En este sentido, a mediados del año pasado, junto a mis colegas Nicolás Federico Kerst y Diego Pablo Giacomini, desarrollamos un indicador al que llamamos “termómetro de riqueza”. El indicador en cuestión parte de la hipótesis de que la competitividad de un país viene dada por su capacidad de ganar dinero (esto es, generar riqueza). Para ello, partiendo de la Q de Tobin, se sintetiza toda la información sobre el futuro que resulta relevante para la toma de decisiones de inversión por parte de los agentes, ya que en su armado convergen las condiciones de equilibrio tanto del mercado de bienes (los ingresos resultan suficientes para cubrir todos los costos operativos, el fiscal y el del capital) como de capitales (el retorno de los activos se iguala con el costo de oportunidad del capital).

Al mismo tiempo, si uno asume que la economía bajo análisis es abierta y que a largo plazo se cumple la paridad del poder de compra (PPP), a partir de las condiciones de equilibrio en el modelo de la Q es posible determinar el tipo de cambio real de equilibrio, el cual vendrá dado por el salario real (salarios en términos de nivel general de precios) relativo a la productividad del trabajo, el costo de oportunidad del capital (que toma al apalancamiento de la economía, la tasa de interés de los Estados Unidos, el riesgo país y la devaluación esperada), la presión fiscal (el gasto público y su eficiencia) y la escala productiva, todo ello en relación con la economía de referencia (la de la moneda que se compara).

En términos prácticos, el termómetro de riqueza muestra que nunca en la historia del país se destruyó tanta riqueza como en el período que va de 2003 a 2013. Así, la política económica kirchnerista ha logrado una destrucción de 1,61 puntos del indicador, seguida por la economía de la dictadura durante 1977-1982 con 1,27 puntos, la salida de la convertibilidad (2000-2002), con 0,97 puntos, el rodrigazo (1973-1975), con 0,81 puntos y los años que van de 1945 a 1949 durante el primer Gobierno de Juan Domingo Perón, con 0,74 puntos. A su vez, el mismo estudio estadístico muestra que, cuando el indicador cae por debajo de 0,6, la probabilidad de crisis se acelera fuertemente. En otras palabras, cuando el indicador pierde 0,4 puntos respecto al nivel del promedio histórico, la economía ingresa en una crisis. Nuevamente, a partir de este análisis se confirma que el kirchnerismo ha sido peor Gobierno de la historia, ya que a lo largo de los últimos doce años ha generado una caída que podría haber generado cuatro crisis, de no ser por las reformas estructurales de los noventa, el ajuste realizado por Eduardo Duhalde y el mejor contexto internacional de la historia (para aquellos que estén interesados en la versión divulgación pueden ver en este mismo portal la siguiente nota).

Si bien los resultados en cuestión resultan por demás contundentes, puede que la lectura dura resulte algo abstracta, por lo que, para complementar estos resultados, a continuación se presentan los resultados en términos de PIB per cápita y de su correspondiente nivel asociado de riqueza (la cual se entiende como el valor presente del PIB por habitante futuro).

El punto de partida para medir la destrucción del kirchnerismo es el inicio del segundo mandato de la señora Cristina Fernández de Kirchner, junto a la llegada al Ministerio de Economía de la rutilante estrella del firmamento económico de la nación, el Dr. Axel Kicillof (tanto como viceministro, primero, como en tanto ministro después). Concretamente, pese a la adulteración de las estadísticas y la existencia de tipos de cambios múltiples, el PIB por habitante, cepo mediante, se estancó en torno a los diez mil dólares per cápita. Al mismo tiempo, dicho nivel representaba un 20% del PIB por habitante del mostrado por los Estados Unidos (país que se toma como referencia para realizar los ejercicios de convergencia).

En este sentido, si tenemos en cuenta que el presente proceso de decadencia lleva cerca de setenta años, lo cual nos ha hecho pasar de tener un PIB per cápita del 97% del de los Estados Unidos al presente 20%, pareciera normal asumir que nos llevaría otros setenta años volver al nivel del que nos quitó la instauración del populismo salvaje.

 Fuente: elaboración propia con base en Milei-Ferrelli Mazza (2016)

Suponiendo que el PIB por habitante en Estados Unidos crezca al 2,5% anual compuesto (alcanzando un nivel de 282 mil dólares en el año 2081), la tasa de crecimiento a la que debería crecer nuestro producto per cápita (incluyendo el efecto de la apreciación cambiaria producto del defasaje con el PIB de PPP, 1,13%) debería ubicarse en el 4,88% anual compuesto. Sin embargo, a la luz de que durante el período 2011-2015 el país ha disfrutado del mejor contexto internacional de la historia (los términos de intercambio más altos de la historia junto a tasas de interés en el mundo cercanas al 0%), el crecimiento debería haberse incrementado en unos 2,2 puntos porcentuales (acorde a Robert Barro, 1998) y podría haber llegado así al 7,19% anual. Naturalmente, desaparecido dicho efecto, la tasa de crecimiento se debería desacelerar a un nivel del 4,75%, de modo tal que se alcanzara el producto por habitante de los Estados Unidos en el año 2081.

En función de lo anterior, surge con claridad que la gestión económica del kirchnerismo nos ha costado el área comprendida entre los puntos ACB (resultado emergente de las distintas tasas de crecimiento), lo cual, puesto en términos de dólares junto a una tasa de capitalización del 5% anual (la que hubiéramos tenido en caso de normalizar el default de la deuda), asciende a 8.500 dólares por habitante, esto es, la mala gestión implicaría una pérdida equivalente al 85% del PIB actual. Si bien el número en cuestión parece alto, cuando se compara con lo que ha pasado con el resto de los países de la región (salvo Venezuela), la pérdida estaría en torno al 120 por ciento.

Sin embargo, el daño causado por el formidable binomio Cristina Fernández de Kirchner-Axel Kicillof no se termina ahí. Concretamente, aun cuando los daños causados fueran transitorios y la economía podría volver a crecer y alcanzar una tasa del 5,19% anual compuesto tal que en el 2081 se logre la convergencia, existe una pérdida adicional de riqueza equivalente al área BCD como fruto de partir de un producto por habitante menor. En este sentido, cuando se toma el diferencial de estos potenciales productos y se los descuenta al 5%, la pérdida de riqueza por habitante se ubicaría en torno a los 104 mil dólares, o lo que es lo mismo, unos 10,4 PIB por cada uno de los habitantes.

Finalmente, si sumamos la pérdida de riqueza del período por haber crecido menos (área ACB equivalente a unos 8.500 dólares per cápita) y los efectos de crecer hacia la convergencia desde un nivel de producto por habitante menor (área BCD equivalente a unos 104 mil dólares per cápita), la destrucción de riqueza por habitante asciende a 112.500 dólares (área ACDB), lo que ajustado por una población de 42 millones de argentinos arroja una pérdida total de 4,725 billones de dólares. Por lo tanto, si se encuentra con alguien y luego de explicarle estos números sigue sin creerle que el kirchnerismo ha sido, por lejos, el peor Gobierno de la historia del país, resulta altamente probable que esté frente a un caso de fanatismo extremo. Nunca se rinda, ármese de paciencia, sea muy tolerante y trátele de explicar nuevamente hasta que comprenda.

Si bien es cierto que sería factible tener tipo de cambio fijo sin reservas, ello sólo sería posible si se cumpliera por lo menos una de las siguientes condiciones: (i) una demanda de dinero granítica a la baja —y, según el caso, hasta fuertemente creciente—, (ii) un acceso irrestricto e instantáneo al mercado de capitales, o (iii) una absoluta flexibilidad a la baja en el gasto público (para sacar pesos que sobran vía superávit). Naturalmente, Argentina no cumple ni por asomo con ninguno de estos puntos, por lo cual si optara por un tipo de cambio administrado, debería contar con una enorme cantidad de reservas, pero no las tiene.

Por lo tanto, el país deberá elegir entre la opción de una libre flotación del dólar o un fuerte aumento de los controles, los cuales no sólo hacen subir la tasa de interés, presionan sobre los precios y hacen caer el PIB per cápita, el empleo y el salario real, sino que además ponen en jaque las libertades individuales (como es el caso de Venezuela).

De este modo, y ante la inminente posibilidad de avanzar hacia la implementación de un sistema de flotación libre del peso, muchos economistas se han puesto a conjeturar sobre cuál podría ser el movimiento del tipo de cambio. En general, estos análisis están basados en el típico caso de un mercado que tiene un precio máximo (administrado) debajo del nivel de equilibrio, del cual se desprenden dos resultados: (i) al precio fijado existe escasez, dado que la cantidad demandada supera a la ofrecida y (ii) frente a la cantidad de divisas que los oferentes están dispuestos a llevar al mercado al precio oficial, existe la posibilidad de venderla en el mercado paralelo a un precio por encima del de equilibrio a los agentes con mayores voluntad de hacerse del bien. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, si la restricción sobre el precio administrado se eliminara, el precio del oficial debería subir y el del paralelo debería caer hasta que dichos precios se unifiquen en un punto intermedio, al tiempo que las cantidades transadas aumentarían. Puesto en blanco sobre negro, el tipo de cambio libre debería ubicarse en un nivel entre $9,7 y $16.

Estos análisis se complementan (y supuestamente se validan) con un trabajo basado en la aplicación del modelo de la paridad del poder de compra (ley del precio único para una economía abierta, PPP), donde, tomando una canasta de bienes en Argentina denominada en pesos y dividida por la misma canasta denominada en dólares en los Estados Unidos, se determina que los precios de la economía de Argentina están fijados con un dólar de $14. Por lo tanto, al conjugar este resultado con el anterior, se afirma que si se decide salir del cepo, ello sólo implicaría un salto en el tipo de cambio, que se ubicaría por encima del oficial sin efecto inflacionario.

Desafortunadamente, y pese a la euforia que genera la posibilidad de movernos hacia un nuevo Gobierno que no maltrate al capital como lo ha hecho el régimen kirchnerista en estos doce años (lo cual no requiere grandes esfuerzos), el análisis precedente tiene una gran cantidad de problemas. Por un lado, es un simple análisis de equilibrio parcial, donde, asumiendo que todo está constante, el precio en cuestión explicaría un equilibrio real traducido a un formato monetario. Naturalmente, si no se tiene en cuenta lo que podría estar pasando en otros mercados, tanto locales (donde entran preferencias, dotaciones de recursos, tecnología y sistema impositivo) como internacionales (en especial respecto a la tasa de interés internacional y los términos de intercambio, entre otras cosas), el análisis seguramente podría resultar insuficiente. Por otro lado, la absoluta omisión de las cuestiones de índole monetaria hace que se pase por alto el problema de la escala nominal. Esto es, dado un conjunto de precios relativos, los niveles en la cantidad de dinero tendrán asociados distintos niveles de precios nominales en la economía (entre ellos, el del dólar).

Adicionalmente, para que el análisis del tipo de cambio basado en la paridad del poder de compra sea cierto, la economía debería ser perfectamente abierta y tener equilibrio simultáneo en los mercados de trabajo, bienes y dinero. En este sentido, la cantidad de juicios en la Organización Mundial del Comercio, el mercado laboral, que no genera empleos genuinos desde hace ya cuatro años (se maquillan los datos de desempleo y se ha reclutado a un ejército de empleados públicos), en una economía estancada, con inflación creciente y un sobrante de dinero cercano al 3,7% del PIB (stock similar al observado durante los años 1959 y 1975), al que se le debería sumar el flujo emergente de la financiación monetaria del déficit fiscal y cuasi-fiscal (derivado de las posiciones en letras del Banco Central y en el mercado de dólar futuro), señalan que dicha visión es por lo menos temeraria.

En este sentido, más allá de lo importante de todos los desequilibrios de los mercados que desaconsejarían fuertemente el uso de la PPP para realizar una recomendación de política económica, el caso del mercado de dinero ocupa un lugar destacado. Así, si al abrirse el cepo, no mediara un extremadamente fuerte shock de confianza que hiciera subir la demanda de dinero (M1) y esta se contrajera hacia el equilibrio bueno (8,5% del PIB), la tasa inflación treparía a niveles del 150%, mientras que, en el caso malo (3,8% del PIB), la tasa de inflación podría ubicarse en torno al 450 por ciento. En este contexto, el nivel de actividad podría caer entre 3% y 6%, y la pobreza superaría el 50% de la población. De más está decir que bajo una dinámica nominal de semejantes características, la idea de hablar de un precio para el dólar queda fuertemente desdibujada.

Por lo tanto, dados los riesgos involucrados en el mercado de dinero, antes de abrir el cepo se debería eliminar el sobrante de pesos y poner en marcha un programa que ponga un freno a la emisión de dinero. Esto es, una formidable idea, como la de levantar el cepo, pero mal diseñada o llevada a cabo por incompetentes, podría terminar en un nuevo desastre social.

En línea con el argumento más utilizado por los economistas locales, debemos analizar la evolución del tipo de cambio real de la moneda de Argentina respecto de la de los Estados Unidos desde 1950. En este sentido, la evolución del tipo de cambio real muestra dos características esenciales: (i) una continua tendencia a la apreciación de la moneda y (ii) una gran volatilidad en la serie. Esta situación se podría racionalizar con un caso de equilibrios múltiples donde en alta confianza, como ser la década del 1960, el inicio de la tablita cambiaria y la convertibilidad, la moneda se aprecia, mientras que en la década del 1950, la primera parte de la década del 1970 (con un pico en el Rodrigazo), la década del 1980 (con pico en la hiperinflación) y lo que va del siglo XXI (con un salto en la salida del plan de convertibilidad) son momentos caracterizados por un alto nivel de desconfianza.

Por lo tanto, la primera enseñanza que nos deja este análisis es que resulta incorrecto afirmar que la moneda está depreciada o apreciada sin hacer referencia al nivel de confianza y la tendencia de largo plazo.

Sin embargo, y a pesar de que este análisis sea utilizado persistentemente, eso no evita que sea erróneo. El problema radica en que implica desconocer olímpicamente qué es y cómo funciona el sistema de precios (típico rasgo keynesiano). Todo precio de mercado constituye un fenómeno histórico específico, que siempre refleja lo que aconteció, en cierta ocasión y bajo circunstancias específicas. Así, las relaciones de intercambio (entre el dinero y el resto de las mercancías que nos interesan, incluido la moneda extranjera) se hallan en mutación permanente. Nada hay en ellas que sea constante. Un determinado precio puede volver a registrarse, pero no hay certidumbre de que así suceda. Es más, aun cuando se diera el caso de que efectivamente reaparezca, no es posible asegurar si es fruto de las circunstancias que ayer lo provocaron por haber reaparecido, o si resulta de una nueva y totalmente distinta constelación de fuerzas.

Así, ignorando el concepto de lo que es un precio de mercado, un conjunto de “economistas” intenta reflexionar sobre si el dólar está caro o barato, para lo cual, tomando el tipo de cambio real en una fecha particular, realiza una suerte de ajuste por inflación sobre el valor nominal y con ello “fundamenta” su afirmación. Por ejemplo, si uno toma el tipo de cambio real con el que arrancó CFK, el precio del dólar debería ser de 16 pesos por dólar. Sin embargo, este análisis tiene, por lo menos, tres problemas:

Primero, ¿cuáles son los elementos que prueban que dicho tipo de cambio real era de equilibrio y no otro? Segundo, la cuenta implica asumir que nada ha cambiado tanto en la economía local como en la del mundo. Por último, como si todo eso fuera poco, sería bueno saber cuál es el índice de precios por el cual se llevó a cabo el ajuste pertinente, ya que, aun cuando existieran estadísticas oficiales no dibujadas, ¿quién podría asegurar que dicho índice se ajusta a las realidades del mercado de divisas y sus efectos derrame sobre el resto del sistema?

Para tener una idea de lo ridícula que resulta la metodología, tomemos el precio de Enron en septiembre del año 2000, cuando cotizaba a 87,63 dólares por acción. Ahora, si ajustamos dicho precio por la inflación de los Estados Unidos, el método le señalaría que el valor de dicha acción debería ser de 120,95 dólares. Sin embargo, el precio de hoy es nulo, ya que la firma en cuestión quebró.

En la misma línea, afirmar que, dado que el tipo de cambio real de hoy coincide con el que regía sobre el final de la convertibilidad y otros episodios traumáticos de la historia, la moneda está apreciada, en rigor, no dice nada, ya que la configuración de la economía en cada momento no tienen nada que ver con la que tenemos hoy. Por ejemplo, luego de la salida de la convertibilidad y el default, el país reestructuró su deuda pública mediante una quita que lo dejó como acreedor neto del mundo, por lo que de no ser por la desconfianza que genera el kirchnerismo, la moneda se podría haber apreciado aún mucho más (piense en el tipo de cambio que recibe el productor de soja luego de retenciones). De hecho, la situación presente permitiría que Argentina viva con un déficit de cuenta corriente permanente equiparable a la renta financiera que deriva de dicha posición externa incluso sin tocar el stock.

Es por ello que, junto con mis colegas Diego Giacomini y Nicolás Kerst, para poder analizar con mayor profundidad las cuestiones vinculadas a la competitividad desarrollamos el termómetro de riqueza (ver el resumen del artículo), que señala que la competitividad viene dada por la capacidad de tener negocios rentables. Así, el indicador conjuga tanto factores internos como externos, tales como la evolución de la productividad del trabajo comparada con la evolución del salario real (salarios en términos de precios), la tasa de interés de los Estados Unidos, el riesgo país, las expectativas inflacionarias, la presión fiscal, la calidad de los bienes públicos y el contexto internacional. En función de todos estos elementos, el indicador muestra que nunca en la historia del país se destruyó tanta riqueza como durante el régimen kirchnerista, donde, de no ser por el formidable contexto internacional, las políticas que se han llevado a cabo hubieran generado cuatro crisis importantes.

Por lo tanto, con base en el termómetro de riqueza, resulta claro que la economía muestra un grave problema de competitividad y que, de no haber cambios profundos en el resto de los factores, la moneda se devaluará. Sea por omisión complaciente o por ignorancia, cuando la única herramienta con que se cuenta es un martillo, resulta natural que todo el mundo se parezca a un clavo. Esto significa, en una franca complicidad entre políticos y keynesianos, que nuevamente los sectores más vulnerables de la sociedad serán brutalmente castigados, de modo tal que “la casta” que ha tomado el poder siga disfrutando de sus enormes privilegios y que tantas riquezas le genera.

El punto de partida de un proceso de crecimiento y desarrollo sostenido en el tiempo implica entender que durante los últimos doce años no ha existido crecimiento genuino, sino que solo hemos sido testigo de una recuperación cíclica, o como se suele denominar en finanzas a este tipo de movimientos: el rebote del gato muerto. Esta situación se vuelve por evidente cuando se observa que el PIB en dólares por habitante se ubica por debajo del que se registró en el año 1998 (15.000 dólares a moneda constante), que además tenemos casi el doble de pobreza y la misma distribución del ingreso. A su vez, si el país hubiera logrado mantenerse en su tendencia de largo plazo, el PIB por habitante sería el doble y el triple si se toma en cuenta que hemos vivido el mejor contexto internacional de la historia.

Este desempeño tan precario en términos de crecimiento es muy fácil de comprender cuando se revisa la evidencia empírica internacional. En este sentido, economías con baja inflación crecen 3 puntos porcentuales más que las que tienen una inflación elevada. A su vez, la presencia de mercados paralelos cuesta 2 puntos en la tasa de crecimiento. Por otra parte, el déficit fiscal implica un lastre de 1,5 puntos, mientras que el cierre comercial detrae otros 1,5 puntos. Naturalmente, a la luz de dichos resultados, no resulta extraño el mal desempeño en la materia durante el kirchnerismo, ya que todas las medidas de política económica se han movido en la dirección opuesta a lo que demanda el crecimiento.

Además, una condición necesaria (pero no suficiente) para volver a crecer y con ello emprender el desarrollo es levantar el cepo cambiario. La medida en cuestión equivale a fijar el precio de la moneda extranjera debajo del equilibrio, la cual no solo arroja un exceso de demanda en dicho mercado, sino que su contrapartida es un exceso de oferta en el resto del sistema. Así, en el mercado de bonos se deprimen los precios y con ello suben las tasas de interés. En el mercado de dinero, aun con un aumento artificial de la demanda (money overhang), por no poder drenar el sobrante de pesos contra reservas (o modificarse el tipo de cambio), las necesidades de financiamiento del fisco generan un exceso de oferta que deriva en una tasa de inflación elevada. Por otra parte, en el mercado de bienes se retrae el nivel de actividad económica por habitante, cuya consecuencia natural en el mercado de trabajo es la destrucción del empleo privado, la caída en el salario real y el deterioro de las condiciones laborales, maquillado con empleo público y mintiendo el dato de la población económicamente activa (PEA) para esconder el desempleo. En este sentido, de levantarse el cepo, el tipo de cambio buscaría su nivel de equilibrio (bajo un sistema de precios relativos armonioso), eliminaría el exceso de demanda y con ello se cerrarían los excesos de oferta del resto de la economía, por lo que bajaría la tasa de interés, habría menor presión sobre los precios (solo por los efectos derivados de la nueva emisión), aumentaría el PIB y con ello mejoraría el empleo y el salario real.

Sin embargo, si bien resulta claro que salir del cepo es clave para destrabar el funcionamiento del sistema económico, dicha tarea no es materia para inexpertos. De ahí que los menos dotados en materia monetaria rechacen de plano dicha acción. El punto central radica en que dentro de la economía existiría un sobrante de pesos de 3,7 % del PBI, esto es, unos 200.000 millones de pesos. Por lo tanto, de abrirse el cepo sin eliminar dicho exceso de pesos estos se dirigirían a la compra de moneda extranjera, lo que podría replicar situaciones como la de los años 1959 y 1975, donde la tasa de inflación se sextuplicó y el nivel de actividad se contrajo cerca de un 6 % en el momento más agudo del episodio. A su vez, mantener el cepo implica seguir estancados con mayor inflación y una brecha cambiaria creciente. Por lo tanto, la clave para volver a crecer es limpiar el exceso de pesos en la economía con un instrumento que minimice su impacto sobre la tasa de interés.

Una vez corregidos los problemas monetarios que traban el funcionamiento de la economía, el foco se traslada sobre el proceso de acumulación de capital en todas sus definiciones. Sin embargo, los daños causados en este aspecto durante los últimos doce años, propios de procesos populistas, no es una cuestión trivial. Así, en materia de capital físico Argentina invierte menos de 20 % del PIB (para crecer a tasas chinas, los chinos invierten 40 % de su PIB), al tiempo que pese a la mayor presión fiscal de la historia, la inversión en infraestructura de calidad brilla por su ausencia. En cuanto al capital humano, no solo no paramos de perder posiciones en las pruebas PISA, sino que además, en nuestro país, hoy existen niños que no alcanzan los niveles mínimos de alimentación, lo cual nos pone de cara un futuro muy comprometido.

Por otra parte, en materia institucional, empezando por la Constitución Nacional, no se ha dejado de avanzar sobre cuanta institución exista que no le fuera funcionalmente adicta al Poder Ejecutivo, siendo los casos más emblemáticos los del Poder Judicial, el Banco Central, los derechos de propiedad y las libertades individuales. Por último, la lógica del amigo-enemigo produjo una fragmentación del capital social, donde hoy ya no se discute la grieta, sino la posibilidad de comenzar a votar con los pies o la forma de poner en marcha la rebelión de Atlas.

Por lo tanto, para volver a crecer y alcanzar el desarrollo será necesario llevar a cabo un fuerte proceso de inversión, el cual debe tener como contrapartida un mayor ahorro. Sin embargo, ello implica un cambio copernicano en el diseño de la política económica. Respecto a la utilización del ahorro externo, parece difícil hacerse de crédito cuando el país cuenta con la mayor cantidad de juicios perdidos en la Organización Mundial del Comercio, no ha cumplido con la deuda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y aún no se le ha dado una solución definitiva al problema de los holdouts. Por otra parte, respecto al ahorro doméstico, el problema no es que el sector privado no ahorre, sino que el sector público lo dilapida, lo cual es la contraparte del abultado déficit fiscal. Por lo tanto, en el plano interno, si no se reduce el déficit fiscal, un mayor ahorro privado requiere redistribuir ingresos desde los más humildes a los que más tienen, lo cual, con una sociedad que se arroga tantos derechos no parece factible.

En este sentido, los muchachos buenos de la película, que sostienen que lograrán hacer crecer la economía sin hacer el ajuste fiscal y redistribuyendo ingreso hacia los más humildes, deberían dar una clara señal al mundo para que nos aporte infinitas montañas de dinero para que logren sostener en el tiempo tamañas inconsistencias y de paso crecer. Ahora bien, supongamos que llegara David Copperfield y los problemas de ahorro se corrigieran por arte de magia haciendo aparecer los fondos. Sin embargo, el problema es cómo transformar ese ahorro en inversión, ya que durante los años del régimen kirchnerista se ha destrozado la capacidad de generar riqueza como nunca en la historia argentina, donde el déficit fiscal como impulsor del riesgo país y la inflación junto a la presión impositiva han sido clave para destrozar cuanta iniciativa privada existiera. Por lo tanto, enunciar que la continuidad del modelo económico ahora traerá crecimiento y desarrollo por una mejora en las formas y no en la base del diseño de la política económica no es más que una ingenua expresión de deseos, que al estar vacía de contenido nos pondrá de cara a un nuevo fracaso.

El decreto en cuestión no solo contradice las propias leyes de inteligencia que reglamenta y es inconstitucional, sino que además permite el espionaje sobre actividades lícitas. Concretamente, en el anexo I, donde se tipifica la nueva doctrina de inteligencia nacional, se habilita el espionaje sobre grupos económicos o financieros, bancos, empresas y compañías financieras que impulsen terrorismo o desestabilización de Gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimiento y golpes de mercado.

Más allá de los ribetes totalitarios esgrimidos por el Gobierno a lo largo de estos casi doce años, las leyes en cuestión dejan de total manifiesto la feroz brutalidad de los keynesianos-marxistas en el entendimiento del sistema económico y, por ende, en el diseño de una política económica que promueva el crecimiento y el bienestar. La prueba más contundente de ello es, entre otras cosas, la referencia al golpe de mercado. Probablemente, habría que explicarle a este grupo de economistas que el mercado no es ni un lugar, ni una cosa, ni una asociación. El mercado es un proceso de cooperación social puesto en marcha por las actuaciones de una gran cantidad de individuos que, buscando satisfacer sus propias necesidades, realizan intercambios voluntarios que conllevan a la división del trabajo, lo que a su vez potencia el crecimiento, vía una mayor productividad. Los juicios de valor de estas personas, así como las acciones engendradas por las aludidas apreciaciones, son las fuerzas que determinan la disposición -continuamente cambiante- del mercado. A su vez, la situación queda reflejada a cada momento en la estructura de precios, esto es, en el conjunto de tipos de cambio que genera la mutua actuación de todos aquellos que desean comprar o vender. Nada hay en el mercado de índole no humana, mítica o misteriosa. En definitiva, este proceso de cooperación social que denominamos mercado, no es ni más ni menos que el resultado de un conjunto de acciones humanas que, buscando el bien individual, conducen al mayor bienestar general.

Al mismo tiempo, la idea de querer determinar los precios en función de los costos en los que se ha incurrido en cada uno de los pasos del proceso productivo (los marxistas por medio de la teoría del valor trabajo y los keynesianos por el margen de ganancia sobre el costo salarial neto de la productividad del trabajo, motivo por el cual siempre ven a sindicalistas y empresarios como los responsables de la suba de precios) es reflejo de la obtusa percepción sobre cómo funciona el sistema económico. Es más, tal como fuera demostrado por Carl Menger en sus Principios de Economía mediante la ley de imputación, son los precios los que determinan los costos y no al revés. Los consumidores determinan no solo los precios de los bienes de consumo, sino también de todos los factores de producción, fijan los ingresos de cuantos operan en el ámbito de la economía de mercado. Son ellos, no los empresarios ni los sindicalistas (y mucho menos un político), quienes, en definitiva, pagan por cada insumo y a cada trabajador su salario. Por lo tanto, si uno quisiera determinar las causas de por qué suben todos los precios de la economía (y entre ellos el de la moneda extranjera, el tipo de cambio y el dólar) las causas no están en los costos, sino en el continuo aumento de la emisión monetaria. Puesto en otros términos, si los precios de los bienes de la economía están determinados en unidades monetarias, al emitirse una cantidad de dinero que supere a su demanda, esto hará que el valor relativo de la moneda caiga o, lo que es lo mismo, que el precio de los bienes expresados en dinero suba. De ahí surge la famosa frase de Milton Friedman (el verdugo de los keynesianos): “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”.

Es más, el control de precios y salarios no detiene la inflación; sencillamente lo que hace es desplazar la presión a otra parte y adormece algunas de sus manifestaciones. Además, la intervención estatal en los menores detalles de la actividad económica puede destruir el sistema de libre empresa y a la libertad política. El mal estriba en que el intento de control impide que obre libremente el sistema de precios, donde el Gobierno termina suministrando un remedio aún peor que la enfermedad. De esta manera, cuanto mayor sea la inventiva de los individuos para eludir los controles de precios y cuanto mayor sea la tolerancia de los funcionarios en cerrar los ojos a esas evasiones, tanto menor será el daño producido. Por otra parte, cuanto más obedientes a “la ley” sean los ciudadanos y cuanto más rígida y efectiva sea la imposición de la maquinaria gubernamental, tanto mayor será el daño.

Finalmente, tenemos las consecuencias de la intervención violenta del mercado por parte del Gobierno. Siguiendo a Murray Rothbard, la intervención consiste en el uso de la fuerza dentro de la sociedad que intenta sustituir las acciones voluntarias por la coacción. De hecho, el Estado es la única organización que está legalmente autorizada (leyes que él mismo sanciona) para hacer uso de la violencia y es la única entidad que legalmente obtiene sus ingresos de manera compulsiva. Dentro de dicha línea de análisis (y restringiéndonos al caso planteado) existen dos tipos de efectos: directos e indirectos. Respecto al primero de los casos, cuando no hay intervención y la sociedad es libre, cada uno procederá de la manera que considere que hará a su bienestar máximo, por lo que cualquier intervención coercitiva que impida la realización de los intercambios deseados deriva en una pérdida de bienestar. Por otra parte, en cuanto a los efectos indirectos, tienen que ver con los impactos no deseados sobre el resto del sistema.

Así, a modo de ejemplo, el cepo cambiario equivale a fijar un precio debajo del equilibrio de mercado, que al producir un exceso de demanda en dicho mercado genera un exceso de oferta en el resto de la economía, lo que implica: altas tasas de interés (bonos), presión sobre los precios (dinero), retracción del nivel de actividad económica por habitante (bienes) y menor demanda de empleo productivo (trabajo), que se traduce en desempleo, caída del salario y precarización de las condiciones laborales.

Por lo tanto, más allá de sus efectos económicos, las políticas impulsadas por el kirchnerismo amenazan la base moral de una sociedad libre. En nombre de la responsabilidad social se exhorta al público a someterse a ellas, donde aquellos que se someten se dañan a sí mismos y dañan a la comunidad. La conducta moralmente cuestionable -evadir los requerimientos de las autoridades- es beneficiosa, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista social. Tales medidas incuban en el público la falta de respeto por la ley y hacen que los funcionarios se sientan propensos a emplear poderes extralegales, lo que pone en jaque los propios cimientos de la libertad. En definitiva, el gobierno kirchnerista ya nos ha hecho perder la mejor oportunidad histórica en materia de crecimiento económico (hoy tenemos un tercio del producto per cápita que deberíamos tener). Esperemos que este comportamiento autoritario no se extienda hasta el punto que dañe aún más a nuestra libertad.

La evidencia empírica internacional muestra que en aquellos países donde la inflación es alta, y existen mercados paralelos, retraso cambiario, déficit fiscal, bajos niveles de monetización y cierre de la economía, el resultado es una feroz pérdida de riqueza. En esta línea, si uno observa que la gestión kirchnerista hizo trepar la tasa de inflación del 3,8% al 40%, gestó una brecha cambiaria en torno al 50%, redujo el resultado fiscal primario en 6 puntos porcentuales del PIB, los agregados monetarios se estancaron y cada día se cierra mas a la economía, no resulta difícil entender por qué Argentina muestra un producto per-cápita que oscila entre USD 13.000 y USD 9.000 (según sea el tipo de cambio que se considere) cuando debería tener un ingreso per-cápita en torno a los USD 30.000 (que surge de considerar conjuntamente el crecimiento tendencial, la presencia de convergencia y el mejor contexto internacional de la historia). Esto es, la magnitud del fracaso asciende a una diferencia en el PIB por habitante del 130% medido al tipo de cambio oficial y de 260% cuando se usa el paralelo. Tal como señala el especialista en crecimiento y desarrollo, William Easterly: “Los malos gobiernos, al igual que la mala suerte, pueden acabar con el crecimiento”.

Al mismo tiempo, más allá de los daños en torno a la oportunidad perdida, todos los motores del crecimiento han sido brutamente estropeados. La estimulación del consumo sin contrapartida sólida en términos de ingreso permanente ha llevado a una merma en el ahorro y en la inversión, de modo tal que nos hemos consumido una parte importante del capital físico. Sin lugar a dudas, el caso más escandaloso es el de la inversión en infraestructura, donde el Gobierno (quien buscó liderar dicho proceso), pese a contar con la mayor cantidad de recursos de la historia, invierte como en períodos de vacas flacas y con peores resultados.

Por otra parte, en materia educativa, los resultados en las pruebas PISA dan cuenta de la pésima calidad en nuestro capital humano, donde por ejemplo, en matemáticas, los resultados muestran que estamos un 35% por debajo del promedio de los países de la OCDE, al tiempo que cerca del 70% no llega a cubrir los conocimientos mínimos y menos del 0,5% puede alcanzar niveles de excelencia. Algo similar nos sucede en lectura y literatura. Esta situación se ve agrava aún más si consideramos que Argentina está disfrutando la fase de la transición demográfica que permite repotenciar la tasa de crecimiento, para lo cual se requiere de acciones coordinadas en materia de capital humano, sistema previsional, estabilidad macroeconómica e instituciones de modo tal que sea posible acelerar la convergencia al mundo desarrollado. Sin embargo, un contexto en el que prolifera la desnutrición infantil, se jubilan personas sin aportes al tiempo que los fondos previsionales se invierten de modo cuestionable, una tasa de inflación creciente que castiga al ahorro y un continuo atropello a las libertades individuales, todo hace parecer que nuestro país estuviera empecinado en convertir al bono demográfico en un regalo envenenado.

Paralelamente, tampoco es menor el daño causado en el aspecto institucional. No sólo se ha tomado una visión relativista de la justicia (la cual mira de reojo por debajo de la venda para dar crédito a quien viola la ley) que no solo invierte la responsabilidad de los crímenes haciendo una víctima del victimario y viceversa, sino que además, el respeto de los derechos de propiedad se ha transformado en un objeto de máxima elasticidad. En este sentido, mientras que en casi todos los países del mundo se avanza hacia la liberta económica (los países libres son en promedio 9,5 veces más rico y tienen una incidencia de la pobreza 75% menor que en los países reprimidos), en nuestro país no paramos de retroceder. La contracara de ello es un riesgo país que hace de la inversión un acto heroico, aún admirable hasta para un Cíclope. De hecho, si Argentina hubiera llevado un conjunto de políticas similares al resto de los emergentes, sus activos financieros y el stock de capital físico se deberían haber triplicado. Puesto en otros términos, desde 1998 (pico de ciclo en Argentina) a la fecha, el promedio de América Latina incrementó su producto por habitante en un 80% mientras que nuestro país, a tipo de cambio oficial, ha caído un 10%.

Adicionalmente, se ha dañado el capital social. La continua exacerbación de la puja distributiva encarada por el Gobierno ha llenado a la sociedad de animosidad y resentimiento, la cual, busca mediante el uso y el abuso del poder la utopía de la igualdad de resultados, cuando lo que se debería reclamar son las condiciones para que cada persona se pueda desarrollar libremente, percibiendo los beneficios de sus esfuerzos y pagando los costos de sus errores. En otras palabras, nos vemos atrapados en un marco que ha pervertido profundamente al sistema de incentivos que conduce a la creación de riqueza, donde el mismo, entre otra infinidad de cosas, promueve estudiantes sin aplazos, el castigo al exitoso, la pontificación del fracaso, vivir del trabajo ajeno y la multiplicación desenfrenada de delincuentes sin condena.

En definitiva, no sólo que no hemos podido aprovechar una oportunidad histórica para acelerar la convergencia (y así poder ingresar al pelotón de los países de altos ingresos), sino que a su vez, el populismo-keynesiano-estructuralista nos ha posicionado en un sendero que nos conduce a un futuro de extrema pobreza. Sin embargo, cargar toda la responsabilidad sobre kirchnerismo y parte de la corporación política es una simplificación adolescente, ya que como señalara Ayn Rand: “La raíz de todos los desastres modernos son de índole filosófica y moral. La gente no abraza al colectivismo por haber sido cooptados por una mala teoría económica. La gente acepta a la mala teoría económica porque ha decido abrazarse al colectivismo”. Esto es, si la sociedad no cambia sus valores, estamos condenados a hundirnos en la más absurda de las miserias.

Sin lugar a dudas, en esta película (de terror), el cepo cambiario ha jugado un rol fenomenal, ya que al fijar el precio del tipo de cambio debajo de su valor de equilibrio, genera un exceso de demanda en dicho mercado que tiene como contrapartida un exceso de oferta en el resto de la economía. De este modo, los efectos colaterales del cepo se traducen en altas tasas de interés en el mercado de bonos denominados en moneda extranjera, en una mayor inflación en el mercado de dinero, una caída en el nivel de actividad en el mercado de bienes (recesión) y un aumento en la tasa de desempleo en el mercado de trabajo.

Frente a este contexto económico, de cara a un año electoral, el ministro no dudará de sacar a las tablas la versión más rancia del keynesianismo (consistente con la “teoría general” de Keynes de 1936). En este marco, la economía está totalmente cerrada, la inversión es insensible a la tasa de interés y cuyo único factor causal es el crecimiento del nivel de actividad (los animal spirits son exógenos y vale el acelerador), el consumo solo depende de una fracción del ingreso corriente y el nivel general de precios y los salarios están fijos (o determinados de manera exógena por las autoridades), lo que sumado a una demanda de dinero infinita (trampa de la liquidez), dan como resultado una política fiscal plenamente poderosa para estimular la producción y el empleo sin impacto en precios, mientras que la política monetaria resulta impotente (sin efecto en precios ni en cantidades).

Sin lugar a dudas, la realidad argentina se ha convertido en una verdadera pesadilla para quienes se abrazan de manera fanática al modelo descripto. No sólo los aumentos en el déficit fiscal no han logrado impactar positivamente sobre el nivel de actividad (de hecho han logrado todo lo contrario), sino que al ser financiados vía emisión monetaria generan inflación, apreciación de la moneda, deterioro de las cuentas externas y degradación del balance del BCRA. Sin embargo, el ministro de Economía se empecina en torcer la realidad ajustándola a la lógica del modelo, por lo que a la inflación la combate con el control de precios y salarios, de modo tal que tome lugar el soñado ajuste de cantidades liderado por una demanda sustentada por el gasto público.

Desafortunadamente para Kicillof, el Gobierno y los más de 42 millones de argentinos, el correo trae malas noticias desde Viena, capital de Austria. La carta en cuestión viene firmada por Carl Menger, Ludwig Heinrich Edler von Mises, Friedrich August von Hayek y Roger W. Garrison (entre otros muchos que han optado por permanecer en el mas profundo anonimato y con un pie de página sobre la función de producción).

La teoría austríaca que integra el ciclo y el crecimiento económico sostiene que la economía se expande en la medida que se acumula trabajo (donde ingresa el capital humano), capital físico y toma lugar el progreso tecnológico. Si en aras de una explicación simplificada dejamos exógeno lo que ocurre con el trabajo y el progreso técnico, el crecimiento vendría liderado de la mano de la acumulación de capital físico. A su vez, el aumento del capital físico per-cápita ocurre cuando la inversión excede a la depreciación de los equipos y al aumento de la población. Sin embargo, la financiación de este proceso no cae como maná del cielo, por lo que para poder llevar a cabo el mismo es necesario el ahorro, el cual representa la decisión de los individuos de trasladar su consumo presente hacia el futuro en función de percibir un interés. Así, cuanto mayor el ahorro, mayor la inversión, mayor la acumulación de capital por habitante y por ende una mayor tasa de crecimiento y un mayor nivel de vida conforme aumenta el producto per-cápita.

En función de lo anterior, la idea keynesiana del acelerador sostenida por el Gobierno, donde los aumentos del gasto público llevan a incrementos de la demanda, lo cual hace crecer al producto y con ello a la inversión llevando a un círculo virtuoso, no solo resulta ser falsa por violar la restricción de presupuesto (la mayor inversión requiere de un mayor ahorro) sino que termina siendo perjudicial para el bienestar de los habitantes del país. La estimulación artificial del consumo reduce el ahorro y con ello la inversión y el producto por habitante. Puesto en otros términos, la capacidad de producción (la oferta de la economía) se contrae. En este contexto, si el Ministro insiste con Keynes, los aumentos de demanda financiados con emisión monetaria no solo no lograrán evitar la caída del nivel de actividad, sino que además habrá mayores presiones inflacionarias. Es más, dada la destrucción de capital de los últimos años, si los salarios reales no caen habrá mayor desempleo, por lo que el Gobierno deberá elegir entre licuar salarios o que haya desempleo.

Sin embargo, las malas noticias no terminan con el tema del crecimiento. Esto es, por el lado del ciclo, la teoría sostiene que cuando se ha mantenido la tasa de interés real por debajo del nivel de equilibrio como consecuencia de una política monetaria expansiva (nótese que este efecto es distinto al anterior donde el ahorro cae de manera exógena por el mayor déficit fiscal), ello conduce a un aumento simultáneo del consumo y de la inversión que genera una expansión artificial que a la postre termina en una recesión y con un producto per-cápita menor, ya que la nueva inversión (que pueda ser financiada) terminará siendo liquidada por corresponderse con una mala asignación.

Por lo tanto, desde este punto de vista, el Gobierno no solo ha penalizado a la economía al reducir el ahorro por el mayor gasto público, sino que además ha falseado la tasa de interés, por lo que todo esto lleva a un equilibrio de menor producción y menores salarios reales y/o empleo. Al mismo tiempo, si en este contexto se llegara a redoblar la apuesta con el manual de políticas keynesianas, esto sería como echar más nafta al fuego. De todos modos, usted puede dejar de lado las apocalípticas visiones de los austríacos sobre el futuro de la economía y creer en las milagrosas ideas keynesianas que sostienen que cuanto uno más gasta uno se vuelve más rico (o lo que es lo mismo, salga y gaste con su tarjeta de crédito hasta reventar su límite ya que según estos “economistas” ello lo guiará a la prosperidad). Si luego de ello, su vida empeora, páseles la factura a los hijos de Keynes.

El sesgo expansivo de la política fiscal acumulado durante la última década requiere una corrección de corto plazo en el gasto público de 7 puntos del PBI. En este contexto, los subsidios económicos .los cuales representan 5 puntos del PBI- que favorecen al grupo de mayores ingresos y que se financia con un impuesto inflacionario que recae sobre la población más humilde, tenían todos los números en la ruleta del ajuste. Por otra parte, en la transición hacia el nuevo equilibrio se necesita de una política monetaria austera como para comprar tiempo hasta que las medidas fiscales surtan efecto. En este sentido, el BCRA actuó (al menos durante el primer bimestre) de manera correcta, mientras que el Ministerio de Economía recién ahora se ha percatado que la pelota está en su campo.

Más allá de que todavía queda mucho por recortar del gasto público, de modo tal que esta insinuación de programa de ajuste pueda ser definido como un giro ortodoxo, una arista tan importante como el propio diseño del programa está relacionada con la forma en que se lo implementa y se lo comunica.

En concreto, ante la actual situación de inconsistencia fiscal-monetaria-cambiaria las autoridades pueden optar por “no hacer nada”, con lo cual la corrección será aguda en términos de inflación, actividad, empleo, pobreza e indigencia (crisis). Sin embargo, si se opta por implementar un plan de estabilización, el gobierno aún se encuentra ante dos alternativas a saber: (i) anunciar el plan o (ii) llevarlo a cabo de manera implícita. Así, la diferencia entre los resultados de uno u otro curso de acción está en la manera en que se ven afectadas las expectativas y en cómo los agentes incorporan la nueva información para tomar decisiones.

Si no se anuncia (o peor aún, se niega o se hacen manifestaciones en sentido contrario), los agentes necesitarán de una mayor cantidad de tiempo para inferir el programa y por ende puede que determinen sus acciones futuras de acuerdo a una matriz de información no consistente con el plan. Por lo tanto, el “descalce” de los datos generará la necesidad de realizar correcciones futuras con las consecuentes pérdidas en términos de asignación de recursos, constituyendo así el peor resultado en materia de actividad y empleo.

Por otro lado, el gobierno puede anunciar la implementación del programa. Sin embargo, aun bajo este escenario, todavía el resultado depende de si los agentes creen o no en la factibilidad del plan. Si los agentes creen en el programa y este se lleva a cabo, entonces sus decisiones estarán alineadas con el marco generado por el plan y el mismo sería exitoso en alejar al fantasma de la crisis, bajar la inflación y sostener el nivel de actividad y empleo. Alternativamente, si los agentes no creen en el plan, los resultados en términos de actividad serían menos eficientes que si el programa fuese creído, pero aún así serían mejores que aquellos que resultan del caso de no anunciarlo.

Por lo tanto, en función de lo señalado anteriormente deberían quedar en claro al menos dos de los costos que nos ha infringido el manejo heterodoxo de la economía. En primer lugar la necesidad de llevar a cabo un plan de estabilización frente al mejor contexto de la historia en materia de sector externo y recaudación tributaria. En este sentido, el costo directo surgirá de cuan creíble resulte el programa y la convicción que le imponga a su defensa un Ministro de Economía que dedicó toda su vida académica al cultivo de una visión heterodoxa de la economía basada en el desborde del gasto público. En cuanto al segundo costo de la heterodoxia, el mismo viene dado por el hecho de que a duras penas estamos manteniéndonos sobre el nivel del PBI de tendencia, cuando con el contexto internacional de la última década podríamos haber acelerado nuestra convergencia hacia un país desarrollado.

Sin embargo, de nada sirve llorar sobre la leche derramada. Luego de esta nueva experiencia, lo mejor que nos podría pasar es asimilar la lección de que las sirenas heterodoxas siempre nos conducirán al mismo resultado. Estos experimentos no sólo nos han llevado a una continua decadencia relativa en el ranking de naciones, sino que además dejamos de ser un país rico para ser uno de ingresos medios que lucha para no caer en la pobreza. Esperemos capitalizar esta experiencia y con ello volver a retomar la senda del crecimiento que nos regrese a la posición de país rico.