Lejos de posiciones absolutistas e inconducentes que hubieran llevado al hundimiento de la economía, la mandataria brindó un discurso en torno a la problemática de la deuda que muestra el triunfo de la racionalidad intertemporal por sobre la miopía ideológica. Triunfó el pragmatismo. En este sentido, reconocer cómo acreedores dignos de recuperar sus inversiones tanto al grupo del 92,4% que ingresó a los canjes de 2005 y 2010 como a los que decidieron no hacerlo es una gran noticia para los ciudadanos de nuestro país, los presentes y los futuros.

Frente a la negación de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de tomar el caso, la posibilidad de extender el momento de la negociación con los holdouts más allá del 2014 (cuando vence la cláusula RUFO) quedó abortada, por lo que el fallo del juez Thomas Griesa quedaba en firme. Así, al Gobierno se le presentaban tres caminos: (i) buscar una forma de pago para compensar a los inversores litigantes; (ii) no acatar el fallo y buscar hacer el pago mediante el cambio de jurisdicción; y (iii) defaultear tanto a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 como a los holdouts.

Si bien la Presidente había manifestado su intención de dar cumplimiento con el pago a aquellos bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 descartando la tercera de las posibilidades, elegir el cambio de jurisdicción, frente a su imposibilidad práctica (al tiempo que caeríamos en desacato y en default selectivo) parecía indicar que íbamos camino a un nuevo default.

En este sentido, de haber optado explícita o tácitamente por un nuevo default, no hubiera sido algo libre de costo. Desde el punto de vista de la macroeconomía del corto plazo, la volatilidad y la incertidumbre si habrían desbordado. El riesgo país se hubiera disparado y con ello la tasa de interés, produciendo una abrupta caída de la inversión. Por otra parte, una mayor incertidumbre hubiera generado los incentivos para convertir los ahorros en moneda extranjera poniendo mayor presión sobre el tipo de cambio y los precios. Ante dicho contexto hubiera tenido lugar una fuerte descoordinación entre el ahorro y la inversión, lo cual destruiría el nivel de actividad, el empleo y el salario real.

Por otra parte, desde una perspectiva de mediano y largo plazo los resultados tampoco resultaban atractivos. En primer lugar, no sólo hubiera persistido el problema con los litigantes, sino que la extensión del default hubiera retraído la situación a la previa de 2005, por lo que frente a un problema de fácil solución hubiéramos caído en uno mayúsculo, ya que ante el fallo del Juez Griesa nadie tendría incentivos para ingresar a una nueva reestructuración con quitas. En segundo lugar, no sólo hubiéramos mostrado desacato y que sólo cumplimos con las reglas cuando nos resultan favorables, sino que nos hubiéramos puesto de espaldas a la principal fuerza del crecimiento: el respeto de los derechos de propiedad. Al mismo tiempo, y en relación con lo anterior, hubiéramos tirado por la borda todo el crecimiento potencial asociado con la nueva infraestructura a desarrollarse en los próximos años.

Diversos estudios sobre los requerimientos de infraestructura para los próximos diez años arrojan que es necesario invertir cerca de USD 295.000 millones. A su vez, Redes Viales, Energía Eléctrica y Gas y Oil representan el 86% del total. Puntualmente, Oil y Gas demandará inversiones por USD 107.000 millones derivados de USD 29.000 millones para petróleo y gas convencional, USD 29.300 millones para shale oil, USD 34.700 millones para shale gas y alrededor de 14.000 para downstream.

En cuanto a Energía Eléctrica, los requerimientos totalizan 38.000 millones de los cuales 25.000 millones son para generación y 13.000 millones para distribución. A su vez, la puesta al día y el mantenimiento de las inversiones demandarán 50.000 millones más. En cuanto a las redes viales, estas demandarán 58.000 millones, ferrocarriles y subtes 34.500 millones, agua y saneamiento 6.500 millones y telefonía móvil USD 1.000 millones (cifras en dólares en todos los casos). Naturalmente, con un default inmanejable estas inversiones se perderían y dado en nivel de saturación de la infraestructura presente, el propio aumento de la población nos llevaría a un colapso. A su vez, el nivel de madurez mostrado junto a una mejora de las instituciones podría adelantarlas en el tiempo, cuya consecuencia sería una aceleración de la tasa de crecimiento de la economía.

Finalmente, ahora surgirán las preguntas acerca de la transición. Sin embargo, como un resultado impensado frente a la generosidad política traducida en pragmatismo, es muy probable que, dados los fundamentos de la economía, nos encontremos frente a una oleada de fondos externos que nos permita transitar el camino sin sobresaltos. Y si los hubiera, nunca serían tan duros como los derivados de un nuevo default.

El intento de forzar la realidad para que se asimile al paraíso keynesiano del modelo de depresión simple mostraba que el carro estaba delante de los caballos. Urgía rectificar el rumbo y, sin más remedio, se devaluó la moneda, se duplicó la tasa de interés (vía una intensa absorción monetaria) y se forzó a los bancos a liquidar posiciones en moneda extranjera. Si a esto sumamos un ahorro de USD 3.500M por esquivar el pago del cupón atado al PIB en función de una nueva estimación de las cuentas nacionales, se compraba una valiosa cantidad de tiempo para corregir la madre de todos los males (dato común de la mayor parte de las crisis argentinas): el déficit fiscal.

El Gobierno pareció entender que la demanda de dinero estaba saturada y que podría ser peligroso seguir tirando pesos al mercado sin que se desmoronen las reservas o que esto implique un nuevo salto en el tipo de cambio con impacto en precios. Suponiendo que el objetivo del Poder Ejecutivo fuera un dólar tranquilo en torno a los $ 8, una inflación en baja y reservas estables, si no tuviese lugar el ajuste fiscal, la tasa de interés podría aniquilar al PIB y al empleo. A su vez, dado el bajo nivel de confianza, esta corrección fiscal podría no ser acompañada por la inversión privada, por lo que también el nivel de actividad podría caer. Frente a este panorama es donde aparece la “solución mágica” de la deuda (esto es, trasladar el ajuste a las generaciones futuras). 

Así, de abrirse la ventana del mercado de capitales, resultaría posible mantener el déficit fiscal financiado con emisión monetaria, no modificar el tipo de cambio y que los pesos que sobran tengan como contrapartida mayor deuda externa, lo cual evitaría una caída de las reservas. Es más, de marchar todo bien, hasta podría ser posible un rebote en actividad. Sin embargo, no tocar el gasto público requería modificar la política exterior, por lo que: (i) se acordó el pago a los juicios del CIADI, (ii) se indemnizó a Repsol, (iii) se readecuó la medición del IPC y del PIB y (iv) se cerró un trato con el Club de París. Todo parecía indicar que nos subíamos al puente verde de USD 19.000M (USD 7.000M en el 2014 y USD 12.000M en 2015) que nos llevaba a octubre de 2015 sin sobresaltos. Los únicos dos escollos podrían ser: (i) la demanda de dinero y (ii) un revés frente a los holdouts.

Finalmente, en el día de ayer, la Corte Suprema de los EEUU decidió no dar lugar al pedido argentino, con lo cual el caso referido a los holdouts vuelve a los Tribunales de Nueva York. Por lo tanto, dar cumplimiento al fallo del Juez Thomas Griesa implicaría un pago en efectivo de USD 1.500M, que de extrapolarse al resto de los holdouts podría alcanzar una suma de USD 15.000M. En este sentido, con un nivel de reservas en torno a los USD 29.000M, acatar dicho pago resulta complicado. Pensar que de haber llevado un conjunto de políticas fiscal, monetaria y cambiaria consistentes hoy tendríamos cerca de USD 90.000M de reservas, por lo que aplicando el mismo porcentaje de pago que surge de la operación realizada por Néstor Kirchner frente al FMI, la capacidad de pago sería de USD 30.000M.

Sin embargo, de nada sirve llorar sobre la leche derramada. Mirando hacia adelante por lo menos existen tres caminos: (i) buscar un acuerdo extrajudicial con los holdouts, lo cual cuenta con el aval de Griesa; (ii) no acatar el fallo y buscar hacer el pago mediante el cambio de jurisdicción, cuyo inconveniente sería que para ello se necesita contar con la aprobación del 85% de los tenedores de bonos, donde muchos de ellos están inhibidos de hacerlo por razones constitutivas; y (iii) defaultear tanto a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 como a los holdouts.

Anoche la presidente Cristina Fernández de Kirchner pareciera haber dejado en claro que la tercera opción no tendrá lugar. De ser esto cierto, sería una buena noticia, ya que si se entrara en un nuevo default habría dos caminos. Una podría ser la de hacer el ajuste fiscal sin confianza alguna, por lo que inexorablemente sería muy recesivo. La otra sería no hacer el ajuste y continuar con su financiación monetaria, lo cual llevaría a mayores tasas de inflación, pérdidas de reservas, devaluación de la moneda y suba en las tasas de interés, donde este contexto nos empujaría a una situación aún peor. Por otra parte, la segunda opción, dadas sus bajas chances de éxito implicaría un camino peligroso, dado que el tiempo ya no estará de nuestro lado. Finalmente, la primera opción no sólo tiene mayores posibilidades de éxito, sino que la transición hasta octubre 2015 y más allá sería mucho mejor. Sin embargo, no existen los almuerzos gratis y ello implicará pasar de un comportamiento adolescente a uno propio de un adulto responsable. Quizás, hasta encontremos la llave institucional que nos convierta nuevamente en un país rico.