFIP, esta mayor capacidad recaudatoria se explica en gran medida por la dinámica de los impuestos que impactan en los sujetos económicos que presentan una mayor capacidad contributiva (impuestos progresivos). En este sentido, mientras que en 1997, la recaudación por impuestos al consumo (fundamentalmente el IVA y los Impuestos Internos) representaba el 40% del total recaudado, para 2012 lo percibido por dichos impuestos llegó a un 28%. En contraposición, los derechos de exportación y el impuesto a las ganancias ampliaron su participación en la estructura tributaria, dotando de una mayor progresividad al sistema.

Estas dos cuestiones, mayor capacidad recaudatoria y menor participación de los impuestos sobre el consumo, marcan una ruptura esencial en el sistema tributario actual respecto al de convertibilidad. En efecto, durante los noventa la política tributaria estaba limitada únicamente a reducir la brecha fiscal. Asimismo, como los gravámenes sobre las utilidades y la ganancias eran considerados distorsivos porque alteraban los precios relativos que determinaba el “todopoderoso mercado”, el IVA se convirtió en el impuesto central, aumentando su participación en la recaudación.

A partir de 2003, la instauración de los derechos de exportación, sumado al mejor desempeño del impuesto a las ganancias, producto de la mejora constante en la actividad económica, permitió alterar el peso de los diferentes gravámenes en pos de aquellos con mayor progresividad.

Las recientes modificaciones en el impuesto a las ganancias giraron en torno al aumento del mínimo no imponible a $15.000 y la eliminación de las exenciones a la renta financiera, que suponen una profundización en el camino recorrido. Este tipo de decisiones permite dotar de mayor progresividad y equidad al sistema tributario, sin descuidar el financiamiento de las políticas públicas. El incremento del mínimo no imponible reduce la carga tributaria para una gran cantidad de trabajadores registrados, quedando alcanzado por el impuesto solo el 10%.

La incorporación al impuesto a las ganancias de la compra venta de acciones que no cotizan en los mercados, incluyendo a los sujetos del exterior, impacta en la equidad del sistema al poner en pie de igualdad este tipo de actividad con otras fuentes de ingreso que sí tributan ganancias. Por último, el gravamen de la distribución de dividendos se propone perjudicar una práctica propia al modelo de valorización financiera, incentivando la reinversión de las utilidades de manera de apuntalar el proceso productivo.

De esta manera, analizando la trayectoria de la política tributaria durante la última década, se observa en los proyectos impulsados por el gobierno relacionados al impuesto a las ganancias una coherencia de la que las propuestas expresadas por dirigentes de la oposición carecen. Estos últimos planteaban, como una suerte de slogan, la necesidad imperiosa de aumentar el mínimo no imponible, sin precisar fuentes para su financiamiento. La impostura de la repentina preocupación por la progresividad del sistema impositivo de algunos dirigentes se puso en evidencia al no acompañar la votación del oficialismo para gravar la renta financiera.

En síntesis, puede decirse que en consistencia con el comportamiento de la política tributaria de la última década, los proyectos del oficialismo permiten una mayor progresividad y equidad al sistema tributario, sin poner en riesgo la capacidad recaudatoria, fuente esencial para el financiamiento de las políticas de inclusión social.