El punto de partida de un proceso de crecimiento y desarrollo sostenido en el tiempo implica entender que durante los últimos doce años no ha existido crecimiento genuino, sino que solo hemos sido testigo de una recuperación cíclica, o como se suele denominar en finanzas a este tipo de movimientos: el rebote del gato muerto. Esta situación se vuelve por evidente cuando se observa que el PIB en dólares por habitante se ubica por debajo del que se registró en el año 1998 (15.000 dólares a moneda constante), que además tenemos casi el doble de pobreza y la misma distribución del ingreso. A su vez, si el país hubiera logrado mantenerse en su tendencia de largo plazo, el PIB por habitante sería el doble y el triple si se toma en cuenta que hemos vivido el mejor contexto internacional de la historia.

Este desempeño tan precario en términos de crecimiento es muy fácil de comprender cuando se revisa la evidencia empírica internacional. En este sentido, economías con baja inflación crecen 3 puntos porcentuales más que las que tienen una inflación elevada. A su vez, la presencia de mercados paralelos cuesta 2 puntos en la tasa de crecimiento. Por otra parte, el déficit fiscal implica un lastre de 1,5 puntos, mientras que el cierre comercial detrae otros 1,5 puntos. Naturalmente, a la luz de dichos resultados, no resulta extraño el mal desempeño en la materia durante el kirchnerismo, ya que todas las medidas de política económica se han movido en la dirección opuesta a lo que demanda el crecimiento.

Además, una condición necesaria (pero no suficiente) para volver a crecer y con ello emprender el desarrollo es levantar el cepo cambiario. La medida en cuestión equivale a fijar el precio de la moneda extranjera debajo del equilibrio, la cual no solo arroja un exceso de demanda en dicho mercado, sino que su contrapartida es un exceso de oferta en el resto del sistema. Así, en el mercado de bonos se deprimen los precios y con ello suben las tasas de interés. En el mercado de dinero, aun con un aumento artificial de la demanda (money overhang), por no poder drenar el sobrante de pesos contra reservas (o modificarse el tipo de cambio), las necesidades de financiamiento del fisco generan un exceso de oferta que deriva en una tasa de inflación elevada. Por otra parte, en el mercado de bienes se retrae el nivel de actividad económica por habitante, cuya consecuencia natural en el mercado de trabajo es la destrucción del empleo privado, la caída en el salario real y el deterioro de las condiciones laborales, maquillado con empleo público y mintiendo el dato de la población económicamente activa (PEA) para esconder el desempleo. En este sentido, de levantarse el cepo, el tipo de cambio buscaría su nivel de equilibrio (bajo un sistema de precios relativos armonioso), eliminaría el exceso de demanda y con ello se cerrarían los excesos de oferta del resto de la economía, por lo que bajaría la tasa de interés, habría menor presión sobre los precios (solo por los efectos derivados de la nueva emisión), aumentaría el PIB y con ello mejoraría el empleo y el salario real.

Sin embargo, si bien resulta claro que salir del cepo es clave para destrabar el funcionamiento del sistema económico, dicha tarea no es materia para inexpertos. De ahí que los menos dotados en materia monetaria rechacen de plano dicha acción. El punto central radica en que dentro de la economía existiría un sobrante de pesos de 3,7 % del PBI, esto es, unos 200.000 millones de pesos. Por lo tanto, de abrirse el cepo sin eliminar dicho exceso de pesos estos se dirigirían a la compra de moneda extranjera, lo que podría replicar situaciones como la de los años 1959 y 1975, donde la tasa de inflación se sextuplicó y el nivel de actividad se contrajo cerca de un 6 % en el momento más agudo del episodio. A su vez, mantener el cepo implica seguir estancados con mayor inflación y una brecha cambiaria creciente. Por lo tanto, la clave para volver a crecer es limpiar el exceso de pesos en la economía con un instrumento que minimice su impacto sobre la tasa de interés.

Una vez corregidos los problemas monetarios que traban el funcionamiento de la economía, el foco se traslada sobre el proceso de acumulación de capital en todas sus definiciones. Sin embargo, los daños causados en este aspecto durante los últimos doce años, propios de procesos populistas, no es una cuestión trivial. Así, en materia de capital físico Argentina invierte menos de 20 % del PIB (para crecer a tasas chinas, los chinos invierten 40 % de su PIB), al tiempo que pese a la mayor presión fiscal de la historia, la inversión en infraestructura de calidad brilla por su ausencia. En cuanto al capital humano, no solo no paramos de perder posiciones en las pruebas PISA, sino que además, en nuestro país, hoy existen niños que no alcanzan los niveles mínimos de alimentación, lo cual nos pone de cara un futuro muy comprometido.

Por otra parte, en materia institucional, empezando por la Constitución Nacional, no se ha dejado de avanzar sobre cuanta institución exista que no le fuera funcionalmente adicta al Poder Ejecutivo, siendo los casos más emblemáticos los del Poder Judicial, el Banco Central, los derechos de propiedad y las libertades individuales. Por último, la lógica del amigo-enemigo produjo una fragmentación del capital social, donde hoy ya no se discute la grieta, sino la posibilidad de comenzar a votar con los pies o la forma de poner en marcha la rebelión de Atlas.

Por lo tanto, para volver a crecer y alcanzar el desarrollo será necesario llevar a cabo un fuerte proceso de inversión, el cual debe tener como contrapartida un mayor ahorro. Sin embargo, ello implica un cambio copernicano en el diseño de la política económica. Respecto a la utilización del ahorro externo, parece difícil hacerse de crédito cuando el país cuenta con la mayor cantidad de juicios perdidos en la Organización Mundial del Comercio, no ha cumplido con la deuda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y aún no se le ha dado una solución definitiva al problema de los holdouts. Por otra parte, respecto al ahorro doméstico, el problema no es que el sector privado no ahorre, sino que el sector público lo dilapida, lo cual es la contraparte del abultado déficit fiscal. Por lo tanto, en el plano interno, si no se reduce el déficit fiscal, un mayor ahorro privado requiere redistribuir ingresos desde los más humildes a los que más tienen, lo cual, con una sociedad que se arroga tantos derechos no parece factible.

En este sentido, los muchachos buenos de la película, que sostienen que lograrán hacer crecer la economía sin hacer el ajuste fiscal y redistribuyendo ingreso hacia los más humildes, deberían dar una clara señal al mundo para que nos aporte infinitas montañas de dinero para que logren sostener en el tiempo tamañas inconsistencias y de paso crecer. Ahora bien, supongamos que llegara David Copperfield y los problemas de ahorro se corrigieran por arte de magia haciendo aparecer los fondos. Sin embargo, el problema es cómo transformar ese ahorro en inversión, ya que durante los años del régimen kirchnerista se ha destrozado la capacidad de generar riqueza como nunca en la historia argentina, donde el déficit fiscal como impulsor del riesgo país y la inflación junto a la presión impositiva han sido clave para destrozar cuanta iniciativa privada existiera. Por lo tanto, enunciar que la continuidad del modelo económico ahora traerá crecimiento y desarrollo por una mejora en las formas y no en la base del diseño de la política económica no es más que una ingenua expresión de deseos, que al estar vacía de contenido nos pondrá de cara a un nuevo fracaso.

El decreto en cuestión no solo contradice las propias leyes de inteligencia que reglamenta y es inconstitucional, sino que además permite el espionaje sobre actividades lícitas. Concretamente, en el anexo I, donde se tipifica la nueva doctrina de inteligencia nacional, se habilita el espionaje sobre grupos económicos o financieros, bancos, empresas y compañías financieras que impulsen terrorismo o desestabilización de Gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimiento y golpes de mercado.

Más allá de los ribetes totalitarios esgrimidos por el Gobierno a lo largo de estos casi doce años, las leyes en cuestión dejan de total manifiesto la feroz brutalidad de los keynesianos-marxistas en el entendimiento del sistema económico y, por ende, en el diseño de una política económica que promueva el crecimiento y el bienestar. La prueba más contundente de ello es, entre otras cosas, la referencia al golpe de mercado. Probablemente, habría que explicarle a este grupo de economistas que el mercado no es ni un lugar, ni una cosa, ni una asociación. El mercado es un proceso de cooperación social puesto en marcha por las actuaciones de una gran cantidad de individuos que, buscando satisfacer sus propias necesidades, realizan intercambios voluntarios que conllevan a la división del trabajo, lo que a su vez potencia el crecimiento, vía una mayor productividad. Los juicios de valor de estas personas, así como las acciones engendradas por las aludidas apreciaciones, son las fuerzas que determinan la disposición -continuamente cambiante- del mercado. A su vez, la situación queda reflejada a cada momento en la estructura de precios, esto es, en el conjunto de tipos de cambio que genera la mutua actuación de todos aquellos que desean comprar o vender. Nada hay en el mercado de índole no humana, mítica o misteriosa. En definitiva, este proceso de cooperación social que denominamos mercado, no es ni más ni menos que el resultado de un conjunto de acciones humanas que, buscando el bien individual, conducen al mayor bienestar general.

Al mismo tiempo, la idea de querer determinar los precios en función de los costos en los que se ha incurrido en cada uno de los pasos del proceso productivo (los marxistas por medio de la teoría del valor trabajo y los keynesianos por el margen de ganancia sobre el costo salarial neto de la productividad del trabajo, motivo por el cual siempre ven a sindicalistas y empresarios como los responsables de la suba de precios) es reflejo de la obtusa percepción sobre cómo funciona el sistema económico. Es más, tal como fuera demostrado por Carl Menger en sus Principios de Economía mediante la ley de imputación, son los precios los que determinan los costos y no al revés. Los consumidores determinan no solo los precios de los bienes de consumo, sino también de todos los factores de producción, fijan los ingresos de cuantos operan en el ámbito de la economía de mercado. Son ellos, no los empresarios ni los sindicalistas (y mucho menos un político), quienes, en definitiva, pagan por cada insumo y a cada trabajador su salario. Por lo tanto, si uno quisiera determinar las causas de por qué suben todos los precios de la economía (y entre ellos el de la moneda extranjera, el tipo de cambio y el dólar) las causas no están en los costos, sino en el continuo aumento de la emisión monetaria. Puesto en otros términos, si los precios de los bienes de la economía están determinados en unidades monetarias, al emitirse una cantidad de dinero que supere a su demanda, esto hará que el valor relativo de la moneda caiga o, lo que es lo mismo, que el precio de los bienes expresados en dinero suba. De ahí surge la famosa frase de Milton Friedman (el verdugo de los keynesianos): “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”.

Es más, el control de precios y salarios no detiene la inflación; sencillamente lo que hace es desplazar la presión a otra parte y adormece algunas de sus manifestaciones. Además, la intervención estatal en los menores detalles de la actividad económica puede destruir el sistema de libre empresa y a la libertad política. El mal estriba en que el intento de control impide que obre libremente el sistema de precios, donde el Gobierno termina suministrando un remedio aún peor que la enfermedad. De esta manera, cuanto mayor sea la inventiva de los individuos para eludir los controles de precios y cuanto mayor sea la tolerancia de los funcionarios en cerrar los ojos a esas evasiones, tanto menor será el daño producido. Por otra parte, cuanto más obedientes a “la ley” sean los ciudadanos y cuanto más rígida y efectiva sea la imposición de la maquinaria gubernamental, tanto mayor será el daño.

Finalmente, tenemos las consecuencias de la intervención violenta del mercado por parte del Gobierno. Siguiendo a Murray Rothbard, la intervención consiste en el uso de la fuerza dentro de la sociedad que intenta sustituir las acciones voluntarias por la coacción. De hecho, el Estado es la única organización que está legalmente autorizada (leyes que él mismo sanciona) para hacer uso de la violencia y es la única entidad que legalmente obtiene sus ingresos de manera compulsiva. Dentro de dicha línea de análisis (y restringiéndonos al caso planteado) existen dos tipos de efectos: directos e indirectos. Respecto al primero de los casos, cuando no hay intervención y la sociedad es libre, cada uno procederá de la manera que considere que hará a su bienestar máximo, por lo que cualquier intervención coercitiva que impida la realización de los intercambios deseados deriva en una pérdida de bienestar. Por otra parte, en cuanto a los efectos indirectos, tienen que ver con los impactos no deseados sobre el resto del sistema.

Así, a modo de ejemplo, el cepo cambiario equivale a fijar un precio debajo del equilibrio de mercado, que al producir un exceso de demanda en dicho mercado genera un exceso de oferta en el resto de la economía, lo que implica: altas tasas de interés (bonos), presión sobre los precios (dinero), retracción del nivel de actividad económica por habitante (bienes) y menor demanda de empleo productivo (trabajo), que se traduce en desempleo, caída del salario y precarización de las condiciones laborales.

Por lo tanto, más allá de sus efectos económicos, las políticas impulsadas por el kirchnerismo amenazan la base moral de una sociedad libre. En nombre de la responsabilidad social se exhorta al público a someterse a ellas, donde aquellos que se someten se dañan a sí mismos y dañan a la comunidad. La conducta moralmente cuestionable -evadir los requerimientos de las autoridades- es beneficiosa, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista social. Tales medidas incuban en el público la falta de respeto por la ley y hacen que los funcionarios se sientan propensos a emplear poderes extralegales, lo que pone en jaque los propios cimientos de la libertad. En definitiva, el gobierno kirchnerista ya nos ha hecho perder la mejor oportunidad histórica en materia de crecimiento económico (hoy tenemos un tercio del producto per cápita que deberíamos tener). Esperemos que este comportamiento autoritario no se extienda hasta el punto que dañe aún más a nuestra libertad.