Hoy, luego de 11 años de populismo-keynesiano-estructuralista, la macroeconomía del país se encuentra en una profunda situación de desequilibrio. El déficit fiscal, la tasa de inflación, el tamaño de la brecha cambiaria, el deterioro de las cuentas externas, el nivel de reservas netas y la creciente conflictividad social muestran un cuadro sumamente delicado. Sin embargo, pese a lo doloroso que podría ser entrar en una nueva crisis, ésta sería un daño mínimo comparada con las repercusiones en materia de crecimiento.

En función de lo anteriormente señalado, resulta necesario hacer una evaluación de lo que ha ocurrido durante el régimen kirchnerista de modo tal que resulte posible medir la magnitud del daño. El punto de inicio es el producto por habitante medido en dólares corrientes, el cual hoy se ubica en torno a los USD 13.000. Si uno considera que durante el año 1998 Argentina había recobrado su nivel de tendencia, el primer punto de comparación debería ubicarse en dicho año. Así, tomando el PIB per-cápita en dólares de 1998 y ajustándolo por la inflación americana, el mismo se halla en USD 14.537. Esto es, el producto por habitante, aún medido al tipo de cambio oficial se ubica un 10% por debajo del alcanzado en 1998. Por otra parte, si se compara utilizando el tipo de cambio paralelo, y asumiendo una brecha del 50%, el ingreso caería a niveles de USD 8.800, por lo que la pérdida de bienestar sería del orden del 34%. Es decir, aún sin crisis, el resultado es escandalosamente malo.

Sin embargo, el cálculo basado en el producto per-cápita de 1998 es extremadamente generoso ya que no captura la presencia de un crecimiento tendencial de largo plazo. En este sentido, si uno revisa la historia argentina, la tasa de crecimiento tendencial se ubica en torno al 3,5%. Si a ello se le resta un crecimiento poblacional del 1,1%, el PIB por habitante debería ubicarse en los USD 21.651. Esto es, nuestro ingreso, medido al tipo de cambio oficial debería ser un 64% mayor, mientras que medido al tipo de cambio paralelo, lo que se ha perdido en términos de bienestar asciende a un 150%. De más está decir que una pérdida de tal magnitud es digna de ser definida como una catástrofe.

Si bien el resultado precedente es muy malo, aún sigue siendo una comparación por demás generosa. Concretamente, el cálculo omite que durante la gestión kirchnerista se disfrutó del mejor contexto internacional de la historia del país y el hecho de que existe convergencia, de modo tal que el país podría haber acelerado su tasa de crecimiento en 3,3 puntos porcentuales (basado en estimaciones de Robert Barro, y utilizando la mejora de los términos de intercambio podrían explicar por lo menos 2 p.p.). Bajo esta situación, el ingreso por habitante treparía a USD 30.884 cuya diferencia con la estimación oficial es del orden del 130% y estimado con el paralelo se llega a un obsceno 260%.

Por último, si la estimación la hacemos sobre los datos observados (esto es, sin computar las tendencias) teniendo en cuenta la caída del PIB per-cápita posterior a la Convertibilidad e  imputando una recuperación cíclica de 2,8pp por año, el indicador treparía hasta USD 23.259. A su vez, si el tipo de cambio se corrigiera al nivel de PPP, el producto per-cápita se ubicaría en torno a los USD 31.000. A su vez, esta estimación del producto también permite observar el daño causado por el cepo cambiario (esto viene dado por la diferencia que muestra la línea roja con la verde), el cual ha privado a los argentinos de tener un ingreso 75% mayor al tipo de cambio oficial y 170% al tipo de cambio paralelo.

Por lo tanto, ante semejante perjuicio uno debería preguntarse ¿cómo hemos llegado a esto? En este sentido, tal como señala William Easterly, “los malos gobiernos, al igual que la mala suerte, pueden acabar con el crecimiento”. La evidencia empírica muestra que en aquellos países en los que la inflación es elevada, la tasa de crecimiento del PIB per-cápita es 3% inferior a aquellos en los que la inflación es baja. Del mismo modo, una brecha cambiaria superior al 20% y una sobrevaluación del tipo de cambio real por encima del 68% implican una caída del orden de 2 y de 1,5 puntos porcentuales respectivamente. Por último, ratios de M2 (monetización), resultado fiscal y comercio respecto del PIB menores al 100%, 0,12% y 120%, respectivamente, implican un diferencial de crecimiento de 1%, 1,5% y 1%.

Naturalmente, cuando una analiza la gestión kirchnerista es posible observar como la tasa de inflación trepó desde niveles del 3,8% al 40%, la brecha cambiaria se encuentra en torno al 50%, el resultado fiscal ha tenido un deterioro de 6% del PIB pese a la presión tributaria más alta de la historia, los agregados monetarios están estancados y la economía cada día se cierra más al mundo, todo ello no deja lugar a dudas sobre los motivos para tan rotundo fracaso. Al mismo tiempo, desde la llegada de Kicillof al Ministerio de Economía (primero como vice-ministro y luego como jefe máximo) sus errores de política económica nos han privado de tener un producto por habitante por lo menos un 170% mayor, lo cual hace lucir su calificación en el ranking como sumamente generosa. En definitiva, no sólo que no hemos podido alcanzar la tendencia de largo plazo, sino que hemos desaprovechado una oportunidad histórica como para acelerar la convergencia y así poder ingresar al pelotón de los países de altos ingresos. Sin embargo, el daño no termina ahí, ya que si seguimos reintentando con el populismo-keynesiano-estructuralista nos aguardará un futuro de acuciante pobreza.

Frente a este escenario, el Gobierno avanzará sobre el BCRA de modo tal que no haya freno a la emisión monetaria por la fuente fiscal y se “perfeccionen” los controles cambiarios para que en la medida de lo posible no se escape un solo dólar de las reservas. Al mismo tiempo, para evitar que la trayectoria del nivel general de precios se desboque, se avanza en una profundización de la Ley de Abastecimiento, la cual se complementa con la Ley de Antiterrorismo, de modo tal que ante un exceso de demanda en el mercado de bienes, los agentes se vean obligados a realizar un ajuste de cantidades en la dirección deseada por el Gobierno: mayor producción.

Así, el artículo 2º del proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento dice: “a) Establecer para cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios o todas o algunas de estas; b) dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción; c) disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como así también en la fabricación de determinados productos dentro de niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación; y d) requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico y obligar a la publicación de los precios de bienes o servicios producidos y prestados, como así también su disponibilidad de venta”. En definitiva, el proyecto se arroga la potestad de fijar precios y cantidades en cada uno de los tramos de la actividad económica, los cual nos estaría llevando hacia un experimento de planificación centralizada socialista (sistema de agresión/coacción institucionalizada que impide el libre accionar de los seres humanos).

El problema central radica en que, desde la óptica del proceso social, el socialismo es un error intelectual, pues no cabe concebir que el órgano director encargado de intervenir mediante mandatos pueda hacerse con la información que es necesaria para coordinar la sociedad. La base para dicha afirmación se sustenta en cuatro argumentos, donde dos de ellos podrían definirse a los fines didácticos como estáticos y los otros dos como dinámicos.

El primero de los argumentos estáticos está vinculado a la cuestión del volumen de información. Esto es, resulta imposible que el órgano de intervención asimile conscientemente el enorme volumen de información práctica diseminada en las mentes de los seres humanos. Por otra parte, en cuanto al segundo de los argumentos, el mismo parte del hecho de que cada uno de los seres humanos posee información práctica de carácter privativo, la cual no solo se encuentra dispersa en su mayor parte, sino que además, dicho conocimiento es de naturaleza tácita y por lo tanto no articulable ni transferible (know how). Esto es, no se trata tan sólo de que el volumen agregado de información práctica sentida y manejada de forma dispersa por todos los seres humanos a nivel individual sea de tal magnitud que no quepa concebir su consciente adquisición por parte del órgano director, sino que además, dicho conocimiento por ser tácito y no articulable, este no puede ser formalizado ni explícitamente transmitido al planificador central.

Por otra parte, desde el punto de vista dinámico, el constante actuar de los seres humanos hace que continuamente se esté creando y descubriendo nueva información. Por ende, difícilmente se podrá transmitir al órgano director la información o conocimiento que aún no se ha creado, el cual va surgiendo como resultado del propio proceso social en la medida en que éste no se vea agredido. Así, conforme pasa el tiempo, mientras los seres humanos interactúan con sus pares van dándose cuenta de nuevas oportunidades de ganancia que tratan de aprovechar. Como consecuencia de ello, la información que tiene cada uno de ellos va modificándose de manera continua. Por ende, dicha información no podrá transmitirse por tratarse de una información que aún no se ha descubierto o creado por los propios actores y que sólo surge como resultado del libre proceso de interacción humana.

Finalmente, el segundo argumento dinámico señala que, en la medida en que la coacción socialista se ejerza de forma más efectiva, imposibilitará la libre persecución de fines individuales, por lo que éstos no actuarán como incentivo y no podrá descubrirse o generarse la información práctica necesaria para coordinar la sociedad. Así, el órgano de planificación central se encuentra ante un dilema insalvable: si decide intervenir coactivamente en el proceso, destruye la capacidad creadora de información (la cual la necesita para actuar), y si no interviene, tampoco obtiene información alguna. Por lo tanto, este conjunto de argumentos dejan de manifiesto la imposibilidad práctica de alcanzar un resultado razonable por parte del órgano de planificación central.

Asimismo, existe una imposibilidad desde el punto de vista del órgano de planificación central. Aún cuando asumiéramos que dicho órgano estuviera dotado de la máxima capacidad técnica e intelectual, experiencia y sabiduría, así como de las mejores intenciones que humanamente quepa concebir, lo que no resulta posible de admitir es que dicho órgano esté dotado de capacidades sobrehumanas (omnisciencia). Es decir, que sea capaz de asimilar, conocer e interpretar simultáneamente toda la información diseminada y privativa que se encuentra dispersa en la mente de todos los seres humanos que actúan en la sociedad y que se va generando y creando continuamente por éstos tanto para el presente como para el futuro. La realidad es que el órgano de planificación en su mayor parte desconoce esta información, por lo cual, todos los experimentos socialistas se han caracterizado por los siguientes resultados: (i) fuerte descoordinación económica y desorden social, (ii) información errónea y comportamiento irresponsable, (iii) altas dosis de corrupción, (iv) surgimiento de la economía oculta, (v) retraso tecnológico, económico y cultural, al tiempo que (vi) se prostituyen los conceptos tradicionales de ley y justicia, lo cual lleva a la perversión moral del sistema. La experiencia de la ex Unión Soviética, los países de Europa del Este, Corea del Norte, Cuba y sin ir más lejos la República Bolivariana de Venezuela dan cuenta de ello.

Por lo tanto, como señalara Milton Friedman, las políticas de controles de precios son dañinas porque no sólo pospone en el tiempo las medidas efectivas para controlar la inflación, desorganiza la producción y la distribución, sino que además crean una fuerte división social y fomentan la puesta en marcha de restricciones que amenazan a la libertad política de los individuos. Tales medidas incuban en el público la falta de respeto por “la ley” y hacen que los funcionarios se sientan propensos a emplear poderes extralegales poniendo en jaque los propios cimientos de la libertad.